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Francisco Javier Madrigal Acosta

Deber del Ministerio Publico de aceptar denuncias escritas

Muy interesante comentario del Lic. Javier Madrigal Acosta sobre una práctica que indebidamente se sigue en algunas fiscalías y que perjudica la actividad judicial.

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«Siendo elevado a rango Constitucional, el Derecho de Petición y Pronta Resolución, conforme al numeral 27 destacado en nuestra Constitución Política, y dentro de los Derechos Individuales, es muy común, que las distintas oficinas públicas, lo desconozcan, en abierta violación o trasgresión al ya indicado Derecho Fundamental.

Ahora bien, tal infracción, no es única de las diferentes Administraciones Públicas (centralizadas- descentralizadas). De ello no se escapa el propio Poder Judicial, ni el Ministerio Público, en efecto, por medio de las fiscalías se ha dispuesto efectuar un examen sumarísimo, de la interposición de una denuncia escrita, pudiendo ser rechazada ad portas por carecer de algún aspecto, tal es el ejemplo ocurrido en la Fiscalía Adjunta de San Carlos, donde por falta de claridad de los hechos de la denuncia, se denegó su admisión.

Lo anterior provocó la interposición de un Recurso de Amparo, mismo resuelto por la Sala Constitucional, mediante el voto 9345-2014, según el cual: “lo actuado, no es ni más ni menos que una violación a lo dispuesto en los numerales 27 y 41 de la Constitución Política, toda vez que, los funcionarios públicos y entidades oficiales tienen la obligación de recibir toda gestión y darle una respuesta…”. Así las cosas, queda en evidencia, que la “buena práctica de la Fiscalía, no es más, que una disfrazada violación al Derecho Fundamental consagrado en nuestro texto fundamental. Agregando la Sala “La negativa a recibir los documentos por dicha razón no tiene fundamento alguno, lo que indudablemente causó perjuicios a la parte aquí accionante». (Véase en sentido similar la sentencia N ° 3424- debe tenerse presente que las buenas prácticas en el servicio público, que tengan como finalidad elevar el nivel de eficiencia de los despachos, como en el caso que nos ocupa, deben ser respetuosas de los derechos fundamentales”, declarando por ende CON LUGAR el Recurso. Ordenándose que se reciba y trámite la denuncia, bajo los apercibimientos de ley, siendo las costas y daños y perjuicios a cargo del Estado.»

Así las cosas, queda en evidencia que la posición de las fiscalías, por la revisión previa, es a todas luces contrario al Derecho de la Constitución, por lo que tendremos que denunciar el hecho, ya que de nada servirá, andar con el voto en la mano, cada vez que un fiscal, nos impida la presentación de una denuncia escrita, por el simple hecho de que a priori, al funcionario no le parece.»

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Jurisprudencia de la Sala IV y eficacia Autoaplicativa de los fallos y opiniones consultivas de la CIDH

Agradecemos a don Javier Madrigal Acosta,  Licenciado en Derecho, abogado litigante, académico y profesor universitario, esta interesante reflexión sobre un tema de tanta actualidad.

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El Derecho Internacional de Derechos Humanos ( DIDH ), jerarquiza, la fuerza y resistencia constitucional para que los tribunales comunes, incluyendo a la propia Sala Constitucional resuelvan los casos concretos presentados ante dichos despachos judiciales. Así el DIDH puede invocarse directamente ante los tribunales comunes y la Sala Constitucional.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, expresamente dispone en su artículo 73, la procedencia de la acción de Inconstitucional, como remedio jurídicamente viable, contra una norma o disposición general contrarias a un tratado de derecho Público o convenio internacional.

La propia Sala, siguiendo la interpretación de la Corte Internacional de Derechos humanos, en el voto 3435-92. Dispuso: “(…) cuando en la legislación se utilicen los términos “hombre” o “mujer” deberán entenderse como sinónimos del vocablo “persona”; y que se debía “eliminar toda posible discriminación “legal” por razón de género” (…) siendo esta nueva disposición la que debían “aplicar todos los funcionarios públicos” cuando les fuese presentada una gestión cuya resolución requiriera aplicar una normativa que emplee los vocablos arriba citados.” (En consecuencia el artículo 14. 6 del Código de Familia, queda derogado, por la eficacia o aplicación inmediata del Derecho Internacional de Derechos Humanos ).

Debe advertirse que si la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el órgano natural para interpretar la Convención sobre Derechos Humanos (Pacto de san José de Costa Rica), la fuerza de su decisión al interpretar la Convención y enjuiciar leyes nacionales a la luz de esta normativa, ya sea en caso contencioso o en una mera consulta, tendrá –de principio– el mismo valor de la norma interpretada. Voto Nº 2313-95.

Por ende, se equivoca, curiosamente, y aunque no lo crean, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando dispone, al dar respuesta, a la opinión Consultiva OC-24/17, emitida por la misma, en fecha 24 de noviembre de 2017, según: (…) “ esta Corte no puede ignorar que es posible que algunos Estados deban vencer dificultades institucionales para adecuar su legislación interna y extender el derecho de acceso a la institución matrimonial a las personas del mismo sexo, en especial cuando median formas rígidas de reforma legislativa, susceptibles de imponer un trámite no exento de dificultades políticas y de pasos que requieren cierto tiempo”. (…) Y se supone que son ellos quienes interpretan la Convención. Igualmente se equivoca La Dirección Nacional de Notariado, cuando en atención del oficio DH-PE-0012-2018 de la Defensoría de los Habitantes, en donde solicita la “divulgación entre los notarios y notarias sobre los alcances que tiene en la práctica profesional lo dispuesto en la Opinión Consultiva …”, el Consejo Superior Notarial, en la sesión Extraordinaria N° 002-2018 celebrada el día jueves 18 de enero del 2018, tomó el acuerdo número 2018-002-024 inciso b), el cual se pone en conocimiento, incluyendo su razonamiento y fundamentación para su promulgación: “… Para el análisis del tema este Consejo se permite transcribir parcialmente (…) el contenido de la Opinión Consultiva OC-24/17, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en fecha 24 de noviembre de 2017, (…), finalizando la Dirección con el siguiente acuerdo: “ EL CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL ACUERDA: ACUERDO 2018-002-024: a) … b) Que, hasta tanto no se produzca una reforma legislativa, o se emita una sentencia anulatoria en la vía constitucional, las normas que regulan el matrimonio en Costa Rica, en concreto el artículo 14 inciso 6 del Código de Familia, se mantienen vigentes, y por tal razón los notarios públicos, en el ejercicio de su función, deben apegarse a las mismas. c)…” Guillermo Sandí Baltodano Director Ejecutivo. Dirección Nacional de Notariado”, es obvio el desconocimiento del principio de la autoaplicacion o Self Executing, según la cual en Costa Rica las resoluciones de la Corte Internacional en materia de Derechos Humanos, es una verdadera norma jurídica, por ende aplicable por sí misma, de manera directa, sin que se requiera, en principio, de ley que la desarrolle. La ley interna, cuando estas se opongan al Tratado de Derechos Humanos, se tendrá por derogada, en virtud precisamente del rango superior del tratado. Voto 282-90. Sala Constitucional. Por ende no se requiere de nada, para su aplicación en nuestro país, desde ya, si fuera el caso, salvo que lo subrayado y destacado en negrilla, en este texto, y siguiendo la potestad única de la Corte Interamericana, para interpretar, la Convención, tal y como lo afirmo la Propia Sala Constitucional, “ Debe advertirse que si la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el órgano natural para interpretar la Convención sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), la fuerza de su decisión al interpretar la Convención y enjuiciar leyes nacionales a la luz de esta normativa, ya sea en caso contencioso o en una mera consulta, tendrá –de principio– el mismo valor de la norma interpretada. Voto Nº 2313-95. Sea ella misma (la Corte) como pareciera, la que no aplico el principio de autoaplicacion, lo cual se observa de su redacción parcial: (…) “no se puede ignorar que es posible que algunos Estados deban vencer dificultades institucionales para adecuar su legislación interna y extender el derecho de acceso a la institución matrimonial a las personas del mismo sexo (…)” Bajo esta inteligencia, y solo por una “palabra “el principio Self Executing” , no se aplica, como excepción. Así, las razones comentadas por Don Hernán Mora, los fundamentos jurídicas que sustentan los acuerdos del Consejo Superior Notarial, la Dirección de Notariado y expresiones de demás personas, incluyendo hasta profesionales abogados y notarios, no se encuentran acordes, con el Derecho de la Constitución, pareciéndome, que al presentar este aporte, con base, en la jurisprudencia vinculante erga omnes de la Sala Constitucional, (artículo 13 LJC), logre aclarar los nublados del día.

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