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Lic. Silvia Pacheco. Editora General

Posición de la DNN en relación al proyecto que liquidaría Fondo Notarial

Nos permitimos copiar a continuación Comunicado de la Dirección Nacional de Notariado en relación a este tema que comentamos hace algunos días en este blog (ver nuestra nota)
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«Como es de conocimiento, aún se encuentra en la corriente legislativa el Expediente 22.313 “Reforma del artículo 9 de la Ley 7764 del 17 de abril de 1998 para establecer el seguro de responsabilidad civil profesional para notarios inscritos en la DNN y liquidación del fondo de garantía notarial”.

Comunicado

La Dirección Nacional de Notariado informa a toda la comunidad notarial:

Como es de conocimiento, aún se encuentra en la corriente legislativa el Expediente 22.313 “Reforma del artículo 9 de la Ley 7764 del 17 de abril de 1998 para establecer el seguro de responsabilidad civil profesional para notarios inscritos en la DNN y liquidación del fondo de garantía notarial”.

A raíz de varias consultas realizadas por los medios y la comunidad notarial, la posición de la DNN con respecto al Expediente 22.313 es la siguiente:

  1. No estamos de acuerdo con la suscripción de una póliza colectiva, ya que la póliza a suscribir sería por la responsabilidad individual de cada notario en el ejercicio de la función notarial. No aceptamos que se ponga a la DNN como tomadora-administradora de dicho seguro, debido a que esta entidad no tiene un interés asegurable propiamente. En este sentido, cabe mencionar que la DNN es una institución pública, adscrita al Ministerio de Justicia y Paz, y no un colegio profesional o gremial.
  2. No estamos de acuerdo con que a la DNN se le traslade un porcentaje del 3% del monto cancelado por los notarios en concepto de seguro. Además, por ley la DNN es el órgano rector del Notariado Costarricense, debiendo trabajar bajo las normas que nos rigen sin cobro alguno a los notarios (as) públicos.
  3. No estamos de acuerdo con que el seguro se pueda suscribir mensual, trimestral o semestralmente. Éste debería ser anual y el notario estaría en la obligación de presentar su correspondiente comprobante anualmente de manera directa a la DNN.
  4. La DNN no tiene interés alguno en establecer una relación directa con las aseguradoras ni que éstas nos brinden reportes, dado que consideramos que esto generaría una mayor burocracia y la DNN no cuenta con el recurso humano necesario para aumentar sus gestiones o trámites. El interés es que cada notario o notaria pueda suscribir su propia póliza con la aseguradora de su preferencia o libre elección.

EN EL OFICIO ADJUNTO DNN-DE-OF-143-2021, SE ENCUENTRA EL CONTENIDO ÍNTEGRO DE LA RESPUESTA DIRIGIDA A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA.

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Procedimiento para asignación de cédulas jurídicas a los Fideicomisos

Durante el presente mes de junio,  todos los fideicomisos privados del país deben presentar su primera declaración ordinaria en el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales.    Es indispensable que cuenten para ello con número de cédula jurídica, primer paso para lograr su «registro» dentro de la plataforma Central Directo.  (Ver al respecto nuestra nota en este mismo blog.)

Transcribimos a continuación la Circular DPJ-001-2021 de la Dirección del Registro de Personas Jurídicas que es ante quien deben tramitarse estas asignaciones de cédula jurídica.  Fue publicada el viernes pasado en La Gaceta.

«Con la finalidad de estandarizar los procedimientos, optimizando la calidad y exactitud del servicio público brindado, y en observancia de las recientes adiciones y modificaciones dadas a la Resolución Conjunta de Alcance General para el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, número DGT-ICD-R-06-2020, a través de la resolución DGT-ICD-R-012-2021, concerniente entre otros, con los fideicomisos, esta Dirección establece el siguiente procedimiento para la asignación del número identificador de los fideicomisos:

A. Solicitud. 

1. La solicitud únicamente es procedente en formato papel, suscrita por el fiduciario con su debida autenticación notarial, y debe acompañarse de la respectiva certificación notarial, comprendida en el punto b) de esta Directriz.

2. El fiduciario en caso de ser persona física, debe indicarse el nombre completo y número de documento de identificación.

3. Cuando el fiduciario sea persona jurídica inscrita en este Registro, debe indicarse el nombre completo de la entidad, el número de cédula jurídica, y los datos de su representante.

4. En caso de que el fiduciario sea persona física o jurídica, y se haga representar a través de mandato inscribible, debe indicarse los datos del poderdante y apoderado, y las citas de inscripción. En caso de poder especial, debe aportarse el original en escritura pública.

5. Si el fiduciario es una persona jurídica inscrita en otra oficina pública externa al Registro Nacional, debe indicarse el nombre completo de la entidad, los datos de su representante y el número de cédula jurídica. El Notario debe dar fe de la personería y vigencia con vista en el registro respectivo, o aportar la certificación correspondiente.

6. Cuando el fiduciario sea una entidad creada por Ley, debe indicarse la norma legal de su creación, el nombre completo de la entidad, los datos de su representante, y el número de cédula jurídica. El Notario debe dar fe de la personería y vigencia con vista en el documento idóneo de acreditación, o aportar la certificación correspondiente.

7. En caso de que el contrato designe dos fiduciarios, la solicitud deben hacerla ambos. Si la solicitud la hace uno de ellos, debe ajustarse a lo citado en el punto 16) de esta Directriz, o bien aportar declaración jurada con indicación de facultades suficientes para el acto.

8. Lo no contemplado en esta Directriz, referente a la representación de la persona que realiza la solicitud de asignación, del contrato fideicomiso, o cualquier otra circunstancia, se rige por las normas jurídicas aplicables.

9. Los datos consignados en la solicitud que requieran ser plasmados dentro del contenido de la certificación notarial, y viceversa, deben ser idénticos.

10. Señalar un correo electrónico para notificaciones, caso contrario aplica la notificación automática, de conformidad con la aplicación supletoria de la Ley de Notificaciones Judiciales, número 8687.

11. Satisfacer el pago para cada una de las asignaciones. Cuando se trate de un documento con más de una solicitud de asignación puede aportarse un único entero bancario con todos los pagos o de manera individual. En caso de encontrarse exento debe indicarse expresamente en el documento, así como la Ley que lo establece.

12. Un mismo documento puede contener un máximo de 20 solicitudes de asignación de número identificador, siempre y cuando se trate del mismo fiduciario.

13. El documento que incumpla con cualquiera de los requisitos imposibilitará su efectiva tramitación. La solicitud que no pueda ser tramitada deberá el interesado retirar la documentación, contando con el plazo de un mes a partir de la notificación. Pasado ese lapso se destruirán, sin responsabilidad alguna. Para gestionar esa solicitud debe presentarse de nuevo, cumpliendo con todos los requisitos correspondientes.

14. En el caso de que el documento cuente con más de una solicitud, y alguna este incorrecta, se realizará una tramitación parcial; asignándose el número identificador únicamente a las solicitudes correctas. Ante la imposibilidad de tramitación de las incorrectas, debe el interesado presentar una nueva solicitud de asignación, cumpliendo con todos los requisitos correspondientes.

B. Certificación notarial.

15. La razón de certificación debe contener el nombre del fideicomiso, su plazo de vigencia, así como las partes del contrato, sea: fideicomitente, fiduciario (s), y fideicomisario/beneficiario.

16. Cuando la solicitud la realice uno de los fiduciarios, la razón de certificación debe incluir que en el acto constitutivo del fideicomiso, el fiduciario tiene facultad para actuar individualmente.

17. Además, la certificación debe contener la fecha y hora de expedición, así como extenderse en papel de seguridad, satisfacer los timbres Fiscales, de Archivo y del Colegio de abogados, según corresponda, llevar el sello blanco y la firma del Notario y cuenta con una vigencia por el plazo de
un mes contado a partir de su expedición; lo anterior de conformidad con los artículos 14, 19, 20 y 30 de los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Servicio Notarial, del año 2013 y sus reformas, y las normas jurídicas concernientes al pago de tributos.

18. Un documento de certificación se tramitará de la misma forma que lo establecido en el punto 12).

C. Nombre.

19. El nombre del fideicomiso que incluya números, al momento de la captura de datos en el Sistema de Personas Jurídicas será sustituido por letras. Los signos tales como: guiones (-), barras (/), comillas (“”) o cualquier otro, no se incluirán en la captura.

20. El cambio de nombre debe solicitarse de la misma forma que la solicitud inicial de asignación, indicándose el número identificador previamente asignado.

Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

María Yolanda Víquez Alvarado.—1 vez.—O.C. N° OC-21-0004.—Solicitud N° 271556.—( IN2021555252 ).

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Hoy vence plazo para que sociedades cumplan con el RTBF. Fideicomisos lo harán a partir de mañana

Hoy vence el plazo para que las Sociedades Anónimas, Sociedades de Responsabilidad Limitada, Sociedades en Nombre Colectivo, Sociedades en Comandita, Sociedades Extranjeras con cédula jurídica nacional, Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada
Sociedades Civiles y Sociedades Profesionales, cumplan con la Declaración 2021 del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales.

A partir de mañana y durante todo el mes de junio, les corresponderá hacerlo por primera vez a los Fideicomisos Privados y sus equivalentes internacionales según lo dispuso la Resolución N° DGT-ICD-R-012-2021.

«Los fiduciarios de los fideicomisos privados, nacionales o extranjeros que realicen actividades en el país deben ingresar en la página web Central Directo del Banco Central de Costa Rica: https://www.centraldirecto. fi.cr, para suministrar y mantener actualizada la información requerida para completar la declaración, incluyendo la información sobre el objeto del contrato y cada una de sus partes, sea el fideicomitente o fideicomitentes, el fiduciario o los fiduciarios, fideicomisario o fideicomisarios u otras denominaciones, además, cuando corresponda deben indicar los datos del protector y cualquier otro beneficiario que ejerza control por otro medio, de forma tal que se identifique en el RTBF a todas las partes del fideicomiso, así como cualquier otra persona física que ejerza control, por otros medios o perciba los beneficios del fideicomiso, entendidos éstos como beneficiarios finales.»

Puede leer más sobre esta obligación en nuestra nota en este mismo blog: https://www.puntojuridico.com/fideicomisos-deberan-cumplir-tambien-con-el-registro-de-transparencia/

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Cláusulas de inembargabilidad en las donaciones de inmuebles

Hemos recibido la consulta de estimados suscriptores de Master Lex Formularios de Cartulación en relación a nuestra plantilla de Donación de inmueble con cláusula de inembargabilidad.  

Al respecto nos permitimos transcribir de la nueva Guía de Calificación del Registro Inmobiliario:

«Las cláusulas de inembargabilidad son válidas y se publicitan de la misma manera que las limitaciones del artículo 292 del Código Civil. No se requiere establecer limitaciones y adicionalmente cláusulas de inembargabilidad. Sin embargo, los presupuestos fácticos para su constitución son los mismos que establece el artículo 292 del Código Civil. (art. 981 y 984 Código Civil). «

Los artículos 292 y 981 del Código Civil disponen lo siguiente:

Artículo 292.– Los derechos de transformación y enajenación son inherentes a la propiedad y ningún propietario puede ser obligado a transformar o no transformar, a enajenar o no enajenar, sino en los casos y en la forma en que la ley lo disponga. Es permitido establecer limitaciones a la libre disposición de los bienes, únicamente cuando éstos se transfieren por título gratuito. Pero no serán válidas por un plazo mayor de diez años, salvo tratándose de beneficiarios menores de edad, en que este término puede ampliarse hasta que el beneficiario cumpla veinticinco años de edad. Serán nulas por contrarias al interés público, y a la libre disposición de los bienes como atributo del dominio, las limitaciones establecidas por mayor tiempo del indicado en el presente artículo y, en consecuencia, el Registro Público hará caso omiso de ellas en cuanto excedan de los términos señalados, considerándose el bien libre de toda restricción.
Artículo 981.- Todos los bienes que constituyen el patrimonio de una persona responden al pago de sus deudas. Sin embargo, las cláusulas de inembargabilidad son válidas cuando hubieren sido impuestas en los términos y condiciones del artículo 292.

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La inquietud en relación con nuestro formulario de Donación de inmueble con cláusula de inembargabilidad surge al no establecerse conjuntamente con la cláusula de inembargabilidad, la limitación al donatario de disponer libremente del bien.  En otras palabras,  se «protege» el inmueble donado de la eventual imposición de embargos  sin obligarse al nuevo propietario a no traspasar o hipotecar el bien.

Esta posibilidad había sido rechazada por el Registro Inmobiliario que consideraba «que para la imposición de las limitaciones de Inembargabilidad del artículo novecientos ochenta y cuatro inciso sétimo, las mismas debían ser impuestas conjuntamente en los términos y condiciones establecidas en el artículo doscientos noventa y dos del Código Civil.   (…)  El solo hecho de manifestar en una escritura pública que un bien es inembargable citando una norma no creada para otorgar tal condición en si misma, no es suficiente para extraer tal bien de un posible embargo, toda vez que el ordenamiento jurídico costarricense debe tener un balance y no puede desproteger los intereses de acreedores quienes podrían ver la necesidad de cobrar tanto a nivel de procesos ejecutivos individuales o colectivos ante el incumplimiento del deudor, es decir permitir la inscripción del documento de acuerdo a como se otorgó, sería un posible fraude de acreedores.   Nuestro grado de comprensión del Derecho una vez analizadas las normas indicadas, nos permite realizar una adecuada interpretación y en el caso particular, el documento no puede ser inscrito bajo la indicación del artículo 984 inciso 7, es decir debe existir apego al artículo 292 del Código Civil, norma diseñada para limitar y de la cual se apoya el artículo 984 para evitar un futuro embargo.»  (Tomado en lo conducente de CALIFICACIÓN Nº 2018-163-RE.)

Sin embargo, mediante  Voto 0217-2020 de las 9:57 hrs del 22 de mayo de 2020, el Tribunal Registral Administrativo estableció que:

«De las citas doctrinarias y jurisprudencia citada, concluye este Tribunal que, las cláusulas de inalienabilidad y las de inembargabilidad fueron concebidas por el legislador, para los efectos de los artículos 292 en relación con el 981 CC, de manera separada.  (…) Bajo ese conocimiento, para el caso en análisis, este Tribunal examinando la literalidad de la condición establecida en la escritura donde adquirió el señor …, por la voluntad manifiesta de don …, considera que aquélla, no se trata de una prohibición dispositiva, pues nunca se hace mención expresa en dicho condicionamiento a no disponer del bien; es decir, no hallamos una cláusula de inalienabilidad en dicha condición, sino únicamente una cláusula de inembargabilidad, que para efectos prácticos solo puede traducirse en que la finca soporta una obligación negativa de no “hipotecar”, puesto que el “blindaje” establecido por aquel condicionamiento va dirigido a eventuales terceros que, mediando gravamen hipotecario, pudieran querer hacer valer su derecho de crédito en aquella finca. En este sentido, y siendo el principio aplicable, la libre disposición de los bienes, la interpretación de la norma contractual en análisis considera este órgano colegiado, debe ser restrictiva; permitiendo que el contenido natural, dinámico y elástico del derecho de propiedad, la libre disposición, se mantenga, si no existen claras y concretas cláusulas de no disposición que establezcan la prohibición dispositiva. (…)  De lo anterior se extrae que las limitaciones que soporta la finca ….  de San José se refieren exclusivamente a cláusulas de inembargabilidad -que vencen en octubre de 2024- y en consecuencia su titular goza de los derechos de transformación y enajenación que son inherentes al dominio.»

Sin duda alguna, la posibilidad de que las donaciones de inmuebles puedan quedar «blindadas» contra embargos hasta por un plazo de diez años (en el caso de adultos) y hasta por un plazo de veinticinco años (cuando los donatarios sean menores de edad) es un beneficio importante de ser considerado.    Anteriormente, el exigirse la imposición conjunta de las cláusulas de inembargabilidad con las limitaciones a la libre disposición de los bienes, desestimulaba esta alternativa.

Nos señalan en el Registro Inmobiliario la conveniencia de que los notarios, una vez inscritas las escrituras de donación con cláusulas de inembargabilidad, verifiquen que únicamente hayan quedado anotadas dichas cláusulas con base en el art.981 CC y que no se haya producido por error la anotación adicional de limitaciones de disposición con base en el art. 292 CC.  Claro está, que si el donante lo desea,  se pueden establecer ambas cláusulas,  pero cuando la voluntad de las partes sea exclusivamente una u otra, así debe quedar claramente establecido en el asiento registral.

 

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Avanza proyecto que sustituiría Fondo Notarial por un seguro de responsabilidad profesional

El Proyecto de Ley No. 22.313, conocido ahora como Reforma del artículo 9 de la ley n.º 7764, de 17 de abril de 1998, para establecer el Seguro de Responsabilidad Civil Profesional para profesionales en notariado inscritos en la Dirección Nacional de Notariado y liquidación del Fondo de Garantía Notarial, presentado a la corriente legislativa en noviembre del año pasado,  surgió originalmente como una iniciativa para lograr que los notarios afectados económicamente por la pandemia pudieran liquidar parcialmente su fondo de garantía notarial.  Sin embargo, la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos, encargada de estudiar la propuesta, y después de escuchar a los representantes del Colegio de Abogados de Costa Rica, de la Dirección Nacional de Notariado y del Banco de Costa Rica, acordó impulsar un texto sustitutivo para que se permita regresar a la figura de la póliza de fidelidad,  eliminándose por completo la figura del Fondo de Garantía Notarial.  (Para ver el texto sustitutivo haga clic aquí)

«Esta iniciativa, convertida hoy en proyecto de Ley, también es apoyada por el Colegio de Abogados de Costa Rica y la Dirección Nacional de Notariado, tomando en consideración la situación económica del país, y que, el fondo actual no responde a sus fines, ya que, la existencia de una siniestralidad es muy baja en cuanto al uso de la garantía notarial, y que muchos notarios han visto disminuido su trabajo notarial por la situación de la pandemia ocasionada por la Covid-19, además de volver a la propuesta original.
Los elementos antes mencionados, se han tomado en cuenta con la finalidad de justificar, no solo la devolución del fondo de garantía en su totalidad a cada profesional en notariado, sino también y en forma paralela, una reforma al artículo 9 del Código Notarial que se ajuste a los tiempos y a la economía, de manera que, realmente sea representativa para efectos de los usuarios de servicios notariales y que pueda hacer frente ante un evento de responsabilidad civil.»  (Tomado del Dictamen Afirmativo del Proyecto de Ley 22.313)

Entre sus conclusiones, la Comisión de Derechos Humanos llega a las siguientes:

1) La aprobación del proyecto vendría a mejorar las condiciones para que los notarios y las notarias puedan responder ante posibles errores realizados durante su función, mediante la disposición de un seguro de responsabilidad civil profesional.
2) En una sociedad moderna como la actual, la existencia de un notariado debidamente organizado se hace indispensable, de manera que, se debe cubrir no solo al notario y la notaria pública y la función notarial que estos realizan, sino también, el ordenamiento que comprenda las normas legales que corresponden al fundamento jurídico de la actuación de esos profesionales.
3) Esta iniciativa permite al tercero perjudicado ser resarcido en los daños que se le han ocasionado por el ejercicio incorrecto de la función notarial, que da seguridad jurídica, y que es ejercida por un notario o una notaria pública.
4) El Seguro de Responsabilidad Civil para Profesionales en notariado será un requisito obligatorio para todas las personas que ejerzan esta función y que estén inscritas en la Dirección Nacional de Notariado.
5) Este proyecto también pretende devolver el Fondo de Garantía Notarial, que sería un beneficio para los notarios y notarias que se vieron afectadas por la pandemia producto de la Covid-19. Además, significaría un aumento en la capacidad adquisitiva de los notarios y las notarias, lo que ayudaría a dinamizar la economía nacional.

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Propiamente en relación a la devolución de las sumas acumuladas por cada notario en su Fondo Notarial,  se plantean los siguientes Transitorios:

TRANSITORIO I– Una vez promulgada la reforma propuesta, la Dirección Nacional de Notariado comunicará a la Operadora BCR Pensiones la rescisión o resolución del convenio suscrito, mediante una comunicación por escrito, con al menos tres meses de antelación a la fecha de resolución.
TRANSITORIO II- El Banco de Costa Rica, a instancia de la Dirección Nacional de Notariado, deberá devolver a cada uno de los notarios y notarias la totalidad del monto por el que responde el fondo de garantía notarial, según los aportes que individualmente realizaron.
Para tal efecto, la notaria o el notario activo deberán aportar a la Dirección Nacional de Notariado el comprobante del pago de la póliza de responsabilidad civil profesional. En caso de que el notario o notaria solicitante esté inactivo o sean sus beneficiarios los que soliciten la devolución del fondo, ésta se hará efectiva previo cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Dirección Nacional, para este supuesto.
El banco contará con un plazo de seis meses contados a partir de la recisión del convenio para hacer la devolución del fondo.
TRANSITORIO III- La Dirección Nacional de Notariado queda facultada para realizar las publicaciones necesarias y en los medios que establezca, con el fin de instar al retiro del dinero.
TRANSITORIO IV- La Dirección Nacional de Notariado otorgará el plazo de cuatro años para que las personas beneficiarias se apersonen a hacer el retiro del monto que les corresponda y el notario o notaria hagan la identificación de su depósito. Transcurrido este plazo, el dinero que no haya sido retirado, se trasladará al presupuesto ordinario de la Dirección Nacional de Notariado

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Estaremos al pendiente para informarles cualquier avance que se produzca en la tramitación de esta iniciativa.   Lo último que aparece en la página web de la Asamblea Legislativa es la votación afirmativa que por unanimidad hiciera la Comisión de Derechos Humanos del texto sustitutivo del Proyecto de Ley el pasado 27 de abril del año en curso.

 

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Reforman Reglamento a la Ley de Catastro Nacional

Se publicó en el Alcance 89 a La Gaceta del pasado 6 de mayo, el Decreto Ejecutivo No. 42793-MJP que introdujo reformas importantes al Reglamento a la Ley de Catastro Nacional  «… como respuesta a la modificación normativa efectuada al Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones de la Junta Administrativa del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, ello en el marco del adecuado engranaje administrativo que debe existir entre las instituciones encargadas de prestar servicios u otorgar autorizaciones o permisos de una misma naturaleza; esta se encuentra conforme a los términos establecidos en la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Trámites Administrativos y sus reformas, Ley N°8220; así como de su reglamento, Decreto Ejecutivo N°37045-MP-MEIC.»

Nos permitimos transcribir a continuación algunos de los cambios de mayor relevancia que hemos podido determinar.  Conviene realizar una lectura completa de este nuevo Decreto Ejecutivo, el cual encontrará disponible en su base de datos Master Lex Normativa.

Inscripción provisional de planos (art.71 reformado)

  • Se reformó el art. 71 para incluir expresamente dentro del plazo de vigencia de tres años, los planos para información posesoria, para usucapir y para localizar derechos.
  • Se establecen expresamente como excepción, los planos que se encuentren involucrados en trámites judiciales y así sea indicado por la autoridad jurisdiccional.
  • La inscripción de planos para concesión, tendrá una vigencia de tres años contados a partir de la fecha de inscripción respectiva, excepto aquellos planos que correspondan a la totalidad de la concesión inscrita.
  • Los planos catastrados anteriores a la entrada en vigencia de esta reforma y que correspondan a fraccionamientos, reuniones de finca y rectificaciones de cabida, concesiones y que no hayan sido utilizados en movimientos registrales, les quedará de pleno derecho cancelada su inscripción al año de entrada en vigencia de esta reforma.
  • Los planos que sean de interés para el Estado y sus instituciones, no estarán sujetos a provisionalidad alguna.

Visados  (art. 79 reformado)

  • Para todo fraccionamiento el visado requerido es el de la Municipalidad respectiva, pero aquellos que sean fraccionamientos con fines urbanísticos, deberán contener además el visado del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, sin perjuicio de lo que establezca el plan regulador vigente.
  • En aquellos casos que el fraccionamiento se ubique dentro de un cuadrante urbano o área de expansión, la municipalidad deberá indicar en su visado esta condición.
  • Para fraccionamientos mediante acceso excepcional para uso residencial, se requiere el visado del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, previo al visado municipal respectivo.
  • La verificación de planes reguladores no estará dentro del marco de calificación registral.

Fraccionamientos  (art. 81 reformado)

  • En apego a las competencias, jerarquías y a las relaciones de coordinación y control establecidas en la Ley de Planificación Urbana, corresponde a la Municipalidad donde se ubique el inmueble respectivo, el otorgamiento de visado para fraccionamientos.
  • La Municipalidad asumirá la responsabilidad de verificar el cumplimiento de requisitos para cada tipo de fraccionamiento, dentro de los cuales se contempla el visado de las instituciones competentes según la materia.
  • Cuando se trate de urbanizaciones, la Subdirección Catastral solicitará un plano general debidamente georreferenciado y firmado por el ingeniero topógrafo debidamente autorizado por el Colegio de Ingenieros Topógrafos en su calidad de responsable de los trabajos topográficos, visado por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y la respectiva Municipalidad que indique: la distribución de los lotes, con su correspondiente numeración y toda la información necesaria que permita en forma clara y concreta el replanteo de cada uno de los lotes a fraccionar.
  • Cuando se refiera a proyectos urbanísticos deberá indicarse el nombre oficial de la urbanización.
  • En caso de fraccionamientos con fines urbanísticos, el Registro Inmobiliario solicitará el visado del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, según lo establecido en el art. 79 inciso b).

Acceso excepcional para uso residencial y Servidumbres.  (Artículo 85)

  • Acceso excepcional para uso residencial es el  acceso que por excepción habilita el fraccionamiento de un predio para uso residencial, dentro del cuadrante urbano o en el área de expansión del cuadrante urbano; el cual tiene restricciones en cuanto a su longitud, ancho y el número de lotes al que sirve.   (Art. 6 del Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones (INVU) No. 6411
  • Cuando se levanten planos de agrimensura contemplando accesos excepcionales para uso residencial, se seguirán las siguientes reglas:

a. Los accesos excepcionales para uso residencial se permiten únicamente dentro de los cuadrantes urbanos y en las áreas de expansión de los cuadrantes urbanos.
b. Este acceso constará dentro de los polígonos de los lotes resultantes.
c. En los planos de inmuebles que accedan mediante acceso excepcional para uso residencial, éste se indicará gráfica y debidamente georreferenciado hasta su intersección con la vía pública.
d. El profesional de la agrimensura deberá indicar las notas correspondientes a la extensión, ancho y referencias del acceso excepcional para uso residencial.
e. Deberán contener el visado del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad respectiva.

  • En los planos de inmuebles que soporten servidumbres de paso y accesos excepcionales constituidos en los asientos registrales y materializados en el terreno, el agrimensor deberá indicar literalmente la identificación del fundo dominante y sirviente, así como la ubicación en dichas servidumbres en aquellos lugares en que crucen los linderos. Estos puntos de intersección deberán estar igualmente georreferenciados.
  • Cuando en el plano a catastrar el acceso se dé por Servidumbre Agrícola o Ecológica y Forestal, se regirá de conformidad con lo establecido por el Código Civil, la Ley Forestal y el Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones, según corresponda.
  • TRANSITORIO 
    Para los planos catastrados a los que se refiere el artículo 71, inciso d) del Reglamento a la Ley de Catastro Nacional, inscritos con anterioridad a la entrada en vigencia de esta reforma, quedará de pleno derecho cancelada su inscripción al año de entrada en vigencia de esta reforma, para lo cual la Subdirección Catastral ordenará la cancelación correspondiente, mediante los procedimientos técnicos de que disponga.
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Sociedades con capitales en dólares deben constituirse en CrearEmpresa

Con el lanzamiento de la plataforma  “Trámite ¡YA!”  y la migración de CrearEmpresa a la misma,   las sociedades anónimas cuyo capital se encuentre nominado en dólares, tienen que constituirse, a partir de ahora en forma obligatoria, allí.    Antes,  el sistema no lo permitía y por ello, los interesados tenían que gestionar las inscripciones ya fuera en formato papel en el Diario de las distintas sucursales del Registro Nacional, o bien en formato electrónico a través del servicio de Ventanilla Digital. 

Transcribimos a continuación lo establecido en la Circular D.P.J.-003 -2021 de la Dirección del Registro de Personas Jurídicas:

 

CIRCULAR D.P.J.-003 -2021
DE: DIRECCIÓN REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS.

PARA: SUBDIRECCIÓN, ASESORÍA LEGAL, COORDINACIÓN GENERAL, COORDINACIONES, REGISTRADORES DE MERCANTIL, Y NORMALIZACIÓN TÉCNICA.
ASUNTO: Moneda en el capital de sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada tramitadas en línea.
FECHA: 26 de marzo de 2021.

En virtud de los alcances normativos del artículo 14 del Decreto Ejecutivo 37593-JP-MINAE-MAG-MEIC-S, y sus reformas, denominado Reglamento para el Funcionamiento y la Utilización del Portal «CrearEmpresa”, que establece:

“Artículo 14.-Tramitación electrónica obligatoria de inscripción de sociedades. El servicio público de inscripción de toda nueva sociedad anónima o de responsabilidad limitada cuyo capital sea pagado en dinero efectivo o títulos valores los brindara el Registro Nacional únicamente mediante la plataforma CrearEmpresa, siempre y cuando su capital sea pagado en dinero efectivo o títulos valores.

El Registro Nacional cancelará el asiento de presentación a todo documento presentado ante la Sección del Diario del Departamento de Recepción y Entrega, relacionado a los supuestos indicados en el párrafo anterior [negrita añadida].”

En relación con la mencionada disposición, y de conformidad con la migración de la Plataforma “CrearEmpresa” a la Plataforma “Tramite ¡YA!”, las solicitudes de inscripción de toda nueva sociedad anónima cuyo capital sea pagado en colones o en dólares, o bien las de las sociedades de responsabilidad limitada de capital en colones, exclusivamente serán tramitadas a través de la Plataforma “Tramite ¡YA!”.

Por lo tanto, es improcedente la presentación en formato papel ante la Oficina del Diario Único, o en formato digital por medio del servicio de Ventanilla Digital, ambos del Registro Nacional, de testimonios de escritura pública relativos a constituciones de las sociedades relacionadas bajo los supuestos señalados, y, en consecuencia, se deberá cancelar el respectivo asiento de presentación, con fundamento en la citada norma jurídica.

Para todos los efectos, la presente Circular rige a partir de la entrada en funcionamiento de la Plataforma “Tramite ¡YA!”, el 5 de abril de 2021.

 

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Prorrogan condición PYME por todo este 2021

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas establece que las empresas interesadas en conservar su condición PYME deben renovarla anualmente.

En abril del año pasado, mediante el Decreto Ejecutivo N° 42323-MEIC se estableció la prórroga automática por nueve meses para todas aquellas compañías obligadas a realizar esta renovación en los meses de marzo a diciembre del 2020.

El viernes pasado se publicó el Decreto Ejecutivo 42999-MEIC que nuevamente amplía  la prórroga por todo el presente año 2021, siempre y cuando se mantenga el estado de emergencia nacional por el COVID-19.

«En virtud de la obligación que posee el Poder Ejecutivo de resguardar la salud pública y asegurar la continuidad de los servicios públicos, se presenta la necesidad inminente y urgente de adaptar la medida consignada en el Decreto Ejecutivo N° 42323-MEIC, debido a la evidente crisis epidemiológica que atraviesa el país actualmente por la cantidad de contagios diarios; lo anterior, obliga a adoptar acciones inmediatas que permitan reducir el riesgo o exposición de las personas al virus, así como generar condiciones que hagan más eficiente y eficaz la actuación de las instituciones públicas, al tiempo que contribuyan a mantener la actividad económica del país. De ahí que, se considera oportuno continuar apoyando la actividad económica de diversos sectores, se considera oportuno la renovación automática de la vigencia de la Condición Pyme durante el estado de emergencia nacional, evitando la realización de trámites que afecten la continuidad de tales actividades y permitir que los sujetos beneficiarios concentren sus esfuerzos y recursos en enfrentar los retos implicados en la situación sanitaria actual.»  (Tomado textualmente de la parte Considerativa del Decreto Ejecutivo No. 42999-MEIC)

 

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