POWERED BYmaster lex

Lic. Silvia Pacheco. Editora General

Nueva resolución sobre Registro de Accionistas aclara dudas sobre esta obligación

Aparece hoy en el Diario Oficial La Gaceta, una Resolución Conjunta de Alcance General para el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales emitida por la Dirección General de Tributación y el Instituto Costarricense sobre Drogas.

Suscriptores de Master Lex interesados en conocer el texto completo nos lo pueden solicitar a la dirección legal@masterlex.com

Nos permitimos destacar a continuación los siguientes puntos:

  1.  Suministro de la información podrá hacerse por  parte de apoderados

Este es un tema que ha generado mucha preocupación, en especial para aquellas sociedades cuyos representantes legales son extranjeros  o adultos mayores o personas con alguna discapacidad a las que se les dificultaba  gestionar la obtención y manejo de sus respectivos certificados de firma digital, indispensable para la utilización de la plataforma respectiva.

Para la tranquilidad de muchos encontramos que se dispone en esta nueva resolución:  “…el suministro de información al Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales podrá hacerse mediante un único apoderado, que debe ser una persona física con facultades suficientes para el acto, lo que tendrá que acreditarse por medio de un notario público. En caso que se acredite mediante un poder especial, este debe ser otorgado en escritura pública. “

Corresponderá a los notarios públicos ingresar a la plataforma para, a través de una funcionalidad específica para ello, “registrar”  esos apoderados autorizados de previo a que los mismos puedan cumplir con la obligación.

Evidentemente los notarios deberán contar para ello con un certificado válido de firma digital.

2. Pre-registro en el portal Central Directo 

Para cumplir con las obligaciones del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, el representante legal o apoderado de cada persona jurídica, deberá realizar el proceso de suscripción de la persona jurídica dispuesto para este registro en el sitio web Central Directo del Banco Central de Costa Rica: https://www.centraldirecto.fi.cr

3.  Calendario presentación declaración ordinaria 2019 

Para la declaración ordinaria del período 2019, que corresponde al primer año de suministro de información, los sujetos obligados deberan realizar las declaraciones de acuerdo con la siguiente cronología:

Setiembre 2019      Cédulas jurídicas terminadas en 0 y 1

Octubre 2019           Cédulas jurídicas terminadas en 2 y 3

Noviembre 2019     Cédulas jurídicias terminadas en 4 y 5

Diciembre 2019       Cédulas jurídicas terminadas en 6 y 7

Enero 2010              Cédulas jurídicas terminadas en 8 y 9

Se tendrán por posibles incumplidores los sujetos obligados que al 31 de enero de 2020 no hayan realizado la respectiva declaración o no sea posible determinar los beneficiarios finales. Una vez definida la lista de incumplidores se pondrá a disposición de las autoridades respectivas.

4. Personas obligadas a presentar declaración

Sociedades anónimas                                       Presidente

Sociedades de responsabilidad limitada     Gerente y subgerente

Sociedades en nombre colectivo                   Administrador

Sociedades en comandita                                Gerente

Sucursales de sociedades extranjeras           Apoderado generalísimo

Empresas individuales de responsabilidad limitada   Gerente

Sociedades civiles                                            Administradores

5. Objetivo de la declaración del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales

Identificar la totalidad de las participaciones de la persona jurídica, así como a los beneficiarios finales y a las personas que ejercen control de los sujetos obligados de acuerdo con la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal.

6. Determinación de los beneficiarios finales

El sistema desarrollado por el Banco Central de Costa Rica determinará de forma automática los beneficiarios finales por participación o derecho a voto, ya sea de forma directa o a través de la combinación de declaraciones,  además considerará otros tipos de control establecidos en el artículo 5 de la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal.

7. Información para completar la declaración:

Los representantes legales de los sujetos obligados o los apoderados debidamente autorizados en el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, deberán suministrar la información que se detalla en el Anexo Único de la resolución en comentario.  Los datos declarados tendrán para todos los efectos legales carácter de declaración jurada. Dentro de la información a suministrar, siempre debe identificarse al menos una persona física como beneficiario final.

8. Plazo para la presentación de la declaración:

Los obligados presentarán la declaración de conformidad con los lineamientos establecidos en la presente resolución de acuerdo con el siguiente detalle:

a. Declaración ordinaria: Una vez al año, del primero al treinta de abril. Las personas jurídicas que se constituyan con posterioridad a la fecha de cumplimiento de la declaración ordinaria deben suministrar la información dentro de los veinte días hábiles siguientes a que completen el proceso de constitución en el Registro Nacional.

b. Declaración extraordinaria: Dentro de los quince días hábiles contados a partir de la fecha de la anotación en el libro oficial en el que se registren estos datos y se constate que alguno de los propietarios de las participaciones igualó o superó el quince por ciento del total de las participaciones de la clase que se registra, ya sean comunes, preferentes u otras.

9. Acuse de recibo:  

Finalizado el proceso de la declaración el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales enviará un acuse de confirmación de la recepción de la información al correo electrónico suministrado por el representante legal o apoderado.

Si el obligado no recibe el acuse de recibo durante el día en que suministró la información, deberá considerarla como no presentada y por lo tanto, deberá hacerla de nuevo hasta que se logre presentar de forma exitosa.

10. Sanción:

El incumplimiento a lo dispuesto en la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, el Reglamento del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales o esta resolución podrá ser sancionado de acuerdo a lo establecido en el artículo 84 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que en lo que interesa dispone:

“La Dirección General de Tributación impondrá al obligado que incumpla el suministro de información establecido en el capítulo denominado “Transparencia y beneficiarios finales de las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas”, de la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, una multa pecuniaria proporcional del dos por ciento (2%) de la cifra de los ingresos brutos de la persona jurídica o estructura jurídica, en el período del impuesto sobre las utilidades, anterior a aquel en que se produjo la infracción, con un mínimo de tres salarios base y un máximo de cien salarios base.”

……………………………………..

¿Multa pecuniaria por incumplimiento en casos de sociedades inactivas o sin ingresos?

Sobre este último punto, elevamos la consulta a la Dirección General de Tributación en relación a las sociedades inactivas o todas aquellas organizaciones que no generan ingresos.

Partiendo de lo que dispone el numeral 84 bis transcrito, la multa pecuniaria por incumplimiento del Registro de Accionistas consiste en el 2% de los ingresos brutos  que la persona jurídica haya generado en el período anterior, con un monto mínimo equivalente a tres salarios base y uno máximo de cien salarios base.

Nos parece que tratándose de materia tributaria no podría interpretarse que deba aplicarse a estas personas jurídicas sin ingresos, el monto mínimo de tras salarios base.   En nuestra opinión tendría que encontrarse expresamente regulada en la norma.

Esperamos obtener una pronta respuesta por parte de la DGT para poderles comunicar.

 

 

7

Ya se publicaron en La Gaceta acuerdos recientes del Consejo Superior Notarial

Se publicó en el Diario Oficial La Gaceta Alcance 57 del 15 de marzo del año en curso, el acuerdo firme 2019-003-007 del Acta 2019-003 del Consejo Superior Notarial mediante el cual se aprobaron nuevas POLITICAS DE FISCALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO.

Y en La Gaceta número 59 del 25 de marzo, se publicó el acuerdo firme 2019-003-007 del Acta 2019-003 que consiste en Reforma de los artículos  8, 28, 29, 35, 82, 83 Y 84 de los “LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DEL SERVICIO NOTARIAL”

Sobre el particular publicamos en este mismo blog algunas notas que pueden ser de su interés:

Nuevas políticas de fiscalización del ejercicio notarial

Sobre los nuevos Lineamientos para el Ejercicio Notarial

 

Reforman Lineamientos para el Ejercicio y Control del Servicio Notarial

 

0

En consulta pública: nuevas regulaciones cumplimiento Ley de estupefacientes

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) publicó el pasado 14 de marzo, un proyecto de Reglamento para la prevención del riesgo de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas. También puso en conocimiento los Lineamientos para la aplicación de este mismo reglamento.  Se confirieron diez días hábiles para que los gremios y personas interesadas hagan llegar sus observaciones.

Si bien se publicó en abril del año pasado,  el Decreto Ejecutivo No. 41016-MP-MH-MSP-MJP denominado Reglamentación de los artículos 15 bis y 15 ter de la Ley 7786, Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo,  el CONASSIF estimó necesario emitir “… la reglamentación prudencial sobre la materia regulada en las citadas normas, que defina responsabilidades y obligaciones para el sujeto que realiza alguna o algunas de las actividades descritas en los artículos 15 y 15 bis de la Ley 7786 y sus reformas.”

Nos permitimos transcribir a continuación algunos de los temas que aquellos abogados que se dediquen a las labores establecidas en el art. 15 bis, tendrían que cumplir so pena de ser sancionados.   Es claro que estas disposiciones no aplicarían a los notarios, quienes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 ter serán supervisados directamente por la DNN y el Area de Prevención especialmente creada a estos efectos por la Ley 9449.

Clientes de Master Lex con mucho gusto les haremos llegar el texto completo de estos documentos puestos en consulta pública.  Nos los pueden solicitar al correo electrónico legal@masterlex.com

————————

“DEBIDA DILIGENCIA EN EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

7. Identificación del cliente

El sujeto obligado solicitará a sus clientes el documento de identificación válido, según corresponda:

a) Persona física:
Se considera como documento de identidad válido para personas físicas, alguno de los siguientes:
i. Cédula de identidad expedida por el Registro Civil, para nacionales.
ii. Documento de identidad expedido por la Dirección General de Migración y Extranjería para las personas extranjeras residentes y aquellas acreditadas con una categoría especial, de conformidad con la Ley General de Migración y Extranjería.
iii. Documento expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para las personas acreditadas por ese Ministerio como miembros de una misión diplomática, de una misión consular o de un organismo internacional.
iv. Pasaporte, para las personas extranjeras no residentes.
Dichos documentos deben estar vigentes.

b) Persona jurídica:

La persona jurídica se identificará con los siguientes documentos válidos:

i. Certificación de personería jurídica.
Las certificaciones físicas deben tener una fecha de emisión no mayor a un mes. Cuando la certificación sea emitida por el Registro Nacional en forma digital, la vigencia será de 15 días naturales.

ii. Certificación emitida por Notario Público, la cual certifique las participaciones representativas del capital social, el número de participaciones emitidas, suscritas y pagadas, el tipo y valor de cada tipo de participación; y el nombre, calidades y dirección exacta de los propietarios o beneficiarios finales, según los asientos de inscripción del libro respectivo legalizado de la persona jurídica, cuando estas participaciones sean iguales o superiores al 10% del capital social o de los que posean la mayor participación, aun cuando no exceda el porcentaje señalado. El Notario dará fe con vista en el asiento del libro respectivo legalizado, que las participaciones sociales y los beneficiarios finales son las que constan a la fecha de emisión de la certificación.

En caso de que los participantes o beneficiarios sean personas jurídicas o cualquier otra figura jurídica, se debe presentar el mismo detalle antes mencionado, hasta el nivel de persona física con participación directa o indirecta igual o superior al 10% del capital social, o de los que posean la mayor participación cuando no exceda el porcentaje señalado. Dicha certificación debe tener una fecha de emisión no mayor a un mes.

Para personas jurídicas domiciliadas en el exterior, los documentos equivalentes, debidamente legalizados diplomáticamente o apostillados.

En los casos de personas jurídicas, el documento requerido en este numeral ii., no aplica cuando la persona jurídica, o sus propietarios o beneficiarios, sean una institución pública o gubernamental, o entidades financieras sujetas a la fiscalización, de las superintendencias adscritas al CONASSIF, en materia de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, u organismos intergubernamentales o empresas o figuras jurídicas cuyas acciones o valores de contenido patrimonial se coticen en un mercado organizado, nacional o extranjero, y que cuente con un
órgano de regulación que sea miembro de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO).

Para asociaciones, cooperativas, fundaciones y similares nacionales o extranjeras, el sujeto obligado solicitará documentos equivalentes y propios de este tipo de entidades. Lo anterior de conformidad con el numeral b) del presente apartado.

8. Clasificación de clientes
Para realizar la clasificación de los clientes, el sujeto obligado podrá considerar, entre otros, los siguientes aspectos:
a) Cantidad de transacciones.
b) Monto mínimo de las transacciones.
c) Período de análisis para la clasificación.
d) Transacciones inusuales.
9. Política Conozca a su cliente
El sujeto obligado definirá políticas y procedimientos con base en riesgos para el conocimiento del cliente y el origen de fondos, de acuerdo con su actividad y riesgo de LC/FT/FPADM. En correlación con lo anterior, procederá a:
a) Recopilar la información del cliente para la debida diligencia.
b) Registrar la información del cliente.
c) Custodiar y tener disponible la información obtenida del cliente.
d) Verificar la información del cliente.
e) Monitorear las transacciones del cliente.

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO O PERSONA DE ENLACE

24. Oficial de cumplimiento o Persona de enlace

24.1 El Oficial de cumplimiento o Persona de enlace es el encargado, dentro de la estructura organizativa del sujeto obligado, de identificar los factores de exposición al riesgo de LC/FT/FPADM y establecer métodos de prevención del mismo.

24.2 El sujeto obligado facilitará las condiciones y recursos que garanticen el desempeño eficiente de las funciones del Oficial de cumplimiento o Persona de enlace.

24.3 La designación de un Oficial de cumplimiento o de una Persona de enlace, será definida de acuerdo con el tipo de sujeto obligado:
a) Tipo 1, le corresponde designar un Oficial de cumplimiento.
b) Tipos 2 y 3, les corresponde designar a una Persona de enlace.

24.4 La gestión de prevención del riesgo de LC/FT/FPADM no se limita exclusivamente a las actividades desplegadas por el Oficial de cumplimiento o Persona de enlace, sino que, por el contrario resulta ser una responsabilidad que comparten todos los funcionarios de la estructura organizacional del sujeto obligado.

25. Requisitos del Oficial de cumplimiento o Persona de enlace
El Oficial de cumplimiento o Persona de enlace cumplirá al menos con los requisitos y calidades que se establecen en este Reglamento.

MANUAL DE PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y CONOZCA A SU PERSONAL

MANUAL DE PREVENCIÓN
32. Manual de prevención del riesgo de LC/FT/FPADM.
El Manual de prevención del riesgo de LC/FT/FPADM contendrá al menos los aspectos que se describen a continuación:

a) Funciones, responsabilidades y obligaciones del Oficial de cumplimiento o Persona de enlace, así como los requisitos mínimos que deben cumplir.
b) Políticas y procedimientos en relación con:
i. Identificación y debida diligencia del cliente cuando establezcan relaciones comerciales con el sujeto obligado.
ii. El uso de dinero en efectivo en sus operaciones.
iii. Mantenimiento y disponibilidad de información sobre los registros de transacciones con el cliente.
iv. Personas expuestas políticamente (PEPs).
v. Surgimiento de nuevas tecnologías, nuevos productos y nuevas prácticas comerciales.
vi. Sucursales y filiales extranjeras.
vii. Relaciones comerciales y transacciones con personas físicas o jurídicas e instituciones financieras
domiciliadas en países catalogados de riesgo por organismos internacionales.
viii. Detección, análisis y reporte de operaciones sospechosas a la UIF del ICD, incluyendo los intentos de realizarlas.
ix. Confidencialidad cuando se está entregando a la UIF del ICD un reporte de operación sospechosa o información relacionada.
x. Clasificación de riesgo de los clientes.
xi. El establecimiento de relaciones comerciales, de negocios o de corresponsalía con entidades financieras extranjeras.
xii. Registro, control y remisión de los reportes (operaciones únicas, múltiples, transferencias, remesas u otros).
xiii. Monitoreo de las transacciones de los clientes.
xiv. Desarrollo de programas de capacitación.
xv. Verificación de la integridad de socios o beneficiarios, apoderados, directivos, administradores y
empleados del sujeto obligado.
xvi. Solicitudes de autoridades competentes, así como el decomiso, el secuestro u otra medida cautelar, sobre bases relacionadas con la comisión de los delitos previstos en la Ley 7786.
xvii. Evaluación del riesgo del sujeto obligado
xviii. Clasificación del riesgo del cliente.
c) Código de ética de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento a la Ley 7786.
d) Infracciones, sanciones u otras medidas disciplinarias internas aplicables por incumplimiento de las disposiciones legales, regulatorias y políticas internas, relativas a la Ley 7786.

CAPACITACIÓN

33. Capacitación

33.1 Los temas a considerar en la capacitación anual en materia de prevención del riesgo de LC/FT/FPADM son los siguientes:
a) Conceptos generales y su impacto en la sociedad.
b) Legislación nacional y normativa vigente.
c) Implicaciones para el sujeto obligado y su personal (Responsabilidades, sanciones penales, administrativas
e internas).
d) Disposiciones de organismos internacionales, implicaciones para el sujeto obligado y el país.
e) Conocimiento del cliente y origen de fondos.
f) Prevención del riesgo de LC/FT/FPADM.

MONITOREO Y SEÑALES DE ALERTA

MONITOREO

36. Monitoreo

36.1 El sujeto obligado definirá un proceso de monitoreo de sus clientes, acorde con sus condiciones, características, tamaño, estructura, cantidad de operaciones, número de empleados, volumen de producción y factores de exposición al riesgo de LC/FT/FPADM.

0

Acuerdo del CSN sobre responsabilidad del Notario y la publicidad registral

El Consejo Superior Notarial realiza un completo análisis de un caso en el que la responsabilidad del Notario dependerá de si cierta información constaba o no en la publicidad registral de previo al otorgamiento del acto.

El texto completo del acuerdo se publicó esta semana en La Gaceta. Lo puede ver haciendo clic a continuación:     Acuerdo CSN

Nos permitimos transcribir de manera sucinta la consulta formulada por  la Licenciada Irina Delgado Saborío, Procuradora de la Notaría del Estado y la respuesta brindada por el CSN.

—————————

“¿Puede surgir responsabilidad para un Notario que protocolice la sentencia de un proceso de expropiación en la que se determina el justiprecio y se ordena inscribir un lote o terreno a nombre del Estado, cuyo propietario registral en la actualidad, no es el mismo administrado contra el cual se siguió el proceso de expropiación, ya que en el ínterin entre el dictado de la sentencia y la protocolización de piezas, el terreno fue traspasado?”

(…)

De conformidad con el análisis normativo supra expuesto, la consulta hecha tiene dos posibles respuestas, de acuerdo con los siguientes supuestos:

a. Consta en la publicidad registral, previo a la protocolización por la notaría del Estado, anotación provisional.

Según lo analizado, si en su oportunidad, se anotaron en el Registro Inmobiliario, la resolución de declaratoria de interés público y el proceso expropiatorio y consta en la publicidad registral tal circunstancia, encontrándose además vigente esas anotaciones al momento en que se adquiere el inmueble, por parte del propietario “actual”, significa que este propietario “actual”, conocía al momento previo a la adquisición del inmueble de la existencia de un procedimiento de expropiación, que podía resultar en la adquisición por parte del Estado de ese inmueble y por lo tanto, si este es el caso, la notaría del Estado, está en la obligación de otorgar el acto o contrato respectivo, con el fin de que el inmueble sea inscrito a favor de la institución del Estado.

b. No consta ninguna anotación provisional en la publicidad registral, previo a la protocolización por la notaría del Estado.

Según lo analizado, si no constaba en el Registro Inmobiliario la anotación de resolución de declaratoria de interés público y el proceso expropiatorio al momento en que se adquiere el inmueble, o si las mismas no se encontraban vigentes al momento de la adquisición por parte del propietario “actual”, significa que este propietario “actual”, desconocía la existencia de un procedimiento de expropiación, que podía resultar en la adquisición por parte del Estado de ese inmueble y por lo tanto, si este es el caso, la notaría del Estado, está impedida para protocolizar las piezas respectivas, de conformidad con el artículo 7 inciso d) del Código Notarial, dado que ese propietario “actual” se considera tercero registral, por haber adquirido al amparo de la publicidad registral, de buena fe, a título oneroso y además tiene debidamente inscrito su derecho con prioridad al derecho del Estado. En este caso el notario que bajo este supuesto otorgue una protocolización para inscribir la propiedad a nombre del Estado, es responsable de todas las consecuencias derivadas por la no inscripción y por lo tanto, la eventual carencia de eficacia jurídica que pueda derivarse del acto realizado por la notaría.”

3

Preguntas frecuentes sobre el nuevo Arancel de Honorarios

Estas semanas hemos recibido la consulta frecuente de estimados suscriptores de nuestros sistemas de cálculo de timbres y honorarios (Master Lex Cálculos, Movilex y Cálculos Web) en relación a los cambios introducidos por el nuevo Arancel de Honorarios (Decreto Ejecutivo No. 41457-JP ) vigente desde el pasado 1 de febrero.

Muchos se preguntan si algunos temas que en el anterior Arancel habían generado confusión cambiaron su regulación en el texto vigente.

Al respecto, la respuesta rápida es que el nuevo Arancel no varió propiamente los contenidos de las regulaciones, sino en forma exclusiva las sumas a cobrar de honorarios en algunos actos y por concepto del timbre de Colegio de Abogados.

Entre los temas más consultados tenemos los siguientes:

1.- Aumento decretado no impacta totalidad de actos y contratos

El nuevo Arancel aumentó en un 10% todos aquellos actos y contratos con tarifas de honorarios por sumas fijas tanto en las actuaciones de abogados como de notarios.  En el caso de los actos notariales o procesos judiciales a los que corresponde la aplicación de las tarifas generales de abogado (art. 16) o las de notario (art. 74) no se produjo aumento alguno, con excepción del MINIMO a cobrar, el cual pasó de la suma de ¢55,000 a ¢60,500 .

2.- Aplicación de tarifas generales de abogado a confección de contratos privados 

Bastante hemos comentado en este blog sobre  los honorarios que corresponden ser cobrados por la confección de contratos en documento privado en contraste con las sumas que  devengarían los notarios en caso de que esos mismos contratos fueran otorgados en escritura pública, resultando muchas veces más el monto a pagar en el primer caso que en el segundo, lo cual, por supuesto, que genera desconcierto y confusión.

Sobre este particular, debemos indicar que en el nuevo Arancel se mantiene la exacta redacción del art. 57 presente en el Arancel 2015 y en el del 2011.   Es decir que se mantiene la aplicación del 50% de las Tarifas Generales de Abogado a la confección de contratos privados en lugar de señalarse que se trata de las Tarifas Generales de Notario.

En mayo del año pasado sometimos el tema a consulta de la Comisión de Aranceles del Colegio de Abogados y nos confirmaron que es correcta la aplicación literal del art. 57 antes indicado, por lo cual no debe sorprender que sigan apareciendo sumas a cobrar de honorarios verdaderamente elevadas.  Puede leer más en nuestra nota: https://www.puntojuridico.com/confirmada-aplicacion-literal-norma-sobre-cobro-de-honorarios-en-contratos-privados/

3.- Honorarios por arrendamientos en escritura pública siguen estando sujetos a rentas de un año no así los que se formalizan en contrato privado

Como si se tratara de una disposición nueva, hemos recibido la consulta de varios estimados suscriptores que nos consultan la razón de que para estimar los honorarios de un contrato de arrendamiento otorgado en escritura pública nuestro sistema de cómputo les requiera brindar el dato de un año de rentas, mientras que el mismo contrato, otorgado en documento privado, no limita la estimación de honorarios a ese plazo anual, entendiéndose que serviría de base para el mismo, el período completo del arrendamiento.   Esta disposición se encuentra contenida en el artículo 78 que es idéntico en todo al mismo numeral en los dos Aranceles anteriores.  Por lo anterior,  la parametrización de esta opción de cálculo en Master Lex Cálculos mantiene la misma estructura que desde hace ocho años.

4. Reducción sustancial de honorarios en Procesos de separación judicial, divorcio, o reconocimiento de hecho con disputa sobre gananciales

Esta es una de las consultas que más hemos recibido.  La redacción del art. 49 del Arancel vigente repite lo que en su momento sí se nos confirmó se trataba de un error, al ordenarse la aplicación a este tipo de procesos, en lugar de las Tarifas Generales de Abogado,  las Tarifas de Notario y aparentemente en un 50%.   Esto provoca que mientras en el Arancel del 2011 correspondía percibir la suma de ¢9,750,000 por un proceso con gananciales estimados en 60 millones de colones, ahora solamente le corresponde a los abogados a cargo de este tipo de procesos, devengar la cantidad de ¢389,375 colones

Puede ver más sobre este particular en nuestra nota https://www.puntojuridico.com/honorarios-en-procesos-de-familia-con-disputa-sobre-gananciales/

5.- Constituciones y cancelaciones de prenda devengan el mismo honorario

Otro tema que en estos días volvió a generar inquietudes es la aplicación del 50% de las tarifas generales de notario tanto a las constituciones de prenda como a sus cancelaciones, diferente de lo que ocurre, por ejemplo, con los gravámenes hipotecarios a los que corresponde aplicar el 100% cuando se trata de la constitución y el 50% con la cancelación.

Sin embargo, estas regulaciones de la prenda, contenidas en los artículos 56 y 75 del nuevo Arancel, son exactamente las mismas que venía rigiendo desde el Arancel del 2011 y ya en consulta elevada a la Comisión de Aranceles hace algún tiempo, se nos confirmó que es correcta esta aplicación del 50% de las tarifas de notario tanto a la constitución como a la cancelación de prendas.

6) Ambigüedad regulaciones relativas a legalización de créditos

Sobre la tarifa que corresponder ser aplicada para el cobro de honorarios de una legalización de crédito dentro de un proceso concursal, tanto el art. 30 como el art. 31 podrían aplicarse. Solamente que mientras el primero dispone la aplicación del 50% de la tarifa general de la tabla de Abogados,  el art. 31 establece únicamente el 10% de la misma.

El art. 30 se refiere a los honorarios por la dirección profesional “… del acreedor(a) o deudor (a) serán de un cincuenta por ciento (50%) de la Tarifa General, aplicada sobre el monto del crédito de su patrocinado.”

Por su parte el art. 31 establece que “ En las legalizaciones de créditos los honorarios serán del diez por ciento (10%) de la Tarifa General, aplicada sobre el monto total de la legalización.”
Agradeceremos mucho confirmarnos si efectivamente estos tres temas señalados mantienen en el nuevo Decreto Ejecutivo la regulación dudosa del anterior Arancel 39078-JP

7.- Tarifas del timbre Colegio de Abogados en actos notariales

El nuevo Arancel modificó también las tarifas del timbre del Colegio de Abogados.  Si bien no existe duda en cuanto a la aplicación de las nuevas tarifas a los procesos judiciales según aparece dispuesto en el art. 108, la situación no es la misma tratándose de instrumentos públicos.

La confusión se debe a la existencia de dos numerales (101 y 109) con el mismo texto, pero mientras en el primero las tarifas establecidas se mantienen igual a las del anterior Decreto, en el segundo artículo sí aparecen incrementadas.

Esta ambigüedad provocó que algunos registradores al entrar en vigencia este Arancel, exigieran el pago de las nuevas tarifas en las escrituras en trámite. Incluso el sistema Tasaban del Banco de Costa Rica operó con dichos montos algunos días. Sin embargo, al percatarse de la inconsistencia, tanto los registradores como los encargados del sistema del BCR, aplicaron nuevamente los montos del Arancel anterior, todavía reflejados, como ya indicamos, en el texto del art. 101 del Arancel vigente.

Pareciera que hasta que no se produzca la publicación de un decreto de enmienda, se mantendrá esta decisión de cobrar los montos más bajos del timbre de Colegio de Abogados en aplicación del Principio de la Norma más favorable.

————————–

0

Atrasos en las publicaciones de avisos en La Gaceta

Nos han estado consultando si tenemos información sobre las razones por las que en los últimos meses, los avisos, edictos y otros comunicados necesarios para la tramitación de ciertos actos en el Registro Nacional,  están demorando tanto en salir publicados en La Gaceta.

Especialmente preocupan aquellos casos en los cuales la publicación efectiva del aviso es requisito indispensable para la conclusión de la gestión registral, como por ejemplo: las fusiones  y disoluciones de sociedades mercantiles, disminuciones de capital social y la constitución de Asociaciones.

Elevamos la consulta a la Contraloría de Servicios de la Imprenta Nacional, quienes gentilmente nos brindaron la siguiente respuesta:

“Con relación a su correo, donde externa su preocupación debido a que las publicaciones en los Diarios Oficiales están tomando mayor tiempo.

Me permito informarle que hemos remitido la información que usted nos brinda a la Dirección de Producción. El Lic. Guido Castro, quien es el Supervisor del Proceso de Elaboración de Diarios Oficiales, nos informa que se han presentado algunos aspectos que lamentablemente han afectado, para mantener los plazos de las publicaciones en el rango estándar de 10 días hábiles aproximadamente. Las razones son varias, entre ellas se puede mencionar la carencia de recursos humanos, limitaciones presupuestarias para el pago de tiempo extraordinario a funcionarios, alto volumen de trámites para publicar en Diarios Oficiales por parte de diferentes áreas usuarias de nuestros servicios, entre otros aspectos.

El señor Castro, que, a pesar de estas situaciones, ya se han generado acciones con el fin de mejorar paulatinamente esta brecha de tiempo entre el pago del servicio contratado y la publicación de los documentos de los Diarios Oficiales, en un menor plazo en estos momentos, conocedores de la necesidad y prioridades que tienen nuestros usuarios.

Se espera que esta situación pronto este normalizada, ya que si bien es cierto los documentos estaban publicándose en 20 días hábiles hace algunas semanas, esto ha disminuido en estos momentos, llegando a 14 días en promedio.”

 

3

Ya están disponibles estampillas de 25 colones de Timbre Colegio de Abogados

 

El Colegio de Abogados comunica que ya se encuentran disponibles las nuevas estampillas de ¢25 colones, con las que podrá completarse la tarifa de ¢275  establecida en el Arancel de Honorarios que entró a regir el pasado 1 de febrero.

Las nuevas estampillas pueden adquirirse en la sede central del Colegio, también en la sede Oeste (Escazú) y en la oficina que tiene el Colegio de Abogados dentro del Registro Nacional.

 La tarifa de ¢275 debe pagarse en las autenticaciones de firma y los certificados de prenda según se encuentra establecido en el art. 107 del Arancel de Honorarios.

——————-

En relación a las tarifas aumentadas que correspondería cancelar por el otorgamiento de instrumentos públicos, así como en las certificaciones notariales, no se ha producido aún el decreto de enmienda que aclare la inconsistencia presente entre los numerales 101 y 109 del Arancel.

Algunos estimados suscriptores de Master Lex Cálculos,  Movilex y Cálculos Web nos han estado consultando la razón de que no hayamos actualizado estas nuevas tarifas en los sistemas.  Si bien ya concluimos con la parametrización de las mismas, liberaremos las nuevas versiones de los programas, una vez que se produzca la publicación del decreto de enmienda en La Gaceta.

Tampoco el Registro Nacional, ni el sistema de tasaciones del Banco de Costa Rica, reflejan a esta fecha, las nuevas tarifas.  Con seguridad están también a la espera de la corrección de los numerales antes indicados.

Diferente el caso de las tarifas que deben ser pagadas en los procesos judiciales, las cuales sí se encuentran aplicables al día de hoy al no existir en relación a ellas, ambigüedad alguna en el nuevo Arancel.

Puede leer más sobre este particular en nuestra nota: https://www.puntojuridico.com/timbre-del-colegio-de-abogados-en-autenticaciones-de-firma/

 

1

Sobre los nuevos Lineamientos para el Ejercicio Notarial

Según comentamos hace unos días, el Consejo Superior Notarial acordó la reforma de varias normas contenidas en los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Servicio Notarial.  (Ver nota)

Nos permitimos destacar a continuación algunos de los cambios introducidos. Importante tomar en cuenta que las nuevas disposiciones entrarán a regir al mes de su publicación en La Gaceta, la cual al día de hoy, no se ha producido.

» Medios de seguridad/ Firma digital obligatoria (arts. 28 y 29)

El texto del art. 28 se reforma para enumerar de manera pormenorizada los medios de seguridad, adicionándose la mención de tres que anteriormente no aparecían, a saber: el sello de tinta, las boletas de seguridad  y la firma digital del notario.

Se mantienen los demás medios anteriormente establecidos: papel de seguridad notarial, el sello blanco, los archivos de referencia y las copias de instrumentos públicos.

Se elimina la mención de los tomos de protocolo como medio de seguridad.

Expresamente se establece que los notarios habilitados deberán contar con todos los medios de seguridad, y utilizarlos conforme corresponda para cada actuación notarial.

» Plazos máximos para informar sobre ciertas situaciones (art. 35)

Si el notario cambia de lugar su notaría o el trazado de su firma, deberá informarlo a la DNN en el plazo máximo de un mes.

En caso de pérdida o destrucción de alguno de los medios de seguridad o del tomo de protocolo, deberá comunicarlo por escrito en un plazo máximo de  quince días hábiles.

» Concepto oficina notarial (art. 8)

Se define la oficina notarial como aquélla que cuente con los siguientes requisitos:

“1. Recinto que garantice la prestación del servicio con libre acceso al público, según el principio de rogación, con las condiciones de seguridad necesarias para el resguardo de la integridad física del notario público, de su recurso humano y los usuarios del servicio, así como de sus bienes y herramientas de trabajo.

2. Medios de comunicación que permitan contactar al notario, tales como teléfono, fax, correo electrónico e internet.

3. Tomo de protocolo en uso, con excepción de los casos en que se encuentre en trámite la adquisición de un nuevo tomo o la reposición total o parcial del que está en uso, todo dentro de los plazos establecidos para cada caso.

4. Los medios de seguridad establecidos en el artículo 28 de estos lineamientos” 

» En caso de varias oficinas (art.8)

“Si el notario tuviere oficinas abiertas en distintas localidades del país, deberá señalar cual es la principal. En caso de que no lo hiciere, para todos los efectos se tendrá como principal la primera que aparezca en el Registro de la Dirección Nacional de Notariado. Tanto la oficina principal como las demás oficinas declaradas, deberán cumplir con las condiciones establecidas en este artículo. En el caso del notario institucional, el notariado se ejercerá en las oficinas de la institución para la cual labora, debiendo indicar en cuál de ellas tendrá el Notario la oficina principal.

» Notificaciones a los notarios (art. 84)

La notificación de cualquier acto que deba comunicarse al notario se hará a los medios de comunicación señalados y consignados en el Registro Nacional de Notarios. El correo electrónico será el medio principal, y los demás se tendrán como medios accesorios.

» Fiscalización del ejercicio notarial por parte de la DNN (art. 82 y 83 )

Se establece que las inspecciones y verificaciones en las oficinas de los notarios públicos se realizarán con aviso previo, y de conformidad con las políticas de fiscalización dictadas por el Consejo Superior Notarial y los Reglamentos y programas establecidos por la Dirección Ejecutiva.

Se encuentra también pendiente de publicación en La Gaceta,  el acuerdo que tomó el Consejo Superior Notarial en relación con unas nuevas políticas de fiscalización.

Se definen al respecto los siguientes parámetros de fiscalización:

“1. Denuncias presentadas ante la Dirección Nacional de Notariado, las cuales serán valoradas por la Dirección Ejecutiva de conformidad con los principios de legalidad, oportunidad, razonabilidad, conveniencia y mérito.
2. Que la fiscalización resulte oportuna en virtud de noticias y reportes objetivos de las que se tenga conocimiento, sobre posibles actuaciones irregulares de notarios públicos.
3. Los procesos judiciales disciplinarios notificados a la Dirección Nacional de Notariado, en los que se identifiquen hechos irregulares de relevancia social.
4. Incumplimiento de cualquiera de los deberes funcionales, priorizando según la gravedad del hecho.
5. Las demás oficinas notariales serán fiscalizadas de oficio y seleccionadas al azar por la Dirección Ejecutiva, según la disponibilidad de recursos. En este caso se tomarán en cuenta únicamente notarios públicos habilitados que no hayan sido fiscalizados en los últimos tres años, salvo que se presente alguna de las circunstancias descritas en los incisos anteriores.”

Para descargar el texto completo de las Políticas de Fiscalización Notarial haga clic a continuación: http://www.masterlex.com/descargas/PuntoJuridico/2019/Febrero/Acuerdo_2019-003-007_Sobre_Politicas_Vs_Web.pdf

3