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Lic. Silvia Pacheco. Editora General

180,000 sociedades no han cumplido con el Registro de Accionistas

El 31 del presente mes de enero vence el plazo para la presentación de la Declaración Ordinaria de Accionistas y Beneficiarios Finales correspondiente al período 2019.   Ya sabemos que el próximo mes de abril corresponderá nuevamente a todas las sociedades la presentación de la Declaración del período 2020. 

En lo que respecta a la Declaración del año pasado,  nos parece interesante transcribir de la página Ministerio de Hacienda lo siguiente:

«Un total de 107.930 personas jurídicas han cumplido, al día de hoy, con la presentación de la declaración del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales (RTBF).   El periodo para cumplir con esta disposición empezó el 1 de setiembre del 2019 y termina el 31 de enero del 2020.  Al 10 de enero del presente año todavía tenían pendiente presentar la declaración 180.220 personas jurídicas.»   ( Ver más )

Una posible razón de este elevado número de sociedades incumplidoras es la falta de claridad  en cuanto a que también las  sociedades civiles y las sociedades de servicios profesionales, así como las Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada , Sociedades en Comandita y en Nombre Colectivo deben cumplir con el Registro de Accionistas, lo mismo que las Sociedades Extranjeras con Cédula Jurídica Nacional.

Aumenta la confusión el hecho de que el Impuesto a las Personas Jurídicas, que también vence el próximo 31 de enero, corresponda ser pagado – ese sí –  únicamente por las sociedades mercantiles.

El RTBF tiene por objeto:  «….  disminuir la evasión fiscal, facilitar el intercambio de información en material fiscal con países con los que Costa Rica tiene convenios suscritos y combatir la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.»

Este objetivo solamente podría atenderse obligando, como lo encontramos establecido en el art. 3 del Reglamento del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales No. 41040-Ha a todas «…   las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas domiciliadas en el país, los administradores de recursos de terceros a favor de sus clientes, las organizaciones sin fines de lucro y los fideicomisos privados, incluyendo los fideicomisos extranjeros que realizan actividades en Costa Rica.»

Si bien las asociaciones sin fines de lucro, los fideicomisos privados y otras estructuras jurídicas no se encuentran aún obligadas a cumplir con el RTBF, principalmente por un asunto técnico de la plataforma que  no se encuentra debidamente parametrizada para recopilar los datos de ese tipo de organizaciones,  las sociedades CIVILES sí están obligadas a cumplir a más tardar el 31 de enero del presente año 2020.

Finalmente, otra razón que ha contribuido a la confusión de muchos es la idea de que si la sociedad adeuda tres o más períodos de impuesto a las personas jurídicas se puede considerar que la misma ya está disuelta, y por consiguiente, exonerada de cumplir con el RTBF así como con el impuesto a las personas jurídicas o cualquier otro deber.

Evidentemente hasta que la disolución de estas sociedades no haya operado de manera efectiva en el Registro de Personas Jurídicas, es decir que al buscarlas en la plataforma ya no aparezcan como – INSCRITAS- no les quedará más remedio que atender todas las obligaciones que por Ley les corresponden a nivel tributario y del Registro de Accionistas.

 

 

 

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Por segunda vez: resolución sobre declaración patrimonial de sociedades inactivas

El pasado 20 de diciembre se publicó en La Gaceta, la resolución DGT-R-075-2019 de la Dirección General de Tributación sobre la obligación de las sociedades inactivas de inscribirse en el Registro Unico Tributario (RUT) y de presentar declaraciones anuales de sus activos, pasivos y monto del capital social.  Así lo comentamos ampliamente en nuestra nota:  Sociedades Inactivas deberán declarar su patrimonio

Hoy aparece nuevamente publicada la resolución  DGT-R-075-2019.

Esta nueva publicación no tendría por qué preocuparnos de no ser por el CALENDARIO que se establece para que las sociedades que aún no se encuentran inscritas en el RUT cumplan con dicha obligación.

De acuerdo con el art. 3 de la resolución en comentario,   las sociedades obligadas a presentar el formulario de Declaración de Inscripción del Registro de Contribuyentes D.140, deberán hacerlo siguiendo el siguiente esquema:

«a) Cédulas jurídicas que finalizan en l y 2: Durante el mes calendario siguiente a la entrada en vigencia de la presente resolución.
b) Cédulas jurídicas que finalizan en 3 y 4: Durante el segundo mes calendario siguiente a la entrada en vigencia de la presente resolución.
c) Cédulas jurídicas que finalizan en 5 y 6: Durante el tercer mes calendario siguiente a la entrada en vigencia de la presente resolución.
d) Cédulas jurídicas que finalizan en 7 y 8: Durante el cuarto mes calendario siguiente a la entrada en vigencia de la presente resolución.
e) Cédulas jurídicas que finalizan en 9 y o: Durante el quinto mes calendario siguiente a la entrada en vigencia de la presente resolución.» 

Entonces,  si consideramos que la resolución se publicó válidamente en diciembre pasado,   en el presente mes de enero les correpondería a las sociedades con cédulas terminadas en 1 y en 2 presentar los formularios D-140, las sociedades terminadas en 3 y 4 tendrían que hacerlo el próximo mes de marzo, y así sucesivamente.

Si por el contrario, consideramos que la publicación válida de la resolución fue el día de hoy,  tendríamos entonces que el primer mes para cumplir con esta obligación iniciaría para las sociedades terminadas en 1 y en 2, el  próximo mes de febrero,  las sociedades terminadas en 3 y en 4 el mes de marzo, y así sucesivamente.

Intentaremos obtener directamente de Hacienda la respuesta a esta interrogante que surge por la doble publicación de la DGT-R-075-2019.   De entrada, parecería que la interpretación debe ser a favor del administrado, debiendo tener como plazo para el inicio de este calendario el próximo mes de febrero. 

Sobre la segunda obligación que se establece en la Resolución en comentario,  de presentar  la Declaración  Patrimonial para Personas Jurídicas Inactivas, mediante el Formulario D.135, logramos confirmar que será a partir de enero del próximo año 2021 y hasta el 15 de marzo también del 2021 que deberá cumplirse por primera vez con dicha declaración.  El formulario respectivo será puesto a disposición de los interesados oportunamente en el sistema de la Administración Virtual Tributaria (ATV). Las sociedades deberán declarar sus activos, pasivos y monto de capital social, información servirá como insumo para los diferentes procesos de control y fiscalización que lleva a cabo la Administración Tributaria.

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RIGE NUEVA TARIFA DE DERECHOS DE REGISTRO PARA INSCRIPCIÓN DE ACTOS SOCIETARIOS

El próximo lunes 6 de enero reiniciará labores el Registro Nacional. Recuerde que para la inscripción de algunos actos societarios (constituciones de sociedad, cambios en el pacto constitutivo, nombramiento de directores o personeros, aumentos de capital, etc) deberá contemplar el incremento en los Derechos de Registro, que todos los años rige a inicios de año en razón del aumento en el monto del salario base del Oficinista 1 en la relación de puestos del Poder Judicial.

Lo anterior de conformidad con el art. 2 del Arancel del Registro Nacional que establece que … «por cada inscripción de documento relativo a una misma persona jurídica, (deberá cancelarse) una suma única equivalente a la décima parte del salario base definido en la Ley No.- 7337, de 5 de mayo de 1993.»

Con fecha 19 de diciembre, la Dirección del Registro de Personas Jurídicas emitidó la Directriz D.P.J.-002-2019  en la que dispone que el monto a pagar por concepto de arancel del Registro en materia mercantil será la suma de ¢45,020 (CUARENTA Y CINCO MIL VEINTE COLONES)   en lugar de los ¢44,620 que rigieron durante el 2019.    Esta nueva tarifa deberá ser pagada en todos los documentos que se presenten por primera vez al Diario del Registro en formato papel o en formato digital, este último por medio del servicio Ventanilla Digital, a partir del 6 de enero de 2020.

Estamos trabajando en nuestros sistemas Master Lex Cálculos y Movilex para poderle ofrecer a partir del próximo lunes  las respectivas opciones de cálculo debidamente actualizadas con las nuevas tarifas.

 

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SALARIO QUE SIRVE DE BASE PARA LA DEFINICIÓN DE PENAS, MULTAS Y OTROS

El Consejo Superior del Poder Judicial definió el pasado 17 de diciembre que el salario base del Oficinista 1 de la relación de puestos de la Ley de Presupuesto Ordinario de la República será para este 2020 la suma de ¢450,200 (cuatrocientos cincuenta mil doscientos colones exactos). Se incrementa por lo tanto en ¢4,000 colones este importe que durante el 2019 fue de ¢446,200

Este salario sirve como parámetro para la determinación de diversas penas establecidas en el Código Penal, así como otras multas e impuestos según lo dispuesto en la Ley 7337 de 5 de mayo de 1993:

«Artículo 2.- La denominación «salario base», contenida en los artículos 209, 212, 216 y 384 del Código Penal, corresponde al monto equivalente al salario base mensual del Oficinista 1 que aparece en la relación de puestos de la Ley de Presupuesto Ordinario de la República, aprobada en el mes de noviembre anterior a la fecha de consumación del delito.»

Dicho salario base regirá durante todo el año siguiente, aún cuando el salario que se toma en consideración, para la fijación, sea modificado durante ese período. En caso de que llegaren a existir, en la misma Ley de Presupuesto, diferentes salarios para ese mismo cargo, se tomará el de mayor monto para los efectos de este artículo.

La Corte Suprema de Justicia comunicará, por medio de publicación en el Diario Oficial La Gaceta, las variaciones anuales que se produzcan en el monto del salario referido.»

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A continuación le ofrecemos un listado de algunas de las normas que utilizan el indicado salario base como referencia para la determinación de penas, multas e impuestos.

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DEL CODIGO PENAL, Ley 4573 de 4 de mayo de 1970

Delitos que utilizan como referencia para fijación de la pena salario base, Ley 7337: 

Hurto Agravado (art. 209) // Robo simple (art. 212) // Estafa (art. 216) //Omisión de auxilio (art. 144) //Incumplimiento del deber alimentario (art. 185) //

LEY DE ARANCELES DEL REGISTRO PÚBLICO Ley No. 4564 de 29 de abril de 1970

La constitución, los nombramientos, las prórrogas del plazo social, los poderes y las modificaciones del pacto social de las sociedades mercantiles en el Registro Mercantil, incluso los aumentos de capital, pagarán por cada inscripción de documento relativo a una misma persona jurídica, una suma única equivalente a la décima parte del salario base definido en la Ley No.- 7337, de 5 de mayo de 1993.

LEY DE IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, Ley No. 9428 de 22 de marzo de 2017

Artículo 3.- Tarifa. Anualmente, se pagará una tarifa como se indica:  a) Las sociedades mercantiles, así como toda sucursal de una sociedad extranjera o su representante y las empresas individuales de responsabilidad limitada, que estén inscritas en el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional no inscritos en el Registro Único Tributario en la Dirección General de Tributación, pagarán un importe equivalente al quince por ciento (15%) de un salario base mensual, según el artículo 2 de la Ley N.º 7337, Crea Concepto Salario Base para Delitos Especiales del Código Penal, de 5 de mayo de 1993.»

LEY DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. Ley No. 7509 deL 9 de mayo de 1995

Inmuebles no afectos al impuesto. (…) e) Los inmuebles que constituyan bien único de los sujetos pasivos (personas físicas) y tengan un valor máximo equivalente a cuarenta y cinco salarios base; no obstante, el impuesto deberá pagarse sobre el exceso de esa suma. El concepto de “salario base” usado en esta Ley es el establecido en el artículo 2o. de la ley No. 7337 del 5 de mayo de 1993.

DEL CODIGO DE TRABAJO

Faltas punibles, las acciones u omisiones en que incurran los empleadores, los trabajadores, o sus respectivas organizaciones, que transgredan las normas previstas en los convenios adoptados por la Organización Internacional del Trabajo, ratificados por la Asamblea Legislativa y las normas previstas en este Código y en las Leyes de seguridad social. (Arts. 608 y 614 C.T.)

LEY REGULADORA DE LA PROPIEDAD EN CONDOMINIO

El art. 15 establece una multa equivalente a un salario base conforme a la Ley 7337 para el condómino que destine su finca filial a usos contrarios a la ley, la moral o las buenas costumbres, o a algún uso no convenido expresamente. También para quien perturbe la tranquilidad de los demás propietarios o comprometa la solidez, seguridad, salubridad o comodidad del condominio.

LEY DE PROCEDIMIENTOS DE OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Ley No. 8039

Como alternativa a los daños sufridos y a solicitud del titular del derecho, en los procedimientos judiciales civiles relativos a infracciones de derechos de autor y derechos conexos, o falsificación de marcas y otros signos distintivos, el juez, previa audiencia a la parte demandada, de conformidad con el debido proceso, podrá utilizar indemnizaciones predeterminadas, las cuales se establecen en una cantidad determinada de salarios base, los cuales pueden ir desde un monto equivalente a un salario base hasta trescientos salarios base.

LEY DE PENSIONES ALIMENTARIAS. Ley No. 7654 de 19 de diciembre de 1996

Para el alimentante no asalariado, la prestación alimentaria se actualizará automáticamente cada año, en un porcentaje igual a la variación del salario mínimo descrito en el artículo 2 de la Ley No. 7337, de 5 de mayo de 1993. Para los asalariados, se reajustará en forma porcentual a los aumentos de ley decretados por el Estado para el sector público o privado, según corresponda; todo sin perjuicio de que pueda modificarse por el cambio de circunstancias de quien la da y de quien la recibe o por el acuerdo de partes que sea más beneficioso para el alimentario.

LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO-ARQUITECTÓNICO DE COSTA RICA. Ley No. 7555

Artículo 21.– Multas: Será sancionado con multa de diez a veinte veces el salario base:

Quien, prevenido al efecto, coloque, ordene colocar o no retire placas o rótulos publicitarios de cualquier índole que, por su dimensión, colocación, contenido o mensaje, dificulten o perturben la contemplación de un inmueble declarado de interés histórico-arquitectónico.

Quien, prevenido al efecto, no suministre información sobre el estado o la utilización de inmuebles de interés histórico-arquitectónico, al Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes o a la Comisión nacional de patrimonio histórico-arquitectónico.

Quien, prevenido al efecto, no permita el examen, el estudio o la inspección de inmuebles de interés histórico-arquitectónico, según lo dispuesto en los incisos c) y e) del artículo 9.

Quien, prevenido al efecto, no permita la colocación de elementos señaladores de la declaratoria de interés histórico-arquitectónico, en el bien sobre el que esta recae.

LEY GENERAL DE CONCESIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CON SERVICIOS PÚBLICOS. Ley No. 7762 de 14 abril 1998

Artículo 50.- Infracciones.- La Administración concedente sancionará con una multa de ciento cincuenta salarios base mínimo, fijados en el presupuesto ordinario de la República, de acuerdo con la ley No. 7337 del 5 de mayo de 1993, a quien incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:

Utilice las aguas, los minerales u otros materiales que aparezcan como consecuencia de la ejecución de las obras, sin la autorización de la respectiva Administración.

Incumpla la obligación de habilitar una vía de tránsito provisional, cuando la interrupción de los caminos existentes sea imprescindible.

No conserve las obras, sus accesos, señalización y servicios en condiciones normales de empleo y funcionamiento, según lo previsto en el contrato de concesión.

Destine total o parcialmente el inmueble o las obras, a actividades distintas de las autorizadas, instale o habilite otros servicios diferentes de los contemplados en el contrato de concesión, sin la autorización de la Administración concedente ni la aprobación de la Contraloría General de la República.

Inicie la etapa de explotación sin la autorización de la Administración concedente.

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IMPORTE A PAGAR DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS 2020

El Ministerio de Hacienda inició a partir de ayer, 1 de enero, el cobro del impuesto a las personas jurídicas del período 2020.  Las sociedades obligadas contarán con plazo hasta el próximo 31 de enero para cumplir con este pago,  sin intereses ni multas.

De acuerdo con la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, Ley No 9428, la tarifa que anualmente deberán pagar las sociedades utilizará como referencia el salario base mensual que se establece en el artículo 2 de la Ley N.º 7337.  El  Consejo Superior del Poder Judicial fijo dicho salario base en la suma de  ¢450.200,00 (cuatrocientos cincuenta mil doscientos colones exactos) para el presente período.

Por consiguiente, el importe anual que deberán pagar las sociedades mercantiles dependiendo de los ingresos brutos declarados  en el período fiscal 2018-2019, o según sean o no contribuyentes,  será el siguiente:

1.Sociedades no inscritas en el RUT como contribuyentes del impuesto sobre la renta o  sociedades declarantes pero no contibuyentes en el impuesto sobre la renta, pagan un 15% del salario base, a saber, la suma de  ¢67,530

2.Sociedades inscritas en el Régimen de Tributación Simplificada, sociedades inscritas como contribuyentes del impuesto sobre la renta que declaran ingresos (casilla No. 35) en cero o sin actividad, sociedades inscritas que hayan declarado ingresos brutos menores a 120 salarios base, es decir, inferiores a ¢54,024,000 colones, pagarán el 25% del salario base a saber la suma de ¢112,550.00

3. Sociedades con ingresos brutos mayores de 120 salarios base pero inferiores a 280 salarios, es decir, inferiores a ¢126,056,000 pagan el 30% del salario base, a saber la suma de  ¢135,060.00

4. Sociedades con ingresos brutos mayores a 280 salarios, pagan el 50% del salario base , a saber la suma de: ¢225,100,00

5. Sociedades nuevas que se inscriban:  Les corresponderá pagar proporcionalmente a los días que resten entre la fecha de su efectiva inscripción registral y el último día del período 2019 (31 de diciembre),  partiendo del importe de ¢67,530  

Entes de recaudación: Bac San José, Banco de Costa Rica, Banco BCT, Davivienda, Banco Nacional, Banco Desyfin, Banco Lafise, Scotiabank, Soctiabank Tranformándose, Promérica, Banco Improsa, Banco Cathay, Banco Geeral, Banco Prival, Teledólar, Grupo Mutual Alajuela, Cruz Roja Costarricense, Tiendas Ekono, Servimás y BN Servicios.

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SALARIOS MÍNIMOS QUE REGIRÁN EN EL 2020 EN EL SECTOR PRIVADO

Con vigencia a partir de mañana, se publicó  en el Alcance No. 285 de La Gaceta, el Decreto Ejecutivo No. 42104-MTSS con la definición de los salarios mínimos que deberán percibir los trabajadores del sector privado, dependiendo de su nivel de especialización y de las funciones y labores que realizan. El porcentaje general de aumento decretado esta vez fue de un 2.53%   En el caso de las servidoras domésticas se incrementó adicionalmente un 2.33962%

Ofrecemos a continuación el detalle de los salarios mínimos que rigieron durante el  presente año  2019 en comparación con los nuevos salarios que deberán aplicarse- como mínimo- a partir de enero.

Ya iniciamos la actualización de nuestra base de datos de ocupaciones laborales para la consulta de nuestros estimados suscriptores de Master Lex Cálculos Laborales.

 

AGRICULTURA, ((Subsectores: Agrícola, Ganadero, Silvícola, Pesquero)  (Jornada Ordinaria Diaria) SALARIOS VIGENTES EN 2019 SALARIOS que regirán en el 2020
Trabajadores en ocupación no calificada ¢10.358,55 ¢10.620,62
Trabajadores en ocupación semicalificada ¢11.264,17 ¢11.549,15
Trabajadores en Ocupación Calificada ¢11.471,53 ¢11.761.76
Trabajadores en Ocupación Especializada ¢13.530,38 ¢13.872,70
GENÉRICOS (por mes)
Trabajadores no calificados ¢309.143,36 ¢316.964,69
Trabajadores semicalificados ¢332.589,87 ¢341.004,39
Trabajadores calificados ¢349.623,39 ¢358.468,86
Técnicos medios de educación diversificada ¢366.380,40 ¢375.649,82
Trabajadores especializados ¢392.623,14 ¢402.556,51
Técnicos de educación superior ¢451.523,54 ¢462.947,09
Diplomados de educación superior ¢487.662,29 ¢500.000,15
Bachilleres universitarios ¢553.124,45 ¢567.118,50
Licenciados universitarios ¢663.772,10 ¢680.565,53
RELATIVO A FIJACIONES ESPECÍFICAS
Servidoras domésticas (más alimentación), (por mes) ¢190.377,39 ¢199.760,73

Los salarios mínimos fijados en el Decreto Ejecutivo en comentario, son referidos a la jornada ordinaria, de acuerdo con lo estipulado en el Capítulo Segundo del Título Tercero del Código de Trabajo. 

Cuando el salario sea pagado por hora, ese valor se entiende referido a la hora ordinaria diurna; para las jornadas mixta y nocturna, deberán hacerse las equivalencias correspondientes, a efecto, de que siempre resulten iguales los salarios por las respectivas jornadas ordinarias.

Para la correcta ubicación de las ocupaciones en las categorías salariales de este Decreto de Salarios Mínimos, se deberá aplicar lo establecido en los Perfiles Ocupacionales, que fueron aprobados por el Consejo Nacional de Salarios y publicados en el Diario Oficial La Gaceta N° 233 de 5 de diciembre 2000

Este Decreto no modifica los salarios que, en virtud de contratos individuales, convenios colectivos o leyes específicas, sean superiores a los indicados en el presente Decreto.

Los salarios por trabajos que se ejecuten por pieza, a destajo, por tarea o a domicilio, ya sea en lugares propiedad del empleador o bien en el domicilio del trabajador, no podrán ser inferiores a la suma que el trabajador hubiera devengado, laborando normalmente durante las jornadas ordinarias y de acuerdo con los salarios mínimos establecidos en este Decreto.

Si el salario se paga por semana, se debe pagar por 6 días, excepto si el trabajo es realizado en establecimientos comerciales, que se pagará 7 días semanales, de conformidad con el artículo 152 del Código de Trabajo.

Si el salario se paga por quincena, comprende el pago de 15 días, o si el salario se paga por mes comprende el pago de 30 días, indistintamente de la actividad, que se trate.

Los salarios determinados en forma mensual en este Decreto, indican el monto total que debe recibir el trabajador; si se paga por semana, siempre que la actividad no sea comercial, el salario mensual debe dividirse entre 26 y multiplicarse por los días efectivamente trabajados.

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Vigente Reglamento para regular el Teletrabajo

Se publicó  en el Diario Oficial, el pasado 20 de diciembre,  el Reglamento para Regular el  Teletrabajo mediante Decreto Ejecutivo No. 42083-MP-MTSS-MIDEPLAN-MICITT.

Muchos empleadores estaban a la espera de estas regulaciones para iniciar la implementación de esta modalidad de trabajo,  luego de la publicación de la Ley 9738 el 30 de setiembre del 2019.

Aquellas empresas que ya contemplen el teletrabajo, cuentan con un plazo de seis meses para ajustar sus  reglamentos internos a estas nuevas disposiciones.

Tratándose del sector público, las autoridades administrativas que velan por los derechos laborales y la seguridad social, tendrán tres meses para  actualizar o crear nuevos procedimientos internos con el propósito de adecuar el ejercicio de sus competencias a las relaciones laborales que se realizan bajo la modalidad del teletrabajo.

Conviene por lo tanto revisar este nuevo Reglamento.   Suscriptores de Master Lex podrán encontrar su texto completo en su base de datos de Normativa.

Nos permitimos transcribir a continuación los siguientes numerales:

Artículo 4. Ingreso a la modalidad del teletrabajo.

Toda persona trabajadora, incluida la que tiene personal a cargo, que se vaya a desempeñar bajo la modalidad de teletrabajo, deberá suscribir con la parte empleadora un contrato escrito o adenda de teletrabajo.

Artículo 5. Contrato o adenda de teletrabajo.

El contrato o adenda de teletrabajo deberá contener al menos los siguientes aspectos:
a) Las condiciones de servicio.
b) Las labores que se deberán ejecutar bajo esta modalidad.
c) Los medios tecnológicos y de ambiente requeridos.
d) Los mecanismos de comunicación con la persona teletrabajadora.
e) La forma de ejecutar el mismo en condiciones de tiempo y si es posible de espacio.
f) Los días y horarios en que la persona teletrabajadora ejecutará la modalidad.
g) Las responsabilidades en cuanto a la custodia de los elementos de trabajo.
h) El procedimiento de la asignación del trabajo por parte de la persona empleadora
y la entrega del trabajo por parte de la persona teletrabajadora.

i) Las medidas de seguridad informática que debe conocer y cumplir la persona
teletrabajadora.

Artículo 6. Deberes de las personas teletrabajadoras

Las personas teletrabajadoras deberán cumplir lo siguiente:

a) Mantenerse localizable durante toda la jornada laboral destinada para el teletrabajo.
b) Las demás obligaciones contenidas en el contrato o adenda de teletrabajo y la legislación costarricense.

Artículo 7. Revocatoria de la modalidad de teletrabajo.

Cuando una persona empleadora desee revocar la modalidad de teletrabajo otorgada a una persona trabajadora con posterioridad al inicio de la relación laboral, la decisión no debe implicar perjuicio o ruptura de la relación laboral, ni debe obedecer a prácticas discriminatorias o represalias.

La revocatoria deberá comunicarse a la persona teletrabajadora en el plazo de ley, al menos por escrito y debe detallar los motivos debidamente razonables y proporcionales en los que se respalda la decisión con fundamento en las políticas y los lineamientos emitidos al efecto por cada centro de trabajo.

TELETRABAJO EN EL SECTOR PUBLICO

Este nuevo Reglamento deroga el Decreto Ejecutivo Nº 39225, Aplicación del Teletrabajo en Instituciones Públicas, de 14 de setiembre de 2015, y crea un Equipo de Coordinación Técnica de Teletrabajo dirigido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con el objeto de que convoque a las Instituciones, Dependencias y Organizaciones que estime necesarias para desarrollar los objetivos y actividades que permitan aplicar el Teletrabajo en las instituciones públicas y la sociedad.

El Equipo de Coordinación Técnica tendrá las siguientes competencias y obligaciones:
a) Coordinar con las instancias correspondientes la implementación del teletrabajo en el contexto de la modernización organizacional.
b) Convocar a las Comisiones Institucionales de Teletrabajo, cuando resulte necesario.
c) Acompañar a las instituciones con los programas de formación y evaluación que sean necesarios para la debida implementación de los programas de teletrabajo.
d) Suministrar a las instituciones participantes la orientación para implementar sus programas de Teletrabajo.
e) Dar seguimiento a la implementación de políticas públicas que promuevan la aplicación del teletrabajo en la sociedad.
f) Promover el Trabajo Decente a través de la práctica del Teletrabajo

 

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Nuevos tramos para el pago del Impuesto a las Casas de Lujo en el 2020

Mediante Decreto Ejecutivo No. 42106-H publicado en el Alcance No. 241 a La Gaceta, el Ministerio de Hacienda estableció los nuevos tramos de la escala que según el artículo 5 de la Ley 8683, mejor conocida como Ley de Impuesto a las Casas de Lujo, regirán para el pago de este tributo en el próximo año 2020. También definió el límite en el valor a partir del cual debe entenderse la obligación en el pago de este tributo.

De acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor que calcula el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la variación del índice de precios al consumidor, del 1 de diciembre del 2018 al 30 de noviembre de 2019, fue de un 1,64%

Al ser aplicado este porcentaje a la tabla vigente, resulta una variación del monto consignado en el primer tramo de ¢329.000.000,00 a ¢334.395.600,00; en el segundo tramo de ¢659.000.000,00 a ¢669.807.600,00 y así sucesivamente. De igual forma y en lo referente al monto exento, al ser aplicado el índice en referencia al monto exento de ¢131.000.000,00 vigente para el período fiscal 2019, resulta un nuevo monto exento de ¢133.148.400,00 para el período 2020. Para facilitar la adecuada gestión y administración de los impuestos, se ha considerado conveniente redondear a la unidad de millón más cercana, las cifras resultantes.

Con base en lo anterior, nos permitimos resumir en la siguiente tabla los nuevos tramos que deberán tomarse en cuenta a partir del próximo año para la tasación del impuesto a las viviendas de lujo:

 

ESCALÓN TARIFA A APLICAR
Hasta ¢334.000.000,00 0,25%
Sobre el exceso de ¢334.000.000,00 y hasta ¢670.000.000,00 0,30%
Sobre el exceso de ¢670.000.000,00 y hasta ¢1,004.000.000,00 0,35%
Sobre el exceso de ¢1,004.000.000,00 y hasta ¢1.340.000.000,00 0,40%
Sobre el exceso de ¢1.340.000.000,00 y hasta ¢1.673.000.000,00 0,45%
Sobre el exceso de ¢1.673.000.000,00 y hasta ¢2.010.000.000,00 0,50%
Sobre el exceso de ¢2.010.000.000,00 0,55%

Se establece además que serán los propietarios de viviendas con un valor superior a los ciento treinta y tres millones de colones (¢133.000.000,00) los obligados a realizar el pago de este impuesto solidario.

La definición de este límite es importante también para efectos de la tasación del timbre agrario que corresponde ser pagado en los traspasos de inmuebles destinados a vivienda.

De acuerdo con el 14 de la Ley de Creación de Timbre Agrario, las viviendas consideradas de interés social, entendidas como las que no exceden del valor fijado por el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) (actualmente ¢65.801.000,00) deberán pagar de timbre agrario ¢1 colón por cada ¢1000; en cambio, aquellas viviendas con un valor superior a ese límite pero inferior al límite exento de las viviendas de lujo (que confirmamos ahora en el monto de ¢133,000,000) pagarán una tarifa de ¢1.25 por cada ¢ 1000, y las que superen dicho límite, ¢1.50 por cada ¢1000 colones de timbre agrario.

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