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Tres votos de interés de la Sala Constitucional

Recientemente la Sala Constitucional resolvió tres recursos de amparo sobre temas  de  interés general.  Dos de ellos en materia del derecho de trabajo y el último relativo a la posibilidad que tienen las partes en un proceso judicial de obtener copia de los respectivos expedientes sin que requieran para ello autorización de un abogado.

En su tenor literal los transcribimos a continuación según fueron publicados por el Centro de Jurisprudencia Constitucional en su Boletín Mensual de Jurisprudencia correspondiente al mes de julio del año en curso.

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SE AVALA LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN LOS CENTROS DE TRABAJO

Expedientes:14-008355-0007-CO
Sentencias:011353-2014
Recurso de amparo contra el Gerente General del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. (INVU). El recurrente, en su condición de Secretario General de Unión de Empleados del INVU, acusa la violación del derecho a la intimidad protegido por el artículo 24 de la Constitución Política, el secreto de las comunicaciones y el derecho a la libertad sindical. Reclama que en las oficinas centrales del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo colocaron un equipo de grabación de audio y video de seguridad que capta y graba absolutamente todo lo que sucede dentro del instituto, tanto en las zonas de atención al público como en las oficinas de los trabajadores. Aduce que, incluso, las llamadas que realizan los funcionarios y particulares quedan grabadas para lo cual no existe autorización. Reclama que los funcionarios no fueron advertidos de esa colocación y que no existe rotulación alguna. En este caso, sobre la instalación de cámaras de vigilancia en los centros de trabajo, se citan los votos 1511-04 y 4177-00. En el caso concreto no se considera que haya una violación a los derechos a la intimidad, secreto de las comunicaciones y libertad sindical reclamados con motivo de la instalación de las cámaras de seguridad en las oficinas centrales y bodega del INVU por las siguientes razones: a) Las cámaras de video fueron instaladas en las zonas o salones comunes que son de uso público de las oficinas centrales del INVU, espacios destinados para brindar el servicio público. b) No han sido colocadas en lugares sensibles como en los baños de la institución, supuesto en el que sí podría estarse ante una eventual violación del derecho a la intimidad. Asimismo, contrario a lo alegado, en la Auditoria de la institución sí se colocaron cámaras en las zonas comunes y de tránsito. c) Debe resaltarse que se trata de equipo de video que no graba sonido, por lo que se descarta que las conversaciones y llamadas telefónicas de los funcionarios y usuarios queden respaldadas en ese equipo. d) Según lo informado bajo juramento, la medida pretende procurar la seguridad de la institución y resguardar los bienes públicos que han sido objeto de sustracciones. Estos motivos resultan legítimos y razonables, y han sido avalados por este Tribunal, tal y como se desprende de la jurisprudencia citada. e) Finalmente, aunque el recurrente alegó que se violenta la libertad sindical por la confidencialidad de los asuntos que maneja la agrupación que representa, lo cierto es que no argumentó de que forma concreta, la instalación del equipo de seguridad cuestionada podría representar una amenaza o violación al ejercicio de los derechos sindicales. Se declara sin lugar el recurso.

NO SE REQUIERE AUTENTICACIÓN PARA FOTOCOPIAR EXPEDIENTE, CUANDO ES SOLICITADO POR UNA DE LAS PARTES ARTÍCULO 114 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL

Expediente:14-010255-0007-CO
Sentencia:011423-2014

Recurso de amparo contra el Juzgado de Mayor Cuantía de Cañas. En este asunto, se alega la presunta denegatoria de una autoridad jurisdiccional de proporcionar el acceso al expediente a una parte procesal, actuación que por ser administrativa no se enmarca dentro del supuesto contenido en el artículo 30 inciso b) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Así las cosas, se entra a resolver el fondo de lo planteado. El recurrente alega que se apersonó al Juzgado recurrido con un escrito de fecha 23 de junio de 2014, mediante el cual solicitó un expediente para fotocopiarlo pero le negaron su solicitud. Aduce que es parte dentro del proceso por lo que no comprende por qué le exigen un abogado para poder verlo. Indica la autoridad recurrida, que señaló al accionante que ese legajo no se encontraba en ese despacho pues había sido remesado al Archivo Judicial desde el 22 de julio de 2003. Por lo anterior, se le explicó al recurrente que para solicitar el envío de ese legajo, debía presentar un escrito autenticado por un abogado con base en lo dispuesto en el artículo 114 del Código Procesal Civil, norma que dispone que para surtir efectos procesales, los escritos deben llevar firma de abogado que autentique la del petente. No obstante, en criterio de esta Sala el requerimiento de ese requisito resulta ilegítimo. En efecto, debe distinguirse los escritos con los que la gestión de la parte interesada constituya un acto con efectos procesales (para los cuales el ordenamiento jurídico exige autenticación), de aquellos con cuya gestión se procura, únicamente, tener acceso al expediente en el que figura como parte interesada. Precisamente, por esa condición, el tutelado tenía derecho a acceder al mismo y fotocopiarlo sin formalidad alguna. Recuérdese que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 del código citado “Los actos procesales no estarán sujetos a formas determinadas, sino cuando la ley expresamente lo exija.” De este modo, resulta ilegítimo exigir al tutelado el requisito de autenticación de un documento para tener acceso al expediente del proceso ejecutivo en el que figuró como demandado. Asimismo, debe subrayarse que, según lo dispuesto en el artículo 114 del Código Procesal Civil, en caso que se omitiere la autenticación, el defecto puede ser subsanado para lo que el abogado debe apersonarse al tribunal a autenticar el documento dentro del plazo de tres días, (contados a partir del día siguiente a su presentación), acto del cual el secretario del despacho debe levantar constancia; siendo que, en caso de no hacerlo, la gestión será denegada. En este asunto, no consta que siquiera se hubiere recibido el documento presentado sin autenticar por el actor de modo que, posteriormente, pudiera subsanar el defecto conforme la disposición recién citada. Que, en todo caso, como se ha dicho, no requería de autenticación pues únicamente está solicitando el expediente para fotocopiarlo. Se declara con lugar el recurso. Se ordena a LA Jueza Coordinadora a.i. del Juzgado Civil y Trabajo de Mayor Cuantía de Cañas, tramitar inmediatamente, el traslado del expediente y una vez que se encuentra en ese despacho, garantizar el acceso al recurrente.

PERMISO SIN GOCE DE SALARIO SE DEBE DAR CUANDO SEA POR INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR

Expediente:14-010902-0007-CO
Sentencia:012206-2014

Recurso de amparo contra el Ministerio de Educación Pública. La recurrente reclama violación a los derechos fundamentales de la amparada, pues acusa que no se le autorizó un permiso sin goce de salario para poder atender las citas y tratamientos médicos de su hija, contraviniendo el interés superior del menor. En reiteradas oportunidades, esta Sala ha resuelto que, más allá de que las normas reglamentarias del patrono, si un menor de edad necesita ser atendido por su madre –previo criterio médico que así lo establezca- tiene derecho a que se le otorguen los permisos correspondientes para cumplir con ese fin. Ello es así porque el principio del interés superior del menor es el que debe prevalecer, más allá de lo que las normas infraconstitucionales establezcan o permitan en estos casos (véase un caso similar en la sentencia número 09467-11). En este caso se comprobó que, posterior a la notificación de la resolución de curso, la Ministra recurrida, procedió a prorrogar el permiso sin goce de salario de la amparada a partir de 18 de julio de 2014 y hasta el 31 de enero de 2015, con lo cual se subsanó la violación comentada. Bajo esta inteligencia, lo pretendido por la amparada fue satisfecho por el Ministerio recurrido, por lo que se impone declarar con lugar el recurso únicamente a los efectos del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

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Lic. Silvia Pacheco. Editora General

Abogada y notaria. Especialista en administración de bases de datos de información jurídica, investigaciones jurisprudenciales y editora de contenidos legales. Consultora en proyectos de informática jurídica en la región centroamericana. Colaboradora del sitio www.leylaboral.com Encargada de la administración y actualización de Master Lex Cálculos Legales: timbres, honorarios profesionales, patentes, prestaciones laborales y otros. Moderadora del blog www.puntojuridico.com

1 Comentario

  1. Carlos Alberto Aguilar Vargas. • 23 Agosto, 2014

    Con todo respeto, considero que en el voto con respecto a la denegatoria de la solicitud del expediente, en cuanto a lo que está encerrado entre parénsitisis (contados a partir de la presentación), esa frase fue declarada inconstitucional ya hace mucho tiempo. Ahora, lo que debe hacerse es resolver haciendo la prevención para que dentro de tercero dìa se corrija el defecto.

    Responder

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