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Lic. Silvia Pacheco. Editora General

Cambio de criterio sobre exigencia de Declaración 2019 a sociedades disueltas o fusionadas en 2020

Copiamos a continuación respuesta que acabamos de recibir del equipo encargado de la atención de consultas del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales del Ministerio de Hacienda,  sobre el tema de la referencia.   

La transcribimos textualmente para el mejor conocimiento de todos los que ayer se manifestaron muy preocupados con la posición de exigirle a las sociedades disueltas o fusionadas en lo que va de este año 2020, de tener que presentar igualmente la Declaración Ordinaria  correspondiente al período 2019.

«Para su información, se amplía la respuesta brindada el día de ayer, ya que como es evidente por practicidad a la hora de la aplicación legal, el nuevo listado no contemplará las sociedades que entre el 1 de enero 2020 y la fecha de generación del nuevo listado hayan adquirido ante el Registro Nacional alguno de los “estados” indicados en el adjunto, por lo cual no serán consideradas en el listado de posibles incumplidores.

En todo caso, lo conveniente sería esperar a que se actualice al nuevo listado.

Muchas gracias por la atención.

Saludos cordiales,
Equipo de Trabajo » 

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Verdaderamente que se hacía muy difícil, por no decir imposible desde un punto de vista tanto práctico como legal, para las sociedades que en este momento ya no aparecen con plazo vigente en la base de datos del Registro de Personas Jurídicas, cumplir con la presentación de las Declaraciones del período 2019 dentro de la plataforma Central Directo.    

Después de la nota que publicamos ayer en este mismo blog,  muchos colegas nos hicieron saber su preocupación sobre la respuesta que nos había brindado en cuanto al tema,  pues confiando en que las sociedades de sus clientes ya estarían eximidas de las Declaración del 2019,  habían actuado diligentemente este año para lograr la inscripción de sus disoluciones y fusiones, y veían con frustración que sus esfuerzos habían sido en vano.     

Nos parece que con base en esta respuesta que hoy nos ofrecieron en el RTBF,  podemos estar tranquilos de que las únicas sociedades que deberán cumplir con la Declaración del 2019 serán las que todavía aparezcan en el sistema del Registro Nacional, el día en que se genere el nuevo listado de sociedades incumplidoras.    Lo más importante será entonces volver a revisar dicho listado una vez que se publique en la página web del Ministerio de Hacienda.   Estaremos al pendiente para informarles.

 

 

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Sociedades disueltas o fusionadas en el 2020 deben cumplir con RTBF 2019

A raíz de la nota que publicamos ayer en este blog sobre el listado que aparece en la página web del Ministerio de Hacienda con el detalle de las sociedades que al 31 de marzo no habían cumplido con la presentación de la Declaración 2019 del RTBF, surgieron muchas inquietudes de personas que constataron que aparecían en dicho listado, sociedades ya disueltas o fusionadas.  (Ver nuestra nota)

En consulta que elevamos a los encargados del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales nos brindaron una completa respuesta, que nos permitimos resumir así:

1- Por un lado, confirmaron que efectivamente se produjo un error al momento de «cargar» la base de datos del Registro  de Personas Jurídicas, lo cual provocó que aparecieran en el listado sociedades que no tenían que salir reportadas.    Esta situación será solventada en los próximos días cuando se actualice la información correspondiente.  Solicitaron disculpas por los inconvenientes y confusiones ocasionados. 

2.- Por otro lado nos aclararon que únicamente las sociedades que al 31 de DICIEMBRE de 2019 tuvieran asignado alguno de los siguientes «estados» estarían eximidas de presentar la Declaración Ordinaria del RTBF del 2019.   Esos estados son: Disuelta, Fusionada, Nombre reservado, Cancelada de oficio, Liquidada, Cerrada, Plazo social vencido, En causal de extinción, Cancelada judicialmenteDisuelta por Ley 9024, Transformada, Disuelta por vencimiento del plazo, Disuelta por Ley 9428Disuelta por Ley 9699.

Cuando les consultamos la razón de que se estableciera como fecha de corte el  31 de diciembre de 2019 y no el 31 de marzo del 2020 que fue el día que concluyó la moratoria otorgada para cumplir con la obligación sin multas, ni sanciones,  nos brindaron la siguiente explicación:  (Transcribimos textualmente)

«Se estableció esa fecha de corte pues se trata de la obligación de presentar la declaración ordinaria del periodo 2019, indistintamente de que por otros factores se haya ampliado el plazo de presentación a enero 2020 y adicionalmente mediante moratoria de Ley 9810 se ampliara aún más a marzo 2020. Cabe la pena recordar que originalmente se pretendía iniciar la declaración en marzo 2019, pero por distintas decisiones externas al proyecto se trasladó para iniciar en setiembre 2019 y con un plazo ampliado de 5 meses (lo cual hizo que se traslapara la obligación de un año 2019 al año siguiente 2020) y como si fuera poco, se otorgó una moratoria, lo cual estableció que se extendiera a febrero y marzo 2020.» 

Nos parece importante esta aclaración toda vez que personas que puedan haber logrado la inscripción de la disolución de sus sociedades o la fusión o cualquier de los otros «estados» indicados arriba después del 1 de enero del año en curso 2020, podrían estar considerando que no tienen obligación de presentar la Declaración 2019, cuando es lo cierto que sí se mantiene tal deber a pesar de que – hoy por hoy – esas sociedades no aparezcan ya con plazo vigente en el Registro Nacional.

Lo que sí resulta un poco extraño es determinar cómo harían esas sociedades que ya dejaron de existir en el Registro de Personas Jurídicas, para otorgar en este momento poderes especiales a favor de terceros que puedan cumplir con RTBF, o bien cómo podrán adjuntar en la plataforma Central Directo, en los casos en los que sea necesario, las certificaciones literales adquiridas en el portal www.rnpdigital.com si la sociedad ya no va a aparecer inscrita.

 

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Sobre el retiro anticipado del FCL por trabajadores perjudicados con la crisis

Mediante la Ley 9836 publicada en La Gaceta el pasado 4 de abril se establece la posibilidad de entregar  el Fondo de Capitalización Laboral a los trabajadores afectados por la crisis económica que vive el país como consecuencia del Covid-19 Se adiciona de esta manera un inciso d) al artículo 6 de la Ley 7983, Ley de Protección al Trabajador que se lee así:

«Artículo 6- Retiro de los recursos. La persona trabajadora o sus causahabientes tendrán derecho a retirar los ahorros laborales acumulados a su favor en el fondo de capitalización laboral, de acuerdo con las siguientes reglas:

[…]   d) En caso de suspensión temporal de la relación laboral, en los términos señalados en el artículo 74 de la Ley 2, Código de Trabajo, de 27 de agosto de 1943, o cuando se aplique una reducción de la jornada ordinaria de la persona trabajadora, que implique una disminución de su salario, de conformidad con la Ley 9832, Autorización de Reducción de Jornadas de Trabajo ante la Declaratoria de Emergencia Nacional, de 23 de marzo de 2020.   

En este caso, el patrono estará obligado a entregar al trabajador los siguientes documentos para que se adjunten a la solicitud de retiro del FCL:  -Una carta del patrono en soporte papel o digital, que haga constar la suspensión o la reducción de la jornada y del salario.»

Las operadoras de pensiones complementarias contarán con un plazo máximo de 15 días hábiles para girarle a los trabajadores que lo soliciten, el importe correspondiente, lo cual deberán hacer  por medio de transferencia electrónica en la cuenta bancaria en colones a nombre del afiliado, que éste indique.

Si el trabajador no presentare toda la documentación, la operadora de pensiones complementaria deberá hacerle una prevención en el transcurso de cuarenta y ocho horas posterior a su recibido, y se entenderá suspendido  el plazo de entrega de los recursos mientras el interesado cumple  con lo prevenido.

Importante tomar nota que cuando existan dudas sobre la veracidad de la documentación presentada con la solicitud,  la operadora de pensiones complementarias podrá solicitar, a la Dirección Nacional de Inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que le remita copia de la información que en relación con este trabajador le haya sido presentada por el patrono. Dicho Ministerio deberá dar preferencia a las solicitudes que en este sentido le presenten las operadoras de pensiones complementarias y les remitirá la información de forma electrónica.

Por consiguiente, de previo a que el trabajador solicite a la operadora de pensiones la entrega de lo que le corresponda recibir, deberá el patrono haber gestionado ante el Ministerio de Trabajo ya sea la reducción de la jornada laboral o suspensión del contrato de dicho colaborador.     

Sobre la reducción de las jornadas de trabajo puede leer más en nuestra nota en este mismo blog:  https://www.puntojuridico.com/reduccion-de-jornadas-podra-solicitarse-digitalmente/

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Presentan proyecto para entrega del 50% del Fondo de Garantía Notarial

El pasado viernes 3 de abril , el Lic. Erwen Masís presentó a la Asamblea Legislativa el Proyecto de Ley 21.916  con el objeto de que se entregue a los notarios el 50% de lo que tengan acumulado en el  Fondo de Garantía Notarial.   Ello en razón de la crisis que vive el país y que ha afectado a tantos notarios así como a los empleados y asistentes legales de sus oficinas y Bufetes.

Así por ejemplo, notarios que iniciaron su cotización en 1998 cuando se creó este Fondo y que al día de hoy tienen acumulado aproximadamente ₡6.300,000,  recibirían  ₡3.150.000  en 3 tractos mensuales.

Para su mejor conocimiento, nos permitimos transcribimos parte de la MOTIVACIÓN de esta iniciativa:

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«Ante la grave situación económica que vive Costa Rica por el Coronavirus y la cadena de difíciles decisiones que están tomando los agentes económicos de nuestro país, es fundamental buscar opciones para aquellas personas que, por su situación económica, tienen fondos propios, depositados o guardados como garantías, pensiones voluntarias y/o complementarias o mecanismos de ahorro a largo plazo. En este particular caso destacan el fondo que hoy administra la Dirección Nacional de Notariado para miles de Notarios Públicos que mes a mes pagan la cuota correspondiente al Fondo que hoy esta depositado en la Operadora de Pensiones del Banco de Costa Rica.

El Fondo de Garantía Notarial fue creado con la promulgación del Código Notarial que comenzó a regir en el año 1998. La Dirección Nacional de Notariado es la administradora de ese fondo, basado en la ley 7337 Ley del Régimen Privado de Pensiones Complementarias, reformada por la Ley No. 7983 Ley de Protección al Trabajador. Esta propuesta procura usar los fondos de profesionales en el notariado que son de su propiedad y simplemente están depositados para eventuales responsabilidades civiles en el ejercicio de la función pública, para nadie es un secreto que existen muchos proyectos de ley tendientes a brindar ayuda, soporte, prórrogas, exoneraciones para pagos de impuestos o ayudas económicas para la población más vulnerable, pero también es cierto que pocas iniciativas tienen a ayudar a los profesionales independientes, como es el caso de los notarios públicos, que en su más amplio esquema son patronos y por ende contratan a asistentes legales o notariales, secretarias o personal administrativo y muchos de ellos pagan a sus empleados seguridad social, alquileres y por supuesto salarios.

Este proyecto de ley además, no tiene ningún costo o esfuerzo fiscal adicional para el Estado costarricense, amén de que vivimos épocas fiscales convulsas y de mucha restricción económica y vendrán épocas aún más difíciles para la economía general.

La iniciativa promueve que la Dirección Nacional de Notariado devuelva el 50% de los fondos depositados en el Fondo de Garantía Notarial a los notarios públicos en al menos tres tractos. El efecto para cada notario puede estribar en mantener su oficina abierta, mantener sus empleados o socorrerlos en épocas difíciles, por cuanto corresponden a fondos propios. En el efecto macroeconómico se puede estimar en un impulso de ocho mil (8.000) millones de colones mensuales, rozando los veinticinco mil millones de colones en tres meses, lo anterior si calculamos un promedio de tres millones (equivalentes al cincuenta por ciento (50%) del monto total depositado, por notario que se calculan en ocho mil trescientos litigantes, sumando a ellos muchos otros notarios de planta de bancos, empresas y demás instituciones públicas y privadas.

Asimismo, en aras de que el fondo cumpla con el objetivo por cual fue creado, y continúe garantizando el ejercicio de la función notarial a los usuarios es que únicamente se le girarán los fondos a aquellos notarios que no tengan procedimientos abiertos por eventual responsabilidad en el ejercicio de la función notarial, con el objeto de salvaguardar a terceros de buena fe, en esos casos sólo se podrá autorizar el giro de los fondos hasta tanto acabe el procedimiento disciplinario sancionador con una eventual responsabilidad económica.»


Nos indican en la Asamblea Legislativa que este proyecto apenas fue presentado en su Secretaría el viernes pasado.  Encontrándose actualmente la Asamblea en sesiones extraordinarias, su tramitación iniciaría únicamente en caso de ser convocado por el Poder Ejecutivo, lo cual aún no se ha producido.  Idealmente que las agrupaciones gremiales le hicieran la excitativa al Presidente de la República para que convoque el proyecto.   Estaremos atentos para informarles sobre cualquier avance en su tramitación.

 

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Publican listado de sociedades incumplidoras Registro de Accionistas

Ya se encuentra disponible en la página web del Ministerio de Hacienda la lista de todas las sociedades que al 1 de abril no habían cumplido con la presentación de la Declaración del Registro de Accionistas correspondiente al período 2019.   Sabemos que la Declaración correspondiente al presente año 2020 se pospuso para el próximo mes de setiembre.   (Descargar el listado aquí)

Según se indica en el aviso publicado por Hacienda en su página web , » …el próximo 16 de abril, la Dirección General de Tributación publicará el edicto de apercibimiento y prórroga automática, del plazo adicional que se concede a estas personas para proporcionar la información sobre sus beneficiarios finales.

A partir de 17 de abril, quienes no hayan cumplido, contarán con seis días hábiles adicionales para hacer su declaración en el RTBF sin multas ni sanciones.

Al finalizar el periodo de prórroga, el Banco Central de Costa Rica remitirá la lista de los incumplidores a la Dirección General de Tributación, la cual iniciará el procedimiento para imponer las siguientes sanciones:

 

Quienes presenten la información al RTBF luego del plazo otorgado mediante el apercibimiento y la
prórroga automática hasta el 30 de abril de 2020.
Multa pecuniaria proporcional del 50% de la sanción
correspondiente.
Quienes presenten la declaración luego del 30 de abril de 2020 o no hayan presentado del todo la información requerida. Multa del 2% de los ingresos brutos declarados en el impuesto sobre las utilidades del año anterior a aquel en que se produjo la infracción, con un mínimo ¢1.350.600 y un máximo ¢ 45.020.000
Quienes hayan incumplido con el suministro de información al RTBF A partir del 1 de mayo de 2020, el Registro Nacional no les emitirá certificaciones de personería jurídica ni les inscribirá documentos.

Además, los notarios públicos deberán consignar la situación de incumplidor del interesado en los documentos que emitan.

Quienes hayan incumplido con el suministro de información al RTBF

 

 

“Agradecemos a alto porcentaje de las personas jurídicas que, de manera responsable, cumplió con esta declaración antes del 01 de abril. Contar con este registro es sumamente valioso para los planes de lucha contra la evasión fiscal que lleva a cabo la Administración Tributaria, así como para el combate a la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo que realiza el lnstituto Costarricense contra Drogas. Por eso, haremos todo aquello que la normativa establezca para lograr el cumplimiento de todos los obligados”, aseguró Priscilla Zamora Rojas, directora general de Tributación.

Para el periodo 2020, la declaración anual (RTBF) deberá presentarse en setiembre. Asimismo, para facilitar su cumplimiento, la declaración del 2019 se precargará automáticamente en el sistema, por lo que las personas jurídicas solo deberán modificar aquella información que haya cambiado; si no fuera necesario actualizar la información, solo debe confirmar la declaración precargada, firmarla digitalmente y enviarla.

Comunicado de prensa

CP 55 / 03 de abril 2020″   (Ver aviso oficial en la página web del Ministerio de Hacienda)

 

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Registro de Accionistas y las sociedades extranjeras con cédula jurídica costarricense

El estimado colega Casimiro Vargas nos ha hecho llegar un nuevo artículo, esta vez sobre una inquietud que muchos se han formulado:   ¿Deben presentar declaración en el Registro de Transparencia, las sociedades domiciliadas en el extranjero con cédula jurídica costarricense?

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La Ley 9416 (Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal), fue la que creo el Registro de Transparencia y Beneficiarios finales (RTBF). En su artículo 5, párrafo primero, indica quienes están obligados a presentar reporte, específicamente dice así en lo que interesa (el resaltado es nuestro):

“ARTÍCULO 5.- Suministro de información de personas jurídicas y otras estructuras jurídicas Las personas jurídicas o estructuras jurídicas domiciliadas en el país, por medio de su representante legal, deberán proporcionar al Banco Central de Costa Rica el registro o la indicación de los accionistas y beneficiarios finales que tengan una participación sustantiva. ….”

Obsérvese que dice “estructuras jurídicas domiciliadas en el país”.  En concordancia con lo anterior, el Decreto N° 41040 -H (“Reglamento del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales”), en su artículo 3, dispone:

“Artículo 3.-Sujetos obligados al suministro de información. Están obligados a presentar la información establecida en el Capítulo II de la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas domiciliadas en el país, los administradores de recursos de terceros a favor de sus clientes, las organizaciones sin fines de lucro y los fideicomisos privados, incluyendo los fideicomisos extranjeros que realizan actividades en Costa Rica.”

Pues bien, si nos atenemos a los términos utilizados, es claro que no tendrían que presentar declaración ante el RTBF las sociedades que, aunque el Registro Nacional les haya asignado cédula jurídica, sólo otorgaron un poder general o generalísimo para ser representados en el país, pero ni han abierto sucursales en Costa Rica (art. 226 del Código de Comercio); ni han transferido sus sedes a Costa Rica (Art. 227 del Código de Comercio), ni de ningún otro modo se han domiciliado en Costa Rica. Es decir, sociedades en las que su sede social sigue estando en sus países de origen y ahí se celebran sus reuniones el consejo de administración y está situado el centro de administración social. (Art. 231 del Código de Comercio).

Alguien podría alegar que los artículos 6 y 10 del Reglamento cubren la posibilidad de que deban declarar estructuras jurídicas domiciliadas en el extranjero, pero ello a nuestro juicio no es así. Primero esas normas deben desarrollar lo que dispuso la ley y no incluir nuevos supuestos; y segundo, esos artículos 6 y 10 se refieren más bien a casos de entes costarricenses que tienen empresas extranjeras como accionistas o cuotistas.

Así pues, en principio pareciera que esas sociedades que obtuvieron su cédula jurídica por haber inscrito un Poder en Costa Rica, no deberían estar obligadas a presentar declaración en el RTBF.

Sin embargo, en la Resolución conjunta de Alcance General recién promulgada el 30 de marzo del 2020 (y que derogó la anterior), aparecen nuevamente las “Sociedades Extranjeras con cédula jurídica nacional”en su artículo 13:

«Artículo 13.- Personas jurídicas. Las siguientes personas jurídicas inscritas en el Registro Nacional con plazo social vigente deben, por medio de su representante legal, ingresar en la página web Central Directo del Banco Central de Costa Rica. https://www.centraldirecto.fi.cr, para completar la declaración y suministrar la información requerida, incluyendo el detalle del total de las participaciones así como la identificación de los beneficiarios finales.

          • Personas jurídicas
          • Sociedades Anónimas
          • Sociedades de Responsabilidad Limitada
          • Sociedad en Nombre Colectivo
          • Sociedades en Comandita
          • Sociedades Extranjeras con cédula jurídica nacional
          • Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada
          • Sociedades Civiles y Sociedades Profesionales

En todos los casos el representante legal debe contar con la “representación extrajudicial” que será verificada ante el Registro Nacional. En los casos que dicha representación deba ejercerse en forma conjunta, el declarante debe contar con la autorización de los otros representantes para completar la declaración en el RTBF, lo cual será consignado en el acuerdo de uso del servicio, así como en la declaración jurada que debe firmar al enviar la declaración.» 

Entonces, si bien la ley y el Reglamento no las incluyó, la Resolución sí lo hizo. Es difícil predecir cómo se resolvería el punto ante un Tribunal, pues evidentemente la resolución es contraria al texto de la ley y del Reglamento (y por lo tanto en ese aspecto podría considerarse ilegal), pero también se podría alegar que la resolución está más acorde con el espíritu o sentido de la ley, lo cual podría hacer que se considere legal. Esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10 del Código Civil que dice:

“ARTÍCULO 10.- Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de ellas. (Así reformado por Ley Nº 7020 de 6 de enero de 1986, artículo 1º)”

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Sobre las nuevas regulaciones del Registro de Accionistas

Según comentamos en nuestra nota del pasado lunes pasado,  mediante resolución DGT-ICD-R-06-2020 RESOLUCIÓN CONJUNTA DE ALCANCE GENERAL PARA EL REGISTRO DE TRANSPARENCIA Y BENEFICIARIOS FINALES se derogó en todos sus efectos la anterior Resolución Conjunta que sobre esta obligación emitieron Hacienda y el Instituto Costarricense sobre Drogas en mayo del año pasado con el número DGT-ICD-14-19

Nos permitimos destacar a continuación algunos aspectos: 

1.-  Se mencionan dentro de los CONSIDERANDOS como fundamento de la obligación que tienen todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas de suministrar información de trascendencia tributaria a la Administración Tributaria,  los artículos 105 y 106 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, y en forma expresa se incluye a las asociaciones, fundaciones y los colegios profesionales entre los obligados a cumplir con el RTBF.     Igualmente, se indica que los artículos 5 y 6 de la Ley 9416 establecen como obligados a declarar en el RTBF,  los fideicomisos, administradores de recursos de terceros y organizaciones sin fines de lucro.  Se aclara sin embargo que todas estas entidades serán llamadas a cumplir en próximas etapas conforme se produzcan avances en el desarrollo informático de la plataforma Central Directo del sistema del Banco Central de Costa Rica.

2.- JUSTIFICACIÓN PRORROGA DECLARACIÓN 2020:  Se explica que la razón de que se pospusiera para setiembre del presente año la obligación de presentar la Declaración Ordinaria 2020 se debió al hecho de que con la moratoria del plazo para la presentación de la Declaración 2019 ,  iban a confluir en el mismo mes de abril ambas obligaciones.

3.-Se modifica la redacción del OBJETIVO que se perseguir con las declaraciones del RTBF  :

«Registrar la información que permita identificar a los beneficiarios finales en función de la naturaleza jurídica de cada obligado, para lo cual deben suministrar la información de la totalidad de las participaciones del capital social, así como la identificación de las personas físicas que sean beneficiarias finales por participación directa e indirecta, los que ejercen una influencia sustantiva, es decir, por otros medios de control, así como otros datos según cada tipo de sujeto obligado que se indica en esta resolución.»

4.-  Sobre las DECLARACIONES ORDINARIAS:

4.1 PLAZO:  Todos los años deberán presentarse las declaraciones ordinarias en el mes de setiembre.  La buena noticia es que expresamente se señala que la información establecida en las declaraciones anteriores será «precargada»  de manera que el obligado solo tendrá que actualizar los datos que hayan variado o simplemente confirmar que la declaración no contiene cambios.

4.2  NUEVAS SOCIEDADES: En el caso de sociedades nuevas que se constituyan o bien sociedades que soliciten la asignación de cédula jurídica,  deberán presentar su primera declaración ordinaria dentro de los 20 días hábiles siguientes a su inscripción o asignación de cédula por el REgistro de Personas Jurídicas.  Cuando estos hechos se produzcan en el mes de setiembre, contarán las sociedades con todo ese mes de plazo para presentar las respectivas  declaraciones al RTBF.

4.3: CORRECCIÓN DE ERRORES:  Si se detecta algún error y todavía se encuentra la persona dentro del plazo conferido para presentar la Declaración Ordinaria podrá corregirlo sustituyendo la declaración enviada por una nueva.

5.- Sobre las DECLARACIONES EXTRAORDINARIAS:  Cuando se realicen modificaciones en las que alguno de los propietarios de las participaciones iguale o supere el 15% , ya sean comunes, preferentes u otras, o cuando se cambie o se incluya algún beneficiario final, las sociedades deberán presentar este tipo de declaraciones y contarán con plazo para ello 15 días hábiles siguientes a la anotación en el libro Registro de Accionistas o de Cuotistas, según sea el caso.

6.- CORRECCIONES VENCIDO EL PLAZO ORDINARIO: Cuando el obligado constate que existe algún error y ya venció el plazo en el que tenía que cumplirse con la presentación,  podrá realizar  la corrección por UNICA VEZ dentro del plazo máximo de 30 días naturales contados a partir de la finalización de la declaración ordinaria.   Lo hará mediante la presentación de un escrito firmado por el obligado en el que detalle y justifique el error existente.  (No se indica a qué Departamento o institución debe dirigirse tal escrito)

7.- PERSONAS JURÍDICAS OBLIGADAS A CUMPLIR CON EL RTBF:

Se establecen las mismas establecidas en la anterior resolución y con la misma condición de encontrarse inscritas en el Registro de Personas Jurídicas y con plazo social vigente.

  • Sociedades anónimas
  • Sociedades de responsabilidad limitada
  • Sociedades en Nombre Comandito
  • Sociedades en Comandita
  • Sociedades extranjeras con cédula jurídica nacional
  • Empresas individuales de Responsabilidad Limitada
  • Sociedades Civiles y Sociedades Profesionales

8.- REPRESENTANTES LEGALES:     En todas las sociedades indicadas podrá presentar la declaración cualquier representante legal de la sociedad que cuente con REPRESENTACIÓN EXTRAJUDICIAL debidamente inscrita en el Registro Nacional.     Cuando esa representación deba ser ejercida en forma CONJUNTA, cualquiera de los representantes podrá presentar la declaración pero el sistema le exigirá declarar bajo la fe de juramento que cuenta con autorización de los otros representantes para hacerlo.   Conviene por lo tanto que esa persona obtenga de los demás representantes por escrito la debida autorización.  No se señalan en la resolución formalidades específica para ello.

9.- APODERADOS:  También podrá presentar la declaración del RTBF  un único apoderado, que deberá ser una persona física con suficientes facultades para cumplir con la obligación.  De previo a que ese apoderado pueda entrar a la plataforma, un Notario deberá acreditarlo.   Cuando se trate de APODERADOS ESPECIALES,  el poder especial deberá ser necesariamente otorgado en escritura pública.

10.- PARTICIPANTES PERSONAS JURIDICAS DOMICILIADAS EN EL EXTRANJERO:

Se establece ahora la obligación  de identificar la totalidad  de los participantes de las personas jurídicas extranjeras cuando posean el 15% o más del capital social de la sociedad obligada a declarar en el RTBF.   En la anterior resolución no se establecía dicho porcentaje. Se señala además ahora que será responsabilidad del representante legal proveer al RTBF los datos sobre la propiedad de la totalidad de las participaciones que posean esas personas jurídicas hasta identificar a los beneficiarios finales, así como los PODERES OTORGADOS en Costa Rica para el desarrollo de la actividad.

11.-  BENEFICIARIOS FINALES: Se incorpora una amplia definición de este término.   La transcribimos a continuación:

«Determinación de los beneficiarios finales. El beneficiario final será la persona o personas físicas que en primera instancia tengan el control de la persona jurídica en consideración a las participaciones directas e indirectas sobre el capital social. Si de tal operación no se identifica alguno, se tendrá como beneficiario final a las personas físicas que tengan una influencia sustantiva, es decir control por otros medios sobre la persona jurídica.

Se entenderá como influencia sustantiva, contar con la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o socios, tener el derecho a designar o cesar a la mayor parte de los órganos de administración, dirección o supervisión, poseer la condición de control de esa empresa en virtud de sus estatutos, u otros. En caso de que tampoco sea posible identificarlo, finalmente se tendrá como beneficiario final a la persona que ocupe el puesto directivo superior de la persona jurídica que hace la declaración.

Para la determinación del beneficiario final, el sistema desarrollado por el Banco Central de Costa Rica determinará de forma automática los beneficiarios finales por participación directa e indirecta en consideración al capital social, así como a los derechos a voto. Si por tales parámetros no es posible identificar a alguno, el obligado debe suministrar la información del beneficiario final por influencia sustantiva (control por otros medios).»

12.- INFORMACIÓN INCOMPLETA:  Cuando la sociedad obligada no cuente con los datos identificativos exigidos en el RTBF de algunos de sus participantes, podrán incluir los datos que conozcan adjuntando una declaración jurada en la que describen la razón de tal condición y las gestiones realizadas en atención a una debida diligencia para su identificación.     Como mínimo el sistema le exigirá completar el nombre del participante  y sus participaciones.

Las personas jurídicas que se encuentren en esta condición deberán realizar al menos una publicación anual en algún diario de circulación nacional para convocar a los socios para actualizar sus datos, la cual deberá adjuntarse a la declaración como dato probatorio.

13. TRANSITORIO I:  Sociedades nuevas constituidas este año o que hayan pedido la asignación de cédula jurídica podrán presentar la Declaración de accionistas hasta setiembre del presente año.

14.- TRANSITORIO II:  Sociedades que tengan que presentar declaraciones extraordinarias por cambios en la propiedad o cantidad de sus acciones, o bien aquéllas que tengan que reportar la corrección de errores declarados en la Declaración 2019,  por esta UNICA VEZ, presentarán dichos cambios en setiembre cuando se habilite la presentación de las Declaraciones ordinarias 2020.

 

 

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DNN solicita repintar sello blanco en documentos registrales

Nos permitimos transcribir textualmente acuerdo del Consejo Superior Notarial a continuación:

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San José, 31 de marzo del 2020

DNN-CSN-116-2020

M.Sc. Guillermo Sandí Baltodano
Director Ejecutivo
Dirección Nacional de Notariado

Asunto: Comunicado de acuerdo. Si va a responder a este oficio es necesario que haga referencia al número de acuerdo.

Estimado señor:

Para lo que corresponda, se remite la parte resolutiva del Acuerdo 2020-009-007, tomado en sesión ordinaria N° 009-2020, celebrada por el Consejo Superior Notarial el 25 de marzo del 2020:

EL CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL ACUERDA:

ACUERDO 2020-009-007:

a) Solicitar a los notarios, que utilizan los servicios del Registro Nacional, mediante la presentación de testimonios impresos en papel que, con un lápiz, resalten el sello blanco a fin de lograr su captura a la hora de escanear el documento, de manera tal que se facilite su comprobación por el Registrador. Lo anterior con vista en la solicitud realizada por el Director Mauricio Soley Pérez, como representante del Registro Nacional ante este Consejo, analizando la temporalidad de la solicitud de colaboración de parte de los notarios, tomando en consideración el beneficio mutuo de los notarios, usuarios y público en general.

b) Comisionar a la Dirección Ejecutiva de la Dirección Nacional de Notariado para que comunique y publique donde y cuando considere oportuno y pertinente.

c) Ejecutar de inmediato.

ACUERDO FIRME POR VOTACIÓN UNÁNIME.

Atentamente,
Isabel María Vargas Montero
Secretaria de Actas
Consejo Superior Notarial

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