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Carlos Camacho

Alerta sociedades inactivas

Nos permitimos transcribir a continuación, interesante artículo del Dr. Carlos Camacho, socio director de Grupo Camacho, experto en servicios de auditoría, consultoría contable y asesoría tributaria, publicado recientemente en La República.NET

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«La ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas del 4 de diciembre recién pasado plantea diversidad de retos y sorpresas a empresas, empresarios, personas físicas y por supuesto a inversionistas tanto locales como extranjeros. La inclusión en el artículo 2 de la Ley de Impuesto sobre las Utilidades de una nueva regulación, en su inciso a) indicando:

“a) Todas las personas jurídicas legalmente constituidas, con independencia de si realizan o no una actividad lucrativa, las sociedades de hecho, las sociedades de actividades profesionales, las empresas del Estado, los entes colectivos sin personalidad jurídica y las cuentas en participación que haya en el país” Tienen el deber de presentar su respectiva declaración de impuesto sobre la renta.

¿Cuál es la relevancia de esta norma, qué nuevas luces pueden llegar a vislumbrarse de su aplicación?

Las entidades de cualquier naturaleza, en especial aquellas que sean tenedoras de bienes o derechos dentro o fuera el país, tienen tremenda tarea por el frente, más que de orden operativo, de carácter estratégico. El motivo es, en especial el deber probatorio del origen de los recursos de la entidad que se han generado la causa económica de dicha riqueza, para justificar la existencia de los bienes de los que dichas entidades son titulares.

Vamos a tratar de empezar por lo sencillo:

El artículo 5 de la ley de impuesto sobre la renta, así reformado desde la Ley de Justicia Tributaria de 1995, indica que:

“También forma parte de la renta bruta cualquier incremento del patrimonio que no tenga su justificación en ingresos debidamente registrados y declarados, a partir del período fiscal siguiente a la vigencia de esta ley.”

Por tanto, una entidad que tenga un bien inmueble con un valor de un millón de unidades monetarias de valor, cuyo capital social sea de diez mil unidades monetarias, tiene un incremento patrimonial de novecientos noventa mil unidades monetarias. Dicho incremento de patrimonio puede o no ser justificado. Si lo es y el contribuyente tiene medios probatorios que soporten que la proveniencia de los fondos aportados ha sido sometida a la tributación correspondiente, o que estaban exentos de dicha obligación, se debe entender que no está justificado y por ende tributaria por el impuesto sobre las utilidades a una tarifa del 30%.

Esto ya ha sido así por los últimos veinticuatro años, excepto que no había medios de determinación constatable de los bienes de los que las entidades inactivas eran titulares, así como no había obligación de declarar a efectos del impuesto sobre la renta, lo que dejaba un gran orificio a la evasión fiscal en algunas ocasiones. Muchos contribuyentes arguyen que es sencillo, es cuestión de decirle a la Administracion que este patrimonio es resultado de sus ahorros de la vida, pero si esto solo se argumenta y no se logra probar con los medios que en derecho corresponde, esto se convierte en una buena salida, pero las posibilidades efectivas de salir airoso en un posible litigio son ínfimas.

Si conjuntamos las dos reglas, la anterior y la nueva del deber de toda entidad y le agregamos la disposición transitoria de que se transcribe en el párrafo anterior, tenemos la fórmula de la consecuencia fiscal de la cándida norma del artículo 2, transcrito arriba.

El transitorio relativo a la amnistía fiscal, en el inciso g) indica:

“g) Los contribuyentes que tomen la decisión de registrarse ante la Administración Tributaria podrían declarar y registrar incrementos no justificados de patrimonio, con lo cual deberán reconocer una tarifa única del quince por ciento (15%), cuya base imponible será el valor de mercado del patrimonio, pudiendo la Administración Tributaria verificar el valor de los bienes que se están regularizando.

No podrán regularizar incrementos injustificados de patrimonio provenientes de actividades ilícitas, en todo caso dichos incrementos podrán ser fiscalizados y denunciados ante las autoridades correspondientes.” (el subrayado no es del texto original)

Esto supone que la intención del legislador es activar la tributación efectiva de los incrementos patrimoniales no justificados ya en fase de amnistía al 15% o dando herramientas e impulso a la Administracion Tributaria, para que contando con las declaraciones respectivas se determinen en fase autodeterminativa la obligación del impuesto sobre la renta respectivo, o en fase de fiscalización, con el amplio acceso a la red de fuentes de información relevante en materia fiscal tanto local como internacional, para que dichos incrementos patrimoniales constituyan renta bruta que tributará al 30%.

Hemos de tomar en consideración, que el estándar común de reportes financieros-conocido por sus sigla en inglés CRS- entró en su segundo año de aplicación en setiembre de 2018, momento en el que Costa Rica entrega y tiene accesible información de sus residentes fiscales para efectos de detectar activos financieros que se encuentren en titularidad de estas entidades nuevas declarantes, que de aparecerles el afloramiento de un nuevo patrimonio, lo harían sujeto a la imposición sobre la renta local, si no tiene los medios probatorios efectivos para demostrar la condición de no sujeción prevista en el propio artículo 5 de la ley de renta, o si el mismo no está efectivamente excluido de la renta bruta según lo establecido en el artículo 6 de dicha ley.

Que no le sorprendan, que no sea usted el último en enterarse que la Administracion Tributaria ya conoce los activos que su entidad tiene dentro y fuera de fronteras costarricenses, donde la omisión de la declaración podría calificar eventualmente como un medio idóneo de inducción a error a la Administracion, con lo que lo rojo se hace colorado, sea que aparte de tener un problema impositivo, tiene consecuencias potencialmente punitivas en el ámbito penal tributario. Tome acciones de prevención, el tiempo es corto y para agravar las cosas, estas noticias coinciden y no por mera coincidencia, con la entrada en vigor del registro de beneficiarios últimos a partir del próximo mes de marzo.»

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Sociedades anónimas dejarán de existir el 1 de enero

Con este llamativo título, don Carlos Camacho, socio director de Grupo Camacho, experto en servicios de auditoría, consultoría contable y asesoría tributaria, nos comenta sobre un tema que ha generado mucha inquietud en las últimas semanas.  Agradecemos a don Carlos su autorización para difundir este artículo publicado también en la  La República.NET

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Otros comentarios en este blog sobre el tema del Registro de Accionistas y Beneficiarios finales puede hacer clic a continuación:
En consulta pública resolución sobre Registro de Accionistas
Firma digital será necesaria para cumplir obligación Registro de Accionistas
Nuevo Reglamento Registro de Accionistas y Beneficiarios finales

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«Como parte de las herramientas para luchar contra el fraude fiscal, las sociedades anónimas dejarán de existir a partir del 1° de enero de 2019.

Se trata de la implementación del Registro de Accionistas y Beneficiarios Finales, allí deben quedar inscritos los dueños, persona física y que sea beneficiaria final, de cualquier sociedad o estructura jurídica costarricense.

Deberán reportarse los socios con participación igual o mayor a un 15% del capital social; obligación que tendría que cumplirse anualmente, o bien, cada vez que algún accionista igualase o superase dicho rango de participación.

Con esto prácticamente se pierde la condición de anónima de una sociedad, porque se tiene que dar obligatoriamente esa información, que será manejada por la Dirección de Tributación, Banco Central y el Instituto de Control de Drogas.

Esta nueva normativa tendrá un gran impacto, porque no solo se trata de llenar un formulario, lo más importante es que la información que se brinda debe ser verídica, pues de lo contrario las empresas enfrentarán severas sanciones.

Para el caso de sociedades o personas jurídicas domiciliadas en el extranjero, será el representante legal o autorizado quien debe proveer los datos sobre la totalidad de las participaciones que posean esas personas jurídicas, hasta llegar a identificar a los beneficiarios finales.

El plazo ordinario de presentación de la declaración es una vez al año, del primero al 30 de abril.

No obstante, aún parece que existen dudas sobre la implementación de dicho reglamento, tal y como ocurrió con el arranque de la obligatoriedad de la factura electrónica.

¿Cuándo le corresponde?

Las sociedades deben presentar la declaración, dependiendo del número de su cédula jurídica, funcionará así:

Marzo 2019      Cédulas jurídicas terminadas en 0

Abril 2019         Cédulas jurídicas terminadas en 1

Mayo 2019         Cédulas jurídicas terminadas en 2

Junio 2019        Cédulas jurídicas terminadas en 3

Julio 2019          Cédulas jurídicas terminadas en 4

Agosto 2019        Cédulas jurídicas terminadas en 5

Setiembre 2019  Cédulas jurídicas terminadas en 6

Octubre 2019       Cédulas jurídicas terminadas en 7

Noviembre 2019  Cédulas jurídicias terminadas en 8

Diciembre 2019   Cédulas jurídicas terminadas en 9

Preste atención a la disposición

Expertos en temas tributarios consideran que el registro único será una herramienta importante para luchar contra la evasión.

Luis Diego Barahona

Director de Legal e Impuestos

PwC

El Banco Central de Costa Rica administrará esta información. La ley le exige que la administre garantizando siempre y adecuadamente su autenticidad, integridad, confiabilidad, confidencialidad, entre otros.

La documentación que sustente la declaración jurada, deberá ser conservada en original por parte de los sujetos obligados en caso de ser requerida por la autoridad.

Carlos Camacho

Socio director

Grupo Camacho

El reglamento de registro de accionistas llega a poner las reglas de orden en relación con los deberes de todas las entidades, nacionales o extranjeras operando en el país, de hacer del pleno conocimiento de la Administración Tributaria y del ICD, los beneficiarios últimos de las entidades, con o sin personería jurídica propia.

Ivannia Méndez

Gerente legal

Grant Thornton

No es solamente subir la información al sistema, sino tener el total de documentos que la sustentan.

Los obligados al suministro de la información deben resguardar toda la documentación que respalde lo declarado en el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales y deben mantenerla a disposición de la Administración Tributaria y del Instituto Costarricense sobre Drogas, para los procesos de control.»

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¿Qué acciones deberíamos estar tomando?

Transcribimos esta semana un nuevo artículo de don Carlos Camacho, socio director de Grupo Camacho, experto en servicios de auditoría, consultoría contable y asesoría tributaria, publicado hoy en La República.NET en relación al plan fiscal que se encuentra en discusión en la Asamblea Legislativa.

Aprovechamos para recordarles el Seminario que don Carlos impartirá nuevamente el próximo 24 de julio, a solicitud del público, sobre la aplicación de la factura electrónica y las consecuencias del IVA en la práctica jurídica. Interesados pueden obtener información más información aquí.

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«En las últimas columnas hemos concentrado nuestro análisis a qué está ocurriendo en el entorno empresarial costarricense, en especial en el ámbito regulatorio, tanto en relación con los procesos de reforma fiscal, como las regulaciones relativas a las actividades no financieras reguladas. Es un buen momento para hacer la conexión a la cotidianidad de la empresa y el empresario, para determinar qué acciones debemos estar tomando a la luz de los cambios del entorno regulatorio, a fin de poder tomar la mejor ventaja legal posible de las condiciones transitorias que se presentan con el “efecto anuncio” de una reforma fiscal significativa y la entrada en vigor de las acciones respecto de las entidades no financieras reguladas.

Solo como reporte de avance del plan fiscal, es importante indicar que el procedimiento abre dos días para recepción de mociones en la comisión respectiva, el primero de los cuales ocurrió el pasado jueves 5 de los corrientes, debemos entender que estos son días legislativos, es decir, que no son días consecutivos sino jornadas de sesiones especiales, corresponde ahora después de recibidas las mociones presentadas por todas las partes interesadas, a dicha comisión efectuar un escrutinio y valoración de las admisibilidad de las mismas hasta que se agote esta fase, no se abrirá al segundo día de mociones al proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanza Públicas. Esto se espera ocurra antes del final de julio, de ser así, se abre la posibilidad de una votación por convocatoria especial a primer debate, en el mes de agosto, que debemos recordar es uno de los periodos de sesiones extraordinarias donde el Poder Ejecutivo es el que maneja la agenda legislativa. De lograrse la etapa de comisión en el mes de julio, en agosto se podría tener una votación de primer debate, lo que es una prioridad nacional y sería natural que el Ejecutivo convocara prioritariamente este proyecto hasta su aprobación. Hemos de recordar que estos cálculos son una cábala de difícil predicción, ya que la dinámica legislativa es multidireccional y logra grandes acuerdos como desmorona los existentes en materia de un guiño de ojo.

Dadas estas condiciones del entorno, ¿qué debe estar haciendo el empresario hoy ante estos cambios que se avecinan? Ya en el plazo dicho o en uno mayor pero siempre anterior al final del año. Sin duda, la primera acción es conocer qué hay en el proyecto presentado, yendo más allá de lo que los medios publican, pues la complejidad y profundidad de la reforma, son de tal dimensión que quien quiera darse por enterado y tomar decisiones con lo que se conozca en prensa, está dejando sus decisiones y patrimonio a la deriva.

En materia de IVA los contribuyentes todos, en especial los nuevos, deben tener un plan de acción técnicamente elaborado, con la ayuda de expertos que estén profundamente sumergidos en el día con día de la reforma y no de conocedores de segunda mano, de cuáles serán las acciones operativas, financieras, estratégicas y comerciales que establecerán a fin de sacar la mejor ventaja y mitigar de manera más efectiva los impactos en los costos, el procesamiento de la información, las necesidades de capital de trabajo, así como la métrica de los efectos de elementos técnicos de la regulación del IVA, como las de las reglas de prorrata especial y prorrata general, así como el tratamiento y control de las acciones relativas a la inversión del sujeto pasivo en el consumo de servicios de no residente y el efecto financiero del mismo. No hay un plan de talla única, cada empresa, profesional y empresario tiene diversidad particular de situaciones que hacen de su casuística un asunto distinto en planeación de las particulares situaciones que están a punto de enfrentar y cómo manejarlas al menos con el menor impacto negativo, cuando no sacando alguna ventaja competitiva por cambios funcionales que se pueden llevar a cabo en razón del conocimiento del cuerpo principal del proyecto, no caigamos en la falacia del desconocimiento ilustrado, esta versa sobre que aún no es tiempo de estudiar la norma, pues aún está en proceso de cambio, ciertamente es así, pero la falacia consiste en que no está todo por construir, el cuerpo vertebral de las normas tiene hoy suficiente perfil para definir las grandes líneas estratégicas, dejando alguna de las operativas para cuando ya se tenga texto aprobado. Pero aprobado el texto, toca actuar, no empezar a conocer, ni a planear, pues puede ser demasiado tarde.

En materia de impuesto de ganancias de capital, es fundamental entender la mecánica de este impuesto, saber cuándo una renta será tasada al 15%, como tal ganancia de capital y cuándo por el contrario dichas manifestaciones de valor incremental materializado, se gravan al 30%, cómo se pueden afectar mediante estructuraciones y reorganizaciones empresariales y de grupos económicos, el apalancamiento tarifario, a la luz de la nueva realidad de dura asimilación que incomoda y es que la habitualidad o no de los actos no los deja fiscalmente inmunes ya más, solo habrá que ver si se trata de una u otra tipología de rentas que se puede llegar a mitigar el posible efecto de dichas ganancias. Esperar a ver el texto final es innecesario, ya sabemos que va a doler, todo lo que podemos es mitigar el dolor o soportarlo indefectiblemente, es una opción libre, hasta que sea tarde donde ya no habrá opción.

Respecto de renta, el proyecto ha tomado una serie de medidas incrementales en los diversos textos, que lo hacen cada vez más integral en materia de este impuesto, lo que debemos tener claro los contribuyentes, es que no es para aliviar nuestras cargas tributarias directas, mucho menos para reducir los de por sí altos niveles de costo de cumplimiento, como presiones fiscales indirectas. Por el contrario, la tendencia es aumentar las normas antielusivas, mediante reglas de apalancamiento deducibles con límites a la deducibilidad de la carga financiera aumentando el costo efectivo del financiamiento, eliminar la deducción de los gastos con jurisdicciones de tributación laxa, la versión tica de “diverted tax”, así como aumentar el espectro de las obligaciones ahora de orden legal de las transacciones intragrupales dentro y fuera del país conforme se crea la ley de precios de transferencia. Este aspecto debe ser de atención especial para todos los contribuyentes con transacciones con vinculados jurídicos, económicos o presuntos en especial ante el anuncio de la semana anterior de la capacitación intensiva recién concluida por funcionarios de la Administración Tributaria, impartida por expertos de primer nivel del CIAT (Centro Interamericano de Administraciones Tributarias) y la SAT (Servicio de Administración Tributaria) de México.

En realidad, lo que el empresario y el profesional deberían estar haciendo es estudiando, diseñando estrategias y dimensionando la gestión de los riesgos resultantes del embate de los procesos de cambio. Para aquellos que digan que es poco sensato hacer nada pues es probable que la reforma no pase, les tengo una noticia más alarmante, los planes que habría que hacer son de salvataje de empresas, enfrentar una devaluación e inflación galopantes, debiendo entrar en medidas de contención del gasto empresarial, de la reducción de las inversiones, los recortes de la grasa empresarial, con el cuidado técnico de evitar cortar arterias y perder lo que por años hemos acumulado, es decir, para uno u otro de los escenarios, debemos estar planeando, que no nos tome desprevenidos pues los cambios pueden tornarse en realidad por activa o por pasiva. ccamacho@grupocamacho.com «

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Texto sustitutivo del Proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas

Nos permitimos transcribir a continuación,  un completo artículo que el Dr. Carlos Camacho, socio director de Grupo Camacho, experto en servicios de auditoría, consultoría contable y asesoría tributaria, publicó recientemente en La República.NET  en relación al Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, No. 20.580

Agradecemos a don Carlos su colaboración en mantenernos informados sobre estos temas que, en el momento de ser aprobados, impactarán sin lugar a dudas  las prácticas financieras y contables de los profesionales en Derecho.  Agradecemos también que nos facilitara el texto sustitutivo de este  Proyecto de ley.  Puede descargarlo haciendo clic a continuación:  VER TEXTO PROYECTO DE LEY 20580)

Aprovechamos para recordarles el Seminario que don Carlos estará impartiendo el próximo 24 de julio, a solicitud del público, sobre la aplicación de la factura electrónica y las consecuencias del IVA en la práctica jurídica.  Interesados pueden obtener información más información aquí.

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«Es evidente la huella que ha tenido la entrada en acción de la nueva jerarquía del Ministerio de Hacienda, en especial cuando se ve el nivel incisivo con que el texto presentado la semana pasada a consideración de la Asamblea Legislativa, se adentra en reformas que si bien deben ser mejoradas aún, aportaran indudablemente al menos del doble de lo que originalmente se previó para el plan de medidas tributarias, que en conjunto con las medidas iniciales en el área de gastos, significan pasos en la dirección correcta para la solución endémica de la condición fiscal del país.

Aunque concuerdo con las manifestaciones hechas por los diputados sobre la urgencia de las medidas para la reducción del gasto, creo que es indudable el cambio de ritmo y dirección que ha dado el Ministerio de Hacienda, aspecto que por sí mismo debe provocar tanto la certeza a los diputados de que este plan de impuestos —con las correcciones necesarias— es el que hay que aprobar sin más dilación, ya que la espera a las medidas de contención más agresivas del gasto, requerirá más tiempo y profundidad para que las exacciones al Estado sean inteligentes y eviten en la medida de lo posible los previsibles problemas sociales que conlleva una reforma del Estado como la que necesita Costa Rica.

Tanto los organismos internacionales como los diputados y los agentes económicos privados, debemos jugar con un riesgo, el menor en las condiciones existentes, siendo este el de dar lugar a la reforma tributaria con una vigilante actitud de urgencia para la reforma integral del Estado que logre la necesaria condición de efectivo equilibrio de largo plazo de las finanzas del Estado, aspecto que es una aspiración legítima tanto del Estado mismo como de sus ciudadanos y agentes económicos libres. El riesgo mayor es esperar a lo perfecto, siempre enemigo de lo bueno, por lo que el riesgo calculado como menor en señales y efectos concretos es la aprobación de la ya de por sí tardía reforma impositiva.

Sobre los cambios más importantes en el texto sustitutivo debemos dividirlo en tres partes, las modificaciones al IVA, las normas de novedosa aparición para cumplir con las normas BEPS, así como las que van directo a las arterias de la recaudación.

Respecto del IVA, debemos insistir que se han de incluir medidas correctivas en la acreditación plena del IVA de la canasta básica, según la que la neutralidad a la sujeción a tarifa reducida se logre, esto debe ser reformado en la comisión de estudio del proyecto para que se haga una acreditación tal como la que está permitida en las ventas al Estado y las de las exportaciones, ficciones jurídicas ambas que permiten evitar el aumento en los costos de estos y parece de recibo que lo sea en el caso de la canasta básica tributaria. Por otra parte, se eliminan los transitorios que beneficiaban temporalmente actividades lúdicas de turismo, las que entrarán de una vez a tarifa plena, así como aquellas complejas normas de tarifas escalonadas en relación con los servicios al sector construcción. Sin duda estas dos últimas normas calzan también en la categoría de a la aorta recaudatoria, visto el impacto de estas actividades en la generación de valor económico agregado de la economía, como es característico casi a todo servicio.

Respecto de las normas de cumplimiento de BEPS, debemos remarcar dos en particular: las que regulan las capitalización exigua o reglas de subcapitalización, las que de todas formas hay que revisar con atención a la realidad propia de las condiciones del contribuyente, en especial en aquellas actividades más sensibles al financiamiento, entre más primarias son las actividades económicas sus niveles de requerimiento de recursos de terceros, préstamos en regla general, son necesarios, por tanto, reglas iguales a sectores distintos pueden quebrantar el principio constitucional de igualdad entre iguales, aspecto que se torna crítico en las actividades de orden agrícola e industrial, de menor impacto en comercio y servicios, siendo variable en la nueva generación de la economía digital y la investigación relacionada con esta. Se crean reglas de transacciones híbridas donde se confunden las reglas aplicables a las entidades extranjeras controladas con las relacionadas a las disparidades de los híbridos, aspecto que va a requerir una de dos opciones: o que se hagan reformas sustantivas para que la norma sea aplicable o dejarla para otro momento donde la Administración esté en mejor capacidad de distinguir una acción de la otra, ambas del mismo cuerpo normativo de BEPS. La que parece una peligrosa aventura que no consideramos opcional es la de aprobar una norma cuya confusa redacción y mezcla conceptual abre las puertas de una corrida de litigios evitables, que ya de por sí hoy saturan los estrados judiciales.

En relación con aquellas medidas que van a las arterias recaudatorias, destaca la eliminación completa de la exención de las cooperativas con independencia a su actividad y tamaño del impuesto sobre la renta mediante la derogatoria del articulo 3 d) de la actual ley 7092 de Impuesto sobre la renta, esto agregará a la potencia recaudatoria del proyecto al menos dos o tres puntos porcentuales del PIB, lo que podría aliviar de manera importante el efecto en la corrección del déficit de las finanzas públicas en una medida singular. Se les permitirá el alivio en la base imponible de cálculo de la obligación tributaria en renta, la deducibilidad de las reservas especiales que por disposiciones legales diversas se les han incorporado a las cooperativas, en una norma análoga a la que se le ha incluido en el mismo proyecto a las reglas de las entidades financieras. A la vez se hace una significativa eliminación de la dispersión tarifaria del impuesto de remesas al exterior, quedando todas las rentas de no residentes en dos tarifas, la del 15% y 25%, aspecto que toca de manera sensible temas como telecomunicaciones, transportes, seguros y reaseguros, dejando en mejores condiciones temas como las rentas empresariales de los no residentes, las de difusión de novelas y otros de índole lúdica, aspecto que simplificará en mucho la condición litigiosa de ciertas prestaciones de no residentes y causará un significativo impacto en el orden recaudatorio. Por último, se mantiene una condición pesada sobre las rentas del trabajo con tarifas del anterior 15% al 25%, aspecto que debe reconsiderarse con una posición más integral a la persona física con normas de renta global progresiva que permitan una mayor justicia tributaria material en las personas físicas que contribuyan en concordancia con los principios de capacidad contributiva actual y real, efectiva y progresiva, según la diversidad o singularidad de sus rentas, de forma que la equidad el sistema en las personas supere las meras formas de las actuales cédulas del impuesto a las que nos cuesta superar con el consiguiente efecto regresivo en la tributación de los asalariados en especial.

Vemos y destacamos muchos esfuerzos en la dirección correcta, muchísimos mejorables por medio del trabajo legislativo que resta, es importante que las mociones de fondo a estudiar se adecuen a este nuevo texto y que el mismo sea la piedra sobre la que se construya evitando estar en un continuo proceso de cambio de textos que solamente demorarán más aún las fases procesales restantes de este expediente.  ccamacho@grupocamacho.com «

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Los profesionales en Derecho y el impuesto al valor agregado

Don Carlos Camacho, socio director de Grupo Camacho, con más de 39 años de experiencia en servicios de auditoría, consultoría contable y asesoría tributaria, pone a nuestra disposición este interesante artículo sobre un tema, que de aprobarse en la Asamblea Legislativa el Proyecto de Ley 20.580, impactará sensiblemente a los profesionales y sus prácticas financieras y contables.

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«Costa Rica enfrenta una crisis fiscal sin precedentes en la magnitud, gravedad e inflexibilidad para las soluciones que requieren un reacomodo el tema fiscal que pase por una correcta asignación de los recursos de la recaudación, repensando, dimensionando apropiadamente las funciones y el tamaño del Estado, así como mejorando la calidad y la cantidad de los recursos con los que se financian las finanzas públicas.

La peligrosa condición del déficit continuado en el tiempo, requiere de acciones de orden inmediato dado que por motivos diversos, en especial las implosiones de dos reformas anteriores en la mesa de la Sala Constitucional, son indudablemente, factores que han agravado la condición acumulativa de las dimensiones del total de endeudamiento, que solo merma el acceso al crédito por parte del sector privado, entrando ya el país en los últimos años en una peligrosa espiral recesiva, que sentimos consumidores, agentes activos de la economía, negocios y profesionales liberales.

Si bien no hay reformas tributarias perfectas puesto que imperfectos somos todos los partícipes del sistema tributario, el planteamiento del Poder Ejecutivo sometido al conocimiento por medio de la vía del articulo 208 bis del Reglamento Legislativo, ofrece un buen inicio, pero es insuficiente para resolver la necesidad de cortar a la mitad el déficit fiscal, conforme las recomendaciones de los organismos internacionales de crédito, las calificadoras de riesgo y la propia OCDE.

Es así como la propuesta en curso legislativo no es la mejor de las opciones, pero la peor de las opciones es sin duda, dejar las cosas sin solución coherente, propiciando que sea la merced del mercado la que lleve a cabo los ajustes, eventualmente violentos de la economía con el perjuicio de todos los miembros de la sociedad en su conjunto, en especial de manera regresiva con efectos sobre los mas desposeídos y los dependientes de ingresos fijos sean en el sector público o privado.

Nos toca ahora enfrentar a todos los miembros de la sociedad, a cada quien según sus capacidades las consecuencias del reparto de la solución, que pasará por una de las consecuencias menos populares que es enfrentar los impuestos, cuya significación nos habla de actos que debemos cumplir, no que aceptar, ni que gustar, pero estar preparados para hacerlo, haciéndolo con apego a la norma, evitando onerosidad consecuencia del incumplimiento voluntario o no, es lo único sensato que en la vida en sociedad corresponde como parte racional del sistema social.

Los retos que implica la posible entrada en vigor de un impuesto de valor agregado (IVA), resultante de la aprobación del Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, merecen la atención temprana de este témpano que se acerca con efectos más allá de la simple subida de los valores en la facturación de los prestadores de servicios, sean estos personales o profesionales.

Si tomamos como ejemplo, el sector de servicios legales, tenemos dos grandes componentes de familias de ingresos: los que se derivan de los servicios de notariado, y los que se derivan de la prestación de servicios de asesoría y litigio en las diversas formas y ramas del Derecho.

Para empezar, ya todos los profesionales estamos obligados a contar con el servicio de factura electrónica, aspecto fundamental para efectos de un control efectivo de la dinámica del IVA.  Ahora bien, existen relaciones profesionales bajo diversas formas de contratación, por lo que resulta  también fundamental distinguirlas para tomar algunas decisiones sobre dichas prácticas profesionales, dadas las consecuencias de orden financiero del impuesto en cuestión.

Todos los servicios prestados por los profesionales del Derecho estarán sujetos a una tarifa general del 13% de impuesto sobre valor agregado. Sin embargo, puede que el cliente tenga una condición de ser exento por alguna razón subjetiva según la norma legal. De ser así, tenemos un primer componente de complejidad en la liquidación del impuesto; éste se conoce como la pérdida del derecho proporcional de los IVA que haya soportado-pagado-el profesional por los costos y gastos gravados con IVA que sin esta excepción, implicaría el derecho pleno de deducción.

La otra característica del mercado de los servicios profesionales es la costumbre predominante del cliente de tomarse algún tiempo para pagar, implicando ello un reto de financiamiento para el profesional, entre el momento de tener el deber legal de presentar la declaración y el momento de pagarlo. Tendrá el profesional que financiar el impuesto, por cuanto el hecho generador de la obligación del impuesto en servicios, es la prestación del servicio o la facturación del mismo, lo que suceda primero.  Lo anterior implicará para el profesional, el tener que llevar a cabo una exhaustiva evaluación del impacto en su flujo de caja. Se trata de evitar «morir de éxito». Ya que un cliente grande con términos de pago normalmente largos, será un gran reto, en especial por los elementos probatorios de algunos de los servicios.

Así por ejemplo, en el servicio de notariado se dan dos aspectos que confluyen, por una parte está la tabla de referencia de honorarios, que será la base sobre la que se tasará el IVA. Asimismo, por el propio control de los actos notariales, la fecha cierta del protocolo, hace que la misma dé eficacia de hecho generador al impuesto, con independencia si el cliente ha cancelado o no los respectivos honorarios. Aún en el caso de los clientes mejores pagadores, una operación notarial del día 31 del mes, es poco probable que esté cancelada para el día 15 del mes siguiente, pero el profesional sí que deberá pagar el impuesto correspondiente a dicha operación.

Lo anterior obligará a tener nuevas prácticas de gestión contable, financiera y de control de costos y gastos enfrentando un nuevo elementos disruptivo adicional. Hoy los profesionales del Derecho, por regla general, tienen contacto con su contador una vez al año, para la preparación de su declaración del impuesto sobre la renta. Esta práctica, deberá cambiar por dos motivos, primero por la frecuencia mensual de la liquidación del impuesto de valor agregado, así como las once “fotos” que tendrá la Administración Tributaria del contribuyente con estimaciones muy cercanas a la realidad de la obligación en el impuesto sobre la renta. Es decir que el IVA, aparte de sus fortalezas inherentes a la potencia recaudatoria inmediata, tiene potencia de control en el impuesto sobre la renta, lo que obligará a adquirir nuevos hábitos de planificación fiscal, financiera y patrimonial para poder evitar desafíos en los procesos de posibles fiscalizaciones, las cuales se hacen más sencillas por los medios de cruce automático de información, habida cuenta de que toda ella, estará ya en poder o a la disposición inmediata de la Administración Tributaria.

Para los servicios de asesoría, por la forma como está construida la norma, en el caso de las igualas de pago o los conocidos “retainer”, aunque estos honorarios no se hayan consumido por parte del cliente, siendo que el hecho generador del impuesto es la prestación del servicio o la facturación (lo que se dé primero)m es también una disociación temporal entre los costos por incurrir en servicios por prestar y sus respectivos elementos correspondientes en el IVA de cada mes, en donde los posibles gastos de generar en efecto el devengo del ingreso, vendrá en un momento posterior, generando el derecho de acreditación de dicho impuesto hasta entonces y bajo los términos y condiciones de la regla de prorrata que le corresponda.

Pensemos por último en los casos de cuota litis, que se va devengando en el proceso de las diversas fases que se dan en los servicios de litigio. Esto implica retos significativos de determinación de las bases imponibles del IVA, con condiciones inciertas, pero sin excepciones previstas en la norma legal tal y como ha sido planteada a la Asamblea Legislativa.

Con estos elementos introductorios, hacemos un esfuerzo por sintetizar los aspectos fundamentales que visualizamos como retos del impuesto por nacer, pero no son los únicos. No de forma gratuita, el IVA se ha ganado su apelativo de ser un impuesto sencillo, potente, pero de prolifera casuística que deberá ser resuelta en plazos muy cortos dada la condición de liquidación y pago del impuesto en los quince primeros días del mes siguiente al cerrado.

La mesa está servida para el diálogo de cómo prepararse y cómo deben orientarse las situaciones que se asoman a la vuelta de una posible aprobación de esta normativa.”

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Facturar e imputar

Agradecemos a don Carlos Camacho, socio director de Grupo Camacho, reconocida firma de consultoría en negocios, contabilidad e impuestos, tanto a nivel nacional como internacional, el presente artículo que gentilmente ha puesto a nuestra disposición sobre un tema que estamos seguros será del interés de muchos. ¿Deben incluirse dentro de la facturación solamente lo correspondiente a honorarios profesionales, o también aquellas sumas que recibe el profesional para cubrir gastos en timbres, impuestos, edictos, etc?

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«La facturación electrónica, cuya era inició en el presente año, tocando en primera instancia a los profesionales de diversas ramas, así como las entidades profesionales que prestan servicios en las mismas, es el inicio de una era que concluirá con la puesta en marcha, para el resto de los sectores de la economía, en el segundo semestre de 2018.

Esta tendencia ha llegado a Costa Rica de alguna manera con rezago, siendo conocido por todos, que en diversas ocasiones se tuvo el plan de iniciar, no siendo sino ahora que estamos enfrentando los retos prácticos de la misma.

Son diversas las ocasiones, así como las profesiones, que en su prestación de servicios deben facturar también algunos derechos o gastos que no corresponden a la prestación misma del servicio, sino al recobro de los gastos incurridos por cuenta de terceros. Tal es el gasto de los médicos y los abogados, que típicamente reciben de sus clientes fondos para cubrir los costos y gastos relativos a la diligencia profesional encomendada, tanto como los costos y gastos suplidos por terceros, pero centralizados en el profesional o la sociedad profesional a fin de poder brindar el servicio completo.

Ante la entrada en vigor de la facturación electrónica surgen algunas dudas razonables que se centran en cómo evitar se impute como ingreso, el valor de lo facturado en su totalidad cuando la condición de honorarios es inferior al monto de la facturación, siendo que ésta incluye costos suplidos por terceros. Como derivación de la duda anterior surge la de si en realidad debe usarse la factura electrónica para estos costos suplidos por terceros o solo debe facturarse exclusivamente lo que corresponde a los servicios profesionales.

Respecto de las naturales dudas planteadas, debe tenerse en consideración que la regla de imputación de ingresos es distinta, desde la óptica contable – punto de partida para el cálculo de bases imponibles de cálculo de impuestos diversos- de lo que corresponde al cumplimiento de los deberes formales.

En términos de los deberes formales, éstos obligan a que la facturación se efectúe por la totalidad, tanto de los servicios, como de los costos incorporados como gastos de terceros, así como impuestos, especies fiscales y otros asociados normalmente a la prestación del servicio. Sin embargo, esto no significa que la suma de todas las facturas implique ingresos a efectos del impuesto sobre la renta, siendo la distinción un aspecto de transparencia y buena llevanza de la contabilidad la que impute en los resultados del impuesto respectivo, única y exclusivamente los generados por honorarios por servicios prestados, debiendo usarse líneas de facturación y contabilización separadas las que respectan a la recuperación de costos y gastos incurridos por cuenta del cliente.

Este panorama se complica y conviene tenerlo más claro aún, ante la inminente entrada en vigor de un impuesto de valor agregado, que conlleva que la lejana y anual relación de los profesionales liberales con sus contadores, pase de una frecuencia anual para el cumplimiento de las obligaciones del impuesto sobre la renta, a al menos doce visitas anuales, en las que se deberá cumplir con la declaración y pago del impuesto que está en ciernes de nacer.

Aquí, será aún más critica la buena práctica de la separación de los conceptos respectivos en la contabilidad del contribuyente ya que de otra forma, no solo habrá consecuencias en la imposición directa de las rentas del profesional, sino que, de igual forma, la directa afectación de los receptores de los servicios, con la incidencia del IVA, en rubros en los que eventualmente no corresponda.

De hecho, facturación electrónica, no es más que un adecuado paso previo para la universalización del actual impuesto general sobre las ventas, que grava solo de manera excepcional algunos servicios en razón de su condición taxativa en el artículo 1 de la ley, pasando a una sujeción universal de todos los bienes y servicios al impuesto de valor agregado, donde será más importante aún la buena llevanza de la contabilidad, que partirá de una buena emisión cotidiana de las facturas de los servicios, así como los gastos y costos que se recuperan en razón de haberse incurrido por cuenta y en nombre del cliente del prestador de los mismos.

Los cambios en las mejores prácticas tanto fiscales, contables, como administrativas pretende cerrar las brechas entre la realidad de la actividad de los agentes económicos, sus signos externos de riqueza y su determinación de capacidades contributivas de momento en el impuesto sobre la renta y más temprano que tarde, de la imposición indirecta en el IVA.

Esto requiere de cambios en especial en los asuntos del manejo de lo cotidiano, debe existir un perfecto medio de trazabilidad entre los movimientos contables, los movimientos bancarios ya sea en cuentas corrientes o de inversión, que permitan demostrar que no ha habido distracciones que puedan provocar la erosión de las bases imponibles respectivas. Este es el reto de fondo que plantea la factura electrónica como medio de cumplimiento de obligaciones de forma y que tantas dudas nos han levantado.»

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