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Nuevo Proyecto de Ley Marco de la Responsabilidad Social Empresarial

 
por Luis Arce, experto en Derecho Ambiental

Bajo el Expediente No.17.510 la Comisión Permanente de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa iniciará el estudio de un proyecto de ley que busca establecer la responsabilidad social empresarial enfocada al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas en sus operaciones y en sus interacciones con los empleados, los accionistas, los inversores, los proveedores, los clientes y las comunidades en las que se encuentran inmersas.

 

Ante los procesos de globalización, la reputación y las demandas de estabilidad y sostenibilidad del ambiente han adquiriendo mayor relevancia e inducen a la necesidad de desarrollar una cultura de la responsabilidad social empresarial como parte de la identidad nacional.  Se considera que la responsabilidad social corporativa va más allá del cumplimiento de la legislación laboral y las normativas relacionadas con el medio ambiente, cuyo estricto cumplimiento son tan solo el punto de partida, requiriéndose de manera global un conjunto de prácticas, estrategias y sistemas de gestión empresariales que persigan un nuevo equilibrio entre las dimensiones económica, social y ambiental.

El proyecto de ley presentado, procura establecer ese marco global de manera obligatoria para empresas que cuenten con más de doscientos trabajadores, o voluntaria para el resto de empresas y pretende, por un lado, dar respuesta a las exigencias de transparencia y ética en los negocios que la sociedad reclama del sector empresarial del país y, por otro, destacar los valores internos de la organización. Se considera que una buena manera de comenzar a mostrar los esfuerzos realizados en este sentido, es mediante la publicación del balance social, herramienta que permite evaluar y determinar el impacto de la actividad de la empresa en los aspectos no solo económicos, sino también ambientales y sociales.

Por tanto, el proyecto de ley establece que las empresas que cuenten con más de doscientos trabajadores deberán elaborar un balance social, el cual deberá ser validado por una auditoría social externa y hacerlo público –balance y memorias anuales– con igual tratamiento, transparencia y difusión que el balance económico del ejercicio. También están obligadas a hacerla aquellas empresas o grupo de empresas que cuenten con más de doscientos trabajadores que acudan a la financiación de los mercados financieros organizados y que pretendan participar en licitaciones públicas u obtener créditos públicos.  El balance social de la empresa, es el documento que recoge los resultados cuantitativos y cualitativos del cumplimiento de la responsabilidad social de la empresa y permite evaluar su desempeño en términos de activos y pasivos sociales durante un período determinado; tiene como objetivo mostrar el esfuerzo que realiza la empresa en beneficio de su personal, la comunidad y el ambiente, y la magnitud del mismo.

La información mínima que la empresa debe considerar y proveer para la confección del balance social involucra: a) Recursos humanos, b) Clientes y proveedores, c) Ambiente y d) Comunidad. Los mismos tienen carácter enunciativo, pudiendo la empresa ampliar el alcance de los ítems expuestos de acuerdo con su discrecionalidad.Como incentivos, el proyecto de ley incluye el gozo de las exenciones del impuesto sobre la renta, establecidas en el inciso q) del artículo 8 de la Ley No.7092; la obtención de la certificación de responsabilidad social y el derecho a utilizar públicamente el distintivo de “Socialmente Responsable”, cuando su accionar se ajuste a las especificaciones que se establezcan por una norma aprobada por entidades de normalización acreditadas oficialmente, y tengan declarado formalmente su código de conducta, se haya verificado su cumplimiento y no hayan incurrido en alguna causa de exclusión de la certificación; y la participación y posibilidad de obtención del Premio anual a la excelencia de las empresas socialmente responsables, que para tal efecto creará el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, como autoridad competente de la aplicación de esta ley.

Finalmente, el incumplimiento por parte de la empresa de la confección del balance social, en los casos de que sea legalmente obligatorio, o si se omitiere o falseare información relevante para los grupos de interés, queda tipificado como una infracción ante lo cual será apercibido.

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Lic. Silvia Pacheco. Editora General

Abogada y notaria. Especialista en administración de bases de datos de información jurídica, investigaciones jurisprudenciales y editora de contenidos legales. Consultora en proyectos de informática jurídica en la región centroamericana. Colaboradora del sitio www.leylaboral.com Encargada de la administración y actualización de Master Lex Cálculos Legales: timbres, honorarios profesionales, patentes, prestaciones laborales y otros. Moderadora del blog www.puntojuridico.com

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