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Nuevas sanciones laborales a partir del próximo 25 de julio

El Dr. Eric Briones, reconocido jurista, autor de doce libros en materia laboral, de más de 35 publicaciones en revistas especializadas tanto a nivel nacional como internacional, expositor en diferentes foros nacionales e internacionales, gentilmente ha puesto a nuestra disposición una serie de artículos relacionados con la próxima entrada en vigencia de la reforma procesal laboral.

Iniciamos hoy con este tema de las nuevas sanciones laborales que a partir del próximo 25 de julio,  tanto patronos como trabajadores deberán tener presente.

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“Se entiende en un sentido amplio por intervencionismo del Estado, la acción de la “Administración pública” encaminada a regular la actividad de un ámbito público o privado, fijando normas o realizando actividades en sustitución muchas veces del libre albedrío individual, en pro de una protegida convivencia del Ser Humano, en sociedad. Dentro de las actividades, está precisamente el ejercicio del iuspuniendi, destinado a sancionar y corregir a los particulares en el ámbito externo, cuando infrinjan leyes y reglamentos que regulan el ejercicio de la gestión administrativa (heterotutela).

Entendido lo anterior, se debe conocer que con la próxima entrada en vigencia de la reforma al Código de Trabajo (RPL), se vienen a suscitar cambios no solo en la parte colectiva y procedimental, sino que se introducen también novedades dentro del aparte referido a la infraccionalidad laboral, como parte del anterior ejercicio. De entrada, se puede destacar que se viene -dentro de una buena técnica legislativa- a crear un título sétimo, referido a la conceptualización de la misma, para posteriormente pasarse a tocar lo referente a la parte adjetiva o procedimental y no como ocurre hoy, en donde primero se dicta a partir del artículo 564 el procedimiento, para al final, venirse a estipular: qué es una infracción y en qué consisten las mismas.

Asimismo, se vienen a regular como parte de la infraccionalidad, conductas tales como: a) el incitar de mala fe,  públicamente a que una huelga o un paro se efectúe contra las disposiciones legales; b) alterar el carácter pacífico de un movimiento colectivo, siendo ambos presupuestos sancionados con multas que oscilan entre 5 a 10 salarios de los que devengan los auxiliares del Poder Judicial (arts. 402 y 403); c) declarársele a un patrono su paro ilegal, lo cual da lugar a una multa entre 20 a 23 salarios. En este tema, sin embargo, llama la atención que no constituye infracción laboral, haberse declarado ilegal una huelga, pero sí un paro patronal, cuando ambos son reconocidos igualmente por la Constitución. Pareciera que el ejercicio de un paro, en caso de no prosperar conlleva sanción, lo cual podría constituir un viso de inconstitucional, ya por sí mismo.

Dentro de otro aparte de sancionabilidad, se configura el hecho (para los servidores de la CGR, ARESEP, PGR o de entidades análogas) de que en el ejercicio de potestades de control, fiscalización y asesoría “vinculantes”, hagan incurrir a la Administración Pública, en infraccionalidad laboral. De allí la importancia de contar con personal altamente calificado, proclive a la actualización y dotado de capacitación constante, dentro de la vorágine jurídica que significa enfrentarse diariamente al sistema costarricense.

Por otra parte, todo empleador o representante, que sabotee de una u otra forma la participación del proceso de votación (el cual conforme al artículo 381, debe ser neutral y con goce salarial), para garantizar el porcentaje requerido de apoyo al inicio de un proceso huelguístico, se expone a ser sancionado por prácticas laborales desleales, mediante la multa máxima de la tabla de sanciones (art. 398).

Finalmente dentro del ámbito colectivo, se sancionan las conductas atinentes a la obstaculización del procedimiento conciliatorio (omisión en el nombramiento de personas conciliadoras, inasistencia injustificada a la audiencia o negarse a firmar a un acuerdo convenido) o al incumplimiento de los términos de un fallo arbitral, sendos entendidos como medios destinados a la solución pacífica de los conflictos colectivos de carácter económico y social (art. 642).

Aparejado a estos cambios, debe venir el fortalecimiento de la Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo, como ente que en primera instancia se relaciona con la infraccionalidad laboral. De allí la necesidad, no solo en contar con más recursos económicos y de personal; sino también de proveerla de un nuevo paradigma de trabajo, en donde el mismo ente ministerial, pueda ser el que sancione de manera inmediata las infracciones detectadas, bajo los principios del debido proceso y resguardo de los derechos del ciudadano, como lo propone el proyecto en discusión en la Asamblea Legislativa, no. 19.130.”

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Dr. Eric Briones

El Doctor Eric Briones Briones, cuenta con una Maestría y un Doctorado en Derecho con énfasis en derecho laboral. Autor de doce libros en materia laboral, de más de 35 publicaciones en revistas especializadas, tanto a nivel nacional como internacional, expositor en diferentes foros nacionales e internacionales. Actualmente es Jefe del Departamento de Asesoría Legal de la Inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ha sido profesor e Investigador, de la Universidad Estatal a Distancia, de la Universidad de Costa Rica, Universidad Escuela Libre de Derecho, Universidad Nacional de Costa Rica, cursos para Maestría de Relaciones Contractuales Laborales y Admisión de Salarios y Universidad Latina, en la cátedra de Maestría del Derecho Colectivo laboral. Tutor y Lector de Tesis en distintas Universidades Privadas y Públicas.

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