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Lic. Silvia Pacheco. Editora General

Registro cancelará tramites de notarios inhabilitados

Con fecha 19 de noviembre, el Criterio DGL-017-2018 de la Dirección General del Registro Nacional, dirigido a las Direcciones de todos los Registros que integran esta institución, establece la obligación de los registradores de cancelar la tramitación de todas aquellas gestiones en las que se compruebe la existencia de documentos confeccionados por notarios que se encontraban inhabilitados al momento de su emisión.

Las escrituras públicas, los respectivos testimonios, razones notariales y  certificaciones o autenticaciones de firma necesarias para el trámite registral deberán haber sido emitidas por notarios habilitados.  De lo contrario, deberán los registradores cancelar la presentación al Diario de dichas tramitaciones o denegar los servicios solicitados (salidas del país, trámites con placas, etc).

“En el área de servicios no se expedirá documento alguno si la persona notaria autenticante,  responsable del otorgamiento del instrumento público, la expedición de su testimonio o certificación de interés, necesario (s) para dar curso al trámite solicitado, se encuentra inhabilitado. Se procederá a informar a la persona usuaria que esta situación impide, brindar el servicio y que la documentación será retenida para ser enviada como prueba con la denuncia que debe interponerse ante la Dirección Nacional de Notariado. En el área registraL se interpondrá de igual manera la denuncia, adjuntando la copia certificada del documento presentado para inscripción.” (Tomado textualmente del Critario Registral DGL-017-2018)

¿Qué deberán hacer las personas interesadas en las gestiones? 

Se dispone en la Circular en comentario que  de conformidad con el inciso b) del articulo 126 del Código Notarial, las partes que habiendo comparecido de buena fe a otorgar actos o contratos ante una persona fedataria inhabilitada, deberán acudir ante otro notario habilitado a fin de otorgar nuevamente los actos.  Muy importante que en dicho nuevo otorgamiento se reseñe lo acaecido con indicación de las citas de presentación del documento nulo, a fin de que los timbres e impuestos pagados en esa tramitación, sean aplicados a la nueva gestión.  Unicamente deberá pagarse la suma de 2,000 de Derechos de Registro en el nuevo otorgamiento.

“Para estos casos, la persona registradora encargada de la calificación del documento otorgado ante el notario (a) debidamente habilitado, comprobará tanto el pago minimo de los derechos de Registro indicados, además que se trata de las mismas partes y objeto contractual relacionados en el documento cuyas citas se cancelaron. De no mediar absoluta concordancia en estos aspectos, deberá consignar como defecto la falta de pago de dichos extremos, pudiendo incluso llevar a la cancelación de este otro asiento de presentación, en caso de no haber mediado el pago minimo de derechos de Registro establecido por la Ley Nº 4564 (Ley de Aranceles del Registro Público).” (Tomado textualmente del Criterio Registral DGL-017-2018)


Evidentemente es nuestra opinión que las partes deberán requerir del notario inhabilitado la devolución de las sumas pagadas por concepto de honorarios profesionales, y en caso de no acceder, recurrir ante el Colegio de Abogados o la Dirección Nacional de Notariado a formular la respectiva denuncia.

Causas de inhabilitación notarial

De conformidad con el artículo 13 del Código Notarial, los notarios públicos serán inhabilitados temporalmente cuando:

a) Sean suspendidos disciplinariamente por el órgano competente.

b) Surja algún hecho que conforme el artículo 4 impida el ejercicio de la función notarial, en tal caso, la suspensión se mantendrá mientras dure el impedimento.

c) Abandonen el país por más de seis meses. En esta circunstancia, la suspensión se mantendrá durante toda la ausencia.

d) Lo soliciten voluntariamente.

Entre las causales del artículo 4 que podrían causar la inhabilitación del notario transcribimos:

a) Las personas con limitaciones físicas o mentales que las inhabiliten para el ejercicio del notariado, salvo que demuestren mediante prueba extendida por la medicatura forense, su aptitud para desempeñar esta función.

b) Quienes se encuentren imposibilitados para tener oficina abierta al público.

c) Los condenados por delitos contra la propiedad, buena fe, administración de justicia, confianza pública o delitos relativos a la Ley sobre estupefacientes.

d) Quienes guarden prisión preventiva.

e) Las personas declaradas en quiebra, concurso civil o interdicción, mientras no sean rehabilitadas.

f) Quienes ejerzan cargos en cualquier dependencia del sector público, incluso en las estructuradas según modelos organizacionales del Derecho Privado, en los que se les prohíba el ejercicio externo del notariado.

g) Quienes no estén al día en el pago de las cuotas del Fondo de garantía de los notarios públicos, creado en esta ley.

Finalmente la no presentación de los índices notariales o el incumplimiento de otras obligaciones dispuestas en el Código Notarial y en los Lineamientos para el Ejercicio Notarial, también son causales para el inicio de procedimientos administrativos de inhabilitación por parte de la DNN.

En la página web de la Dirección Nacional de Notariado pueden las personas interesadas en requerir los servicios de un notario comprobar que se encuentre debidamente habilitado de previo al inicio del trámite:

http://consulta.dnn.go.cr/servicioenlinea/controlpanel/notarios/Busqueda.aspx

 

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Registro de Muebles exige marchamo 2019 para tramitación de actos

Desde ayer, lunes 3 de diciembre, el Registro de Muebles está exigiendo la cancelación del marchamo 2019 como requisito de admisibilidad en la tramitación de documentos relativos a vehículos automotores.

Según Circular No. CIR-007-2012 de este Registro, publicada la última vez en el año 2012, este requisito de cumplir con el pago del marchamo  a partir del primero de diciembre cada año, a pesar de contar los propietarios con tiempo para ello hasta el 31 de diciembre, se fundamenta en los artículos 18 y 196 de la Ley de Tránsito No. 7088, así como en el art. 9 de la Ley 7088 y el los arts. 12 y 45, inciso e) del Reglamento de Organización del Registro Público de la Propiedad Mueble.  Encontrándose contenido el pago del impuesto a la propiedad de bienes muebles dentro del marchamo,  y dado que según el art. 9 de la Ley 7088, ese pago inicia el 1 de diciembre cada año, deben los interesados en inscribir trámites en el Registro,  cumplir con esta obligación como requisito de admisibilidiad.

Igualmente la Sala Constitucional ratificó el cumplimiento de este requisito en sus votos 7000-95 , 0437-1996 , 306-97 y 2002-00732.

Es importante constatar con cuidado,  a partir de hoy, los valores fiscales de los automotores a efecto de realizar la correcta tasación de timbres e impuestos.  Hicimos varias pruebas y los resultados son distintos entre los valores que aparecen en la plataforma del Registro  (www.rnpdigital.com)  y los que el Ministerio de Hacienda estableció para el período 2019.

Siendo necesario el pago del marchamo del 2019 para la inscripción de estos actos,  pueden los notarios  obtener el dato en forma fehaciente,  del valor fiscal que aparece impreso directamente en los respectivos comprobantes de pago o bien en la plataforma del INS.

No resulta necesaria la presentación física del  respectivo comprobante de cancelación del marchamo,  pues dicha información consta en el sistema que los registradores consultan al momento de realizar la calificación de los documentos.  Solamente deberán presentar el comprobante físico de pago o bien copia certificada de dicho comprobante, quienes tramiten los siguientes actos:

»Reinscripciones

»Maquinaria de obra pública

»Buses ensamblados en territorio nacional

»Vehículos para zonas francas de exportación

»Vehículos importados antes del 10 de noviembre de 1993

»Bienes caídos en comiso

»Donaciones del IMAS

En estos últimos casos al no constar la información del pago en el sistema respectivo, deben los Registradores verificar el cumplimiento de la medida con vista del comprobante físico.

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En consulta pública: proyecto de resolución sobre Registro de Accionistas

Se encuentra disponible en la página web del Ministerio de Hacienda, un proyecto de  Resolución de Alcance General relativo al Registro de Accionistas y Beneficiarios Finales. (Ver texto completo)

El proyecto de resolución es emitido en forma conjunta por el Instituto Costarricense sobre Drogas, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Costa Rica.   Próximamente será publicado en La Gaceta, corriendo a partir de ese momento un plazo de diez días para que las entidades representativas de intereses de carácter general o corporativo que pudieren afectarse con la resolución, formulen sus observaciones al texto.

Se aclaran con esta propuesta, muchas de las inquietudes que en los últimos días surgieron después de varios avisos publicados en medios de circulación nacional así como en La Gaceta, en los que se conminaba a  representantes legales específicos de las sociedades y otras entidades a obtener el respectivo certificado de firma digital, necesario para la utilización de la plataforma electrónica que permitirá el cumplimiento de esta nueva obligación. (Ver nuestra nota en este mismo blog)

Nos permitimos a continuación resumir algunos de los aspectos que más nos han estado consultando sobre el tema.  Sugerimos la lectura completa del documento a fin de tener una visión más comprensiva de lo que esta nueva obligación societaria va a implicar para muchas entidades en el país.

Calendario para cumplimiento de la obligación / Registro de Accionistas

A partir de marzo de 2019 inicia la obligación para las distintas entidades jurídicas de cumplir con el registro de accionistas y beneficiario finales.   Para ello, las personas que a continuación se indican, para cada tipo de entidad, deberán contar necesariamente con un certificado válido de firma digital (firma digital)

Sociedades anónimas                                                      Presidente

Sociedades de responsabilidad limitada                     Gerente y subgerente

Sociedades en nombre colectivo                                   Administrador

Sociedades en comandita                                                  Gerente

Sucursales de sociedades extranjeras                              Apoderado generalísimo

Empresas individuales de responsabilidad limitada      Gerente

Sociedades civiles                                                            Administradores

El cumplimiento de la obligación se llevará a cabo de manera paulatina tomando en cuenta el número de finalización de las cédulas jurídicas de las entidades obligadas a cumplir con el registro así:

Marzo 2019      Cédulas jurídicas terminadas en 0

Abril 2019         Cédulas jurídicas terminadas en 1

Mayo 2019         Cédulas jurídicas terminadas en 2

Junio 2019        Cédulas jurídicas terminadas en 3

Julio 2019          Cédulas jurídicas terminadas en 4

Agosto 2019        Cédulas jurídicas terminadas en 5

Setiembre 2019  Cédulas jurídicas terminadas en 6

Octubre 2019       Cédulas jurídicas terminadas en 7

Noviembre 2019  Cédulas jurídicias terminadas en 8

Diciembre 2019   Cédulas jurídicas terminadas en 9

¿Qué hacer en caso de que el personero obligado a cumplir con el registro de accionistas tenga impedimento material para obtener certificado de firma digital?

En caso de impedimento material para que el representante legal del obligado pueda utilizar la plataforma para el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, se ofrecen dos alternativas:

1.-. Que se autorice a otra persona, con facultades suficientes, para que sea quien utilice la plataforma,  para lo cual deberán solicitarle a un notario público que certifique la condición de esa personas  autorizada directamente dentro del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales.

Este requisito deberá realizarse cada vez que actúen personas físicas distintas del personero designado por ley para cumplir con esta obligación.

2. Otorgamiento de un poder especial mediante escritura pública ante notario a fin de que la persona jurídica autorice a una persona física a cumplir con todas las obligaciones de la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal y el Reglamento del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales correspondientes al período vigente.

El notario público que certifique lo indicado en el inciso “a” anterior deberá dar fe por medio de una funcionalidad que estará disponible en el sistema.  En el caso, del poder especial, deberá adjuntar en el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, el testimonio digital respectivo, consignando los siguientes datos:

1. Número de identidad del notario público.
2. Número de cédula jurídica de la persona jurídica obligada.
3. Número de identidad de la persona física que figura como representante legal.
4. Número de identidad de la persona física autorizada.
5. Número de la escritura pública con referencia al folio y tomo del protocolo en donde haya quedado impreso el poder especial, o cuando corresponda, el número de certificación digital.
6. Especificación de la vigencia del poder otorgado (en el caso del poder especial)

Inscripción previa en el portal de los personeros llamados a cumplir con la obligación 

Para cumplir con la declaración de los accionistas y beneficiarios finales,  el representante legal o autorizado de cada persona jurídica, deberá registrarse  previamente en la plataforma denominada Central Directo del Banco Central de Costa Rica, la cual estará disponible para ello a partir del mes de enero entrante.

Objetivo de la declaración del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales

Identificar la totalidad de las participaciones de la persona jurídica así como a los beneficiarios finales y a las personas que ejercen control de los sujetos obligados de acuerdo con la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal.

Periodicidad de la obligación de declarar los accionistas y beneficiarios finales

La periodicidad dependerá del tipo de declaración. :

1.- Declaración ordinaria: Una vez al año, del primero al treinta de abril. (Las personas jurídicas que se constituyan con posterioridad a la fecha de cumplimiento de la declaración ordinaria, deberán suministrar la información dentro de los veinte días hábiles siguientes a que completen el proceso de constitución en el Registro Nacional.)

2. Declaración extraordinaria: Dentro de los quince días hábiles contados a partir de la fecha de la anotación en el libro respectivo, que constate que alguno de los propietarios de las participaciones igualó o superó el quince por ciento del total de las participaciones de la clase que se registra, ya sean comunes, preferentes u otras.

Sanción en caso de incumplimiento 

El incumplimiento de lo dispuesto en esta resolución, en la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal y el Reglamento del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales podrá ser sancionado de acuerdo a lo establecido en el artículo 84 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, a saber,  una multa pecuniaria proporcional del 2% de la cifra de los ingresos brutos de la persona jurídica o estructura jurídica, en el período del impuesto sobre las utilidades, anterior a aquel en que se produjo la infracción, con un mínimo de tres salarios base y un máximo de cien salarios base.

 

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Ampliaciones del plazo social deberá tramitarse antes del vencimiento

A partir de hoy,  tanto el acta de las Asambleas de Socios en la que se acuerde la ampliación del plazo social,  como la protocolización de dicha acta, y la presentación del testimonio respectivo al  Diario del Registro deberán producirse – necesariamente- antes del vencimiento de dicho plazo.

Así se encuentra establecido en la Directriz D.P.J.-001-2018 del Registro de Personas Jurídicas publicada ayer en La Gaceta.

Como justificación de la medida se establece la necesidad de “…. optimizar  la calidad y exactitud en la calificación e inscripción de documentos correspondientes a este Registro, así como evitar inconsistencias en la calificación e inscripción de las personas jurídicas, garantizando seguridad jurídica y así lograr que la publicidad brindada sea conforme a la literalidad de los documentos, debidamente ajustados a Derecho,..”

Se citan como respaldo jurídico los siguientes tres numerales, el primero del Código Civil y los siguientes dos, del Código de Comercio:

ARTÍCULO 34.—La entidad jurídica de la persona física termina con la muerte de ésta; y la de las personas jurídicas cuando dejan de existir conforme a la ley.”

ARTÍCULO 201.—Las sociedades se disuelven por cualquiera de las siguientes causas:
a) El vencimiento del plazo señalado en la escritura social;”
Aunado a lo anterior, el enunciado 206 del mismo cuerpo normativo reitera:

ARTÍCULO 206.—En el caso del inciso a) del artículo 201, la disolución de la sociedad se realizará por el solo vencimiento del plazo fijado en la escritura.”

Toda sociedad se encuentra disuelta de pleno derecho desde el momento en que expira su plazo social.

“Por lo anterior y acorde al principio de publicidad registral, a toda entidad jurídica que se quiera realizar una ampliación del plazo social, tanto el acuerdo de ampliación tomado por los socios, así como el documento en que se protocolice el acta que autorice dicha prórroga, deberá necesariamente ser presentada a este Registro previo al vencimiento del plazo social inscrito y publicitado, esto con la finalidad de no se afecten los intereses de terceras personas y en aplicación de los efectos constitutivos que rigen este Registro.”

Consultamos al Registro de Personas Jurídicas si también el aviso que se publica en La Gaceta informando de la ampliación del plazo social, tendría que producirse antes del vencimiento del mismo y nos indicaron que si el documento presentado no cumple con los requisitos establecidos, será calificado como defectuoso y el notario autorizante deberá subsanar los defectos apuntados dentro del término establecido en el artículo 468 inciso 5 del Código Civil.

Por consiguiente a partir de ahora será muy importante que se lleve un control estricto de los plazos de vencimiento de las sociedades a fin de poder tramitar su ampliación, en caso de así desearlo los accionistas, con suficiente anticipación.

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Facturas electrónicas no constituyen documento idóneo para cobro judicial

En el voto No. 828-1C del Tribunal Primero Civil, de las 13:40 hrs del pasado 6 de julio, se establece que las facturas electrónicas no constituyen documentos idóneos para el reclamo de obligaciones dinerarias a través de procesos monitorios de cobro.

Transcribimos a continuación algunos de los argumentos del Tribunal ad quem en su resolución:

“…. la factura electrónica se encuentra regulada para efectos tributarios. De esta manera, lo que se persigue es satisfacer el interés fiscal, pero sin afectar el marco legal que regula la factura en el numeral 460 del Código de Comercio, que es el que en definitiva determina las condiciones y requisitos de validez de la factura de crédito. (…) El que emite la factura electrónica es el obligado tributario frente al Fisco mientras que el beneficiario de la compraventa o prestación del servicio no participa en la emisión de dicha factura, siendo un tercero ajeno a la primera relación jurídica descrita que existe entre el emisor y la Administración Tributaria. Dicho de otro modo; y relacionándolo con el caso concreto; la emisión de las facturas tiene efectos directos frente a la Administración Tributaria, pero no frente al demandado de este proceso quien no participó en la creación o emisión de las facturas que se pretende cobrar en el presente proceso. Por ese motivo dichos documentos no son idóneos para el cobro de las obligaciones dinerarias que regula la Ley de Cobro Judicial, mediante el proceso monitorio dinerario. 

SOBRE EL PROCESO MONITORIO DINERARIO: Al no contar los documentos con la firma del demandado, para acceder a esta vía de cobro judicial, los mismos deben tener la condición de titulo ejecutivo, condición que debe estar dada únicamente por el legislador.  Referido al tema, es menester indicar que existen dos tipos de documentos regulados por la Ley de Cobro Judicial para optar por la vía del proceso monitorio; por un lado tenemos aquellos que emanan propiamente del deudor, los cuales deben contar en forma indubitable con su firma (lo que no ocurre en el caso concreto), sin que sea requisito para acudir a esta vía que el documento constituya o no título ejecutivo, siendo suficiente que contengan una obligación dineraria líquida y exigible, y por otro lado tenemos aquellos documentos que la propia ley les ha dado el rango de títulos ejecutivos en los cuales no es necesario en todos los casos La firma del deudor, ejemplo de ellos las certificaciones de contador público autorizado reguladas en el artículo 611 del Código de Comerció, ° aquellas emitidas por algunas instituciones públicas que contienen algún tipo de obligación no pagada por el demandado entre otros.

SOBRE LA RESERVA DE LEY EN LA CREACIÓN DE TÍTULOS EJECUTIVOS: Sobre la creación de títulos ejecutivos; claro está que existe reserva de ley, solo el legislador tiene la potestad de hacerlo como se indicó anteriormente. Aunque no sucede en el caso de marras, y solo a modo de ejemplo, sería impensable entonces, que por medio de una resolución dictada por la Dirección General de Tributación Directa como la citada líneas atrás, pueda darse ese carácter de título ejecutivo a un documento, ya que el legislador es el único soberano para ello. La factura como documento idóneo para el cobro en esta vía se encuentra regulada por el numeral 460 del Código de Comercio y la resolución citada por el recurrente emitida por la Dirección General de Tributación Directa de ninguna maneta podría complementar el contenido de tal norma. Dicho lo anterior, se concluye que entratándose de un documento al cual no se le ha dado el rango de título ejecutivo por medio de la ley, como ocurren en el caso bajo estudio, es indispensable que mismo cuente con la firma del deudor, por lo que no es posible extender los efectos de una resolución como la que citada a fin de dotar de ejecutividad a esos documentos. (…) En definitiva, en este momento no existe ley que confiera el carácter de título ejecutivo a la factura electrónica, ni tampoco los documentos base de este proceso se encuentran firmados por las demandadas; supuestos necesarios para acudir a la vía del monitorio dinerario. ”   (Tomado en lo conducente del voto No. 828-1C del Tribunal Primero Civil.  Subrayado no es del original)

Si bien este voto hace referencia a la Ley de Cobro Judicial derogada al entrar en vigencia el nuevo Código Procesal Civil el pasado 8 de octubre, nos parece que lo dispuesto por el Tribunal Primero Civil sigue resultando aplicable a las regulaciones actuales dispuestas en el artículo 111 que transcribimos a continuación para su mejor conocimiento:

Artículo 111.- Monitorio dinerario.  El documento en el que se funde un proceso monitorio dinerario deberá ser original, copia firmada o estar contenido en un soporte en el que aparezca como indubitable quién es el deudor mediante su firma o cualquier otra señal equivalente.

Por consiguiente, es importante que los comerciantes tomen en cuenta que si bien están obligados a cumplir con la facturación electrónica para efectos tributarios, deberán imprimir dichas facturas y obtener en ellas la firma del deudor como respaldo de la venta de sus servicios o bienes, y para poder acudir, eventualmente, a la vía del proceso monitorio dinerario.

Suscriptores de Master Lex que requieran el texto completo del voto en comentario nos lo pueden solicitar a través del correo electrónico:   legal@masterlex.com

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Nuevamente sobre la rotulación de escritos judiciales

En  mayo pasado se publicó en La Gaceta,  la Circular 48-2018 del Consejo Superior del Poder Judicial relativa al deber de rotulación de escritos judiciales en los procesos civiles, cobratorios y concursales.    (Ver nota)

Esta semana aparece en el Diario Oficial una nueva Circular No. 128-2018 reiterando lo dispuesto en la de mayo, pero con la mención expresa del listado de tipificaciones de escritos que anteriormente se había omitido.

“Se reitera lo acordado por el Consejo Superior del Poder Judicial en sesión N° 29-18 celebrada el 12 de abril de 2018, artículo LXXIII, que dispuso en adelante que los usuarios que presenten escritos relacionados con la materia civil, cobratoria y concursal, deberán rotular debidamente los escritos que dirijan a los distintos Juzgados de esa jurisdicción de todo el país, indicando la gestión principal y accesoria que los mismos contienen.   Lo anterior con la finalidad de que las Oficinas de Recepción de Documentos de los distintos Circuitos Judiciales del país, al ingresar el escrito al sistema institucional CEREDOC, identifiquen el tipo de gestión que corresponda.

En caso que el interesado presente el escrito directamente por el sistema de Gestión en Línea, deberá utilizar la tipificación que corresponda a la gestión que se efectúa.

El usuario será responsable del atraso que pueda ocasionar en la atención de su gestión si no rotula O TIPIFICA DEBIDAMENTE los escritos que se presenten ante las Oficinas de Recepción de Documentos, rotularlos con una gestión incorrecta, o de utilizar una identificación que no corresponda en el Sistema de Gestión en Línea.

En lo posible procurará no acumulará distintas gestiones en los escritos y en caso de hacerlo, incluirá una descripción de las demás gestiones.

Esta medida agilizará y facilitará la identificación de las gestiones y con ello el trámite en los distintos procesos en beneficio del usuario.”  (Tomado textualmente de la Circular 128-2018 del Consejo Superior del Poder Judicial)

Suscriptores de Master Lex con mucho gusto les haremos llegar el listado de tipificaciones incluido en la Circular en comentario.  Nos lo pueden solicitar al correo  legal@masterlex.com

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Corte Suprema retendrá 2% de honorarios que pague a abogados

A partir del próximo 1 de diciembre, la Corte Suprema de Justicia deberá efectuar la retención del dos por ciento (2%) sobre las sumas que por concepto de honorarios pague, acredite o en cualquier otra forma ponga a disposición de los Auxiliares de la Administración de Justicia, tales como peritos, ejecutores, intérpretes, curadores concursales y traductores de idiomas y de Lengua de Señas Costarricense (LESCO), y similares, así como sobre las sumas por concepto de los honorarios a cargo de alguna o varias de las partes, cuyo giro se ordene a favor de los abogados intervinientes en procesos judiciales.

Así se encuentra establecido en el art. 1 de la resolución DGT-R-044-2018 de la Dirección General de Tributación publicada ayer en La Gaceta.   (Suscriptores de Master Lex con mucho gusto les brindamos el texto completo a través de nuestro email legal@masterlex.com )

Dispone la resolución en comentario que las retenciones se practicarán en la fecha en que se efectúe el pago respectivo.  Serán consideradas como un pago a cuenta del impuesto sobre la renta que le corresponda cancelar al sujeto pasivo que soporta la retención. Dicho sujeto pasivo de la retención podrá solicitar la aplicación del pago a cuenta en la cancelación del impuesto sobre la renta del período correspondiente al de la retención, o podrá compensar las sumas retenidas con uno o varios de los pagos parciales de dicho impuesto.

La Corte Suprema de Justicia estará obligada a declarar y pagar las sumas correspondientes durante los primeros quince días naturales del mes siguiente a aquel en que se efectúe la retención utilizando para ello el formulario D-103 de “Declaración jurada de retenciones en la fuente del 2%- impuesto a las utilidades”.

El sujeto pasivo podrá rectificar sus declaraciones tributarias con posterioridad a la presentación de las declaraciones iniciales, de conformidad con el artículo 130 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

En caso de incumplimiento de lo establecido en la presente resolución, se aplicará el régimen sancionatorio regulado en los artículos 80 bis, 83 y 86 del Título III, Hechos Ilícitos Tributarios del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, según corresponda.

Transcribimos a continuación, para su mejor conocimiento, el texto de dichos numerales:

Artículo 80 bis.- Morosidad en el pago del tributo

Los sujetos pasivos que paguen los tributos determinados por ellos mismos, después del plazo fijado legalmente, deberán liquidar y pagar una multa equivalente al uno por ciento (1%) por cada mes o fracción de mes transcurrido desde el momento en que debió satisfacerse la obligación hasta la fecha del pago efectivo del tributo. Esta sanción se aplicará, también, en los casos en que la Administración Tributaria deba determinar los tributos por disposición de la ley correspondiente.

Esta sanción se calculará sobre la suma sin pagar a tiempo y, en ningún caso, superará el veinte por ciento (20%) de esta suma. No se aplicará la sanción ni se interrumpirá su cómputo cuando se concedan los aplazamientos o fraccionamientos indicados en el artículo 38 del presente Código.

Artículo 83.- Incumplimiento en el suministro de información 

En caso de incumplir totalmente o parcialmente en el suministro de información dentro del plazo determinado por la ley, el reglamento o la Administración Tributaria, se aplicará una sanción equivalente a una multa pecuniaria proporcional del dos por ciento (2%) de la cifra de ingresos brutos del sujeto infractor

Artículo 86.- Infracciones que dan lugar al cierre de negocios 

La Administración Tributaria queda facultada para ordenar el cierre, por un plazo de cinco días naturales, del establecimiento de comercio, industria, oficina o sitio donde se ejerzan la actividad o el oficio, en el cual se cometió la infracción, para los sujetos pasivos o declarantes que reincidan en no emitir facturas ni comprobantes debidamente autorizados por la Administración Tributaria o en no entregárselos al cliente en el acto de compra, venta o prestación del servicio.

Se considerará que se configura la reincidencia cuando se incurra, por segunda vez, en una de las causales indicadas en el párrafo anterior, dentro del plazo de prescripción. Podrá aplicarse la sanción de cierre una vez que exista resolución firme de la Administración Tributaria o resolución del Tribunal Fiscal Administrativo que impone la sanción prevista en el artículo 85 de este Código a la primera infracción y, una vez que tal resolución firme exista respecto de la segunda infracción, pero sí podrán iniciarse los procedimientos por la segunda infracción, aun cuando no haya concluido el de la primera. Aplicado el cierre por reincidencia, el hecho anterior no será idóneo para configurar un nuevo supuesto de reincidencia.

También se aplicará la sanción de cierre por cinco días naturales de todos los establecimientos de comercio, industria, oficina o sitio donde se ejerza la actividad o el oficio, de los sujetos pasivos que, previamente requeridos por la Administración Tributaria para que presenten las declaraciones que hayan omitido, o ingresen las sumas que hayan retenido, percibido o cobrado; en este último caso, cuando se trate de los contribuyentes del impuesto general sobre las ventas y del impuesto selectivo de consumo, que no lo hagan dentro del plazo concedido al efecto.

La imposición de la sanción de cierre de negocio no impedirá aplicar las sanciones penales.

La sanción de cierre de un establecimiento se hará constar por medio de sellos oficiales colocados en puertas, ventanas u otros lugares del negocio.

En todos los casos de cierre, el sujeto pasivo deberá asumir siempre la totalidad de las obligaciones laborales con sus empleados, así como los demás beneficios sociales a cargo del patrono.

La sanción de cierre de negocio se aplicará según el procedimiento ordenado en el artículo 150 de este Código.

La Administración, a la hora de aplicar el cierre, desconocerá cualquier traspaso, por cualquier título, del negocio o del establecimiento que se perfeccione luego de iniciado el procedimiento de cierre del negocio, por lo que el local podrá ser cerrado si llega a ordenarse la sanción, con independencia del traspaso.

Quien adquiera un negocio o establecimiento podrá solicitar a la Administración Tributaria una certificación sobre la existencia de un procedimiento abierto de cierre de negocios, el cual deberá extenderse en un plazo de quince días. Transcurrido tal plazo sin haberse emitido la certificación, se entenderá que no existe ningún procedimiento de cierre incoado salvo que el negocio sea calificado de simulado en aplicación del artículo 8 de este Código.

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Sobre la condonación de intereses y multas por parte de las Municipalidades

El pasado 9 de octubre se publicó en La Gaceta, la Ley N° 9587  con el objeto de brindarle a la totalidad de municipalidades del país, un marco jurídico que les permita, en caso de estimarlo conveniente,  condonar intereses, recargos y multas en relación al pago del impuesto sobre bienes inmuebles, tasas y servicios municipales, etc.   (Ver nota en este mismo blog)

Corresponde a cada concejo municipal, de conformidad con sus condiciones particulares, la decisión de si se acoge o no a lo preceptuado en dicha ley.

Muchos estimados lectores nos han estado consultando si tenemos información sobre las municipalidades que ya puedan haber acordado este tipo amnistías.   Ayer, una estimada participante de este foro, nos puso al corriente de la condonación de intereses y multas que la Municipalidad de Moravia estableció por un plazo de seis meses iniciando el pasado 30 de octubre hasta el 30 de abril de 2019.     Interesados en conocer sobre otras amnistías deberán consultarlo directamente en  las respectivas Municipalidades.

Lo que sí se publicó en La Gaceta el pasado viernes 16 de noviembre, fue la Ley 9535 mediante la cual la Municipalidad de Corredores acuerda también una amnistía en cuanto a intereses y multas acumulados.  Sin embargo, esta norma no se produce como consecuencia de la Ley  9587 anteriormente mencionada, toda vez que fue aprobada en abril del presente año.

 

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