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German Serrano

Pinceladas sobre la nueva Ley Marco del Contrato de Factoreo

Agradecemos al Lic. German Serrano,  Gerente Senior de Legal en Grant Thornton, este nuevo artículo que nos ofrece sobre una norma de reciente publicación con implicaciones muy interesantes.

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«Mediante Ley número 9691, publicada en el Diario Oficial La Gaceta del 29 de Agosto de 2019, con vigencia a partir del próximo 30 de setiembre del año en curso, fue publicada la nueva Ley Marco del Contrato de Factoreo (para efectos de este artículo la «Ley»). Esta nueva normativa, viene a regular finalmente un contrato que en nuestra legislación era atípico, si bien es un contrato muy empleado a nivel nacional e internacional, también conocido como “factoring”, para la transferencia de derechos de crédito y cobro presentes y/o futuros por medio de facturas comerciales y servicios. Esta Ley, si bien no modifica puntualmente otras disposiciones normativas vigentes, ya que deroga únicamente en forma expresa el inciso e) del artículo 984 del Código de Comercio, implica y conlleva cambios en el tratamiento y cobro de las facturas comerciales y de servicios que es importante tener presentes.

Como primer punto que me parece importante resaltar, que traerá un cambio significativo en la utilización de esta figura contractual, que beneficiaria sin duda a los comerciantes, es la derogatoria del inciso e) del artículo 984 del Código de Comercio, que establecía un plazo de prescripción de un año para “… las acciones derivadas de ventas al por mayor y al detalle a otros comerciantes o al consumidor directamente.”   Esta derogatoria implicará que a partir de la entrada en vigencia de la Ley, estas ventas al por mayor y al detalle estarán sujetas a la prescripción general que regula el artículo de referencia y que es de cuatro años. Cambio importante, dado que esa disposición rige desde el año 1964 y las facturas comerciales prescribían en el término de un año, a diferencia de otro actos de comercio, así como de las facturas por servicios profesionales que prescriben a los tres años (artículo 869 del Código Civil) y otros casos particulares.

Un segundo aspecto que considero conveniente destacar respecto de esta Ley, es que conforme al artículo 4 de la misma, toda firma en el recibo de la factura como en otros documentos comerciales del negocio, se presumirá auténtica y realizada por la persona autorizada al efecto con ese fin, salvo prueba en contrario. Esta disposición, contrasta con lo dispuesto por el artículo 460 del Código de Comercio, en cuanto dicha norma establece que la factura comercial es título ejecutivo si esta debidamente firmada por el comprador o por su encargado, debidamente autorizado por escrito, implicando que el examen sobre la ejecutividad del título quedaría para una posterior oposición sobre la ejecutividad de este. Sobre esta misma línea de pensamiento, ya existen algunos votos de los Tribunales Superiores Civiles, que en mi criterio, adquieren mayor sustento con esta nueva disposición normativa del artículo 4 de la Ley.

Respecto de la ejecutividad del título, si bien el artículo 460 del Código de Comercio, otorga dicha condición a la factura comercial de cumplirse con los requisitos ahí establecidos, el artículo 6 de la nueva Ley, establece que las certificaciones de los Contadores Públicos Autorizados sobre el monto adeudado de una factura, tendrán el carácter de título ejecutivo al expedirse sobre la veracidad de la existencia del contrato o acto jurídico. En ese sentido, en mi criterio, la discusión respecto a que si la factura cumple o no con los requisitos para ser título ejecutivo carecerá de relevancia, en tanto que el legislador ha creado en esta nueva Ley, un nuevo título ejecutivo para el cobro de los saldos insolutos de las facturas comerciales y de servicios.

En adición a lo anterior, si bien a raíz del voto 828-1C de julio del 2018 dictado por el Tribunal Primero Civil de San José, se estableció que la factura electrónica comercial no era factible emplearla como como título ejecutivo, el artículo 2 inciso h) de la Ley, la incluye en sus definiciones para efectos de este tipo de Contratos de Factoreo. En ese sentido, a criterio del suscrito, sin entrar a discutir si la misma cumple o no los requisitos para ser considerada título ejecutivo, dado que aún no se ha dado la reforma del artículo 460 del Código de Comercio que varié los requisitos legales para ello, la nueva Ley otorgó la posibilidad del cobro del monto insoluto de la misma por medio de una certificación de Contador Público Autorizado conforme se refirió en el párrafo precedente.

Dejo así, con unas pequeñas pinceladas e ideas que considero importantes respecto de esta nueva disposición legal, que de seguro será de amplio comentario en los días y meses subsiguientes, algunas referencias sobre los cambios que se avecinan respecto del tráfico de facturas comerciales y de servicios, especialmente con relación a aquellas de tipo electrónico que carecían de una vía ágil para su cobro en la vía judicial. Espero abrir la discusión valiosa de los operadores del Derecho respecto de esta nueva Ley y los cambios que traerá su aplicación en los tiempos cercanos.»

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Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales ¿Está preparado para cumplir sus requerimientos?

Sobre un tema que ha generado gran preocupación en las últimas semanas, agradecemos al colega German Serrano, Gerente Legal de la empresa Grant Thornton, este artículo que nos ofrece sobre la conveniencia de estar listos para el momento en que inicie esta nueva obligación.

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«Próximamente entrará en vigencia la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, habiéndose centrado la atención principalmente, en las nuevas modificaciones al Impuesto sobre la Renta y el nuevo Impuesto al Valor Agregado (IVA), que en definitiva merecen estudio. Sin embargo, bajo mi óptica, no se ha considerado en su verdadera dimensión, el alcance de lo dispuesto en el artículo 2.3 de esa Ley, que reforma el inciso a) del artículo dos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de 1988. A partir de julio tendrá repercusiones directas en relación con el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, conocido como “Registro de Accionistas”, creado en la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal. El Registro de Accionistas iniciaría funciones formalmente en setiembre, bajo la administración del Banco Central .

Establece dicha reforma del Impuesto sobre la Renta, que serán contribuyentes del impuesto sobre las utilidades, “… a) Todas las personas jurídicas legalmente constituidas, con independencia de si realizan o no una actividad lucrativa, las sociedades de hecho, las sociedades de actividades profesionales, las empresas del Estado, los entes colectivos sin personalidad jurídica y las cuentas en participación que haya en el país.” Lo anterior, sin menoscabo de otras consideraciones legales en relación con dicho impuesto, implica que toda entidad jurídica por el simple hecho de estar constituida formalmente o no, especialmente aquellas que cuenten con una cédula jurídica asignada, están obligadas a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes de la Dirección General de Tributación (DGT). Adicionalmente se agrega la obligación de las entidades jurídicas legalmente constituidas, y de aquellas que no lo están, tal y como se expondrá en los párrafos subsiguientes, de cumplir con la obligación legal de suministrar la información de sus beneficiarios finales que tengan una participación sustantiva, en razón de la futura entrada en operación del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, que se constituye como una herramienta contra la legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo, ocultación de la verdadera capacidad económica de los obligados tributarios, entre otros.

Si bien es cierto el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales se creó en la Ley Contra el Fraude Fiscal de 2016, el Poder Ejecutivo publicó hasta el 2018, el Reglamento del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales (Decreto Ejecutivo No. 41040-H). Un año después, en el Alcance No. 78 de La Gaceta de abril de 2019, la Dirección General de Tributación (DGT) y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), publicaron la “Resolución Conjunta de Alcance General para el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales”, que establece los requerimientos y el procedimiento mediante los cuales la información deberá ser suministrada. Asimismo, con la promulgación de esta Resolución Conjunta de Alcance General, hoy vigente, se determinó que, en una fase inicial, las personas jurídicas inscritas en el Registro Nacional con plazo social vigente, independientemente de que ejerzan actividad lucrativa o no, serán las primeras obligadas en ingresar la declaración de participaciones y beneficiarios finales establecida en la normativa de cita. No está demás señalar, que en una segunda o más fases, tendrán que ingresar la declaración, aquellas otras estructuras jurídicas que también están compelidas a ello, según se desarrollen las soluciones tecnológicas correspondientes, como lo dispone la misma Resolución Conjunta de Alcance General.

El transitorio primero de la Resolución Conjunta de Alcance General, determinó que a partir de setiembre, aquellas personas jurídicas inscritas y de plazo social vigente, cuyo último dígito de la cédula jurídica termine en 0 y 1, realizarán su declaración ante el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, hasta concluir en enero de 2020, con las personas jurídicas cuyo último dígito termine en 8 y 9. No obstante, es de considerar, a efecto de no constituirse como incumpliente de la normativa, que conforme al transitorio segundo de esta Resolución, y al transitorio sexto de la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, aquellas estructuras jurídicas obligadas a suministrar información que no fueron consideradas para esta primera fase, y hasta que no sean requeridas formalmente a entregar la información, deben conservarla actualizada en su poder, dado que puede ser solicitada para ser trasladada al ICD o a la DGT, en un plazo no mayor a tres días hábiles.

Están también obligados a suministrar información ante el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, además de personas o estructuras jurídicas domiciliadas en el país, legalmente constituidas o no, los fideicomisos (a excepción de los públicos), incluyendo los fideicomisos extranjeros que realizan actividades en Costa Rica, los administradores de recursos de terceros a favor de sus clientes, las organizaciones sin fines de lucro, cuya actividad esté vinculada a la recaudación o el desembolso de fondos, así como aquellas otras que el ICD determine.

Las personas jurídicas inscritas en el Registro Nacional y de plazo vigente, además de que serán consideradas contribuyentes del impuesto a las utilidades, tendrán que suministrar a partir de setiembre de 2019, la información de su beneficiario final o efectivo, sea la persona física que ejerce una influencia sustantiva o control, directo o indirecto sobre esa persona jurídica o estructura jurídica. De esa forma, la DGT y el ICD contarán con la información de quién es la persona física detrás de la estructura o persona jurídica, permitiéndoles más allá de simples sanciones o multas, detectar incrementos no justificados de patrimonio, presumir ingresos e intereses no declarados, posibles incumplimientos respecto de la regulación de precios de transferencia -compañías relacionadas-, ajustes en aduanas, actividades relacionadas con legitimación de capitales, y constitución de estructuras jurídicas contrarios al Ordenamiento Jurídico.

Resulta importante prepararse con antelación para cumplir con la “declaración de participaciones y beneficiarios finales”, revisando con cuidado y detalle el Anexo Único de la referida Resolución Conjunta de Alcance General, para que cuente con la información solicitada. Entre otras previsiones, especialmente para aquellas personas jurídicas inscritas en el Registro Nacional con plazo social vigente, se sugiere: confirmar que el Libro Registro de Accionistas, o el que corresponda, según el tipo de sociedad, no esté extraviado y se encuentre en su poder; que los asientos que establecen quién es el beneficiario final, contengan la información correcta y fidedigna, además de contar con los títulos representativos del capital social; que los asientos estén debidamente firmados por quienes deban hacerlo (por disposición estatutaria o legal); que el capital registrado y la cantidad de acciones o cuotas que lo representan a nivel del Registro de Personas Jurídicas, coincida con lo indicado en los asientos, entre otras cosas. Lo anterior, con el objeto de que, al presentar la declaración, cumpla con lo requerido, evitando así constituirse como “incumplidor”, con las consecuencias legales que implicaría. Verifique entonces, que se encuentra preparado para cumplir con los requerimientos que la normativa establece, en víspera de la entrada en operación del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales.»

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