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Lic. Silvia Pacheco. Editora General

Sobre el aumento en el valor fiscal de algunos inmuebles

La semana pasada, varios notarios reportaron la devolución, por parte del Registro Inmobiliario, de escrituras de traspaso de inmuebles con la indicación de que faltaban timbres e impuesto de traspaso por cancelar.  Al verificar el valor fiscal de las fincas traspasadas,  se percataron de un aumento sustancial.

Se trata entonces de escrituras públicas que al momento de ser tasadas para el pago de timbres y del impuesto de traspaso presentaban un valor fiscal inferior al que aparecía en el asiento registral al momento en que fueron calificados por los señores registradores, produciéndose el consecuente defecto y devolución de los documentos sin inscribir.

Ante la gran cantidad de consultas, el Ministerio de Hacienda publicó la siguiente aclaración en su página web.   La transcribimos a continuación para su mejor conocimiento:

ACLARACIÓN SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DEL VALOR FISCAL

PARA EL IMPUESTO AL TRASPASO DE PROPIEDADES

1.- El Ministerio de Hacienda no está realizando ninguna actualización del impuesto sobre bienes inmuebles que administran las  municipalidades.

2.- Esta actualización aplica para el cobro del impuesto al traspaso de propiedades (escrituras de traspaso, compraventa, gravámenes hipotecarios, rectificaciones de cabida y segregaciones) que administra el Ministerio de Hacienda y para el cobro de timbres registrales por parte del Registro Nacional.

3.- Desde el año 2017 la Dirección General de Tributación realizó una alianza con el Registro Nacional, para integrar en sus sistemas el valor fiscal de las propiedades declarado por los contribuyentes en las municipalidades.

4.- No toda actualización conlleva un aumento en el valor fiscal de la propiedad:
– Según las bases de datos correspondientes a 2017: De 1.952.842 de fincas inscritas en el Registro Nacional, el 22% (428.595) aumentó su valor fiscal.*
– Según las bases de datos correspondientes a 2018: De 1.932.542 de fincas inscritas en el Registro Nacional, solamente el 9,7% (188.773) aumentó su valor fiscal.*

5.- No se debe confundir los términos plataformas de valores con actualización automática del valor fiscal. Las primeras son utilizadas por las municipalidades al realizar sus avalúos y por los contribuyentes cuando hacen sus declaraciones.

6.- Esta labor es realizada por los técnicos de la Dirección General de Tributación y del Registro Nacional, en cumplimiento a la legislación vigente: “Ley de Impuesto de Traspaso de Bienes Inmuebles” (N° 6999), “Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles” (N°7509) y la “Ley de Aranceles del Registro Nacional” (N°4564).

(*) Fuente: Registro Nacional.

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Avisan a notarios sobre incumplimiento impuesto a las ganancias de capital

Varios notarios públicos han recibido vía correo electrónico de parte de la Dirección General de Tributación, avisos comunicándoles que habiéndose constatado la venta de un inmueble no se logró confirmar la cancelación del impuesto a las ganancias de capital.  En el aviso aparecen ellos como los notarios otorgantes de las  respectivas escrituras de traspaso.

Como ya es conocido, con la entrada en vigencia del así llamado Plan Fiscal que introdujera varias reformas a la Ley de Impuesto sobre la Renta, se creó este tributo el cual grava la ganancia obtenida con la venta de activos, como pueden ser vehículos, acciones societarias, inmuebles, etc.   (Más detalles sobre este impuesto en nuestra nota en este mismo blog )

La declaración y el pago del impuesto a las ganancias de capital deben ser atendidos por la persona física o jurídica que transmite o vende el bien.   Solamente existe prevista en la norma un caso en el que corresponde más bien al comprador retener del precio pactado, el porcentaje correspondiente, y es cuando los bienes pertenecen a personas no domiciliadas, debiendo además en estos casos el Registro Nacional suspender la inscripción de dichos traspasos hasta tanto no se compruebe que el tributo retenido fue debidamente ingresado a las arcas del Estado.

El año pasado se produjeron varias directrices del Registro Nacional que procuraban regular la forma como tendrían los Notarios que actuar dando fe del pago de este tributo.  Pero luego fueron suspendidas en su aplicación.  Sabemos también de dos borradores de «Resolución Conjunta» que Hacienda y el Registro Nacional estarían por emitir con las regulaciones para lograr el control en el pago, pero a la fecha no han sido publicadas en firme.  La DNN se manifestó en ambas oportunidades en contra de las obligaciones que se trataban de imponer a los notarios como controladores en el pago de este tributo.   (Ver más al respecto en nuestra nota en este mismo blog.) 

Nos permitimos transcribir a continuación el texto del aviso que los colegas nos hicieron llegar.  Llama la atención que el correo electrónico sea dirigido al notario público que otorgó el traspaso,  pues, hasta donde tenemos conocimiento, no existe disposición alguna que establezca dicho procedimiento.   Evidentemente no podría tratarse de un apercibimiento formal de incumplimiento, el cual solamente podría ser notificado al propio contribuyente obligado a cumplir con la cancelación del impuesto.

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«La Dirección General de Tributación (DGT) le informa que, según información proporcionada por el Registro Nacional, con base en la información obtenida del formulario D-120 “Impuesto de Traspaso de Bienes Inmuebles”, usted o su representada ha realizado específicamente la venta del bien(es) inmueble(s) que se detalla(n) a continuación:
Número de Finca       Fecha de traspaso        Provincia        Cantón    Distrito      Precio de venta    Notario Público
No obstante, en nuestros registros tributarios, no consta la presentación de la declaración(es) del Impuesto de Ganancias y Pérdidas de Capital modelo D-162 y cuyo plazo se encuentra vencido.
Se le insta a que presente la declaración y cancele el impuesto correspondiente, así como la autoliquidación de la sanción por concepto del artículo 79 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, la cual corresponde a medio salario base por un monto de 223.100 colones para los períodos vencidos en el año 2019 y  de 225.100 colones para los períodos vencidos en el año 2020, no obstante, si presenta la declaración y autoliquida y paga la sanción en forma voluntaria al mismo tiempo ésta se reducirá a la suma de 44.620 colones para los periodos vencidos en el año 2019 y de 45.020 colones para los períodos vencidos en el año 2020.
Estos formularios están disponibles en la dirección electrónica
https://www.hacienda.go.cr/ATV/Login.aspx.
Por favor remitir el acuse de recibo o si tiene alguna consulta puede contactar al gestor tributario encargado de su gestión …    al correo electrónico ……  o al teléfono …..
Tenga presente que la DGT no solicita contraseñas u otros datos personales, instalación de programas o acceso a sus cuentas bancarias.»

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No tenemos conocimiento si en el caso de traspasos de vehículos también la DGT estará remitiendo avisos similares, y si adicionalmente  se estarán dirigiendo estos comunicados directamente a los contribuyentes obligados a cumplir con el tributo.

Importante también averiguar qué sucede con aquellos traspasos exonerados por Ley del pago del impuesto a las ganancias de capital.  Por ejemplo, cuando los  inmuebles consisten en la vivienda habitual del contribuyente, o bien cuando en lugar de una ganancia de capital, más bien se produjo con la transacción una pérdida de capital.

En todo caso, del texto del aviso transcrito lo que sí pareciera quedar claro es que no se trata de un apercibimiento formal, sino apenas de un recordatorio para que los obligados cumplan con el pago del impuesto a las ganancias de capital.  Seguramente de no atenderse este aviso, serían luego notificados  siguiendo los procedimientos del Código Tributario.

Lo que sí conviene recordar es que en los casos en los que sí corresponda efectivamente la cancelación de este tributo,  resulta ventajoso casi siempre para los contribuyentes acercarse voluntariamente a cumplir con la declaración y pago, logrando con ello la aplicación de importantes reducciones en las multas establecidas.    Asesórese bien con un especialista en materia tributaria.

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Nueva prórroga a nombramientos de directores y fiscales en Asociaciones

Mediante la Ley No. 9844 publicada el pasado 30 de abril se prorrogaron en forma automática por un plazo de seis meses, los nombramientos de los directores y fiscales de las Asociaciones, Federaciones y Confederaciones inscritas en el Registro de Asociaciones del Registro de Personas Jurídicas.   (Ver más al respecto en nuestra nota en este mismo blog)

La medida es aplicable  a todas las juntas directivas y fiscalías cuyo plazo de nombramiento haya vencido después del 1 de marzo del 2020 o que venzan en lo que resta de este año hasta el 31 de diciembre inclusive.

Se estableció en la norma la posibilidad de ampliar el plazo a través de una resolución del Ministerio de Salud,  dependiendo del comportamiento epidemiológico del COVID-19 en el territorio nacional

Este lunes se publicó en La Gaceta la resolución del Ministerio de Salud MS-DM-KR-5217-2020 estableciendo lo siguiente:

«Se autoriza la prórroga automática por un plazo adicional de seis meses, al nombramiento de las Juntas Directivas y los Órganos de Fiscalía de Asociaciones, Federaciones y Confederaciones constituidos al amparo de la Ley de Asociaciones, así como a todos y cada uno de los casos en que se dictó un acto jurídico en igual sentido para otro tipo de personas jurídicas. La presente prórroga opera de pleno derecho, por lo que no requiere inscripción o anotación alguna en el asiento registral de las entidades objeto de esta norma para que sea válida y eficaz. En caso de existir anotado un documento en trámite, que tenga como fin la prórroga del plazo de nombramientos de los órganos citados en el artículo 1 de la Ley N° 9844 “Ley de Autorización de prórroga automática de período de gestión de las Juntas Directivas y los Órganos de Fiscalía de Asociaciones, Federaciones y Confederaciones constituidos al amparo de la Ley de Asociaciones,” o que se lleguen a presentar a futuro, podrá concretarse su inscripción a fin de formalizar dicha prórroga, sin resultar aplicable lo señalado en la citada ley.

Lo anterior por considerar el comportamiento epidemiológico del virus SARS-CoV2 que ocasiona la enfermedad COVID-19 en el territorio nacional y con el objetivo de reforzar las acciones de mitigación y la exposición de las personas al riesgo de contagio de dicha enfermedad, en determinados espacios de contacto público y evitar un daño a la salud pública ante los efectos de la misma.» (Tomado de la resolución MS-DM-KR-5217-2020 Ministerio de Salud ) 

Por consiguiente, nombramientos que vencieron a partir del 1 de marzo o que estén por vencer durante este año pueden considerarse prorrogados por un plazo total de 12 meses a partir de su vencimiento.

Va a ser importante confirmar, una vez que venza dicha prórroga, y las Asociaciones procedan a nombrar sus directores y fiscales, si el Registro de Asociaciones exigirá que los nuevos nombramientos se establezcan por el «resto del período» o si el período de esos personeros deberá considerarse iniciando apenas al momento de su nombramiento.

Por ejemplo,  directores cuyo plazo de nombramiento es por cuatro años, al vencer la prórroga de un año,  y nombrarse nuevos directores, ¿tendría que entenderse que los nuevos directores ostentarán sus cargos por los tres años restantes?, o por el contrario, ¿se considerará que sus nombramientos serán por el plazo completo de los cuatro años según lo dispuesto en los estatutos de la Asociación?

Intentaremos obtener la respuesta a esta inquietud para poderles informar.

 

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Notarios deberán contar con firma digital a más tardar en enero 2021

Nos permitimos transcribir texto del acuerdo tomado por el Consejo Superior Notarial este 16 de setiembre:

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EL CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL ACUERDA: 

ACUERDO 2020-028-004:

a) Mediante Acuerdo 2019-003-007, 07 de febrero de 2019, se reformaron parcialmente los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Servicio Notarial. En el artículo 28, inciso h) se dispuso la firma digital como medio de seguridad del notario, pero no se estableció una fecha cierta en la cual deben los notarios contar con ella. Ante la imperiosa necesidad de dotar de mayor agilidad y seguridad los trámites gestionados por los notarios ante la DNN en tiempos de pandemia y a sabiendas de que la posibilidad de que el notario pueda llevar acabo sus trámites digitalmente supone una gran ventaja para la comunidad notarial.

b) Se acuerda establecer un período transitorio para que el notario que no disponga actualmente de la firma digital realice los trámites oportunos para adquirirla y que todos los notarios cuenten con ella a partir del 1 de enero de 2021. Caso contrario el notario deberá ajustarse a los plazos y condiciones establecidos para la recepción y respuesta de los documentos presenciales, tomando en consideración que la Institución deba seguir ajustando su personal y funciones según las directrices presidenciales y protocolo establecido para enfrentar la pandemia del COVID 19.

c) Comisionar al Director Ejecutivo a.i. para llevar a cabo, con el apoyo de la comunicadora institucional y nuestros socios estratégicos, una campaña de comunicación para sensibilizar a la comunidad notarial de la importancia de contar con este medio de seguridad y poder realizar sus trámites digitalmente. Asimismo, instruir a las Unidades sustantivas de la DNN para que indiquen a la brevedad posible cuales son los procesos y trámites que actualmente se pueden realizar digitalmente y cuales podrían digitalizarse al ciento por ciento en los próximos 3 meses.

d) Comisionar a la Unidad de Asesoría Jurídica de la DNN para que incorpore como una reforma al artículo 6 del Código Notarial el requisito de la firma digital para el ejercicio de la función notarial y presente una propuesta en el plazo máximo de 8 días.

e) Comunicar de inmediato.

ACUERDO FIRME POR VOTACIÓN UNÁNIME.»

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Autenticación de firmas mediante videoconferencia

Estimados suscriptores nos han estado solicitando información sobre la posibilidad de autenticar firmas o  de certificar copias de documentos que podrían tener ante la vista mediante el uso de algún medio telemático, como lo sería una video llamada.

Nos permitimos transcribir a continuación lo que determinó el Consejo Superior Notarial en el año 2013 sobre el particular.   No tenemos conocimiento de que exista algún criterio más reciente.

También nos permitimos brindarle al final el link a un interesante comentario que el Dr. Herman Mora Vega nos compartió en noviembre de 2016 sobre una resolución de la Junta Directiva del Colegio de Abogados, que eximió de responsabilidad a un abogado litigante que autenticó la firma de un patrocinado a través de una sesión de Skype.

Resulta muy interesante confirmar el distinto enfoque y solución que sobre este tema se produce desde lo que es el ejercicio notarial y por otra parte, la autenticación que los abogados litigantes están autorizados a realizar de las firmas de sus clientes en procesos judiciales.

Iniciamos transcribiendo el acuerdo  2013-012-011 del Consejo Superior Notarial tomado en  sesión ordinaria celebrada el 5 de junio de 2013:

«Fueron las consultas planteadas las siguientes:

1) ¿Es posible certificar las copias de un documento, cuyo original se tiene a la vista mediante el uso de medio tecnológicos (como el de video llamada)?

2) ¿Es posible autenticar la firma en un documento cuando la persona firmante comparece mediante videoconferencia y posteriormente envía el documento firmado al notario para las respectivas formalidades?

En primer lugar,  analizaron los señores miembros del Consejo Superior Notarial, los siguientes artículos de los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Servicio Notarial:

Artículo 15.- La certificación de documentos – públicos o privados -debe realizarse a partir del documento tenido a la vista, a efecto de transcribir, reproducir o expedir documentos notariales que guarden congruencia con los documentos originales.”

Artículo 27.- La autenticación de firmas o huellas es una actuación en la que el notario debe utilizar sus mecanismos de seguridad. El notario debe dar fe que la firma o huella fueron estampadas en su presencia. En el caso de la huella digital consignar expresamente a cuál dedo y extremidad corresponde.”

Con base en los numerales transcritos,  fueron sus respuestas a las interrogantes planteadas, las siguientes:

 «1) Al certificar copias el notario debe tener a la vista el original, conservar copias auténticas en su Archivo de Referencias y observar la inmediatez y unidad del acto que exige la función notarial. Los artículos 110 del Código Notarial y 15 de los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Servicio Notarial delimitan la potestad certificadora del notario, debiendo el notario observar además el principio de legalidad que rige la función pública delegada por el Estado que constriñe su actuación a lo que expresamente le está autorizado. Es de exclusiva y absoluta responsabilidad del notario admitir y tener como original y auténtico lo que está observando por videoconferencia o medios tecnológicos para acto seguido certificar las copias que tiene físicamente en su poder.

2) Es absolutamente irregular que el notario autentique firmas o huellas que no han sido estampadas en su presencia (Artículos 111 del Código Notarial y 27 de los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Servicio Notarial). El Diccionario de la Real Academia Española define claramente el significado de “presencia”, y establece que es asistencia personal –no por intermedios tecnológicos-, o estado de la persona que se halla delante de otra u otras o en el mismo sitio. Corolario de ello son los principios de inmediatez y unidad del acto que rigen la función notarial, lo cual juntamente con el hecho de que el Derecho Notarial es eminentemente formalista, no admiten ninguna variante que lesionen o pongan en riesgo la seguridad jurídica, la fe pública o la potestad autenticadora o legitimadora que el Estado delegó en el notario.»  (Tomado textual del acuerdo  2013-012-011 del Consejo Superior Notarial –  sesión ordinaria celebrada el 5 de junio de 2013.)

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En cuanto a la posibilidad para los profesionales en Derecho en condición de abogados litigantes de autenticar las firmas de sus patrocinados a través de medios telemáticos,  le invitamos a leer el siguiente artículo del Dr. Herman Mora:

HISTORIAS DE PROTOCOLO XVII: AUTENTICACIÓN DE FIRMA MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA

 

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Atemperan nulidad por incumplimiento de plazos en dictado sentencias laborales

Mediante Ley 9884 publicada hoy en La Gaceta, se reforman varios numerales introducidos al Código de Trabajo  por la Ley de Reforma Procesal Laboral, Ley No. 9343 con el objeto de eliminar como causal automática de nulidad de todo lo actuado. el incumplimiento de los plazos del dictado de sentencias o, peor aún, de los plazos para documentar y notificar las sentencias dictadas en tiempo.

Las normas contenidas en el artículo 537 y en el numeral 587.6 eran categóricas y no admitían excepciones: cualquier atraso, fuera justificado o no, en el cumplimiento de los plazos establecidos para dictar sentencia (5 días hábiles después de concluido el juicio como regla general, 5 días adicionales para asuntos de tramitación compleja, según el artículo 518.4 del mismo Código) o en los plazos para documentar y notificar la sentencia, producía como efecto jurídico de pleno derecho la nulidad absoluta del juicio y de la sentencia dictada en forma tardía, así como la obligación de repetir el juicio en su totalidad.

«Esta medida atenta contra la garantía constitucional de justicia pronta y cumplida, implica un uso ineficiente de los recursos públicos y ocasiona graves daños a las personas usuarias del servicio público de administración de justicia. En efecto, implica castigar a las partes del proceso por una situación –atraso en el dictado de la sentencia o en su notificación- que en modo alguno les es atribuible a ellas, ocasionando, además, gastos adicionales y excesivos a la Hacienda Pública.

Si las personas juzgadoras incumplen injustificadamente su deber de resolver en el plazo establecido por la ley, lo que procede es aplicar las responsabilidades civiles y disciplinarias correspondientes. Pero la anulación de todo el juicio es una respuesta desproporcionada que causa un perjuicio mayor que el que pretende evitar. Más grave todavía resulta el supuesto previsto en el artículo 537 del Código Trabajo, según el cual se podría anular un juicio y la sentencia dictada en tiempo, porque surgieron atrasos en su posterior documentación y notificación a las partes, aun cuando de este atraso no se derive un perjuicio a sus derechos e intereses.»   (Tomado de la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley 21.489)

Con base en lo anterior deberán leerse en lo sucesivo los siguientes artículos con el siguiente texto:

Artículo 518- En la fase complementaria:
[ … ]   4) Se deliberará y dictará la parte dispositiva de la sentencia de inmediato de forma oral, debiendo señalarse, en ese mismo acto, la hora y fecha, dentro de los cinco días siguientes, para la incorporación al expediente y entrega a las partes del texto integral del fallo, el cual será escrito. Cuando se utilice tecnología electrónica, el fallo deberá documentarse en el respaldo correspondiente, de manera que se pueda reproducir de forma escrita o entregarse a la parte por otro medio. En procesos complejos o con abundante prueba, según lo determine la persona juzgadora, podrá postergarse, improrrogablemente hasta por un lapso máximo de quince días después de la conclusión del juicio, el dictado completo de la sentencia, incluida su parte dispositiva.
Cuando todas las partes se manifiesten satisfechas con la sentencia en su parte dispositiva, podrán relevar al juzgado de la redacción de las otras partes de esa resolución, debiéndose dejar constancia, de forma expresa, de esa conformidad.

5) La persona juzgadora, que haya realizado la audiencia del proceso a su cargo, conservará la competencia para dictar la sentencia de ese caso concreto, aun cuando haya dejado de ejercer sus funciones en ese despacho, ya sea por traslado, ascenso, vencimiento del nombramiento u otra situación análoga.

6) Cuando en la votación de una resolución, por parte de un tribunal colegiado, no resultara mayoría de votos conformes de toda conformidad sobre todos y cada uno de los pronunciamientos de hecho o de derecho, o sobre la decisión que haya de dictarse, se dejará constancia de ello en el expediente, sin especificar los puntos de divergencia. En este caso se completará el tribunal con dos integrantes suplentes. El nuevo tribunal, así integrado, tendrá amplia competencia para pronunciarse sobre todas y cada una de las cuestiones objeto de recurso y la decisión se tomará por mayoría de votos. A efectos de que exista esa mayoría en todo caso, cuando la resolución tenga varios extremos que dependan unos de otros, el haber votado negativamente en los primeros, sobre los cuales haya habido votación, no será motivo que autorice al integrante que así hubiera votado para dejarde concurrir con su opinión y voto a la resolución de los demás y, cuando su voto
sea único, deberá adherirse forzosamente a cualquiera de los otros votos, a fin de formar la mayoría, sin que esta forzada adhesión pueda acarrearle responsabilidad civil ni penal.

Artículo 537- El dictado de la sentencia, su documentación y notificación a las partes fuera de los plazos indicados en este Código, sin causa justificada, constituirá falta grave de servicio y dará lugar a las responsabilidades civiles y disciplinarias correspondientes.

En caso de muerte, incapacidad o alguna otra situación fortuita o de fuerza mayor por la que deba sustituirse a la persona juzgadora, antes del dictado de la sentencia, el juzgado, con su nueva integración, deberá dictar sentencia con vista al registro audiovisual del juicio oral y público, para lo cual volverá a correr el plazo establecido en el inciso 4) del artículo 518. De no existir o estar incompleto este registro, lo actuado y resuelto será nulo, por lo que el juicio oral y público deberá repetirse. Lo anterior, salvo en el caso de los actos y las actuaciones probatorias irreproductibles, que mantendrán su validez en la nueva audiencia.

Artículo 587- Por razones procesales será admisible cuando se invoque:
[ … ]

6- Haberse dictado la sentencia con inobservancia de las reglas establecidas en el párrafo tercero del artículo 537

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Posponen entrada en vigencia de nuevo Código Procesal de Familia

Se aprobó en segundo debate este 15 de setiembre, el Proyecto de Ley No.  21.936 para posponer la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal de Familia originalmente dispuesta para este 1 de octubre.  Ahora será a partir del 1 de octubre del 2022 que entrará a regir la normativa.   Unicamente se mantiene vigente el Transitorio III que dispone la continuidad en la aplicación del Código Procesal Civil, 7130  a la tramitación de los procesos en materia de familia hasta la efectiva entrada en vigencia del Código Procesal de Familia.

De la Exposición de Motivos del proyecto de Ley nos permitimos transcribir algunas de las justificaciones para esta decisión:

«Según la Comisión de la Jurisdicción de Familia, Niñez y Adolescencia del Poder Judicial, la preparación institucional previa, durante y posterior a la entrada en vigencia de un código de esta naturaleza, donde está de por medio de la solución de conflictos familiares, requiere una inversión de recursos humanos y económicos importantes, no tanto en el volumen económico como el que la institución invirtió en las Reformas Procesal Civil y Laboral, sino porque la Jurisdicción de Familia está compuesta por despachos de Familia, Niñez y Adolescencia, Pensiones Alimentarias, Violencia Familiar, siendo las mismas conocidas en 116 juzgados a lo largo y ancho del país y con una integración de recursos humano de cerca de 2000 personas.

Ahora bien, si fuera sólo el proceso de capacitación el procedimiento sería un poco más corto, pero aún para el mismo, se requiere un esfuerzo de preparación docente y presupuestario, por la cantidad de personal que trabaja en todo el país. Pero además de ello para poder implementar la reforma adecuadamente, al ser una nueva normativa procesal que cambia el paradigma de resolución de los conflictos familiares, se requiere una revisión de todos los procedimientos de evaluación de jueces y juezas, una reelaboración del manual de puestos del personal técnico y judicial, rediseño de los despachos de acuerdo a las nuevas cargas de trabajo, implementación de mejoras tecnológicas, labores de coordinación y cooperación con las otras Instituciones del Estado, que se ven afectadas por la reforma, elaboración de nuevas fórmulas estadísticas y diseño de todas las plantillas de resolución de los despachos, entre otros múltiples labores que requieren un esfuerzo institucional en recursos humanos y material.

Es importante conocer que, por acuerdo de Corte Plena, no se presupuesta dinero para proyectos de ley, hasta que los mismos sean leyes de la República, y en la fecha que se aprobó el Código Procesal De Familia, la Institución ya había aprobado el presupuesto para el 2020, por lo que todos los cambios necesarios que se requieren se están presupuestando, este año para el siguiente, siendo el rubro más fuerte la capacitación de poco más de 2000 personas que conforman la jurisdicción.

Además, y con fundamento en la Ley General de Control Interno, artículo 14, el cual establece todo un marco jurídico de valoración del riesgo, el Estado costarricense (concretamente el jerarca y los titulares subordinados de los entes públicos), en forma responsable deben tomar todas las medidas que sean necesarias, a fin de identificar y analizar los riesgos relevantes asociados al logro de los objetivos y metas institucionales, para colocarlos en un nivel de riesgo organizacional aceptable.

En este sentido, deben adoptar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento adecuado, en este caso de la Jurisdicción Especializada en materia la materia de Familia, así como la Defensa Pública, las cuales pertenecen al Poder Judicial. Es decir, se requiere toda una labor de estudios técnicos previos, toma de acuerdos, ejecución de estos, implementación, entre otros

Por lo expuesto anteriormente, este Proyecto de Ley pretende aumentar el plazo de la vacancia, teniendo en cuenta la situación económica del país, y la crisis derivada de la pandemia por COVID-19, de tal manera que se distribuye los gastos generados por la puesta en práctica de la norma, en dos ejercicios presupuestarios diferentes, todo lo anterior con el fin de permitir una correcta implementación de la ley, qué beneficia a las personas usuarias de una materia de tanta sensibilidad importancia para nuestra sociedad.»  (Exposición de Motivos Proyecto de Ley 21.936)

 

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Aumenta cuantía para conocimiento de procesos laborales

  • Nuevo valor rige a partir del próximo 8 de octubre

Se publicó en el  Boletín Judicial, la Circular 184-2020 de la Corte Plena mediante la cual se comunica que el monto de la cuantía para el conocimiento de los procesos que deban tramitarse como de menor cuantía en los juzgados de trabajo será la suma de ¢15.000.000,00 (quince millones de colones exactos). Serán de mayor cuantía los procesos cuyas pretensiones superen ese monto.

Igualmente se aumenta la cuantía para la interposición de recursos de casación en materia laboral para los procesos en que se formulen pretensiones superiores a quince millones de colones.

Los asuntos ya radicados en los Juzgados de Trabajo se tramitarán conforme a lo dispuesto en este acuerdo. Los pendientes de resolver que se encuentren ante los Tribunales de Apelaciones y la Sala de Casación Laboral se mantendrán bajo su competencia hasta su fenecimiento

De conformidad con lo que establece el artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el aumento que ahora se define, rige un mes después de la primera publicación en el Boletín Judicial, la cual se produjo en el  Boletín Judicial No. 172 del pasado 8 de setiembre. 

 

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