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Declaran inconstitucionalidad de jurisprudencia penal sobre notarios como funcionarios públicos

Se publicó en el Boletín Judicial el pasado 3 de agosto, el voto 2017-008043 a la acción 16-005583-0007-CO, mediante el cual:

“Se declara parcialmente inconstitucional la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia que estima que el notario público es un funcionario público. Se mantiene la constitucionalidad de la línea jurisprudencial cuando se aplique a notarios públicos a quienes se les paga un salario en una entidad pública por desempeñar esa labor en calidad de funcionario público.”

El accionante reclamaba el hecho de que la Sala Tercera interpretase que el notario público ostentaba la condición de funcionario público para efectos de la aplicación de la ley penal, específicamente, el tipo penal de falsedad ideológica contemplado en el artículo 367 del Código Penal y que, por esto, era acreedor de aquellas penas agravadas para los funcionarios públicos, establecidas en diversos tipos penales y no la pena ordinaria.

“Manifiesta el accionante que el criterio jurisprudencial impugnado lesiona los principios de la ley más benigna, la interpretación restrictiva y en favor del imputado (nunca extensiva y análoga), tipicidad e in dubio pro reo. Reclama que la interpretación del concepto “funcionario público” sea más amplia en sede penal que en otras materias, como la administrativa y la laboral. Asimismo, indica que la norma penal no establece expresamente como elemento de la agravante la condición de notario público o cualquier otra profesión.”

Fueron los razonamientos de los señores magistrados:

III.- NATURALEZA JURÍDICA DEL NOTARIO PÚBLICO. Para resolver la presente acción de inconstitucionalidad resulta esencial determinar la naturaleza jurídica del notario público. Dos normas del Código Notarial, Ley No. 7764 de 17 de abril de 1998, son particularmente significativas para tal efecto. El numeral 1° establece que “El notariado público es la función pública ejercida privadamente. Por medio de ella, el funcionario habilitado asesora a las personas sobre la correcta formación legal de su voluntad en los actos o contratos jurídicos y da fe de la existencia de los hechos que ocurran ante él”. Ciertamente, esta norma legal califica el notariado como “función pública”, en el sentido que el notario público es, esencialmente, un fedatario público que da plena fe, para efectos jurídicos, de una serie de hechos y actos de relevancia jurídica. Con lo que es evidente que el correcto ejercicio de la función notarial tiene un inequívoco interés público o relevancia pública, dadas las implicaciones que tiene algún yerro cometido de manera intencional o no por un fedatario público. Empero, a partir de tal calificación legal no cabe concluir que el notario público sea un funcionario público, en el sentido que lo define el bloque de legalidad al que debe, necesariamente, remitirse el juez penal para imponer una condena. De otra parte, el artículo 2°, párrafo 1°,  del Código Notarial es más preciso al indicar que “El notario público es el profesional en Derecho, especialista en Derecho Notarial y Registral, habilitado legalmente para ejercer la función notarial (…)”.Es menester concordar las dos normas ya citada con los artículos 30 y 31 del Código Notarial, para evitar caer en una interpretación y aplicación aislada del artículo 1°, en aras de una hermenéutica contextual y sistemática. Así el numeral 30 establece que “La persona autorizada para practicar el notariado, en el ejercicio de esta función legitima y autentica los actos en los que interviene, con sujeción a las regulaciones del presente código y cualquier otra resultante de leyes especiales, para lo cual goza de fe pública (…)” (el destacado no es del original). Por su parte, el ordinal 31 establece que “El notario tiene fe pública cuando deja constancia de un hecho, suceso, situación, acto o contrato jurídico, cuya finalidad sea asegurar o hacer constatar derechos y obligaciones (…) En virtud de la fe pública, se presumen ciertas las manifestaciones del notario que consten en los instrumentos y demás documentos autorizados por él.” (el destacado no es del original). Consecuentemente, por regla general, el notario público, entonces, es un profesional liberal que ejerce una función notarial de relevancia o de claro interés público, al dar fe de una serie de hechos y actos, sin que por tal circunstancia se le pueda tener como un funcionario público.  (…)

V.- NOTARIO PÚBLICO DE PLANTA QUE ACTUA COMO FUNCIONARIO PÚBLICO. No pasa inadvertido para este Tribunal Constitucional que existen notarios públicos que sí comparten la condición de funcionario público, por haber sido contratados como tales por una entidad pública. En tales supuestos, al ser funcionarios públicos se cumple, entonces, con el principio de legalidad y reserva de ley, siendo evidente que, en tales casos, el notario sí tiene la condición de funcionario público (v. gr. notarios del Estado o institucionales). Esa figura no es lo ordinario en cuanto al ejercicio de la función notarial, empero debe ser tomada en consideración para calibrar los efectos de la sentencia que vierta este Tribunal.

VI.- COROLARIO. En virtud de las consideraciones expuestas se impone declarar parcialmente inconstitucional la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia que estima que el notario público es funcionario público. Debe mantenerse vigente la pauta jurisprudencial cuando se aplique a notarios públicos a quienes se les paga un salario en una entidad pública por desempeñar esa labor en calidad de funcionario público. La declaratoria de inconstitucionalidad debe tener efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la jurisprudencia impugnada, sin perjuicio de de las relaciones o situaciones jurídicas consolidadas por prescripción, caducidad, sentencia con autoridad de cosa juzgada material, la consumación de hechos material o técnicamente irreversibles y derechos adquiridos de buena fe. Respecto de las personas que estén descontando una pena privativa de libertad por sentencia firme, agravada con fundamento en la línea jurisprudencial impugnada y que debe declararse inconstitucional, se les debe reducir su pena y en el supuesto de haberla cumplido por esta reducción, se les debe poner en libertad, salvo que la ejecución de otra sentencia condenatoria firme o medida cautelar de prisión preventiva vigente lo impida.”

Suscriptores de Master Lex interesados en obtener copia completa de este voto de la Sala Constitucional nos lo pueden solicitar al correo electronico legal@masterlex.com

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Lic. Silvia Pacheco. Editora General

Abogada y notaria. Especialista en administración de bases de datos de información jurídica, investigaciones jurisprudenciales y editora de contenidos legales. Consultora en proyectos de informática jurídica en la región centroamericana. Colaboradora del sitio www.leylaboral.com Encargada de la administración y actualización de Master Lex Cálculos Legales: timbres, honorarios profesionales, patentes, prestaciones laborales y otros. Moderadora del blog www.puntojuridico.com

1 Comentario

  1. Federico Mata • 07 Agosto, 2017

    Perdón, pero esta jurisprudencia variante está comenzando a oler a cantinflada. MIentras tanto, la DNN en sus últimos criterios se deja decir que los notarios institucionales no son funcionarios públicos. Lo que debe hacerse de una vez por todas es definir al notariado como una profesión liberal y que se autoregule con su propio colegio.

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