POWERED BYmaster lex

Lic. Silvia Pacheco. Editora General

Pago electrónico de timbres ¿Realmente una alternativa?

El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica compartió un video sobre la forma de adquirir electrónicamente, dentro de la plataforma Tasaban del Banco de Costa Rica, enteros del timbre del Colegio, así como especies fiscales y otros timbres.  Se explican los pasos que deben seguir los interesados en confeccionar sus propios enteros, con lo cual evitarían tener que  acudir personalmente a las sucursales bancarias.  (Ver video aquí)

Tratándose de escrituras inscribibles en el Registro Nacional no existe duda sobre la conveniencia de esta alternativa.  Cuando los registradores tramitan los documentos, simplemente constatan en un sistema que tienen a ese efecto, que el entero de timbres pagado electrónicamente, no haya sido utilizado en algún otro instrumento.  De hecho, lo “marcan” como ya “aplicado” a fin de evitar que sea utilizado nuevamente.

El problema se presenta con los documentos no inscribibles, pues las autoridades ante las que se tramitan esos actos, no cuentan con un sistema similar al del Registro que les permita “marcar” el entero para evitar su reutilización.

Por ejemplo, en consulta que hicimos telefónicamente a la Dirección Nacional de Notariado, nos indicaron que no están admitiendo estos enteros digitales justamente por esa imposibilidad de confirmar la exclusividad de su uso.  De momento, la cancelación de timbres ante la DNN únicamente se puede acreditar mediante estampillas o con el comprobante físico del entero de timbres que expiden los funcionarios del BCR debidamente sellado.

Algunos colegas nos han comentado que también algunos despachos judiciales se oponen al pago digital de los timbres por esta misma razón.

El Lic. Ignacio Alfaro sugería una posible solución que por lo menos podría ser aplicada tratándose de actos notariales; mediante la indicación en la plantilla del sistema Tasaban, concretamente en el campo destinado a la “boleta”, del número de folio de papel de seguridad utilizado en la gestión particular.  Así se logra “amarrar” de alguna manera el entero pagado a un documento específico, con lo cual su “aplicación” a algún otro resulta más difícil.

Lo cierto es que urge implementar algún mecanismo que permita a los profesionales en Derecho, sus clientes o cualquier persona obligada a cancelar timbres, a hacerlo de manera digital con total tranquilidad de que los documentos serán recibidos sin ningún cuestionamiento.  Tener que acudir al BCR a comprar los timbres en ventanilla no es aceptable ni para los interesados, ni para los empleados bancarios.

” … está demostrado que el costo de atender un usuario en ventanilla bancaria es de ¢1.800,00 (mil ochocientos colones aproximadamente), por lo que no resulta rentable expender timbres en ventanillas, dando la oportunidad a un mercado informal, en donde se le cobra al usuario hasta cinco veces más por un timbre que requiere para hacer su trámite.  (…) El Ministerio de Hacienda formalizará con los bancos recaudadores de impuestos un mecanismo electrónico que permita el cobro de dichos tributos de forma simple y unificada, que sea aceptable y comprensible para todas las instancias que están obligadas a exigir el pago de Timbres Fiscales en sus trámites.”  (Tomado en lo conducente de exposición de motivos del  Decreto Ejecutivo No. 39529-H ” Cobro electrónico de timbres fiscales como único medio para la recaudación de este tributo” publicado en La Gaceta el 11 de mayo de 2016).

Lamentablemente a la fecha no existe ese mecanismo que verdaderamente haga una realidad el pago electrónico de timbres.  Confiemos que muy pronto sea implementado para beneficio de todos los que estamos obligados a tramitar documentos que requieren la necesaria cancelación de timbres y especies fiscales.

 

5

Sobre los 275 de timbre del Colegio de Abogados

Como ya es de su conocimiento,  el pasado viernes 1 de febrero se publicó en el Diario Oficial, un nuevo Arancel de Honorarios de Abogado y Notario, el cual, además de aumentar en un 10% los honorarios de actos y contratos con un monto fijo,  incrementó las tarifas a pagar de timbre del Colegio de Abogados, tanto en instrumentos públicos como en procesos judiciales y otras actuaciones.

Si bien los honorarios habían sido modificados mediante Decretos Ejecutivos del año 2011 y 2015, las tarifas del timbre de Colegio de Abogados se había mantenido invariables desde el año 2007.

Nos han estado llamando estimados suscriptores preocupados con el nuevo monto del timbre que de acuerdo en este nuevo Arancel debe ser cancelado en las autenticaciones de firma.  En lugar de ¢250 colones se establece ahora un monto de ¢275

El problema que todos manifiestan es la inexistencia de estampillas por un valor de ¢25, lo que pareciera que obliga a la necesaria adquisición de enteros bancario por ese valor a fin completar los ¢275

Algunos han sugerido que ante la inexistencia de estampillas por valor de ¢275 debería aplicarse de manera analógica lo dispuesto en el art. 272 del Código Fiscal: “Cuando las denominaciones aprobadas en el artículo 271 no permitan pagar, en timbres, la cantidad exacta calculada de acuerdo con lo que se establece en esta ley, se pagará la cantidad inferior más cercana.” 

Señalan que esta medida debería tomarse por lo menos hasta agotar las estampillas de ¢250 en existencia.   Evidentemente, cuando la adquisición del timbre tenga que realizarse en forma exclusiva mediante el pago de enteros bancarios el monto a cancelar verdaderamente no representará ningún problema.

Timbre a cancelar en las certificaciones notariales

En relación a las certificaciones notariales, existe también confusión sobre el timbre que debe ser cancelado toda vez que en el inciso m) del artículo 101 del nuevo Arancel encontramos que se dispone lo siguiente:

m) Toda certificación notarial pagará doscientos cincuenta colones

Pero en el mismo inciso del artículo 109 el texto es el siguiente:

m) Toda certificación notarial pagará doscientos setenta y cinco colones.

Esta ambigüedad se repite también para el pago del timbre de Colegio de Abogados en los instrumentos públicos en general, debido a que ambos artículos 101 y 109 se encuentran replicados pero en el primero no se afectaron las tarifas que venían rigiendo, mientras en el artículo 109 sí se actualizaron en un 10%

Pareciera entonces que por lo menos, en lo que a certificaciones notariales se refiere, la existencia de dos normas que establecen lo mismo debería permitirle a los notarios aplicar la más beneficiosa, en este caso, la cancelación de ¢250 en las certificaciones notariales.

Sin embargo, estamos elevando la consulta a la Comisión de Aranceles que es la autoridad que puede señalar la forma correcta de proceder ante estas situaciones apuntadas en relación al timbre de Colegio de Abogados.

De momento hemos optado por no actualizar las tarifas que aparecen en nuestros sistemas de Cálculo de timbre y honorarios, a la espera de la instrucción que recibimos por parte del Colegio de Abogados.

 

10

Aumentaron también tarifas del timbre Colegio de Abogados

Con la publicación el día de hoy del nuevo Arancel de Honorarios, Decreto Ejecutivo No. 41457-JP , aumentan también las tarifas que deben pagarse de timbre Colegio de Abogados tanto en actos notariales como en procesos judiciales y otras tramitaciones.

Así por ejemplo el timbre  que corresponde ser pagado  en autenticaciones de firma será a partir de este momento la suma de ¢275 por cada firma autenticada en lugar de ¢250.

Estamos tratando de averiguar en el Colegio de Abogados si existen ya en circulación, especies del timbre por ese monto de ¢275 o si será la idea que a partir de ahora el pago del mismo se produzca en forma exclusiva mediante la adquisición de enteros bancarios en el Banco de Costa Rica, de la misma forma como se hace en este momento con el timbre fiscal y el de Archivo Nacional.

Nos permitimos transcribir las nuevas tarifas del timbre de abogados a ser pagadas tanto  en instrumentos notariales como en procesos judiciales dependiendo de la cuantía.

Artículo 108.- En procesos. En el escrito inicial o de demanda y en el de contestación, en procesos civiles, comerciales y contencioso administrativos, se pagará el timbre conforme con su cuantía y la siguiente escala:
a) Procesos con estimación hasta doscientos cincuenta mil colones estarán exentos.
b) Procesos con estimación de doscientos cincuenta mil colones y no pase de un millón de colones, mil cien colones en el escrito inicial.
c) Procesos con estimación de un millón de colones y no pase de cinco millones de colones, dos mil doscientos colones en el escrito inicial.
d) Procesos con estimación de cinco millones de colones y no pase de veinticinco millones de colones, cinco mil quinientos colones en el escrito inicial.
e) Procesos con estimación de veinticinco millones de colones y no pase de los cincuenta millones de colones, once mil colones.
f) Procesos con estimación de cincuenta millones de colones a cien millones de colones, dieciséis mil quinientos colones.
g) Procesos con estimación de cien millones de colones a quinientos millones de colones, veintisiete mil quinientos colones.
h) Procesos con estimación de quinientos millones de colones en adelante, cincuenta y cinco mil colones.
i) Procesos de cuantía inestimable, excepto los referentes al Código de Familia, Código de Trabajo y Código Penal, doce mil cien colones en el escrito inicial.

Artículo 109.- Tarifa del timbre en los instrumentos públicos. En los instrumentos públicos se pagará el timbre del Colegio de Abogados (as) de acuerdo con la cuantía del acto o contrato así:
a) Hasta doscientos cincuenta mil colones estarán exentos.
b) Mil cien colones cuando la cuantía sea mayor de doscientos cincuenta mil colones y no pase de un millón de colones.
c) Dos mil doscientos colones cuando la cuantía sea mayor de un millón de colones y no pase de cinco millones de colones.
d) Cinco mil quinientos colones cuando la cuantía sea mayor de cinco millones de colones y no pase de veinticinco millones de colones.
e) Once mil colones cuando la cuantía sea mayor de veinticinco millones de colones y no pase de los cincuenta millones de colones.
f) Dieciséis mil quinientos colones cuando la cuantía sea de cincuenta millones de colones a cien millones de colones.
g) Veintisiete mil quinientos colones cuando la cuantía sea de cien millones de colones a quinientos millones de colones.
h) Cincuenta y cinco mil colones cuando la cuantía sea de quinientos millones de colones en adelante.
i) Los instrumentos adicionales que no aumenten la cuantía estarán exentos, así como todos los declarados por ley exentos de timbres.
j) Si el documento contuviere varias operaciones el timbre se tasará sobre la suma de cada una de ellas, pero si fueren asuntos inestimables, cubrirán cada uno doscientos setenta y cinco colones de timbre.

Constatamos que este artículo 109 se encuentra duplicado dentro del texto del Arancel, con el  número de artículo 101.   De igual manera encontrábamos estos numerales duplicados en el anterior Arancel.   Sin embargo, el inconveniente que vemos ahora es que mientras el art. 109 sí fue actualizado con las nuevas tarifas del timbre Colegio de Abogdos, el 101 sigue presentando el mismo texto que rigió hasta hoy, con lo cual se produce una ambigüedad en la normativa.

También sobre este punto estamos tratando de confirmar en el Colegio de Abogados la forma de proceder para efectos de la actualización que tenemos que realizar del timbre de abogado contenido en las opciones de cálculo de nuestros sistemas MOVILEX, Master Lex Cálculos Web y PC.

En el sistema de tasaciones del Banco de Costa Rica constatamos que no han sido aplicados los cambios en el timbre del Colegio de Abogados.

De momento seguimos en el proceso de actualización de nuestros programas por lo menos en lo que corresponde a los honorarios de abogado y notario, y el timbre de Colegio de Abogados en actuaciones judiciales.  Estaremos al pendiente de lo que en el Colegio nos aclaren  así como la decisión que puedan tomar en el Registro Nacional en cuanto a la forma de resolver la contradicción entre el texto del art. 101 y el 109 del nuevo Arancel de Honorarios.

6

Publican nuevo Arancel de Honorarios de Abogado y Notario

Aparece en el diario oficial La Gaceta del día de hoy, el Decreto Ejecutivo No. 41457-JP Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado.

La última revisión de este Arancel se produjo en agosto de 2015. El numeral 113 del Decreto Ejecutivo No. 39078-JP, ahora derogado, establecía que los honorarios serían aumentados cada dos años, conforme a los índices de precios señalados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), sin que dicho aumento pudiera exceder del diez por ciento.

“… mediante sesión ordinaria número 23-2018, celebrada el 18 de junio del 2018, fue conocida la solicitud de revisión de aranceles por la Junta Directiva del Colegio de Abogados, siendo que mediante oficio D F y P 050-2018, la Dirección de Finanzas de esa entidad indicó que la inflación reflejada en el índice de precios al mes de abril 2018 es del 10 por ciento. Por tanto, se aprueba un aumento del 10 diez por ciento en las tarifas que indiquen un monto fijo y no se aumentan las tarifas de los artículos que fijen honorarios en forma porcentual, debido a que se ajustan automáticamente con los incrementos que en general experimentan los precios.”

¿Qué cambia en el nuevo Arancel?

Constatamos que el anterior Decreto y el nuevo son prácticamente idénticos tanto en la cantidad de artículos como en su contenido y redacción.   La diferencia está en todos aquellos actos y contratos con honorarios por sumas fijas tanto de actuaciones de abogados como de notarios. (Ver tablas comparativas más abajo) pues se aplicó a todas ellas el 10% antes indicado. Por consiguiente, si los honorarios por la celebración de un matrimonio civil eran antes de ¢110,000, a partir de hoy le corresponde al notario devengar ¢121,000

En el caso de las tarifas generales de honorarios, tanto de notario como de abogado,  los porcentajes a aplicar en cada tracto, siguen siendo los mismos.   Tenemos entonces que todos aquellos actos notariales y actuaciones de abogado que se cobran mediante la aplicación de estas tablas generales no sufren variación.  Tal es el caso de los traspasos de inmuebles y de vehículos, constituciones de hipoteca, prenda, segregaciones de lotes,  procesos ordinarios, monitorios,  ejecución hipotecaria y prendaria, etc.   La única variación en estos casos tiene que ver con los montos mínimos que tienen derecho a devengar los profesionales en Derecho, los cuales sí aumentan.  Así por ejemplo, en el caso de los instrumentos públicos, el monto mínimo a cobrar pasó de ¢55,000 a ¢60,500

Iniciamos a partir de este momento la actualización de nuestros sistemas de Cálculos de Timbres y Honorarios, tanto la versión Web como PC (Movilex, Cálculos Web, Master Lex Cálculos PC)

Confiamos poderle ofrecer en pocos días las versiones actualizadas de estos softwares.

A continuación le ofrecemos tablas comparativas con los honorarios de algunos de esos actos o contratos por sumas fijas que fueron incrementados en un 10%

HONORARIOS DE ABOGADO

ACTO O CONTRATO Arancel 2015 Arancel 2019
Hora profesional 82,500 90,750
Acción de inconstitucionalidad 275,000 302,500
Recurso de Amparo 165,000 181,500
Recurso de Hábeas Corpus 165,000 181,500
Autenticación de firma 16,500 18,150
Confección de pagaré o letra de cambio 27,500 30,250
Confección de prenda en documento privado 27,500 30,250
Separación judicial o divorcio por mutuo acuerdo cuando no medien gananciales 110,000 121,000
Procesos de pensión alimentaria 165,000 181,500
Confección de reglamentos internos de trabajo 550,000 605,000
Procesos por infracciones de tránsito en los que se llega a celebrar
juicio oral
165,000 181,500
Causas penales tramitadas en tribunales unipersonales 440,000 484,000
Causas penales tramitadas ante Tribunales Colegiados 660,000 726,000
Recursos de revisión casación 550,000 605,000

HONORARIOS DE NOTARIO

ACTO O CONTRATO Arancel 2015 Arancel 2019
Hora profesional 82,500 90,750
Honorarios mínimos de instrumento público 55,000 60,500
Revisión traspaso de acciones 220,000 242,000
Constitución de sociedades especiales (anónimas laborales,
deportivas, de actividades profesionales, bancos, apertura de
sucursales
330,000 363,000
Reserva de nombre o de prioridad 55,000 60,500
Actas notariales (sin efectos registrales) en la notaría 55,000 60,500
Actas notariales (sin efectos registrales) fuera de la notaría 110,000 121,000
Certificaciones notariales 16,500 18,150
Autenticaciones de firma 16,500 18,150
Estudios de registro 16,500 18,150
Celebración de matrimonios 110,000 121,000
Constitución de sociedades mercantiles 165,000 181,500
Modificaciones de estatutos, nombramientos de funcionarios 82,500 90,750
Constitución, ampliación, sustitución, renovación, cancelación de
poderes
82,500 90,750
Testamentos abiertos o cerrados 110,000 121,000
Razón de fecha cierta 55,000 60,500

 

10

Documentos en trámites registrales deben ser autenticados por notario

Con fecha 18 de diciembre del año pasado, la Sub-Dirección General del Registro Nacional emitió el Criterio Registral SUB-DGL-558-2018, que tiene como asunto: Autenticación de firmas de los titulares de bienes y derechos inscritos, en los documentos privados que formen parte de los trámites, actuaciones y procesos que se realizan en el Registro Nacional y que no modifiquen asientos registrales.

“Esta Dirección General, en aras de unificar criterio en relación con la autenticación de firmas de los titulares registrales en los documentos privados que formen parte de los trámites, actuaciones y procesos que se llevan a cabo en el Registro Nacional; y en amparo de las potestades conferidas por ley, procede a separarse de lo dispuesto en el oficio DGL-AJU-07-360-2018, de fecha 23 de marzo del año 2018, suscrito por la Asesoría Jurídica del Registro Nacional”  (Textual del criterio registral SUB-DGL-558-2018)

Nos permitimos transcribir a continuación algunos de los razonamientos esbozados:

1.-Según lo dispuesto en el artículo 283 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N°6227, de fecha 02 de mayo del año 1978, en concordancia con los alcances de la resolución número 44-2015-VII de las 14 horas con 50 minutos de fecha 8 de mayo del año 2015, emitida por la Sección Novena del Tribunal Contencioso Administrativo, del Segundo Circuito Judicial de San José, Anexo A, se reconoce la facultad de autenticación del abogado, en los documentos cuyos efectos sean de índole administrativo, pudiéndose así constituir por una solicitud mediante simple carta autenticada.

2. Para lo que corresponda, dicho numeral -283 de la Ley General de la Administración Pública- expresamente faculta que la autenticación de la firma del mandante se pueda realizar por medio del mismo abogado. Sin embargo, a la luz de lo dispuesto en el artículo 367, inciso 2) sub inciso f) de la Ley General de la Administración Pública, se excluye su aplicación, en los procedimientos en materia de Registros Públicos, por lo tanto, la viabilidad jurídica de la autenticación de firma por parte del abogado se acredita únicamente para trámites de acceso a servicios propios de la Administración.

3. Que la Junta Directiva del Colegio de Abogados, según Acuerdo 2017-19-004, de fecha 19 de julio del año 2017 (avaló el criterio vertido por la Comisión de Notariado del Colegio de Abogados), en relación a la autenticación del profesional en derecho, al tener por acreditado que : “(…) toda autenticación de firmas debe presumirse notarial, salvo norma legal que la establezca de abogado, cualquier trámite o diligencia que requiera de la autenticación de firmas y no indique en qué condición profesional debe realizarse, se entenderá que debe ser realizada notarialmente (…)”.

4.- En este marco de análisis, cuando un notario público autentica la rúbrica en un documento, lo hace dentro de los parámetros típicos de su competencia funcional en aspectos tales como: la imparcialidad, la condición profesional de asesorar correctamente a las partes en cuanto a la formación y expresión legal de su voluntad en las actuaciones jurídicas que realicen, en razón del conocimiento como especialista en Derecho Notarial y Registral, y en ejercicio de su competencia material, lo cual le permite legitimar y autenticar los actos en los que interviene como fedatario público, dejando constar hechos, sucesos, situaciones, actos o contratos jurídicos, cuya finalidad sea asegurar derechos y obligaciones; materializándoles a través de los instrumentos y demás documentos autorizados por él, según lo dispuesto en el Código Notarial, Ley N°7764, de fecha 17 de abril del año 1998.

5. El notario público autenticante, debe actuar siempre en consonancia con los mecanismos de seguridad que garanticen la veracidad y pertenencia de su condición, siguiendo estrictamente los presupuestos formales y de fondo que al efecto establece la Dirección Nacional de Notariado, así como la normativa y lineamientos afines.

6. Esta Dirección General considera que, las garantías derivadas de los documentos expedidos por los notarios públicos -sean documentos protocolares o extra protocolares-, no pueden ser sustituidas por la formalidad de una firma autenticada por abogado, en tanto carecen de mecanismos de seguridad verificables por el mismo Registro Nacional; considerar semejante equiparación, implica un perjuicio inminente en contra de la seguridad jurídica del tráfico de los bienes y derechos inscribibles, lo cual transgrede el objetivo institucional, como un condicionante del sistema de seguridad preventiva, que, articulado con la función notarial, se debe garantizar por medio de la publicidad registral.

7. Que el Registro Nacional, debe integrar e interpretar la normativa existente, en relación con el engranaje del sistema de seguridad jurídica preventiva del tráfico de bienes y derechos inscribibles; tenor de lo dicho y en amparo de lo dispuesto en la Ley de Creación del Registro Nacional y sus reformas, Ley N°5695, de fecha 28 de mayo del año 1975, y la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley N°8220, de fecha 04 de marzo del año 2002, los mecanismos de validación son garantía de autenticidad y pertenencia, por lo tanto la autenticación notarial que acredita la rúbrica del titular registral, en los documentos privados que formen parte de los trámites, actuaciones y procesos que se llevan a cabo en la institución, se considera óptima para garantizar la seguridad jurídica, conforme los requerimientos normativos que se ejecutan a nivel institucional.

(…)

IV. DISPOSICIÓN FINAL:

En los documentos privados no inscribibles, que formen parte de los trámites, actos y procesos que no alteren o modifiquen asientos registrales, y que por su naturaleza requieran autenticación de firma, el Registro Nacional únicamente aceptará la realizada por parte de notario público (en tanto cumpla con la normativa y los lineamientos establecidos al efecto, por parte de la Dirección Nacional de Notariado); salvo en los supuestos que exista norma legal en contrario.” (Hasta aquí transcripción en lo conducente del Criterio Registral SUB-DGL-558-2018)

Con mucho gusto suministraremos el texto completo del criterio registral en comentario a los suscriptores de Master Lex que nos lo soliciten al correo electrónico:  legal@masterlex.com

1

Protección del Derecho a la Salud: Trabajadora con síntomas de depresión

Agradecemos al Lic. Javier Madrigal su comentario sobre un interesante voto de la Sala Constitucional de diciembre pasado, como diríamos:  “recién salido del horno”.-

————————————

“El presente Recurso de Amparo, reconoce a todos los habitantes, el derecho a la salud, como derivación del derecho fundamental  a la vida. En lo que interesa,  se expone el cuadro fáctico y lo dicho por el Máximo Tribunal Constitucional.

“Recurso de amparo interpuesto (…) contra el Ministerio de Educación Pública. (…) La recurrente afirma que ha estado en tratamiento psiquiátrico por trastorno obsesivo compulsivo y ansiedad, debido a un cuadro depresivo, procedió a presentar carta de renuncia, misma que después, solicitó  que se dejara sin efecto al sentirse mejor. Así mismo presentó gestiones para que se le reinstalara en el puesto, pero estas le fueron negadas.  Por tal motivo acude a la Sala, siendo que como prueba para mejor resolver, ordena  al departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial, que examinará a la tutelada y mediante un examen mental retrospectivo, indicara si la recurrente se encontraba o no en su plena capacidad psíquica al momento de presentar su renuncia. Continúa señalando la Sala; (…): “ El trastorno de adaptación tipo reacción mixta de ansiedad y depresión), en sí mismo no se comporta como una incapacidad permanente, sino, como una crisis aguda. Por lo que, al realizar una regresión lineal de la evolución del cuadro presentado, se puede concluir que al momento de presentar su carta de renuncia, se encontraba con su capacidad cognitiva deteriorada y alteración de su capacidad volitiva, llevándole a ser altamente impulsiva, por lo que no se encontraba en su plena capacidad psíquica al momento de presentar su renuncia La depresión ha sido catalogada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. La depresión puede llegar a hacerse crónica o recurrente y dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo y la capacidad para afrontar la vida diaria. En su forma más grave, puede conducir al suicidio. Si es leve, se puede tratar sin necesidad de medicamentos, pero cuando tiene carácter moderado o grave se pueden necesitar medicamentos y psicoterapia profesional. En el caso específico, la Sala considera que se debe declarar con lugar el recurso de amparo. Como puede constatarse de los autos, en efecto, la causal de la pérdida de trabajo alegada por la recurrente es imputable de forma exclusiva a ella como servidora pública, pues fue ella quien presentó, voluntariamente, la renuncia a su puesto. Empero, de conformidad con lo expuesto en el considerando anterior, al encontrarse la recurrente en una condición de vulnerabilidad en el momento en el que presentó su renuncia, el ordenamiento constitucional está llamado a brindarle especial protección”.

Por ende acogió el Recurso, bajo la tesis de que al momento de su renuncia, se encontraba con su capacidad cognitiva deteriorada, llevándola a ser altamente impulsiva, por lo que no se encontraba en su plena capacidad psíquica al momento de presentar su renuncia. (…), ordenando la Sala: “el pleno reingreso a su antiguo puesto de trabajo. ( …). (Sala Constitucional  voto Nº 2018-020818. San José, a las nueve horas veinte minutos del catorce de diciembre de dos mil dieciocho.)

2

Últimos días para pago del impuesto a las personas jurídicas

Este 31 de enero vence el plazo para el pago, sin recargos, ni multas, del impuesto a las personas jurídicas correspondiente al presente año 2019.

Para aquellas sociedades que adeuden también los períodos 2017 y 2018,   surgiría también a partir del 1 de febrero la causal de disolución según lo dispone el art. 7 de la Ley 9428:

“El no pago del impuesto establecido en la presente ley por tres períodos consecutivos será causal de disolución de la sociedad mercantil, la empresa individual de responsabilidad limitada o la sucursal de una sociedad extranjera o su representante.”

Recuerde que puede realizar el pago en cualquiera de los siguientes entes de recaudación: Bac San José, Banco de Costa Rica, Banco BCT, Davivienda, Banco Nacional, Banco Desyfin, Banco Lafise, Scotiabank, Soctiabank Tranformándose, Promérica, Banco Improsa, Banco Cathay, Banco Geeral, Banco Prival, Teledólar, Grupo Mutual Alajuela, Cruz Roja Costarricense, Tiendas Ekono, Servimás y BN Servicios.

Para confirmar si una sociedad se encuentra al día o adeuda el pago de este impuesto a las personas jurídicas, ya sea el del período 2017, 2018 o el presente año, puede hacer la consulta en

https://www.hacienda.go.cr/ATV/frmConsultaImpPerJuridicas.aspx

La posibilidad de hacer esta consulta es importante para los notarios, toda vez que el artículo 5 de la Ley 9428 dispone la obligación que tienen de consignar la morosidad de las sociedades cuando ” … emitan certificaciones de personería jurídica y certificaciones literales de sociedad a los contribuyentes que no se encuentren al día con el pago de este impuesto deberán consignar su condición en el documento respectivo.”

Para ver las tarifas que deben ser canceladas por concepto de este impuesto puede ingresar a nuestra nota en este mismo blog:

 

Conozca importe a pagar del impuesto a las personas jurídicas 2019

1

¿Qué ha pasado con el Registro de Accionistas?

Es la pregunta que estimados suscriptores nos han estado haciendo estos días.

La inquietud surge principalmente por cuanto en una propuesta de resolución que el Ministerio de Hacienda publicó en su sitio web, con el objeto de someterla a consulta pública, aparecía lo siguiente:

“A partir del mes de enero de 2019 el representante legal o autorizado de los sujetos obligados podrá registrarse en el sitio web Central Directo del Banco Central de Costa Rica https://www.centraldirecto.fi.cr/Sitio/CentralDirecto/Inicio/PaginaPrincipal, para lo cual deberá tener un certificado válido de firma digital para personas físicas perteneciente a la jerarquía nacional de certificadores registrados.” 

Al día de hoy, sin embargo, según confirmación telefónica que obtuvimos esta mañana,  no se encuentra en funcionamiento el sistema que le permitiría a los representantes legales de las sociedades y otras estructuras jurídicas, realizar la “inscripción previa” de su acreditación a fin de iniciar, a partir de marzo, el proceso de registro de accionistas y beneficiarios finales.

Según aparecía establecido en la misma propuesta de resolución,  el registro de accionistas se llevará a cabo de manera paulatina partiendo del número de finalización de las cédulas jurídicas de las entidades obligadas así:

Marzo 2019      Cédulas jurídicas terminadas en 0

Abril 2019         Cédulas jurídicas terminadas en 1

Mayo 2019         Cédulas jurídicas terminadas en 2

Junio 2019        Cédulas jurídicas terminadas en 3

Julio 2019          Cédulas jurídicas terminadas en 4

Agosto 2019        Cédulas jurídicas terminadas en 5

Setiembre 2019  Cédulas jurídicas terminadas en 6

Octubre 2019       Cédulas jurídicas terminadas en 7

Noviembre 2019  Cédulas jurídicias terminadas en 8

Diciembre 2019   Cédulas jurídicas terminadas en 9

Pero lo cierto es que aún no ha salido la publicación oficial de la propuesta indicada.  Ni siquiera aparece ya el texto de la misma en el sitio web del Ministerio de Hacienda.  Probablemente, partiendo de los comentarios y observaciones que a dicho borrador formularon los distintos entes a los que se les pidió criterio, se está preparando una versión final que entrará a regir con su publicación en La Gaceta.

De momento lo único que podemos confirmar es la importancia de que aquellas personas que, de acuerdo con el AVISO del Ministerio Hacienda, el Instituto Costarricense sobre Drogas y el Banco Central de Costa Rica, están llamadas a cumplir con la obligación de declarar los accionistas y beneficiarios finales, obtengan su certificado de firma digital, indispensable para ingresar a la plataforma que se liberará a tal efecto.   (Ver al respecto nuestra nota: Firma digital será necesaria para cumplir con Registro de Accionistas.)

Sobre la posibilidad de que estas personas designadas para cumplir con el Registro de Accionistas, puedan otorgar poderes a terceros ante su imposibilidad de obtener su certificado de firma digital o simplemente en aplicación del art. 1256 del Código Civil que regula la figura del mandato especial,   esperamos que el texto que en definitiva sea publicado resulte más claro que el que incluyó en la propuesta.    (Si desea leer más sobre este particular puede ingresar a nuestra nota: En consulta pública: proyecto sobre registro de accionistas)

Finalmente otro tema que ha suscitado dudas, y que esperamos sea atendido en las regulaciones pendientes de publicación, es lo relacionado con las sociedades inactivas y la sanción que le correspondería en caso de incumplir con el registro de accionistas.    Lo anterior por cuanto el art. 84 bis del Código de Normas y Procedimientos dispone que la sanción consistirá en:  “… una multa pecuniaria proporcional del dos por ciento (2%) de la cifra de los ingresos brutos de la persona jurídica o estructura jurídica, en el período del impuesto sobre las utilidades, anterior a aquel en que se produjo la infracción, con un mínimo de tres salarios base y un máximo de cien salarios base.”

Evidentemente en el caso de las sociedades sin actividad comercial no sería factible establecer el porcentaje del 2% sobre los ingresos brutos.  Algunos han indicado que en estos casos aplicará el mínimo dispuesto, a saber, tres salarios mínimos; sin embargo, otros señalan que en materia tributaria la interpretación de las normas debe ser restrictiva debiendo establecerse que en el caso de las sociedades inactivas existe un vacío legal en cuanto a la sanción aplicable por incumplimiento de la obligación del registro de accionistas.

17