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Fernán Pacheco A.

Registro de Accionistas: Notarios podrán acreditar responsables a partir del 1 de junio

Relacionado con la nota que publicamos en este mismo blog el día de ayer, sobre la Resolución Conjunta que la Dirección General de Tributación y el Instituto Costarricense sobre Drogas emitieron en relación al Registro de Accionistas  (Ver nota), la Dirección Nacional de Notariado a su vez está comunicando que será a partir del próximo 1 de junio del año en curso, que los notarios podrán empezar a utilizar  el módulo para la inscripción de responsables en la plataforma que se implementará a estos efectos dentro de la  página del BCCR.
A través de este módulo, los notarios serán los únicos autorizados para acreditar aquellos apoderados que podrán cumplir con el Registro de Accionistas en sustitución de los representantes legales de las sociedades y otras entidades jurídicas.
Para ver el aviso de la Dirección Nacional de Notariado haga clic a continuación:  VER AVISO
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Finalmente nos permitimos compartir interesante comentario del Lic. Fernán Pacheco también en relación con esta posibilidad que felizmente se habilitó para facilitar el cumplimiento del Registro de Accionistas.
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“Me gusta el que se haya flexibilizado el tema de la inscripción mediante apoderado especial,  ahora regulada expresamente en el artículo 3 de la Resolución Conjunta publicada ayer en La Gaceta.
En un principio parecía que se quería limitar su uso a extranjeros sin residencia, que no tienen acceso a la firma digital. Pero es sabido que las inscripciones en todo tipo de registros, se manejan en gran medida gracias al útil instrumento del poder especial. Además no se puede desconocer que el artículo 1256 del Código Civil es una norma vigente y aplicable al caso concreto; a lo que se suman aspectos prácticos como la realidad que la mayoría de la población, a diferencia de los notarios, no cuentan aún con firma digital y el propio sistema no está en capacidad de dárselas masivamente en tan corto plazo.
El artículo 3 dispone -como corresponde- que el poder especial deberá contar con todas las formalidades de ley pero además deberá ser necesariamente otorgado en escritura pública.  El notario tendrá adicionalmente el rol de “subir” a la plataforma,  el testimonio del respectivo poder firmado por él de manera digital.
Por la responsabilidad que implica como notarios, es importante ser celosos con la documentación que se nos presenta.  Recordemos que cumplimos una función pública y no nos podemos negar, sin justificación, a prestar un servicio. Un tema delicado, que deberá ser objeto de debate, es el hecho que ya nadie legaliza los libros societarios y no están establecidos los requisitos y seguridades básicas. ¿Cómo saber si el libro que se nos presenta es el único existente?
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Sociedades “omisas” y el impuesto a las personas jurídicas

El Lic. Fernán Pacheco pone a nuestra disposición otro interesante artículo.   Esta vez sobre un tema que preocupa a muchos en este momento y que debe ser tomado en cuenta por los notarios  antes de autorizar escrituras de sociedades que puedan encontrarse en esta situación.

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“Son muchos los inconvenientes que se están presentando en virtud del impacto que, a nivel registral, conlleva la aplicación del nuevo impuesto a las personas jurídicas.  No manejo cifras, pero es evidente que se están produciendo cantidades masivas de cancelaciones a la presentación de escrituras en todos los Registros. Parece que el tema fiscal se ha impuesto sobre los principios registrales, en particular, los de seguridad y el de publicidad registral.

Pero no es mi propósito abrir un debate sobre el tema, sino referirme a un aspecto puntual que muchas personas desconocen, las autoridades no informan y sobre el cual tenemos que ser cautelosos los notarios. Me refiero a la imposibilidad de pagar el impuesto a las personas jurídicas cuando la sociedad se encuentra tributariamente en la llamada condición de “omisa”.

Ya me he encontrado con la situación en la cual una sociedad vigente que adeuda el impuesto no puede proceder a su cancelación pues en el banco “no aparece en el sistema”. En un principio pensé que se trataba de un problema de naturaleza informática entre la base de datos de Tributación y los bancos. Pero no es así. Existe una razón legal y está contenida en el artículo 8 del Reglamento a la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas que dispone:

Artículo 8º. Contribuyentes omisos en el Impuesto sobre la Renta. En el caso de un contribuyente omiso en el Impuesto sobre la Renta, se consignará el estatus de moroso en el Impuesto hasta tanto no normalice su condición tributaria.

Se conocen como “omisas” a las sociedades que, estando inscritas como contribuyentes activos, no han presentado una o más declaraciones (de renta, ventas, etc.). También están las sociedades que aun cuando no han sido inscritas como contribuyentes, las autoridades tributarias las inscriben de oficio pues han detectado movimientos que hacen presumir que tienen actividad lucrativa. En estos casos el impuesto no se genera ni se pone al cobro.

Aunque parezca un sinsentido que el sistema no permita pagar el impuesto a las sociedades omisas, la razón de fondo la encontramos en artículo 3 de dicha ley que dispone una tarifa diferenciada para las sociedades activas y las inactivas. Para estas últimas corresponde a un monto fijo del 15% de un salario base, pero las activas pagan con base en una tarifa escalonada del 25%, 30% y 50% sobre los ingresos brutos declarados en el periodo inmediato anterior. De ahí que si un contribuyente es omiso en la presentación de sus declaraciones, no hay base sobre el cual hacer cálculo y, por lo tanto, el impuesto no se puede poner al cobro.

Para determinar si una sociedad está omisa o no, tenemos podemos ingresar a la página de Hacienda llamada “Consulta Situación Tributaria” (https://www.hacienda.go.cr/ATV/frmConsultaSituTributaria.aspx)

La condición de omisa solo se solventa presentando todas las declaraciones pendientes. Así, por ejemplo, si una sociedad está inscrita como contribuyente del impuesto de ventas y no ha presentado declaraciones por 2 años, debe entonces presentar las 24 declaraciones pendientes. Sobra decir que cada una de ellas conlleva la aplicación de una fuerte sanción.

Ante este panorama debemos necesariamente manejar aspectos tributarios básicos y tener especial cuidado de no otorgar escrituras que involucren sociedades omisas pues, como vimos, la solución del problema se escapa de las manos del propio notario, quien se estaría exponiendo a una sanción por otorgar escrituras que no tendrán eficacia jurídica pues ¡ni siquiera son susceptibles de anotación en el Registro Público!

Finalmente, como corolario al tema, me cuestiono:

a) Si una sociedad está omisa y, por lo tanto, no se genera ni puede pagar el impuesto, ¿será que no se expone a la disolución de la sociedad por el no pago del impuesto por 3 años consecutivos?
b) El artículo 171 del Código Tributario dispone que la información tributaria es de índole confidencial, ¿entonces, como es que el portal “Consulta Situación Tributaria” pone al acceso público información sensitiva sobre todos los contribuyentes?”

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¿Hasta qué punto debe lo fiscal prevalecer sobre lo registral?

Del Lic. Fernán Pacheco compartimos este interesante y oportuno comentario sobre un tema que tiene a muchos notarios preocupados en estos días.

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“Hago un  llamado a lo que considero una desmejora seria en la seguridad registral.  La misma se relaciona con la cancelación masiva “ad portas” de las escrituras que “supuestamente” no han satisfecho el Impuesto a las Personas Jurídicas.     No discuto la potestad de hacerlo pues la Ley expresamente lo contempla; el problema deriva de la descoordinación entre la información que maneja el Registro Nacional, las autoridades tributarias y los bancos encargados del cobro.

En cuestión de dos semanas me ha correspondido ser víctima de cuatro casos concretos que procedo a exponer.

  1. Cancelan la presentación de una venta a una sociedad extranjera. Aunque la sociedad extranjera no es contribuyente del impuesto pues no es sucursal ni tiene apoderado inscrito en el país, en la base de datos del Registro aparece como morosa.  Si aun así quisiera pagar el impuesto para eliminar el obstáculo, en el banco no se puede pagar pues no aparece en el sistema.    Me indican que el problema lo tengo que arreglar en Tributación y, por ende, mientras eso ocurra, la escritura no se podrá ni siquiera anotar.
  2. En una solicitud de cese de disolución, cancelan la presentación pues aparentemente adeuda un año del impuesto.  Pero en el banco no nos resulta posible completar el pago, pues en la base de datos  que ellos manejan, la sociedad no aparece morosa.    En este caso,  el problema afortunadamente sí se logró solucionar con la intervención del Departamento Informático del Registro.
  3. Un traspaso que se debería tramitar como exento de acuerdo al Transitorio III a la Ley 9428. Aunque la sociedad siempre estuvo inactiva en la base de datos de Tributación, por algún motivo desconocido, aparece como que sí tuvo condición de activa  en la base de datos del Registro.  En el Registro me indican que el problema lo debo arreglar en Tributación.   En Tributación no me reciben el reclamo pues dicen que debo inscribir primero la sociedad como contribuyente.  Si inscribo la sociedad entonces pierde la condición de inactiva y por lo tanto la exoneración.
  4. Finalmente, a partir del 15 de diciembre, fecha en la que terminó el periodo de gracia, el Registro no cobra más el anterior impuesto de sociedades y por ende, ya no se puede pagar en el Banco de Costa Rica.    Algunos dicen que hay que pagarlo por entero o hay que esperar a que se habiliten otras plataformas y, mientras tanto, la sociedad sigue morosa ante el Registro y  se detiene la inscripción.

Todo lo anterior hace presumir que Registro, Tributación y los bancos  llevan bases de datos “paralelas” y que, por meros problemas informáticos, se están generando errores que truncan el acceso a la protección registral, exponiendo la responsabilidad que nos compete como notarios que ahora más bien parecemos !tramitadores!

No tenemos, los usuarios, por qué sufrir un vía crucis institucional para arreglar estos problemas.  Es claro que, tratándose del Registro Nacional y de la función que está llamado a servir, el aspecto fiscal no debería prevalecer ante el registral y mientras las instituciones no puedan cobrar un impuesto de forma eficiente y coordinar sus bases de datos, no debería el Registro proceder de la manera como lo está haciendo.”

 

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Algunas observaciones al proyecto de un nuevo Código Notarial

Del Lic. Fernán Pacheco nos permitimos retransmitir el siguiente comentario sobre el proyecto de ley que se encuentra en trámite de presentación ante la Asamblea Legislativa.   Le agradecemos mucho su interés en compartir estas observaciones sobre un tema de tanta relevancia para la comunidad notarial del país.

Aprovechamos para reiterar la invitación a todos nuestros lectores para que colaboren con este esfuerzo por modernizar regulaciones que en diecisiete años no han sufrido mayores reformas.

Pueden enviar sus adiciones o comentarios al correo electrónico: nuevocodigonotarial@masterlex.com

Conozca el texto de la propuesta haciendo clic a continuación:  PROPUESTA NUEVO CODIGO NOTARIAL

Sin más que agregar, transcribimos a continuación de don Fernán Pacheco.

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“Es importante que procuremos revisar el proyecto del nuevo Código Notarial. No es tarea sencilla pues se compone de casi cien páginas. Sin embargo, para ello no hay que ser un académico, todos pueden hacer sus aportes y generar una “lluvia de ideas”. Es con el día a día del quehacer profesional que nos percatamos de ciertos vacíos o temas que pueden estar mejor regulados. Por otra parte, además del cuerpo normativo que se nos presenta, debemos tener presente que hay normativa dispersa en otras leyes, que son el pan de cada día de la práctica notarial, tales como el tema de los poderes, las protocolizaciones, cuya modificación también se debe considerar.

Casi a manera de ejemplo, presento algunas ideas sueltas sobre temas puntuales.

1.- Daciones de fe en las protocolizaciones.
Se deben enlistar mejor las daciones de fe que el notario debe incluir al momento de protocolizar actas de personas jurídicas y de asambleas de condóminos. Sabido  es que cada registro tiene su conjunto de daciones de fe y cada día los registradores “inventan” nuevas que no tienen sustento legal. Nuestros “machotes” se van llenando de daciones que comprometan innecesariamente al notario sobre temas que no le competen. ¿Cómo puede el notario dar fe que se cumplieron todos los requisitos legales si éste no estuvo presente en la asamblea, participó en la revisión de cartas poder, es más, ni siquiera sabe si la asamblea se celebró en la hora y fecha o si las firmas en el libro son de las personas que dicen serlo? En este sentido se debe, con las diferencias del caso, estandarizar las daciones de fe para actas de sociedades, asociaciones y condominios y debe quedar claro que todas ellas se hacen con vista del libro de actas que le es presentado y no de hechos externos que no presenció.

En el tema de las protocolizaciones, el proyecto de ley contempla la siguiente disposición en su artículo 117: “Si en un proceso judicial o administrativo se invocare la protocolización de un documento, pretendiendo derechos con base en ella, y se cuestionare la autenticidad del contenido incorporado al protocolo, el documento notarial será ineficaz para fundar el derecho y el pretensor deberá presentar el documento original.”

Esta disposición me parece un tanto confusa y hasta peligrosa pues con gran facilitad elimina la eficacia de la protocolización y obliga a quien reclama a presentar el documento original, el cual no necesariamente tiene que estar en su poder. Yo entendería que esto sea así cuando se reclama que un acta, por ejemplo, está asentada en un libro “falsificado”, pero hay casos en los que el acta pueda estar asentada en el libro legalizado correcto pero lo que cuestiona es el contenido de la misma.

2.- Competencia territorial.
El Código introduce una interesante propuesta en el sentido de que se pueden otorgar actos que tengan efectos en el extranjero, en cuyo caso es necesaria la comparecencia de las partes y asumiendo el notario la responsabilidad de la validez y eficacia de los mismos. Considero que, en esta sección, se debe incluir la protocolización de actas sin que para ello sea necesaria la comparecencia, veamos: es claro que las sociedades costarricenses pueden operar tanto dentro como fuera del territorio nacional, por ello es común que se deban protocolizar acuerdos que vayan a surtir efectos en otras jurisdicciones. Al protocolizar el acta, el notario debería velar y ser responsable por el cumplimiento de los requisitos formales; la parte delicada lo es en cuanto al contenido de los acuerdos. Como muchos notarios no tenemos el conocimiento para redactar actas que van a tener efectos en otros países, el tema de la responsabilidad debe quedar mejor regulado. Pienso en el caso de la creación de una sucursal de una sociedad costarricense en Colombia. Es claro que el abogado colombiano será quien nos presente el texto del acuerdo que corresponde, pero ¿como sabemos si el mismo es correcto, eficaz o inscribible? Estimo que el notario que así debe proceder, puede eximir su responsabilidad en cuanto al contenido, si obtiene una opinión legal de un abogado o notario de la jurisdicción en que se vaya a utilizar, mediante la cual indica que el texto y formato del acta cumplen con las formalidades de su país y, por lo tanto, será válido, eficaz e inscribible en los casos que corresponda, carta de cuya existencia se deberá incluir en las daciones de fe. Por ello el artículo podría tener una redacción como la siguiente:

“ARTÍCULO 36.- Competencia Territorial. El notario y la notaria pública son competentes para ejercer sus funciones en todo el territorio nacional y, fuera de él, en la autorización de actos y contratos de su competencia que deban surtir efectos en Costa Rica. Podrán, estando en el territorio nacional, autorizar actos y contratos que tengan efectos fuera de nuestro país, siempre que todos los comparecientes acudan ante su notaria, o bien cuando se trate de protocolizaciones de actas de entidades costarricenses que vayan a abrir sucursales en el extranjero, trasladar su sede social, otorgar poderes y demás relacionados a sus operaciones extraterritoriales. El notario y la notaria serán responsables por los documentos que otorgue o autorice, aun cuando deba surtir efectos en el extranjero, en cuanto a la eficacia, licitud o eventual nulidad del instrumento o documento notarial. En cuanto a estos últimos, el notario y la notaria podrán eximir dicha responsabilidad si obtienen una opinión legal de un abogado o notario de la jurisdicción en la que el documento vaya a surtir efectos, mediante la cual indica que el texto y formato del acta propuesta cumplen con las formalidades del país y por tanto será lícito, válido, y eficaz y, en los casos que corresponda, inscribible. De la existencia de dicha opinión legal deberá dar fe el notario al momento de la protocolización respectivo y la misma deberá quedar agregada a su archivo de referencias. Los notarios y las notarias consulares solo podrán actuar en las circunscripciones territoriales a que se refiere su nombramiento.”

3.- Archivo de referencias.
El tema del archivo de referencias se las trae. Sabemos la importancia que tiene y el nuevo proyecto la enfatiza. En estos archivos se agregan poderes especiales, traducciones, y documentos esenciales y que complementan el negocio jurídico que se plasma en el protocolo. El tema es en cuanto a su destino o custodia final cuando un notario cesa en su ejercicio, se enferma o fallece. Al cabo de los años terminarán tirados a la basura por la viuda del notario a quien solo estorban ese “montón de papeles viejos”. ¿Y si después se requieren para un proceso judicial o administrativo? Me parece que hay varias opciones, una es que se digitalicen, otra que se entreguen con el protocolo, o al menos, los documentos esenciales, (pienso en los poderes especiales). La entidad que los recibe será un mero depositario y permitirá su consulta a partes interesadas pero no sería responsable de su revisión tal y como lo hace con el protocolo. El problema es que el volumen de papel sería monstruoso de ahí que se debe mudar hacía los medios electrónicos de conservación de documentos.

4.- Firma de notas marginales y adicionales.
Al igual que el resto de la humanidad, los notarios no somos seres perfectos. De buena fe cometemos errores materiales y de fondo. Un caso típico es el del notario que omite referirse a la base de remate o la responsabilidad en una hipoteca de varias propiedades. Después el deudor se niega a firmar notas o adicionales, ¿ahora qué? ¿es el notario el único responsable de que la garantía se haya desmejorado? Debe él, a título de daños, ¿cubrir el monto de la hipoteca que no se pudo ejecutar como tal? Considero que se debe establecer claramente una obligación legal de las partes de concurrir ante el notario cuando éste lo solicita para estos efectos, asumiendo el notario los costos de traslado y demás que correspondan. De no hacerlo, se presumirá la mala fe de quien no quiere presentarse y puede incurrir en responsabilidad. Por otra parte, de concurrir ambas partes, pero de no existir acuerdo sobre los términos de la enmienda, se podría pensar en un proceso especial tendiente a la solución del diferendo.  En fin, son ideas sueltas, pero estimo que si el notario es diligente y acude a estos mecanismos para procurar la inscripción y dar eficacia de un instrumento, su responsabilidad no debería existir o al debería menos quedar atenuada.

5.- Poderes especiales.
Hay mucho debate a nivel doctrinal y jurisprudencial sobre cuáles deben ser los elementos mínimos que debe contener un poder especial, desde los que consideran que debe ser prácticamente una trascripción del acto a ejecutar hasta los que consideraran que es suficiente con que se indique, por ejemplo, que el poder es “para vender un vehículo a favor de la persona y condiciones y que el apoderado estime convenientes”. Siendo el poder especial de tanto uso en nuestro medio, se debe regular mejor esta materia y reformar el artículo 1256 del Código Civil. Igualmente se debe regular mejor lo relacionado a las cartas poderes en las cuales cada abogado tiene su propia interpretación de cuáles deben ser sus requisitos mínimos, en especial cuando se suscriben en el extranjero.

6.- Fecha cierta.
La fecha cierta es un tipo de escritura que ha caído totalmente en desuso. Eran populares en el tiempo en que los traspasos de vehículos se hacían mediante cartas-ventas autenticadas a la cual se le agregaba la razón de fecha cierta. En materia tributaria, en otros países, se utiliza ampliamente. Es especialmente útil para dar certeza sobre la fecha en que celebran diversos contratos mercantiles, por ejemplo, préstamos, ventas de acciones, cesiones de crédito, contratos de distribución, con lo que permite demostrar fehacientemente que una relación jurídica es real y se ha mantenido en el tiempo y no se piense que es producto de una estructura que el empresario crea con ocasión de una auditoria fiscal, por ejemplo. Es un acta muy sencilla pues consiste en una descripción sucinta del documento que se le presenta, al cual se le consigna la razón de fecha cierta. El nuevo Código lo regula someramente en su artículo 116 dentro del tema de las protocolizaciones y por su parte el artículo 380 del Código Civil en cuanto a sus efectos.

Se debe promover más su uso y, en este mundo globalizado, dentro de las facultades extraterritoriales que se le quiere dar al notario, sería fácil extenderla a documentos que van a tener efectos en otros países. Se podría cobrar una tarifa reducida, que podría ser la mitad de la tarifa mínima, para promover el uso masivo de este instrumento. Esta debe hacer uso de los medios electrónicos y digitales y ampliar su espectro lo más posible para que esta se pueda consignar en fotocopias, faxes, correos electrónicos, archivos electrónicos, debiendo debe advertir en su protocolo de qué tipo de documento se trata, si es un original o una copia, si viene autenticado, apostillado, el idioma, etc. En este campo ya existen empresas en línea que dan servicio de “sellado de tiempo” o “timestamping” definido en Wikipedia como “un mecanismo en línea que permite demostrar que una serie de datos han existido y no han sido alterados desde un instante específico en el tiempo. Este protocolo se describe en el RFC 3161 y está en el registro de estándares de Internet. Una autoridad de sellado de tiempo actúa como tercera parte de confianza testificando la existencia de dichos datos electrónicos en una fecha y hora concretos.”

En fin, más que pensar que un nuevo código solo conlleva más controles, responsabilidades y sanciones, debemos recordar que es una profesión noble que permite ganarse dignamente el sustento y que podemos y debemos buscar nuevos medios para promoverla y adaptarla a las necesidades de la época.”

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Sociedades civiles vs sociedades mercantiles

Con la entrada en vigencia de la polémica Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas en marzo de 2011, muchos notarios empezaron a recomendar a sus clientes la utilización de sociedades civiles para la inscripción de sus bienes muebles e inmuebles, en razón de encontrarse, precisamente, exoneradas del pago de dicho tributo.

Aunque las sociedades mercantiles llevan implícito el desarrollo de una actividad lucrativa, tradicionalmente también se les ha dado un uso tendiente a la mera tenencia y protección de bienes familiares, de privacidad del patrimonio y hasta de simplificación de procesos sucesorios. Desde este punto de vista es válido cuestionarse si existen otras figuras legales, tales como las sociedades civiles, que se adapten mejor a los fines indicados, sobre todo ahora que se declaró la inconstitucionalidad del impuesto a las personas jurídicas.

Sobre este tema agradecemos los siguientes comentarios del Lic. Fernán Pacheco y que transcribimos a continuación para el conocimiento de todos los interesados:

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“Las sociedades civiles se centran mucho más que las mercantiles en aspectos personales de los socios, lo cual repercute en temas de responsabilidad y de designación y remoción de representantes, disolución de la sociedad, etc.

Las siguientes son algunas de esas regulaciones que el Código Civil otorga a las sociedades civiles, que en mi opinión representan diferencias importantes que deben ser consideradas para cada caso pues se apartan de los beneficios que ofrecen las sociedades mercantiles, entiéndase sociedades anónimas y de responsabilidad limitada.  Lo anterior a pesar de que es posible mitigar, a través de una cuidadosa redacción de sus estatutos, los efectos de algunas de dichas disposiciones normativas. Pareciera, sin embargo, que la naturaleza “civil” de la sociedad termina imponiéndose y obstaculizando los propósitos que buscan los propietarios de bienes muebles e inmuebles.

»En las sociedades civiles, la participación de los socios en las pérdidas o ganancias depende del aporte que hubiera realizado cada uno, lo cual no es siempre tan fácil de establecer dado que dichos aportes pueden ser en dinero efectivo, créditos, bienes, etc. Por el contrario, en las compañías mercantiles, las acciones o cuotas acreditan la condición de socio, haciendo más fácil la distribución de pérdidas y ganancias con lo cual se evitan los conflictos relativos a cuánto ha sido efectivamente aportado por cada socio, como ocurre en las sociedades civiles. (Artículo 1201, 1202 y 1203 Código Civil).

»Las modificaciones de los estatutos en las sociedades civiles deben ser aprobadas por unanimidad, lo cual hace que muchas veces sea imposible lograr dichas reformas, aún cuando la mayoría esté de acuerdo en introducirlas. En las sociedades mercantiles, el principio es que “la mayoría manda”. (Art. 1204 del C.C.)

» Además resulta complicado para efecto de las votaciones, la determinación de cuántos votos corresponden a cada socio:  “Si no se hubiere estipulado otra cosa, los votos se computan en proporción a los capitales, contándose el menor capital por un voto, y fijándose el número de votos de cada uno de los demás socios por el cociente del capital respectivo por el capital menor. El residuo que excediere de la mitad del divisor constituirá también un voto.” (Art. 1204)

» En las sociedades civiles, el representante legal –llamado administrador- solamente puede renunciar o ser removido por causa justa (como si la relación fuera laboral). Además se exige que sea socio.

“El socio constituido administrador por el contrato social no puede renunciar su cargo sino por causa prevista en el acto constitutivo, o unánimemente aceptada como bastante. Tampoco podrá ser removido de su cargo, sino en los casos previstos por el contrato en el cual se le confió la administración, o por una causa grave, y se tendrá por tal la que lo haga indigno de confianza o incapaz de administrar útilmente. Cualquiera de los socios podrá exigir la remoción, justificando la causa. Si la renuncia o remoción se hiciere por causa que no fuere de las especificadas en este artículo, termina la sociedad.” (Artículo 1209 del Código Civil )

En las sociedades mercantiles, pueden ser removidos en cualquier momento y por cualquier razón, siempre que el 51% de los accionistas esté de acuerdo.

»Por otra parte, las facultades del “socio administrador” deben quedar taxativamente establecidas en su mandato, pues …. “en lo que éste callare se entenderá que no les es permitido contraer a nombre de la sociedad otras obligaciones ni hacer otras adquisiciones o enajenaciones que las comprendidas en el giro ordinario de ella.” (Art. 1214 del Código Civil)

» En la sociedad civil se requiere también del acuerdo unánime para la admisión de nuevos socios. Las compañías mercantiles son más flexibles a este respecto, especialmente las sociedades anónimas pues permiten la transferencia de las acciones sin la aprobación de los restantes socios. (Artículo 1226 Código Civil).

»Además es mayor la responsabilidad personal de los socios frente a los demás socios y de todos en relación con los actos de la compañía (Artículos 1220 -1231 y 1232 – 1236 del Código Civil)

»La sociedad civil entra en liquidación con la muerte o renuncia de los socios a menos que expresamente se hubiere establecido en los estatutos la posibilidad de continuar entre los socios sobrevivientes. También expira la sociedad por la incapacidad sobreviniente o la insolvencia de uno de los socios (1242, 1246).

Sea cual fuera la estructura que mejor se adapte a los intereses en cada caso, es importante tomar en consideración que nuestra legislación ofrece la flexibilidad de que las sociedades civiles se transformen en mercantiles y viceversa, lo cual implica un mero cambio de estatutos y no un traspaso de bienes, esto según está previsto en el artículo 225 del Código de Comercio:

“Cualquier sociedad civil o comercial, podrá transformarse en una sociedad de otra especie mediante la reforma de su escritura social, para que cumpla todos los requisitos que la ley señala para el nuevo tipo de sociedad en que va a transformarse. La transformación no eximirá a los socios de las responsabilidades inherentes a las operaciones efectuadas con anterioridad a ella, que se mantendrán en la misma forma que contempla la ley para los casos de liquidación. El nombre o razón social deberá adecuarse de manera que cumpla con los requisitos legales respectivos.  El activo y el pasivo continuarán asumidos por la compañía y podrá seguirse la misma contabilidad, con sólo que el Departamento de Legalización de Libros de la Tributación Directa, consigne en los libros la transformación producida.” 

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