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Admiten para estudio acción contra pago timbre fiscal en escritos de transacción o arreglo

Hace unas semanas, el estimado colega Casimiro Vargas nos ofreció un interesante artículo sobre el problema que  enfrentan a diario muchos abogados y notarios al momento de cancelar especies fiscales en los contratos que suscriben sus clientes.   (Ver nota)

Sobre un tema relacionado también con el timbre fiscal fue admitida para estudio la acción de inconstitucionalidad No. 20-007518-0007-CO  que pretende la anulación de los artículos 273, inciso 11), y 286  del Código Fiscal, por estimarlos contrarios a los artículos 41, 43 y 46 de la Constitución Política, así como el artículo 8°, inciso 1), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Las normas se impugnan en cuanto establecen el impuesto de timbre fiscal en los escritos de transacción o arreglo entre litigantes, así como la sanción correspondiente en caso de no aportarlos, pues según los accionantes, dificulta el acceso a la justicia y coarta a los ciudadanos la libertad para resolver de manera autónoma sus conflictos.   Sostienen además »  ….  que si por inconstitucional, se anuló el tema de la garantía de costas, permitiendo a las partes litigar sin rendirla, y se permitió a los ciudadanos litigar en papel común, se mantuvo el tema del timbre fiscal, que viene a impedir a las personas físicas y jurídicas poder acceder de manera libre al sistema de justicia, para poder resolver sus controversias, por ellas mismas o a través de un tercero que les juzgue. «

Finalmente se alega la existencia de una doble imposición tributaria, a partir de la creación del impuesto al valor agregado vigente, toda vez que de acuerdo con artículos 274 y 285, inciso quinto, ambos del Código Fiscal, los timbres deben ser pagados al momento de la celebración del contrato. En ese tanto, aún cuando sean presentados como prueba en un litigio judicial, si se observa que el pago se hizo en fecha distinta a la suscripción del convenio, también aplicaría la multa.

Por todo lo anterior, consideran los accionantes que existe impedimento de acceso a la justicia, por cuanto le niega a una parte la posibilidad de ejercer su derecho de defensa de modo efectivo, al imponerle una multa desmedida que, en la mayoría de los casos, excede su capacidad económica y le afecta al momento de defender sus intereses privados dentro del litigio, lo que es contrario a lo previsto en el artículo 41 constitucional. Consideran también que genera una infracción  a la libertad de comercio, consagrada en el artículo 46 de la Constitución Política, por cuanto dispone una doble imposición a los contratos privados, que de por sí ya se encuentran gravados, con muy pocas excepciones, por el impuesto de valor agregado (IVA)

Estaremos al pendiente de la resolución definitiva de esta acción de inconstitucionalidad para informarles tan pronto se produzca.

 

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Lic. Silvia Pacheco. Editora General

Abogada y notaria. Especialista en administración de bases de datos de información jurídica, investigaciones jurisprudenciales y editora de contenidos legales. Consultora en proyectos de informática jurídica en la región centroamericana. Colaboradora del sitio www.leylaboral.com Encargada de la administración y actualización de Master Lex Cálculos Legales: timbres, honorarios profesionales, patentes, prestaciones laborales y otros. Moderadora del blog www.puntojuridico.com

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