Sobre la nueva Ley de Regulación del Derecho de Petición

El pasado 14 de marzo se publicó en el Alcance No. 49 de La Gaceta, la Ley de Regulación del Derecho de Petición No. 9097 , consagrado en el artículo  27 de la Constitución Política:

Artículo 27.-

Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución.

Para conocer el contenido completo de esta nueva normativa haga clic a continuación:  DESCARGAR TEXTO LEY 9097

Nos permitimos  transcribir algunos de los aspectos regulados:

DESTINATARIOS

Como destinatarios del derecho de petición se establece cualquier institución, administración pública o autoridad pública, tanto del sector centralizado como descentralizado del Estado, así como aquellos entes públicos, con personalidad jurídica y capacidad de derecho público y privado, respecto de las materias de su competencia, cualquiera que sea el ámbito institucional, territorial o funcional de ésta.

Incluso procederá el derecho de petición ante sujetos de derecho privado cuando éstos ejerciten alguna actividad de interés público, administren y/o manejen fondos públicos o ejerzan alguna potestad pública de forma temporal o permanente.   (Art. 2)

OBJETO DE LAS PETICIONES

Las peticiones podrán versar sobre cualquier asunto, materia o información de naturaleza pública. No son objeto de este derecho aquellas solicitudes, quejas o sugerencias para cuya satisfacción el ordenamiento jurídico establezca un procedimiento administrativo específico y plazos distintos de los regulados en la presente ley.    (Art. 3)

PLAZO DE RESPUESTA

El escrito en que se presente la petición y cualesquiera otros documentos y comunicaciones que se aporten obligará a la administración a acusar recibo de esta, debiendo responder en el plazo improrrogable de diez días hábiles contado a partir del día siguiente de la recepción, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la presente ley. (Art. 6)

PETICIONES INADMISIBLES

No se admitirán las peticiones cuyo objeto sea ajeno a las atribuciones o competencias de los poderes públicos, instituciones u organismos a que se dirijan, o que afecten derechos subjetivos y fundamentales de una persona o grupo de personas. Del mismo modo, no se admitirán peticiones que sean contrarias a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, que se consideren dilatorias de un procedimiento o proceso especial, o sean temerarias.  (Art. 8

PROTECCIÓN JURISDICCIONAL

En los siguientes supuestos, los peticionarios tendrán derecho de exigir la tutela judicial de sus derechos de petición mediante la tramitación de recursos de amparo ante la Sala Constitucional:

a) Omisión del destinatario de la obligación de contestar en el plazo de diez días.
b) Ausencia en la contestación de los requisitos mínimos establecidos en el artículo 11 de esta nueva Ley.
c) Cuando la respuesta de la Administración Pública sea ambigua o parcial, sin justificación de su inexactitud o parcialidad en la entrega de la información y, se considere más bien una negativa de respuesta.
d) Cuando el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales, en especial, su derecho de petición, derecho de debido proceso, de justicia administrativa, principio de igualdad, principio de transparencia administrativa, derecho de acceso a la información pública, entre otros.
e) Aquellos otros supuestos establecidos por ley.  (Art. 12)

SANCION EN CASO DE INCUMPLIMIENTO

El funcionario público que no responda en el plazo establecido ante una petición pura y simple de un ciudadano, será sancionado con el cinco por ciento (5%) del salario base mensual.
del oficinista 1 que aparece en la relación de puestos de la ley de presupuesto ordinario de la República, aprobada en el mes de noviembre anterior.

Nos parecen muy interesantes los comentarios realizados sobre esta nueva Ley de Regulación del Derecho de Petición por el Lic. Alner Palacios García, Juez de Juicio del Tribunal Contencioso Administrativo, en artículo de opinión publicado en la página 19A del periódico La Nación el pasado 28 de marzo (VER ARTÍCULO EN LA NACION)

Nos permitimos reproducirlo textualmente a continuación:

«En el Alcance Digital N.º 49 de La Gaceta del jueves 14 de marzo de 2013, se publicó la Ley N.º 9097, Regulación del Derecho de Petición. La ley contiene algunos temas discutibles que deberíamos tener presentes, a fin de anticipar las eventualidades derivadas de su aplicación normativa, por lo que, en el mejor ánimo de colaborar con esa labor, dejo planteadas unas observaciones para reflexionar al respecto.

Dicha ley (art. 2) indica que ese derecho –el de petición– se ejerce ante la Administración (sentido genérico), respecto de las materias de su competencia, así como ante los sujetos de derecho privado que ejerzan una actividad de interés público (primera hipótesis).

Ubiquemos este último aspecto exclusivamente en cuanto a las personas jurídicas. Habrá que tener cuidado frente a una eventual imprecisión ya que varias de ellas realizan una actividad de interés público (entendida como aquella así declarada mediante decreto), versus las personas jurídicas que ostentan potestades administrativas delegadas por algún mecanismo jurídico (como puede ser una concesión, o también un contrato de gestión de servicio público), siendo este segundo caso del que nadie discute que se aplica para el derecho en comentario, siempre que se vincule con el ejercicio de esas atribuciones encomendadas.

Tampoco sería un dilema la regulación de este derecho sobre cualquier organización privada que haya percibido fondos públicos (segunda hipótesis), pues ellas quedan sujetas al derecho de petición, por razones obvias de control de la Hacienda Pública. El análisis debería surgir cuando nos encontramos con asociaciones declaradas de interés público, en las cuales, no obstante ese favorecimiento, aun así no percibe fondos públicos, ni llega a gozar ni materializar alguna otra prerrogativa legal. Tal situación nos llevaría a preguntarnos si aun le alcanza el derecho de petición y pronta respuesta, como exigible y oponible a ella.

Con mucho más razón queda para discutir que, sin la previa declaratoria de interés público, emitido por el cauce previsto en la ley respectiva, devendría inaplicable la regulación frente a esa persona jurídica o, al contrario, si confrontaremos la tesis de quienes aleguen que esa declaratoria es innecesaria, dejando abierto un margen de apreciación muy amplio, que deberá ser delimitado por el juez que resulte competente para conocer del asunto.

Dicha ley (art. 3) dice que la petición podrá versar sobre información de “naturaleza pública”, e inmediatamente el párrafo segundo de ese art. 3 inicia por señalar que “no son objeto de ese derecho…” aquellas peticiones que tengan establecido un procedimiento administrativo específico y un plazo distinto a los de la ley.

Esa frase impone una limitación a un derecho fundamental, frente a la cual el operador del derecho debe tener mucho cuidado, pues la ley recién promulgada parece entender que toda petición planteada ante la Administración carece de un nexo con el ejercicio del derecho de petición, cuando la tramitología es distinta a la prevista en la Ley N.º 9097. Si se entendiera tal cosa, como parece desafortunadamente extraerse de la lectura del texto en comentario, en concordancia con su art. 1, entonces podríamos incurrir en el desliz de excluir del derecho de petición, un universo de gestiones que el administrado plantea, simplemente argumentando que se trata de peticiones que no se encauzan según dicha ley. De ser así, las consecuencias podrían ser preocupantes.

Por ejemplo, sería difícil imaginar una solicitud de patente comercial o una solicitud para un permiso de construcción, respecto de la cual alguien pueda afirmar que no está amparada al derecho de petición, solo por el hecho de que los plazos y el trámite que aplica la Municipalidad no están amparados a la Ley N.º 9097, sino por lo que dispone el Código Municipal y otras leyes conexas.

Precisamente en cuanto al cauce para la defensa de la garantía individual en comentario, la jurisprudencia constitucional (v. gr. Sala Constitucional, voto N.° 2008-3273, 10:18 hrs de 7 de marzo de 2008, entre otros), se esmeró en señalar que el derecho de petición y pronta respuesta ante un funcionario público o entidad pública, es un asunto de legalidad ordinaria, remitiendo a la jurisdicción contencioso-administrativa, la solución de los denominados amparos de legalidad, aunque lo hizo bajo la tesis de la aplicación de los principios que nutren la jurisdicción constitucional, tales como los de la legitimación vicaria, la posibilidad de la defensa material –esto es de comparecer sin patrocinio letrado– y de gratuidad para el recurrente.

Mientras los nublados se aclaran, espero que estos comentarios sean de alguna utilidad.»  (HASTA AQUI TRANCRIPCION LITERAL OPINION PUBLICADA EN LA NACION, PAGINA 19A DEL JUEVES 28 DE MARZO DE 2013).

Como bien dice el Lic. Palacios, será necesario esperar la aclaración de los interrogantes que plantea en su artículo, lo que consideramos que ocurrirá conforme se vaya dando la aplicación práctica de estas nuevas regulaciones.