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Alerta sociedades inactivas

Nos permitimos transcribir a continuación, interesante artículo del Dr. Carlos Camacho, socio director de Grupo Camacho, experto en servicios de auditoría, consultoría contable y asesoría tributaria, publicado recientemente en La República.NET

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«La ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas del 4 de diciembre recién pasado plantea diversidad de retos y sorpresas a empresas, empresarios, personas físicas y por supuesto a inversionistas tanto locales como extranjeros. La inclusión en el artículo 2 de la Ley de Impuesto sobre las Utilidades de una nueva regulación, en su inciso a) indicando:

“a) Todas las personas jurídicas legalmente constituidas, con independencia de si realizan o no una actividad lucrativa, las sociedades de hecho, las sociedades de actividades profesionales, las empresas del Estado, los entes colectivos sin personalidad jurídica y las cuentas en participación que haya en el país” Tienen el deber de presentar su respectiva declaración de impuesto sobre la renta.

¿Cuál es la relevancia de esta norma, qué nuevas luces pueden llegar a vislumbrarse de su aplicación?

Las entidades de cualquier naturaleza, en especial aquellas que sean tenedoras de bienes o derechos dentro o fuera el país, tienen tremenda tarea por el frente, más que de orden operativo, de carácter estratégico. El motivo es, en especial el deber probatorio del origen de los recursos de la entidad que se han generado la causa económica de dicha riqueza, para justificar la existencia de los bienes de los que dichas entidades son titulares.

Vamos a tratar de empezar por lo sencillo:

El artículo 5 de la ley de impuesto sobre la renta, así reformado desde la Ley de Justicia Tributaria de 1995, indica que:

“También forma parte de la renta bruta cualquier incremento del patrimonio que no tenga su justificación en ingresos debidamente registrados y declarados, a partir del período fiscal siguiente a la vigencia de esta ley.”

Por tanto, una entidad que tenga un bien inmueble con un valor de un millón de unidades monetarias de valor, cuyo capital social sea de diez mil unidades monetarias, tiene un incremento patrimonial de novecientos noventa mil unidades monetarias. Dicho incremento de patrimonio puede o no ser justificado. Si lo es y el contribuyente tiene medios probatorios que soporten que la proveniencia de los fondos aportados ha sido sometida a la tributación correspondiente, o que estaban exentos de dicha obligación, se debe entender que no está justificado y por ende tributaria por el impuesto sobre las utilidades a una tarifa del 30%.

Esto ya ha sido así por los últimos veinticuatro años, excepto que no había medios de determinación constatable de los bienes de los que las entidades inactivas eran titulares, así como no había obligación de declarar a efectos del impuesto sobre la renta, lo que dejaba un gran orificio a la evasión fiscal en algunas ocasiones. Muchos contribuyentes arguyen que es sencillo, es cuestión de decirle a la Administracion que este patrimonio es resultado de sus ahorros de la vida, pero si esto solo se argumenta y no se logra probar con los medios que en derecho corresponde, esto se convierte en una buena salida, pero las posibilidades efectivas de salir airoso en un posible litigio son ínfimas.

Si conjuntamos las dos reglas, la anterior y la nueva del deber de toda entidad y le agregamos la disposición transitoria de que se transcribe en el párrafo anterior, tenemos la fórmula de la consecuencia fiscal de la cándida norma del artículo 2, transcrito arriba.

El transitorio relativo a la amnistía fiscal, en el inciso g) indica:

“g) Los contribuyentes que tomen la decisión de registrarse ante la Administración Tributaria podrían declarar y registrar incrementos no justificados de patrimonio, con lo cual deberán reconocer una tarifa única del quince por ciento (15%), cuya base imponible será el valor de mercado del patrimonio, pudiendo la Administración Tributaria verificar el valor de los bienes que se están regularizando.

No podrán regularizar incrementos injustificados de patrimonio provenientes de actividades ilícitas, en todo caso dichos incrementos podrán ser fiscalizados y denunciados ante las autoridades correspondientes.” (el subrayado no es del texto original)

Esto supone que la intención del legislador es activar la tributación efectiva de los incrementos patrimoniales no justificados ya en fase de amnistía al 15% o dando herramientas e impulso a la Administracion Tributaria, para que contando con las declaraciones respectivas se determinen en fase autodeterminativa la obligación del impuesto sobre la renta respectivo, o en fase de fiscalización, con el amplio acceso a la red de fuentes de información relevante en materia fiscal tanto local como internacional, para que dichos incrementos patrimoniales constituyan renta bruta que tributará al 30%.

Hemos de tomar en consideración, que el estándar común de reportes financieros-conocido por sus sigla en inglés CRS- entró en su segundo año de aplicación en setiembre de 2018, momento en el que Costa Rica entrega y tiene accesible información de sus residentes fiscales para efectos de detectar activos financieros que se encuentren en titularidad de estas entidades nuevas declarantes, que de aparecerles el afloramiento de un nuevo patrimonio, lo harían sujeto a la imposición sobre la renta local, si no tiene los medios probatorios efectivos para demostrar la condición de no sujeción prevista en el propio artículo 5 de la ley de renta, o si el mismo no está efectivamente excluido de la renta bruta según lo establecido en el artículo 6 de dicha ley.

Que no le sorprendan, que no sea usted el último en enterarse que la Administracion Tributaria ya conoce los activos que su entidad tiene dentro y fuera de fronteras costarricenses, donde la omisión de la declaración podría calificar eventualmente como un medio idóneo de inducción a error a la Administracion, con lo que lo rojo se hace colorado, sea que aparte de tener un problema impositivo, tiene consecuencias potencialmente punitivas en el ámbito penal tributario. Tome acciones de prevención, el tiempo es corto y para agravar las cosas, estas noticias coinciden y no por mera coincidencia, con la entrada en vigor del registro de beneficiarios últimos a partir del próximo mes de marzo.»

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Carlos Camacho

Cuenta con más de 39 años de experiencia en servicios de auditoría, consultoría contable y asesoría tributaria. Se ha especializado en los últimos 25 años en el área de tributación empresarial, consultorías, cumplimiento tributario, precios de transferencia, planeación fiscal, fiscalización y acompañamiento en litigio.// Fundó Grupo Camacho en 1988, empresa especializada en impuestos, locales e internacionales y consultoría en negocios, con mas de 30 años de experiencia en el mercado a nivel local, internacional y Regional.

10 de 26 Comentarios

  1. Katherine Saenz • 21 febrero, 2019

    Quien me ayuda con este tema?
    Tengo una sociedad que alberga una casa, se supone que debo cerrarla?
    Cuando se constituyó, se hizo con un capital de 10 000 colones.
    Entonces como debo proceder en este caso? Si eso fue hace 10 años.

    Responder
  2. Casimiro Vargas • 15 febrero, 2019

    La transcripción del inciso a) hecha por el Dr. Camacho es parcialmente correcta, pero observamos que al final le agregó una frase que no está en el inciso como se promulgó en la ley.
    Específicamente la frase que dice:

    “Tienen el deber de presentar su respectiva declaración de impuesto sobre la renta”

    Si bien se cerraron comillas en la palabra “país” que es donde correctamente termina el inciso en la ley, esa frase se agregó de modo tal que una lectura ligera del artículo podría confundir y hacer creer que la frase forma parte del inciso transcrito, con lo cual se concluiría sin duda alguna que las sociedades inactivas en adelante deben presentar su Declaración de Renta.

    Ahora bien, habrá que dar tiempo a que la comunidad jurídica analice el punto y que las autoridades definan el punto para saber si las sociedades inactivas deberán presentar o no dicha Declaración. Situación que estoy seguro es lo que pretendió el Dr. Camacho.

    Sin embargo, aprovecho la ocasión para llamar la atención a lo que dispone el segundo párrafo del artículo 20 de esa misma ley cuando dice:

    “En el caso de que un contribuyente cese sus actividades y por ese motivo no esté obligado a presentar la declaración jurada de sus rentas, deberá dar aviso, por escrito, a la Administración Tributaria y adjuntar una última declaración y el estado o balance final, dentro de los treinta días siguientes al término de sus negocios, fecha en que deberá pagar el impuesto correspondiente, si lo hubiere.”

    Según se desprende de ese párrafo, pareciera que la Ley está previendo que una sociedad que ha cesado sus actividades lucrativas no está obligada a presentar declaración de Renta.

    No pretendo dar la solución a este punto, sino únicamente brindar este pequeño aporte a los que estén interesados en el tema.

    Transcrito a continuación el artículo 20 completo y literal a efecto de evitar cometer el error de omitir algo importante en dicha norma.

    “ARTICULO 20.- Plazo para presentar declaraciones y cancelar el impuesto. Los sujetos pasivos mencionados en el artículo 2 de esta Ley deberán presentar la declaración jurada de sus rentas y, simultáneamente, cancelar el impuesto respectivo. Utilizarán los medios de declaración jurada que determine la Administración Tributaria, dentro de los dos meses y quince días naturales siguientes al término del período fiscal, cualquiera sea la cuantía de las rentas brutas obtenidas, y aun cuando estas estén, total o parcialmente, exentas o no estén sujetas por disposición legal a pagar el impuesto.
    (Así reformado el párrafo anterior por el artículo 19 de la Ley N° 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria de 4 de julio del 2001)
    (Derogado el párrafo segundo por el artículo 30 inciso a), de la Ley de Justicia Tributaria No.7535 del 1 de agosto de 1995. Dicha ley en su artículo 14 había reformado en su totalidad este párrafo)

    En el caso de que un contribuyente cese sus actividades y por ese motivo no esté obligado a presentar la declaración jurada de sus rentas, deberá dar aviso, por escrito, a la Administración Tributaria y adjuntar una última declaración y el estado o balance final, dentro de los treinta días siguientes al término de sus negocios, fecha en que deberá pagar el impuesto correspondiente, si lo hubiere.

    Cuando se trate de las empresas a las que se refiere el artículo 2 de esta Ley, la obligación de presentar la declaración jurada de sus rentas subsiste, aun cuando se extingan legalmente, si continúan ejerciendo actividades de hecho.

    Los contribuyentes, afectos al impuesto único sobre las rentas de trabajo dependiente, no estarán obligados a presentar la declaración exigida en este artículo.

    La obligación de presentar la declaración subsiste aun cuando no se pague el impuesto.

    (Así reformado por el artículo 14 de la Ley de Justicia Tributaria No. 7535 de 1º de agosto de 1995)

    Responder
    • Carlos Camacho • 17 febrero, 2019

      Estimado don Casimiro, la precisión de la inclusión de la palabra país es correcta, pero como puede leer en el texto esta es una calificación respecto de las cuentas en participación.
      .Llama la atención la afirmación de que ya habrá tiempo para definir la obligación cuando la ley ya está promulgada, dicho tiempo ya está consumado, las autoridades fiscales no pueden de manera infralegal ya que sería pasible de una discusión de reserva material de ley regulada por el 121.13 de la Constitución Política.
      En cuanto a la existencia del articulo 20 el mismo no es resultado de la legislación ex novo, sino del texto original de la ley que debe entenderse a la luz de una interpretación dinámica de la norma, que debe entenderse aplicable ahora en términos de la ultima declaración de actividades, que no exime del nuevo deber de seguir declarando mientras perviva la entidad a pesar de su condición de inactividad, conforme la norma especial y posterior. Saludos

      Responder
  3. Carlos Camacho • 14 febrero, 2019

    Efectivamente Fernán, se hace una ficción jurídica que su efecto mas importante no son los resultados de operación visto que no los tienen, sino que la pretensión es determinar la existencia de bienes patrimoniales, que protegidos en el velo corporativo de las sociedades inactivas, acumulan bienes para los que no tienen eventualmente explicación de origen de orden tributario de los recursos obtenidos para su adquisición, esto implica un riesgo de estar sujetos a la tributación del 30% sobre los bienes de la sociedad si esta o el socio o ambos no cuentan con los medios probatorios necesarios para demostrar en sentido jurídico, la licitud fiscal del origen de los fondos. Saludos

    Responder
  4. Andrea • 14 febrero, 2019

    la sociedad estaría sujeta a impuesto de personas jurídicas,

    Ahora como las sociedades tendrán que inscribirse en renta deberá presentar la declaración en cero si no tiene actividades, en la misma declaración declarará sus activos.

    Si la casa es de lujo y esta afecta al impuesto solidario deberá pagarlo.

    Responder
  5. Eduardo Monzon • 12 febrero, 2019

    Me surge una duda en torno a esto:
    Sociedades que fueron creadas para albergar una casa o un vehículo estarían sujetas a 3 impuestos por la misma razón cuando aplican:. Por ejemplo:
    Una casa de lujo dentro de una sociedad anónima inactiva paga el impuesto solidario, impuesto a las personas jurídicas y también renta???

    Responder
    • Carlos Camacho • 14 febrero, 2019

      Estimado Eduardo, los diversos impuestos que mencionas tienen hechos generadores diversos y por tanto, siendo autónomos conviven y no eximen el uno del otro, el tener una sociedad o entidad de cualquier tipo, es una opción, no una obligación y por tanto, es para el dueño del bien concreto definir si el propósito de tener dicho bien en la sociedad es o no meritorio de la cantidad mencionada de obligaciones que recaen en este caso sobre esta entidad de mera tenencia de bienes. No podemos perder de vista, que las entidades mercantiles han devenido en meros vehículos de tenencia de bienes en muchos casos, pero el motivo de su existencia es la actividad generadora de beneficios lucrativos. Saludos

      Responder
  6. fernan pacheco • 11 febrero, 2019

    Me parece entender que mediante una especie de ficción jurídica, las sociedades sin actividad lucrativa, igual se van a considerar como «contribuyentes» del impuesto de renta y por tanto cumplir con todos los deberes formales que ello implica, en especial la declaración anual (mostrando cero ingresos).

    Es sabido que, para inscribirse en el Registro Único Tributario, no solo se debe indicar la fecha de inicio de la actividad lucrativa sino el tipo de actividad (alquileres, prestamos, comercio, etc). ¿Existe o se va crear entonces una nueva categoría de «contribuyente» al cual no aplican esos elementos? ¿A partir de que momento se puede/debe hacer dicha inscripción en el RUT?

    Responder
    • Andrea • 14 febrero, 2019

      De acuerdo con su comentario- «las sociedades sin actividad lucrativa, igual se van a considerar como “contribuyentes” del impuesto de renta y por tanto cumplir con todos los deberes formales que ello implica, en especial la declaración anual (mostrando cero ingresos).»

      Se supone que a partir de Junio de este año, habrá que esperar el reglamento para que definan como será el proceso.

      Responder
  7. Milton Gonzalez Vega • 11 febrero, 2019

    De singular aprecio, lo expuesto por el Doctor Camacho; a Master Lex reconocer lo valioso de esta herramienta y sobre todo mi admiracion a las personas que dirigen este medio . Mis felicitaciones.

    Responder

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