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Lic. Silvia Pacheco. Editora General

Publican nuevos tramos del impuesto al salario

Se publicaron hoy en el Diario Oficial La Gaceta, Alcance 143, los nuevos tramos del impuesto único sobre las rentas percibidas por el trabajo personal dependiente, por concepto de jubilación o pensión u otras remuneraciones por servicios personales, mejor conocido como impuesto al salario.  Expresamente se establece que estos nuevos tramos regirán del 1 de julio hasta el 30 de setiembre del presente año.    La justificación a esta medida la encontramos en el Considerando 5 que dispone lo siguiente:

“5.-Que para facilitar la adecuada gestión y administración del impuesto, correspondiente al Período Fiscal 2019, que finaliza el 30 de setiembre de 2019, es necesario que los tramos establecidos en los incisos a), b) y c), del artículo 33 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, número 7092, y los incisos d) y e), adicionados en el  artículo 2, del título II, aparte 15) de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas  Públicas, número 9635; estén vigentes por un período de tres meses, comprendidos del 01 de julio de 2019 al 30 de setiembre de 2019.”

Se crean dos tramos más para la aplicación de este impuesto a los asalariados quedando como se indica a continuación:

 TRAMOS VIGENTES PERIODO FISCAL 2017-2018 PORCENTAJE DEL IMPUESTO
Las rentas de hasta ¢817.000,00 mensuales.

Exentas

 Sobre el exceso de ¢817.000,00 mensuales y hasta ¢1,199,000.00 mensuales

10%

Sobre el exceso de 1,199,000,00 mensuales y hasta 2,103,000

15%

Sobre el exceso de 2,103,000,00 mensuales y hasta 4,205,000

20%

Sobre el exceso de 4 205,000,00 mensuales

25%

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Acuerdos recientes del Consejo Superior Notarial

Nos permitimos hacer de su conocimiento, tres  acuerdos del Consejo Superior Notarial tomados en las últimas semanas:

  • 1) Importancia de los actos pre escriturarios /Cumplimiento disposiciones de la Ley Indígena.  (Acuerdo 2019-010-004)

En respuesta a la solicitud formulada por el señor Juan Alfaro López, Viceministro del Departamento de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano del Ministerio de la Presidencia de la República,  se recuerda a los notarios que  en el otorgamiento de cualquier acto notarial, deben realizar minuciosamente los estudios pre escriturarios de rito, en aras de no violentar lo estipulado en los artículos 2 y 3 de la Ley Indígena No. 6172 que transcribimos a continuación para su mejor conocimiento:

Artículo 2.- Las comunidades indígenas tienen plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones de toda clase. No son entidades estatales.

Declárase propiedad de las comunidades indígenas las reservas mencionadas en el artículo primero de esta ley.

La Procuraduría General de la República inscribirá en el Registro Público esas reservas a nombre de las respectivas comunidades indígenas.

Las reservas serán inscritas libres de todo gravamen. Los traspasos del Estado a las comunidades indígenas serán gratuitos, no pagarán derechos de Registro y estarán exentos de todo otro tipo de carga impositiva conforme a los términos establecidos en la Ley de CONAI.

Artículo 3.- Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas.

Los indígenas sólo podrán negociar sus tierras con otros indígenas.

Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso. Las tierras y sus mejoras y los productos de las reservas indígenas estarán exentos de toda clase de impuestos nacionales o municipales, presentes o futuros.

  • 2) Responsabilidad notarial por protocolización de piezas de proceso de expropiación en el que el titular registral actual de la propiedad es distinto del administrado contra el que se siguió la causa. (Acuerdo 2018-020-013)

En atención de la consulta presentada por la Lic. Irina Delgado Saborío, Procuradora de la Notaría del Estado,  el Consejo Superior Notarial, después de un completo análisis de varios institutos y conceptos notariales, concluye dos posibles respuestas:

“a. Consta en la publicidad registral, previo a la protocolización por la notaría del Estado, la anotación provisional.

Según lo analizado, si en su oportunidad, se anotaron en el Registro Inmobiliario, la resolución de declaratoria de interés público y el proceso expropiatorio y consta en la publicidad registral tal circunstancia, encontrándose además vigente esas anotaciones al momento en que se adquiere el inmueble, por parte del propietario “actual”, significa que este propietario “actual”, conocía al momento previo a la adquisición del inmueble de la existencia de un procedimiento de expropiación, que podía resultar en la adquisición por parte del Estado de ese inmueble y por lo tanto, si este es el caso, la notaría del Estado, está en la obligación de otorgar el acto o contrato respectivo, con el fin de que el inmueble sea inscrito a favor de la institución del Estado.”

b. No consta ninguna anotación provisional en la publicidad registral, previo a la protocolización por la notaría del Estado.
Según lo analizado, si no constaba en el Registro Inmobiliario la anotación de resolución de declaratoria de interés público y el proceso expropiatorio al momento en que se adquiere el inmueble, o si las mismas no se encontraban vigentes al momento de la adquisición por parte del propietario “actual”, significa que este propietario “actual”, desconocía la existencia de un procedimiento de expropiación, que podía resultar en la adquisición por parte del Estado de ese inmueble y por lo tanto, si este es el caso, la notaría del Estado, está impedida para protocolizar las piezas respectivas, de conformidad con el artículo 7 inciso d) del Código Notarial, dado que ese propietario “actual” se considera tercero registral, por haber adquirido al amparo de la publicidad registral, de buena fe, a título oneroso y además tiene debidamente inscrito su derecho con prioridad al derecho del Estado. En este caso el notario que bajo este supuesto otorgue una protocolización para inscribir la propiedad a nombre del Estado, es responsable de todas las consecuencias derivadas por la no inscripción y por lo tanto, la eventual carencia de eficacia jurídica que pueda derivarse del acto realizado por la notaría del Estado. …” (Tomado textual del acuerdo en comentario)

  • 3) No presentación de copias de índices presentados en días de gracia (Acuerdo 2019-009-020)

A partir de ayer, 20 de junio de 2019, la Dirección Nacional de Notariado no recibirá más las copias de los índices que los notarios les hacían llegar después de presentar en el Archivo Nacional dichos índices, en los dos días de gracia que el Código Notarial establece aa ese respecto. 

“El anterior acuerdo se tomó en virtud de que el Archivo Notarial comunicará, de manera automática, a la Dirección Nacional de Notariado la lista de notarios que presenten índices fuera de los plazos establecidos en el artículo 27, párrafo segundo del Código Notarial, conocidos como “días de gracia”.  De manera que ya no será necesario que presenten a la Dirección Nacional de Notariado las copias del índice con el recibido del Archivo Notarial.”  (Tomado textual del Aviso de la DNN)

Transcribimos a continuación para su mejor conocimiento el texto del art. 27 del Código Notarial:

Artículo 27.- Presentación de los índices

Los índices quincenales deben presentarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a los días quince y último de cada mes. Los notarios podrán remitirlos al Archivo Notarial, por correo certificado o cualquier otro medio que autorice, con indicación del contenido. Cuando se envíen por correo certificado, se tomará como fecha de presentación la señalada en el recibo extendido por la oficina de correos.

Vencido el término indicado para recibir los índices, el Archivo Notarial informará al órgano disciplinario respectivo cuales notarios no cumplieron oportunamente con la presentación. Si, dentro de los dos días posteriores al vencimiento de la fecha para entregar el índice, el órgano disciplinario correspondiente recibiere copia del índice con razón de recibo por el Archivo Notarial, hará caso omiso de la queja contra el notario por no haber presentado el índice a tiempo.

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Notarios que administran fondos de sus clientes deben inscribirse ante la SUGEF

A menos de quince días del vencimiento del plazo para la inscripción ante la Superintendencia General de Entidades Financieras, son muchos los abogados y notarios que aún no están seguros si deben o no cumplir con este deber.  La deficiente redacción de los artículos 15 bis y 15 ter de la Ley de Estupefacientes provoca la confusión.

Como ya hemos indicado en comentarios anteriores, a pesar de mencionarse tanto a los abogados como a los notarios en el artículo 15 bis, aparentemente fue la intención del legislador que las regulaciones de dicho numeral aplicaran en forma exclusiva a los abogados, y las del 15 ter a los notarios, excluyéndose a estos segundos de la obligación de inscribirse ante la SUGEF al corresponder su supervisión de manera exclusiva a la DNN.

El problema empieza al establecerse en ambos numerales las exactas mismas tres actividades,  que de ser realizadas por estos profesionales, los obligarían a cumplir con las disposiciones de la Ley, como si pudieran ser realizadas indistintamente por  abogados y notarios, lo que sabemos no es cierto dada la naturaleza especial de cada función.

Son ellas las siguientes:

i. La compra y venta de bienes inmuebles.

ii. La administración del dinero, las cuentas bancarias, los ahorros, los valores u otros activos del cliente.

iii. La operación, la administración de la compra y la venta de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas.

Es claro que el artículo 15 ter  (dedicado a los Notarios) debería omitir por completo  la mención del inciso ii) y mejorar además la redacción  de los incisos i) y iii) pues ocasiona que muchos profesionales en Derecho concluyan, de manera equivocada, que cuando se dedican a administrar fondos de clientes, cuentas bancarias y otros valores, o a intervenir en la operación de personas jurídicas, o como inversionistas o corredores de bienes raíces,  por el solo hecho de contar con la investidura de fedatarios,  están eximidos de la obligación de inscribirse ante la SUGEF,  siendo evidente que dichos servicios en ninguna forma podrían considerarse ejercicio  notarial.

Dichosamente  la semana pasada la SUGEF emitió la Circular Externa SGF-1661-2019 y en un último inciso e) dispuso lo siguiente:  (El destacado en negrita es nuestro)

“e) Reiterar que de acuerdo con lo dispuesto en el inciso e) del artículo 15 Bis de la Ley 7786, los abogados y contadores que deben inscribirse ante la SUGEF, son sólo aquellos que realicen las siguientes actividades:

i. La compra y venta de bienes inmuebles.
ii. La administración del dinero, las cuentas bancarias, los ahorros, los valores u otros activos del cliente, por el monto inferior a la cuantía significativa determinada en este Reglamento.
iii. La operación, la administración de la compra y la venta de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas.

No debe inscribirse ante la SUGEF el notario (abogado) que participe en las actividades anteriores sólo en su calidad de notario. “

Con esta última frase podemos concluir que únicamente cuando los notarios/abogados realizan las actividades descritas en los numerales i) , ii) y iii) en ejercicio pleno de la función notarial están eximidos de la obligación de inscribirse ante la SUGEF.   De manera que si adicionalmente a ese ejercicio del notariado, estos profesionales en Derecho se dedican a la administración de fondos, de cuentas bancarias, o a la operación de sociedades, sí deberán inscribirse ante la SUGEF a pesar de su condición de notarios, con el objeto de que sean ser supervisados en lo que a esas labores no notariales se refiere.

Finalmente, una aclaración sobre una inquietud frecuente que en estas semanas se ha presentado.  Cuando el Notario recibe sumas de dinero de sus clientes para la cancelación de los timbres e impuestos de traspaso necesarios para la debida inscripción registral o  para la formalización de los actos notariales autorizados, no incurre en  lo dispuesto en el inciso ii) del art. 15 ter anteriormente mencionado, por ende, no está obligado a inscribirse ante la SUGEF.

Esta gestión que realiza el notario de los gastos necesarios para la tramitación de los actos y contratos otorgados se encuentra contemplada en el art. 67 del Arancel de Honorarios Profesionales  y en el art. 167 del Código Notarial, confirmándose que constituye parte de su ejercicio notarial.

Artículo 67.- Obligaciones a cargo de los usuarios.

Las usuarias o usuarios están en la obligación de pagar previamente el importe completo de honorarios, derechos, timbres e impuestos que se deban cubrir por el acto o contrato solicitado al Notario(a).

Artículo 167.- Obligación de dar recibo

Los notarios deberán extender recibos oficiales por todas las sumas de dinero que reciban y dejar constancia de haber recibido o no los honorarios y derechos de las escrituras inscribibles en alguno de los registros públicos; también indicarán las cantidades recibidas y el concepto. La omisión de esta razón hará presumir que los honorarios y demás gastos necesarios fueron cubiertos satisfactoriamente

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Propuesta Colegio de Abogados reglamento trabajadores independientes CCSS

La semana pasada publicamos un aviso del Colegio de Abogados sobre una propuesta de reglamento para la afiliación de trabajadores independientes ante la Caja Costarricense de Seguro Social.  A continuación nos permitimos transcribir la parte Considerativa de la misma.  Suscriptores de Master Lex con mucho gusto podemos remitirles el texto completo a quienes nos lo soliciten a la dirección legal@masterlex.com

Los colegas que deseen apoyar la iniciativa deben presentarse en cualquiera de las sedes del Colegio en todo el país para firmar los registros respectivos.  Importante la advertencia que nos hacían esta mañana en cuanto a que el apoyo se realiza a la integralidad de la propuesta, sin que puedan los interesados, reservarse su adhesión solamente a alguno o algunos de los aspectos regulados en ella.

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La Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social,

Considerando que:

La Ley de Protección al Trabajador, No. 7983 del 16 de febrero del 2000, dispuso que los trabajadores independientes se afiliarían a la Caja Costarricense del Seguro social en forma gradual durante los primeros cinco años a partir de la vigencia de esa ley, pero ni ese cuerpo legal ni la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social definieron los elementos cuantitativos de las contribuciones de la Seguridad Social.

La Caja Costarricense del Seguro Social (en adelante, CCSS) ha mantenido un sistema de determinación de oficio de las contribuciones mensuales, a través de facturas, que tienen carácter de actos administrativos. Esto hace cuestionable, so pena de infracción del principio de los actos propios y las normas atinentes de la Ley General de la Administración Pública, la revocación unilateral a través de un procedimiento de inspección similar al que prevé el Código de Normas y Procedimientos Tributarios para la determinación de oficio, al no tomar en consideración la gran diferencia de que los tributos principales del Estado se determinan por el sistema de autoliquidación, el cual está ausente para efectos de la CCSS.

La determinación de las tarifas a pagar por los independientes no ha contado con la publicidad suficiente que permita una discusión pública previa de los interesados; ni siquiera los trabajadores independientes han contado con un representante en la Junta Directiva, todo lo cual ha lesionado la seguridad jurídica.

Las tarifas acordadas para los independientes prácticamente duplican la de los trabajadores asalariados, en un contexto en que el propio artículo 3 de la Ley Constitutiva de la CCSS exonera a las contribuciones de los trabajadores independientes de la previsión de una cuota patronal, generando dudas importantes sobre si esto vulnera la ley y el principio de igualdad. Además, tales tarifas no toman en cuenta el nivel de tributación de los independientes en el impuesto sobre la renta, que es del 25%, en comparación con el 15% de los trabajadores asalariados. Es decir, no han tomado en cuenta que esto hace que la tributación conjunta –renta y seguridad social- de los independientes se eleve al 40% de la renta neta.

Hay ya al menos dos pronunciamientos de la Sala Constitucional en que reconoce el carácter de tributo a las contribuciones de la Seguridad Social y al menos un pronunciamiento del Tribunal Contencioso Administrativo que reconoce aplicable el término de prescripción del Código de Normas y Procedimientos Tributarios a dichas contribuciones.

Las actuaciones de inspección de la CCSS que realizan ajustes con base en las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de los trabajadores independientes se dan muchos años después, luego de que desde el 2001 la institución podía acceder de inmediato a tales declaraciones. Esto evidencia un
comportamiento omisivo que termina violentando la confianza legítima y obliga a muchos trabajadores a enfrentar el cobro de muchos años de supuesta deuda contributiva, con intereses y multas.

Las actuaciones indicadas se hacen en un contexto en que mes a mes durante años seguía cobrando determinadas sumas a los independientes, generando la confianza de quien las pagaba de que no guardaba contingencia alguna con la institución. En ese sentido, el Código de Normas y Procedimientos Tributarios obliga a condonar intereses cuando estos se generan por error o inducción a error por parte de la Administración; asimismo, los principios sancionadores obligan a eximir de sanción a quien ha actuado bajo una interpretación razonable de la ley o inducido por actuaciones u omisiones administrativas.

En consecuencia:

Resulta necesario definir con claridad y equidad el régimen por el que se debe regir la contribución de los trabajadores independientes.

Las características del régimen deben ser las siguientes:

a) Contribución con base en renta neta derivada de las actividades de trabajo independiente de carácter territorial, excluyéndose rentas del capital, ganancias de capital, y las rentas empresariales.

b) Cuota contributiva igual a la cuota obrera de los trabajadores asalariados.

c) Sistema de autoliquidación, en cuyo defecto se puede determinar de oficio con base en las declaraciones del impuesto sobre la renta.

En relación con las situaciones anteriores al cambio en la normativa, se propone dar efecto retroactivo en beneficio al nuevo régimen, limitando el cobro a un período de prescripción de 4 años, condonando intereses y multas, siempre que el trabajador independiente regularice su situación dentro del plazo de 6 meses luego del cambio de la normativa, sea a través del pago total, sea a través de un arreglo de pago con la institución.  (Hasta aquí transcripción textual de la propuesta de Reglamento Afiliación Trabajadores Independientes a la CCSS)

Suscriptores de Master Lex interesados en conocer la totalidad del documento solicitarlo al correo legal@masterlex.com

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Publican Reglamento a la Ley de Impuesto al Valor Agregado

Con vigencia a partir del próximo 1 de julio, aparece hoy en el Diario Oficial La Gaceta, el Reglamento a la Ley de Impuesto al Valor Agregado, Decreto Ejecutivo No. 41779 que deroga en su totalidad el  Reglamento de la Ley del Impuesto General sobre las Ventas de noviembre de 1982.

Como ya es conocido, con la promulgación de la Ley No. 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas se reformó de manera integral el sistema de imposición sobre las ventas. En este nuevo marco regulador, se gravan como regla general la totalidad de bienes y servicios, con el objetivo de mejorar en materia de control y fiscalización del impuesto, al reducirse considerablemente la lista de bienes y servicios exentos.

III.- Que con esta nueva regulación legal se pretende generar ingresos estables, significativos y frescos estableciendo la obligación tributaria sobre un objeto del impuesto amplio, pero al mismo tiempo generando como contrapeso un reconocimiento total de créditos a través de un sistema de deducción financiera plena, en el cual cada contribuyente del IVA que deba autoliquidar los débitos de impuesto producto de su actividad económica sujeta, al mismo tiempo puede aplicarse créditos de impuesto sobre aquellos soportados y así sucesivamente durante toda la cadena productiva. Lo anterior genera en consecuencia que el tributo recaiga verdaderamente sobre el valor agregado en cada etapa productiva, y con ello evitar cargar el impuesto al costo de los bienes y servicios. Este cambio promueve, entre otros efectos, la mejora en la competitividad de los productos locales, al evitar que los impuestos se carguen al costo de producción, y nivela la carga en relación a las exportaciones; asimismo contribuye a un mejor control de la exactitud de las obligaciones tributarias, toda vez que quien vende debe asegurarse de poder demostrar lo que pagó a sus proveedores.”   (Tomado textual del Considerando III del Decreto ejecutivo No. 41779)

Muy importante lo dispuesto en el Capítulo III relativo a los contribuyentes de este nuevo tributo y las obligaciones formales y materiales que deberán observar a partir del próximo 1 de julio, tales como deber de inscripción, resguardo de una constancia tributaria, emisión y entrega de comprobantes electrónicos, determinación y pago del impuesto por los medios establecidos al efecto.

Los contribuyentes del impuesto general sobre las ventas podrán desinscribirse dentro de los  tres meses posteriores a la entrada en vigencia de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el próximo 1 de julio del año en curso.

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De inmediato estamos iniciando el procesamiento del texto de este importante Reglamento para agregarlo a nuestro sistema Master Lex Normas, a fin de que nuestros estimados suscriptores puedan consultarlo a la mayor brevedad posible.

Mientras tanto, con mucho gusto, podemos enviárselos a su dirección de correo electrónico.  Favor solicitárnoslo a legal@masterlex.com

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Emiten Circular sobre buenas prácticas en la tramitación de procesos judiciales

Mediante la Circular 47-2019 publicada en el Boletín Judicial el pasado 29 de mayo, el Consejo Superior del Poder Judicial actualizó las Buenas Prácticas, para notificar, citar, localizar y presentar personas,  señalamiento y realización efectiva de debates, y aprovechamiento de las herramientas tecnológicas de la Institución.

De esta forma se establecen pormenorizadamente los cuidados y requisitos que deben observarse en las oficinas y despachos judiciales para la realización de las diversas diligencias con el objeto de evitar la suspensión de audiencias y debates, garantizar que los testigos, imputados, instituciones estatales y demás partes involucradas se presenten puntualmente en las fechas establecidas, evitar el choque de señalamientos y utilizar los medios tecnológicos que puedan facilitar y hacer más expeditos los trámites, como por ejemplo, las videoconferencias.

Finalmente, se señalan algunas buenas prácticas dependiendo de la materia.  Nos permitimos transcribir textualmente a continuación:

“5.1-Materia Penal:

5.1.1-Seguir el Protocolo de medidas para el señalamiento y realización efectivo de debates en los tribunales de juicio y el Protocolo para evitar la suspensión de audiencias en los Juzgados Penales.

5.1.2-Los casos en que el señalamiento implique más de veinte días hábiles en la agenda, serán consultados con el juez o jueza coordinadora del tribunal, quien verificará si ello se justifica y de ser así, buscará que el señalamiento se haga procurando en lo posible no entorpecer el trabajo ordinario de los tribunales.

5.1.3-El horario de inicio del debate en la mañana será las ocho horas y en la tarde las trece y treinta horas, por cuanto esto permite un aprovechamiento mayor del tiempo laboral. Se entiende que se cuenta con diez audiencias por semana en el servicio ordinario. Lo anterior sin perjuicio de los casos en los que, atendiendo a criterios razonables, se puedan señalar un mayor número de debates.

5.1.4-Los tribunales de juicio no deben remover audiencias ya señaladas de los juzgados penales a efecto de ubicar sus propias audiencias nuevas o de continuación de juicios. En casos de extrema excepción, en que la única solución posible sea escoger entre uno u otro señalamiento, deberá decidirse de común acuerdo con el coordinador o coordinadora del Juzgado Penal, quien al emitir su criterio atenderá además de las razones jurídicas, las razones de gestión de su despacho, así como las causas originadas en la gestión del tribunal, como el uso que se hace de los tiempos laborales, el uso eficiente de la agenda y el cumplimiento de las directrices contenidas en esta circular; asimismo deberán ser consultadas las partes, de forma que no se afecte el servicio público a su cargo tampoco.

5.1.5-Para efecto de hacer los señalamientos, se entenderá que en el caso simple se dan los siguientes supuestos:

»Cuatro testigos (30 minutos cada uno) Dos horas
»Incorporación de la Prueba Documental 20 minutos
»Una defensora o defensor (Conclusiones) 20 minutos
»Un Fiscal (Conclusiones) 20 minutos

5.1.6-Excepciones al caso simple: Siguiendo los anteriores parámetros, a algunos casos se les debe considerar especiales en atención a estos otros criterios:

5.1.6.1-Por tipo de delito y víctimas. Delincuencia Económica, Delitos contra la Libertad Sexual y Homicidios pueden requerir más tiempo de debate. Asimismo, personas menores de edad víctimas de delitos sexuales y personas con discapacidad deben ser consideradas especialmente al momento de programar debates. En esos casos, con un criterio de razonabilidad, debe el juez/a tramitador/a extender el tiempo para su recepción.

5.1.6.2-Caso de mayor complejidad. Por ser casos de excepción pueden ser resueltos, con la intervención del Juez/a Coordinador/a, lo que no obsta para considerar válido el establecimiento de algunos principios generales que se apliquen de forma general.

Para este efecto, las partes proponentes pueden indicar el tiempo necesario extraordinario para la declaración de sus testigos de previo a la programación del debate, si hubiera alguna razón que lo justifique.

5.1.7-Los debates con privados de libertad deben agendarse en un horario en que las personas imputadas ya hayan podido ser trasladados a la sede del tribunal: a partir de las diez de la mañana o en la audiencia de la tarde. De ese modo, las personas testigos, defensoras defensores y fiscales emplearían el tiempo anterior al señalamiento en otras labores propias del cargo. También se podrían programar debates de casos simples que puedan completarse de previo al inicio del debate de la causa con la persona imputada detenida.

5.1.8-Implementar la práctica de que, si la persona imputada se encuentra libre, se le cite al despacho a efecto de verificar que es localizable, y notificarle personalmente en dicho momento de la fecha y hora del debate. Lo anterior, para evitar el gasto de recursos en citaciones a juicio cuya realización no será posible por rebeldía.

5.1.9-Al solicitar dictámenes médicos u otro tipo de pericias, debe consignarse la fecha de debate, de ser ello posible, con el fin de que las respectivas solicitudes sean evacuadas en orden de prioridad, y así evitar suspensiones de debates a la espera de prueba técnica.

5.1.10-Es importante que se ponga a disposición de las juezas y los jueces penales del país, en forma efectiva, el Sistema de Información para la Administración Penitenciaria (SIAP), que contiene información sobre la situación jurídica e información penitenciaria de las personas que se encuentran descontando una sentencia condenatoria (centro donde se encuentra, si está en prisión preventiva, las penas pendientes, en otros aspectos). Esta información permitiría a los Despachos penales administrar mejor el tiempo para el señalamiento de audiencias y juicios.

5.2-Materia Contencioso Administrativa:

5.2.1-Respecto de las citaciones de personas testigos y peritos, debe estarse a lo dispuesto en el artículo 77 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y Civil de Hacienda, que establece que, una vez fijada la hora y fecha para la celebración del debate oral y público, cada parte debe citar y hacer comparecer sus testigos y peritos, para lo cual quedan a su disposición las cédulas de citación en el Despacho. Solo en los casos en que éstos no comparezcan y se demuestre previamente o durante el debate que la persona testigo o perito fue debidamente citado, el Tribunal ordenará su presentación por medio de la Fuerza Pública. Si en autos consta medio o lugar para localizar o notificar al perito, el Tribunal realizará la citación respectiva a juicio.

5.2.2-La jurisdicción contencioso administrativa requiere, para su acceso, de patrocinio letrado que le permita a las partes plantear sus demandas en forma debida. Así lo establece el CPCA en distintos artículos, a saber, 87, 100.2, 102.c, así como el 46 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y Civil de Hacienda. De forma que, en principio, debido a que el diligenciamiento testimonial es carga de la parte, les corresponde a éstas o a sus representantes, hacer llegar a las personas testigos y peritos a las audiencias donde sean requeridos; con las salvedades que establece ese mismo artículo, sobre la intervención de la fuerza pública y la actuación oficiosa del Tribunal cuando se cuenta con medio o lugar para localizar o notificar al perito.

5.2.3-Para enviar las gestiones, debe indicarse que la normativa aplicable a la materia contencioso administrativa establece plazos más cortos y flexibles en virtud de que los derechos que se protegen en el proceso contencioso administrativo -interés público, derechos fundamentales, justicia cautelar, entre otros-, así lo exigen. El artículo 143, inciso 4) establece que cuando se haya señalado la celebración de una audiencia oral para el recurso extraordinario de casación, la resolución que ponga en conocimiento la ampliación del recurso deberá ser notificada a la parte contraria, al menos con dos días hábiles de antelación. En los artículos 24 (plazo para la audiencia de medida cautelar) y 145 (plazo para suspensión de audiencia oral en recurso de casación); se establecen plazos de “hasta por tres días”, con lo que el plazo puede ser incluso menor a tres días.

5.2.4-En los artículos; 61 (plazo para subsanación de la demanda); 13.3 (plazo para oponerse a la intervención del coadyuvante); 24.1 (plazo de la audiencia sobre la solicitud de la medida cautelar); 25.2 (plazo para la ejecución de la medida cautelar ya dispuesta); 30 (plazo para interponer el recurso de apelación contra el auto que resuelve la medida cautelar); 47 (plazo de la audiencia para la acumulación de varios procesos); 50.2 (plazo de la audiencia de traslado de los documentos presentados después de la demanda y la contestación, y antes de concluida la audiencia preliminar); 132 (plazo para el recurso de revocatoria contra autos); 133 (plazo para el recurso de apelación); 159 (plazo para referirse y oponerse a la multa por incumplimiento de requerimientos del juez ejecutor); se establece un plazo de tres días para el cumplimiento del requerimiento respectivo. En el artículo 61 (plazo para subsanación de la demanda en procesos de trámite preferente) se establece un plazo de veinticuatro horas para la subsanación respectiva.

5.3-Materia de Familia:

5.3.1-En los Juzgados de Pensiones Alimentarias del país, la audiencia temprana se debe de realizar en un plazo no mayor de 10 días, de lo contrario deberán proceder conforme lo establece la Ley de Pensiones Alimentarias, por lo que en cada Jurisdicción deberán coordinar con la Defensa Pública, considerando los recursos con que cuentan para atender este tipo de asuntos.” (Hasta aquí transcripción textual de la Circular en comentario)

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Con mucho gusto, suscriptores de Master Lex nos pueden solicitar el envío por correo electrónico del texto completo, el cual también pueden ubicar a partir del presente mes de junio en su base de datos de Circulares del Poder Judicial.

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Colegio de Abogados propone reglamento para trabajadores independientes

Nos permitimos retransmitir el siguiente aviso:

“El Colegio de Abogados (as) propone

un reglamento para trabajadores independientes

El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, en defensa de sus agremiados y agremiadas, se encuentra en negociaciones con las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social para la aprobación de un reglamento que regule la afiliación obligatoria de los trabajadores independientes, profesionales en derecho, a esa institución.

Con la iniciativa, se busca el efectivo cumplimiento de lo señalado en la Ley de Protección al Trabajador, dentro de un marco claro y equitativo.

La propuesta contempla aspectos como:

• La contribución con base en renta neta derivada de las actividades de trabajo independiente de carácter territorial, excluyéndose rentas del capital, ganancias de capital y las rentas empresariales.

• Una cuota contributiva igual a la cuota obrera de los trabajadores asalariados.

• Un sistema de autoliquidación, en cuyo defecto se puede determinar de oficio con base en las declaraciones del impuesto sobre la renta.

Además, se contempla un periodo de prescripción de cuatro años y la condonación de intereses y multas a los abogados (as) que regularicen su situación en el plazo de seis meses, luego del cambio de normativa.

Se invita a las personas agremiadas a apoyar el proyecto acudiendo a las diferentes sedes regionales del Colegio a firmar los registros que se proveerán para tal efecto.s registros que se proveerán para tal efecto.”   (Hasta aquí transcripción textual del aviso)

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 Vamos a intentar obtener copia completa de esta propuesta de Reglamento del Colegio de Abogados para el mejor conocimiento de todos los estimados colegas.

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Nuevamente sobre la inscripción de abogados ante la SUGEF

Varias entidades bancarias han enviado avisos a sus clientes en estos días recordándoles la obligación de inscribirse ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) en caso de realizar algunas de las labores establecidas en los numerales 15 y 15 bis la Ley de  Estupefacientes.  Les recuerdan que cuentan con plazo máximo para ello hasta el próximo 30 del mes en curso.

El tema  ha causado preocupación pues en algunos casos se advierte que de no demostrarse el cumplimiento de esta obligación,  se procederá al cierre de las respectivas cuentas bancarias.

En el caso del Banco de Costa Rica se solicita incluso a todos aquéllos que no estén obligados a la inscripción ante la SUGEF , que completen una carta de descargo  y la remitan digitalmente con copia de su documento de identificación  a una dirección electrónica,  o bien la presenten en físico en la sucursal bancaria del BCR que les resulte más conveniente.

Relacionado con este mismo tema, el Colegio de Abogados envió también por correo electrónico un aviso con el título: “ICD recuerda obligatoriedad de registro de sujetos obligados según artículo 15 bis de la Ley 7786”

En su aviso, el Colegio establece lo siguiente:

  • Colegio insta a sus agremiados (as) involucrados a tomar las acciones pertinentes.

Mediante oficio O-UIF-599-2019, el ICD solicita al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica que se recuerde a sus agremiados (as) que  “la Ley No. 9449 del 11 de mayo de 2017, establece las categorías de sujetos obligados que deben atender las normas de prevención de lavado de dinero y contra el financiamiento al terrorismo en las profesiones independientes, en cuanta los abogados” de acuerdo con el mandato de inscripción en los términos del Acuerdo SUGEF 11-18 “REGLAMENTO PARA LA INSCRIPCIÓN Y DESINSCRIPCIÓN ANTE LA SUGEF DE LOS SUJETOS OBLIGADOS QUE REALIZAN ALGUNA O ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LOS ARTÍCULOS 15 Y 15 BIS DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, LEY 7786” (publicación en el Alcance No. 196 del 16 de noviembre del 2018.)

La nota también recuerda la obligación de las entidades financieras de velar porque el sujeto obligado se encuentre inscrito ante la SUGEF, de lo contrario no podrán prestar el servicio a sus clientes.  Así mismo, les recuerda su obligación de reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera, para lo cual deben registrarse en la plataforma “UIF Reportes” y habilitar su acceso a esta herramienta que se pone a disposición del sujeto obligado de manera gratuita en el siguiente enlace: https://apps.icd.go.cr/uifreportes/Autenticacion.aspx

Al 3 de mayo únicamente 45 sujetos obligados habían habilitado su registro.

Por este motivo, nuevamente solicitamos la colaboración del gremio para que los sujetos obligados cumplan adecuadamente con sus obligaciones de registro en la SUGEF y la habilitación del reporte de operación sospechosa en la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD y eviten, de esta manera, posibles sanciones.     Acuerdo Junta Directiva 2019-017-070″  (Tomado textualmente del aviso del Colegio de Abogados)

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Es importante comprender que el hecho de haber recibido estos avisos bancarios, no significa que el receptor de los mismos, esté necesariamente obligado a cumplir con la inscripción ante la SUGEF, debiendo por el contrario, analizar si las labores profesionales que desarrolla,  se enmarcan dentro de lo que la Ley dispone para los sujetos obligados.

Indispensable partir para esta determinación de lo dispuesto en el  artículo 15 bis de la Ley de Estupefacientes.  Nos permitimos transcribir a continuación, en lo conducente, únicamente lo referido a abogados y notarios así:

“Artículo 15 bis.-   Las personas físicas o jurídicas que desarrollen las siguientes actividades deberán cumplir las mismas obligaciones establecidas en los incisos del a) al i) del artículo anterior, conforme al alcance que sea compatible de acuerdo con su respectiva naturaleza, incluyendo el deber de inscripción ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) (…)  Estará sujeto a esta obligación quien desempeñe las siguientes actividades: (…) e) Las personas físicas y jurídicas, así como los abogados, los notarios y los contadores, exceptuando a los profesionales asalariados respecto de su patrono público o privado supervisado, cuando se disponen a realizar transacciones o realizan transacciones para sus clientes sobre las siguientes actividades:

i. La compra y venta de bienes inmuebles.

ii. La administración del dinero, las cuentas bancarias, los ahorros, los valores u otros activos del cliente.

iii. La operación, la administración de la compra y la venta de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas.”

Importante destacar que si bien en el art. 15 bis se mencionan  tanto a los “abogados” como a los “notarios” ,  encontramos que a estos segundos se les incluye también dentro de las regulaciones del numeral 15 ter.

Este artículo 15 ter empieza por establecer la creación de un Area de Prevención de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en la Dirección Nacional de Notariado; y de inmediato, repite casi con las mismas palabras lo dispuesto en el art. 15 bis pero esta vez referido, en forma exclusiva,  al ejercicio notarial:

Cuando los notarios públicos desarrollen las siguientes actividades:

i. La compra y venta de bienes inmuebles.

ii. La administración del dinero, las cuentas bancarias, los ahorros, los valores u otros activos del cliente.

iii. La operación, la administración de la compra y la venta de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas.” 

Verdaderamente la redacción de los numerales 15 bis y 15 ter no es la más feliz, en primer lugar por esa “doble regulación” que reciben los notarios y luego por la mención de “actos o actividades” que no parecieran corresponder a cada tipo de función.   Por ejemplo,  el caso de los abogados  (no notarios)  a los que se les señala la posibilidad de realizar “compraventas de inmuebles” , cuando sabemos que se requiere necesariamente de la investidura notarial para la formalización en escritura pública de este tipo de actos.  Y por el otro lado, se menciona como una actividad  a la que podrían dedicarse los notarios : “La administración del dinero, cuentas bancarias, ahorros, los valores u otros activos del cliente.“  siendo claro que esas no podrían considerarse funciones enmarcadas dentro del ejercicio notarial.

Lo que sí debe estar claro, partiendo de la literalidad de los artículos 15 bis y 15 ter de la Ley de Estupefacientes, es que cuando el profesional en Derecho realiza su labor como Notario, la supervisión corresponde a esta Area de reciente creación en la Dirección Nacional de Notariado.   De manera, que únicamente los profesionales en Derecho que ejercen la abogacía y no tienen la investidura de notarios son los llamados a inscribirse ante la SUGEF y siempre que se dediquen a alguna o algunas de las actividades descritas en los apartes i, ii y iii del artículo 15 bis anteriormente transcritos.

También está claro que la obligación de estos abogados de inscribirse ante la SUGEF inició en febrero pasado según se estableciera en la Circular Externa SGF-3559-2018, contando para ello con plazo hasta el 30 de junio del año en curso.

En la nota que publicamos en este mismo blog hace unas semanas resumimos un poco el Acuerdo SUGEF 11-18 denominado:  Reglamento para la inscripción y desinscripción ante la SUGEF de los sujetos obligados que realizan alguna o algunas de las actividades descritas en los artículos 15 y 15 bis de la Ley de Estupefacientes, Ley 7786 

Suscriptores de Master Lex encuentran el texto completo de esta regulación en su base de datos de Normativa.

La SUGEF ha puesto además a disposición de los interesados varios documentos y videos para facilitarles su inscripción,  únicamente en aquellos casos en los que estén efectivamente obligados a hacerlo:

https://www.sugefdirecto.sugef.fi.cr/Sitio/Portal/Inicio/MuestreAyudaSuscripcion

https://www.sugefdirecto.sugef.fi.cr/Sitio/Portal/Inicio/MuestreAyudaInformacionGeneral

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