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Dr. Herman Mora Vargas

REFORMA A LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS NO. 7786 (III PARTE)

Del Dr. Herman Mora Vargas retransmitimos un tercer comentario que  nos brinda sobre esta reforma normativa que tanta polémica ha generado en el medio jurídico del país.

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«Ante la exigencia de una conducta o comportamiento sobreviene una sanción, como consecuencia de su inobservancia, por parte del órgano represor.  Así de simple.

El maratónico artículo 81 de la Ley, recién reformado, (creo que una de las redacciones más extensas de un artículo  de cualquier norma de nuestro país) , establece una enmarañado abanico de sanciones, que apabullan al Notario Público.

No se detalla, aunque se mencione al contador o al abogado. El artículo está diseñado minuciosamente contra el Notario Público. Que ocurre cuando un arquitecto, por ejemplo  recibe sumas cuantiosas provenientes del lavado para construir casas. Una forma interesante de legitimar capitales. No cuenta su órgano disciplinario con normas especializadas funcionales, como en nuestra disciplina.

Bueno veremos algunas sanciones. Iniciemos por referirnos a algunas de estas sanciones.

Se imponen cuantiosas sumas para instituciones financieras y entidades afines por la inobservancia. Tales como:

Artículo 14.—Se consideran entidades sujetas a las obligaciones de esta Ley, las que regulan, supervisan y fiscalizan los siguientes órganos, según corresponde:

  1. a) La Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).
  2. b) La Superintendencia General de Valores (SUGEVAL).
  3. c) La Superintendencia de Pensiones (SUPEN).

De igual manera se le exige a los empleados, administradores y funcionarios   de entidades fiscalizadas,  el deber de sigilo.

Artículo 196 y  196 bis, del Código Penal.

196 bis. Violación de comunicaciones electrónicas. 

Será reprimida con pena de prisión de seis meses a dos años, la persona que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere, accese, modifique, altere, suprima, intercepte, interfiera, utilice, difunda o desvíe de su destino, mensajes, datos e imágenes contenidas en soportes: electrónicos, informáticos, magnéticos y telemáticos. La pena será de uno a tres años de prisión, si las acciones descritas en el párrafo anterior, son realizadas por personas encargadas de los soportes: electrónicos, informáticos, magnéticos y telemáticos. 

Sin embargo, lo que nos interesa está contemplado en el artículo 15 bis (inc e) de la reforma, siendo que   incluye a abogados, notarios y contadores.   Aunque la arremetida contra los notarios queda plasmada en el tenebroso artículo  15 ter.

Primeramente se debe señalar la obligación del Notario de brindar acceso a la información a las entidades autorizadas. Es decir develar el secreto profesional.  Luego se establecen una serie de obligaciones con sanciones muy severas, particularmente para el Notario, cuando desarrollen cualquier  de estas actividades.

A. Compra venta de bienes inmuebles. No incluye a los muebles, como vehículos

B. Administración de cuentas o activos de terceros

C. Administración o venta de sociedades mercantiles.

Es así como se  nos exige, entre otras obligaciones;

  • Identificación y diligencia debida del cliente.
  • Disposición y mantenimiento  de la información.
  • Controles sobre personas políticamente expuestas.
  • Controles de riesgos de capitales en relación al surgimiento de nuevas tecnologías.
  • Controles de  transacciones provenientes  de países riesgosos.
  • Mecanismos de reportes de operaciones sospechosas. (Incluyen intento de realizarlas.)
  • Etc.

Todo con la consabida exigencia de atender las disposiciones vinculantes de la DNN.    Es decir que pueden sobrevenir otras.

Hay así Responsabilidad Penal y  Disciplinaria.

 DISCIPLINARIA.

 En primer término la sanción que puede corresponder es la establecida por  el inciso a, artículo 143 del Código Notarial,  de un mes de suspensión por no acatar los lineamientos o directrices de la Dirección o de cualquier otra autoridad competente. Lo que haría presumir, también del Instituto Costarricense sobre Drogas.  Sin embargo no hay que descartar la interpretación de que esta falta podría  ser continua, (art. 148 del Código Notarial).

Estas sanciones serán  comunicadas a la Unidad de Inteligencia Financiera.

MULTAS.

Se introduce en nuestro sistema disciplinario la modalidad sancionatoria de las  multas, y hay que reconocer que podrían ser sumas muy cuantiosas.

Es así como pueden ser del 5% hasta el 50 % de la transacción.  !Se pueden imaginar llegar a cancelar el equivalente a la mitad del negocio pactado!

No tenemos, al menos por ahora, el reglamento correspondiente ni las formulas para registrar los ingresos o egresos, que nos permitan acatar, esta disposición.

Las sanciones van de dos a cien salarios base (salario de oficinista 1).  Es decir  de 852.400 hasta la innombrable suma de 42.620.000  colones. Es decir cifras absolutamente disuasivas.

No sé,  como reflexión final de este artículo, es que se  arriba a concluir inevitablemente que desde la óptica de las sanciones, el Notario público costarricense tiene una ardua y gravosísima condición. Tal escenario, no solo está contemplado con las multas mencionadas, sino con todo el elenco, que se suma al ya existente,  de obligaciones que agobian al cartulario, dada la vigencia de esta norma.  Esto por no agregar las  confiscatorias sanciones económicas que está imponiendo la Caja Costarricense del Seguro social, con fijaciones también astronómicas. Creo que la estructura administrativa está diseñada en consideración de otro tipo de Notario, uno europeo por ejemplo, lejos del maltrecho y deprimido  ejercicio de la profesión  liberal de nuestro país.

Sobre el particular estaremos brindando charlas y conferencias.

Amigos. Estoy para servirles. En lo que pueda. Digo»

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Reforma a la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas No. 7786 (II parte)

Continuando con la reflexión del Dr. Herman Mora sobre este tema que tanta preocupación ha suscitado en el medio jurídico del país,  transcribimos a continuación este segundo comentario.

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«Entrando en materia, aspectos que merecen destacarse, se crea con la Ley 9449 el Área de Prevención de Legitimación de capitales Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva dentro de la Dirección Nacional del Notariado.

Ello genera algunas inquietudes:

  1. La DNN no tiene ni la experiencia, ni la capacitación, ni el personal, ni la plataforma tecnológica para esta función.
  2. No es ni cercanamente la naturaleza jurídica,  ni la función para la cual fue ideada la DNN
  3. Seria dotar de mayor competencia, potestad y control sobre el notariado a una Institución, que a mi juicio,  merece replantear su perspectiva, función y diseño.
  4. Y lo que es lo peor,  un nuevo y muy sensitivo agobio adicional al notario costarricense, quien ya de por si ejerce de manera apretujada, estrecha y en algunos casos, injustificadamente controlada.

Lo anterior nos sitúa a los notarios, como la plataforma natural de la delincuencia documental. Como ni nos correspondiese ser el filtro lógico y único del tráfico financiero internacional, por nuestra predisposición a colaborar con esas actividades ilícitas. Tómese nota que ningún colegio profesional o ente regulador de una  profesión cuenta en el país, con un órgano análogo.

Además, la reforma exige la obligación a los notarios de permitir acceso a la documentación e información que solicite la Dirección Nacional del Notariado, y la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas.  Es claro cuestionarse, aspectos tan vertebrales como la civilización misma, dentro del marco de la prestación profesional de un servicio.  ¿Dónde queda el secreto profesional?. ¿Cómo vamos a ser depositarios de la voluntad de las partes, si estamos obligados a revelar toda la información que nos soliciten? ¿Dónde queda la normativa, también internacional, del secreto de datos de las personas? Tomemos en consideración que hay normativa penal, y también disciplinaria por revelar secretos profesionales. Es decir que la encrucijada es evidente.

La reforma también exige a los abogados, notarios y contadores, la satisfacción de suplir formularios y una serie de datos sobre clientes y transacciones, cuando se realicen negociaciones y especialmente se manejen fondos de terceros. Esto por no mencionar la obligación de inscribirse ante la Sugef.   Casi como si fuéramos oficiales de cumplimiento  de bancos, que debemos llenar una seria de formularios, obteniendo información y hasta declaraciones juradas sobre la procedencia de fondos en las transacciones. Percibo que a la norma – por mucho – se le fue la mano.

La omisión en la remisión de fórmulas que para tal efecto serán suplidas a los profesionales, provocarán – entre otras – sanciones de índole económico (que pueden ser muy cuantiosas) por no mencionar  sanciones disciplinarias.

Sobre el particular explicaremos un poco más en la tercera entrega sobre este tema, además brindaremos algunos consejos que puedan eventualmente ayudarnos.    Por el memento:  !Qué Dios nos agarre confesados!»

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Se publicó reforma a la Ley sobre Estupefacientes, sustancias psicotrópicas, No. 7786

Apenas un día después de su aprobación en segundo debate legislativo, se publicó en La Gaceta el pasado 11 de mayo, la Ley No. 9449 que es reforma DE LOS ARTÍCULOS 15, 15 BIS, 16, 81  y adición de los artículos  15 TER Y 16 BIS A LA LEY N.° 7786, Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

En esta semana estamos introduciendo el texto completo de la norma a nuestra base de datos Master Lex.  Usuarios interesados en conocer su texto pueden solicitárnoslo a la dirección de correo electrónico  legal@masterlex.com

Sobre el particular nos permitimos transcribir a continuación comentario del Dr. Herman Mora Vargas.

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«Yo no sé ustedes, pero convencido estoy que ser ciudadano, cada día cuesta más. Son demasiadas las exigencias que como sociedad, y personas económicamente activas nos imponemos. Las sociedades se enrumban cada día más a la era de los controles, los trámites y los requisitos. La sociedad costarricense tiende a enmarañarse, complicarse, enredarse. Nuestro país está cada día mas reglamentado, exacerbado en normativas, y hay que reconocerlo, muy penalizado.   Aquí todo es delito aunque nadie vaya a la cárcel. Hemos deseados ser tan puristas con el Derecho, que nos volvimos todo lo contrario, un país jurídicamente inseguro.

El pasado 10 de mayo, fue aprobada de manera estratégica, por parte de la Asamblea Legislativa, la modificación a la LEY DE SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO. Numero 8204. Como he mencionado este nombre tan largo encierra cuantiosas exigencias.

Indispensable contra la lucha de la legitimación de capitales, crimen organizado, tráfico de armas y contra el terrorismo, para la persona común y los profesionales que transitamos dentro de lo ordinario de nuestras actividades, será un agobio y una complicación adicional, todo un peligro y una causa más para reprender penal y disciplinariamente. Una serie de obligaciones para el Notario Público, que devendrían en una función más estrecha, y más compleja de lo que resulta hasta ahora. Compromete la norma aspectos tan básicos como la seguridad del notario y el secreto profesional que debe de conservar en su ejercicio.

La legislación impone una serie de exigencias y controles que debe asumir el cartulario, siendo que ha de inquirir en los usuarios del servicio notarial, so pena de sanciones, que inclusive podrían ser penales. Sobre este aspecto estaremos remitiendo una segunda entrega refiriéndonos a los detalles de la legislación.

No desconoce quien escribe, que tal modificación obedece a exigencias internacionales. La norma Gafi, (Grupo de Acción Financiera Internacional) creada dentro del marco de una Asamblea del G 7 (en aquel tiempo) ahora G 8. Solo estos países representan el 67% de la riqueza global del mundo. Imagínense la influencia y el peso con que cuenta. Es decir, es una exigencia Internacional, de la cual Costa Rica no puede escapar al igual que aproximadamente 180 países más han de acatar. Pero el diseño de la norma agobia una vez más a los profesionales liberales, especialmente en el ejercicio del Derecho, quienes ya cuentan con condiciones muy deprimidas y angustiantes. Siendo así, convencido estoy, que la modificación pudo haberse fraguado dentro del marco de otro diseño. A mi juicio la propuesta pudo negociarse con el propósito de que el profesional no le resulta tan angustiosa su aplicación.

En especial acosa al profesional el fin de realizar una exhautiva verificación de los fondos, que sean usados en transacciones o se hallen en administración del notario, cuando provengan de terceros. Muchos aspectos atentan contra toda la normativa de protección de datos de habitantes, ya que exige en algunos tramos revelar secreto que debió guardar dentro del ámbito de la confidencialidad. De allí, que en mi criterio se pueda discutir constitucionalmente la modificación.

Por lo extenso y complejo del tema, en la segunda entrega, que difundirá en poco días, analizaremos la norma reformada, desde la perspectiva de las exigencias y controles, especialmente.»

 

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HISTORIAS DEL PROTOCOLO XXIV. SEGURO OBLIGATORIO DE LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTES

El Dr. Herman Mora nos ofrece esta semana su comentario sobre un tema que sin duda ha causado, desde hace varios meses, mucha preocupación tanto en el medio notarial como en el de los colegas que se dedican a la abogacía.

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«Siempre había cumplido con sus obligaciones. Había cotizado para la Caja desde que inició su ejercicio profesional. Siempre como trabajador independiente en cuanto a su faceta de notario. Pero en estos momentos solo estaba acompañado de sus recuerdos. Se sentía tan solo como un náufrago. En frente, su vida transcurría como mirando una extensa película con un final que no le resultaba feliz. Recordaba los treinta años que tenía de ejercer, el resultado de su esfuerzo. Recordó cuando adquirió el lote. La casa que había logrado construir, las sucesivas ampliaciones conforme nacían más hijos o iban creciendo, la compra de su vehículo, el de su esposa, ratos de estrechez y esfuerzo. Ahora justo cuando había logrado cancelar todas sus deudas, el mundo se le venía encima. El futuro era un incierto laberinto, funesto y sombrío. Una tercera parte de su patrimonio estaba siendo prácticamente confiscada. Una cifra astronómica que no hallaba como explicar. Este escenario no es alentador, ni único. Muchos colegas viven apretujados por nefastos cálculos de cuotas supuestamente dejadas de pagar.
Ha sido palmario, más que evidente, los profesionales independientes que ejercen el notariado y la abogacía, de manera autónoma y solitaria. Aquellos, que algunos llaman “de a pie”, refiriéndose a que prestan un servicio “artesanal” particular, individual. Aquellos que hacen trámites, acuden al Registro y corren por términos. Aquéllos; se ven estrechados por la gravedad del sistema, sin haber logrado amasar fortuna alguna, sino pagando cuentas mes a mes, desde que iniciaron su profesión. Sin contar con el espejismo de un sistema digno de jubilación. A esos, el sistema les cayó encima. La situación, amenazante y calamitosa, les hincó el diente. ¿Qué pasará cuando ya no puedan trabajar? No hay un colegio que los cobije o institución a la que se pueda recurrir.

Una realidad económica bastante deprimida, exceso en la cantidad de profesionales, formación a veces raquítica, además de una estructura administrativa que persigue más, de  lo que instruye o ayuda. Así como gran cantidad de fiscalizaciones, directas e indirectas. Instituciones que no colaboran con el profesional, sino más bien estrujan con tanto trámite, constantemente cambiante. Órganos disciplinarios que siempre resultan una amenaza. La realidad de los Notarios independientes en nuestro país, luce sombría y turbia. A eso se le ha de incrementar, la desmedida tasación que está imponiendo la Caja Costarricense del Seguro Social. La narración con que inicié este articulo, no resulta extraída de la literatura, es muy real y además, presenta un escenario apocalíptico de una profesión cada día mas menguada.

Dentro de este contexto se deben de incluir a los abogados, con el agravante que tampoco encuentran los agremiados, un plan reparador de pensión o retiro. El timbre del colegio, como es sabido, tuvo como destino precisamente ese, el de fraguar un plan de retiro. Pero también es sabido que históricamente las administraciones del Colegio lo han utilizado, hasta la fecha para todo tipo de exquisiteces, menos para lo propuesto.

Percibo que en general, el profesional independiente, desea actuar conforme a las disposiciones, cotizar, ser parte de la seguridad social y recibir una pensión algún día. Pero las reglas deben ser claras, atendiendo los principios de igualdad, solidaridad, y especialmente el de proporcionalidad. Ser razonable ha de ser un derecho humano.

Los patronos cuentan actualmente, con medios sofisticados cuyas aplicaciones hacen más amigables la gestión ante la Caja. Realizan sus gestiones con herramientas tecnológicas de suerte tal que todos los meses reportan los salarios en línea, reciben las órdenes patronales, tienen un sitio donde se calculan las cuotas, etc. Pero el profesional independiente, instan los funcionarios de la Caja, deben de apersonarse cada seis meses a una sucursal de la CCSS con una caja de zapatos llena de facturas y recibos, como indica el protagonista de esta historia, a fin de remitir sus comprobantes, para que posteriormente, mediante un detalle retroactivo le sea calculado una suma que resulta tan disparatada y abismal como lo gigantesca que es. ESO, DESDE TODO PUNTO DE VISTA, NO TIENE SENTIDO.

Es así como, repito, la realidad del profesional, se vislumbra, compleja, poco potable y esta bien decir, apocalíptica. Y no encontramos por ningún lado. ¿Quien nos podrá defender?

Paren el mundo. Quiero bajarme

Muchas gracias por su tiempo. Muy amables.»

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Historias del Protocolo XXII. Sobre la nueva Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas

Agradecemos a don Herman Mora su oportuno comentario sobre la recién publicada Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas.

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«Actitud, básicamente humana aquella de tropezarse dos veces en la misma piedra. Como si hacerlo resultara todo un privilegio. Bueno nuestros congresistas, una vez más, lo han hecho. No me refiero únicamente a esta legislatura, sino a una vertebral práctica que adquiere niveles de leyenda.

El día de ayer (22 de marzo de 2017)  resultó publicada la Ley 9428,  es decir, la Ley al Impuesto a las Personas Jurídicas. De ahí su primer error, ya que hay personas jurídicas como una asociación o una fundación o cooperativa  que no están obligadas a realizar el pago del impuesto. De allí que debió llamarse Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas Mercantiles.  Por otra parte, se  reforma – otra vez- con idéntico texto, el art. 129 del Código Notarial, según ya fuera modificado por la anterior Ley 9024, siendo totalmente innecesaria la reiteración.

Lo cierto es que la actual norma pareciera una copia bastante calcada de la  anterior devenida en inconstitucional.  Como en la anterior, se cometen los mismos errores. Únicamente se previó evadir  el entrabe constitucional que llevó a la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley 9024, sin mayor miramiento, no ocupándose de una redacción más técnica, precisa, conceptualmente más articulada y que especialmente contemplara la dinámica de uno de los operadores de la ley, cual será el Registro Nacional, por no decir otras complicaciones para la función notarial, por la omisión de conceptos y procedimientos.

            En abono a la actual ley, diremos que supera la anterior, toda vez que ofrece una estructura escalonada ascendente del impuesto, teniendo como parámetro la declaración del impuesto sobre la renta.

Ya en otras entregas de Historias del Protocolo, nos hemos referido a esta norma. Al igual y de manera conjunta hemos analizado la Ley de Protección al Accionista Minoritario, así como la ley de Fortalecimiento contra el Fraude Fiscal. Dichas normas coinciden, en la apabullante y desmedida constelación de obligaciones que recaen sobre el notario.

En este caso, se sugiere, como cuidado precartular; verificar la pendencia de impuestos que puedan tener las personas jurídicas, toda vez que los notarios deberán hacerlo constar en las certificaciones que expidan.   Además agregar,  que a diferencia de aquella norma,  podrán renunciar dentro del plazo de 24 meses a partir de la vigencia,  también los miembros de la junta directiva y fiscal, por medio de una remedio cartular, inventado y sacado de la manga del mago, cual es una carta dirigida al domicilio social de la empresa, para que ahí sea el conejo quien la reciba.

Interesa advertir como innovación, la responsabilidad solidaria y  subsistente de los últimos socios   “oficialmente inscritos” quienes serán responsables solidarios del pago del impuesto, aún cuando la sociedad se encuentra disuelta.

No soluciona el limbo entre la figura de la liquidación y la disolución en cuanto a su registración.

No se cuenta con fecha oficial de inicio, ya que dentro de una complicada aritmética, indica que la norma entrará en vigencia:  tres meses después del primer día del mes siguiente de la publicación del reglamento. Es decir:  no se sabe cuándo. Pero que llegará, llegará. Saludes.  Muchas gracias.»

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HISTORIAS DEL PROTOCOLO XXI. Proyecto de ley plantea nuevas exigencias para notarios y otros profesionales

Agradecemos al Dr. Mora este interesante comentario que nos ofrece sobre un tema que ha generado bastante preocupación en la comunidad notarial del país.

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«Según puedo percibir, se encuentra muy próxima la aprobación, por parte de la Asamblea Legislativa,  del Proyecto de Reforma a los artículos 15, 15 bis, 16, 81, y adición del artículo 16 bis de la LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO (tal y como fue bautizada con su original y extenso nombre) LEY 7786 DEL 30 DE ABRIL DE 1998.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la organización de las así llamadas recomendaciones GAFI, es decir,  Convenciones Internacionales tendientes a establecer ESTÁNDARES INTERNACIONALES PARA LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA.

Lo delicadísimo es que de aprobarse este proyecto,  desencadenará una serie de obligaciones adicionales para el ejercicio del Notariado, así como de otras profesiones.  En nuestro caso particular,  se le exigen al cartulario, vastas verificaciones, que en su mayoría escapan de su competencia y alcance, y que van a complicar su ya muy maltrecho ejercicio profesional.

Aunado con lo indicado podemos agregar que ya contamos con normas de reciente promulgación como la LEY DE PROTECCIÓN AL ACCIONISTA MINORITARIO y LA LEY PARA EL MEJORAMIENTO DE LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL, sin mencionar la inminente nueva LEY DE IMPUESTO A LAS PERSONAS JURIDICAS MERCANTILES. (Cabe mencionar que la Sala Constitucional rechazó de plano la acción inconstitucionalidad planteada contra esta última norma, interpuesta por el Movimiento Libertario), todas las cuales agregan responsabilidad, atención y controles al ejercicio del Notariado.

Explicando un poco más en detalles, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un ente intergubernamental establecido en 1989 para tratar de identificar vulnerabilidades a nivel nacional y para proteger el sistema financiero internacional de usos indebidos. En términos simples, se persigue que con eficientes filtros, las actividades comerciales sean mejor verificadas, ya que el tránsito de dinero es el andamio imprescindible de toda actividad comercial: lícita o ilícita.

Así por ejemplo el artículo 15  del Proyecto de Ley establece: «Para efectos de combatir la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, estarán sometidos a esta ley, quienes desempeñen las siguientes actividades:  (…)   Con el propósito de no enumerar todas las posibles actividades, podemos resumir, que se refiere a la amplísima variedad de transferencias sistemáticas sustanciales de fondos, realizadas por cualquier medio, lo que abarca a:

a) Los casinos sujetos a la Ley de Impuesto a Casinos y empresas de enlace de llamadas a apuestas electrónicas, Ley N.° 9050, de 9 de julio de 2012 y sus reformas, regulados y fiscalizados por el Ministerio de Seguridad Pública.
b) Las personas físicas o jurídicas, sean estas intermediarias, propietarias o constructoras, siempre y cuando se dediquen en forma profesional y habitual a la compra y venta de bienes inmuebles.
c) Comerciantes de metales y piedras preciosas.
d) Organizaciones sin fines de lucro.
e) Personas físicas y jurídicas, abogados, contadores y otros profesionales incluyendo a los auditores cuando realizan transacciones para sus clientes sobre las siguientes actividades.

i. Compra y venta de bienes inmuebles.
ii. Administración del dinero, cuentas bancarias, ahorros, valores u otros activos del cliente.
iii. Operación, administración y compra y venta de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas

f) Proveedores y administradores de servicios fiduciarios, incluyendo quienes participen en la creación, registro y administración de fideicomisos.)»

Ahora, en lo que nos corresponde más como cartularios, trascribimos lo dispuesto por el temible artículo 15 ter:

«Artículo 15 Ter.-

Créase la Unidad Especializada en Prevención de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en la Dirección Nacional de Notariado, como la instancia encargada de la prevención, supervisión, control y sanción sobre esta materia, cuyas funciones serán establecidas vía reglamentaria por parte del Poder Ejecutivo.

Los notarios deberán cumplir con las siguientes obligaciones respecto a sus clientes en materia de prevención de la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva:
a) Identificación de clientes y debida diligencia del cliente.
b) Mantenimiento y disponibilidad de registros.
c) Disposiciones y controles sobre las personas expuestas políticamente. (PEP)
d) Surgimiento de nuevas tecnologías.
e) Dependencia en terceros.
f) Controles internos y aplicación de medidas en sucursales y filiales extranjeras.
g) Controles sobre países de mayor riesgo.
h) Reporte de operaciones sospechosas incluyendo los intentos de realizarlas.
i) Confidencialidad y programas de cumplimiento obligatorio.

Las obligaciones establecidas en los incisos anteriores rigen a partir de lo dispuesto en la Ley 7786, “Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo” del 30 de abril de 1998 y sus reformas; así como la Reglamentación correspondiente. Dichas obligaciones deberán ser acatadas, cuando se desarrollen las siguientes actividades bajo un enfoque basado en riesgos:

i. Registro, compra y venta de bienes inmuebles.
ii. Administración del dinero, cuentas bancarias, ahorros, valores u otros activos del cliente.
iii. Creación, registro, operación, administración y compra y venta de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas.
iv. Creación, registro y administración de fideicomisos.

Sin perjuicio de la responsabilidad penal y las sanciones establecidas por la Dirección Nacional de Notariado de acuerdo con el marco legal vigente, dicha Dirección deberá implementar eficazmente el correspondiente régimen sancionatorio establecido en el artículo 81 de la presente Ley. Toda sanción en firme deberá ser comunicada a la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD para lo que corresponda.

Quedan excluidos de las obligaciones anteriores, los notarios que dediquen sus servicios de manera exclusiva en las dependencias del Estado.

Los notarios deberán acatar de forma obligatoria toda disposición vinculante que la Unidad de Inteligencia Financiera emita con respecto a la prevención y lucha contra la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva y la Dirección Nacional de Notariado deberá velar por su correcta aplicación.»

Creo que hay tipos sancionatorios que definitivamente se escapan de lo usual en nuestra actividad, ya que están concebidos para notariados más “lujosos”. Además no resultan claros, términos, como por ejemplo: “Dependencia en terceros.”   Lo cierto es que la propuesta de norma no es precisa, clara, ni ajustada a nuestro medio.

Desde mi óptica internacional del Notariado, no percibo al profesional en derecho costarricense (abogado y notario) como un personaje especialmente involucrado dentro de las redes mafiosas. A no ser que se considere como una excepción. (Sí ya sé .. !Cajita blanca para  Herman Mora!)  Sin embargo son implementaciones que han sido incorporadas, aún en notariados organizados y robustos como el español y otros, y es así como la implementan buena cantidad de países occidentales.

Como dije, son verificaciones que dentro de nuestro contexto no resultan claras, se escapan a nuestra función ya que no tenemos, por lo general, los profesionales en derecho, ningún tipo de control financiero de nuestros clientes. Además, roza lo exigido, en mi opinión, con el deber de guardar el secreto profesional.

Es de suponer que el Consejo Superior Notarial debería hacerse sentir en relación a las obligaciones que este proyecto de ley pretende imponerle a los notarios, el cual percibo, está descontextualizado de nuestro medio.   A no ser que sea mucho pedir.  Como dicen por ahí:  ¿Ahora quien podrá defendernos?  Que Dios nos agarre confesados.

Cabe finalizar esta nota con un aviso comercial, y es que sobre este y otros temas como la Ley de Protección al Accionista minoritario y la Ley contra el fraude fiscal, el suscrito junto con el Dr. Ricardo González Mora, estaremos impartiendo una charla en la fundación Omar Dengo, este 23 de febrero a las cuatro y treinta de la tarde.

Agradezco muchísimo la atención prestada. Que disfruten la jornada.»

Si desa conocer el texto completo del proyecto de ley 19.951  al que se ha referido don Herman Mora en su comentario, haga clic a continuación:   VER PROYECTO DE LEY

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Historias del protocolo XX: Impacto en la gestión jurídica por reformas normativas a temas societarios

Del Dr. Herman Mora Vargas, iniciamos este año con una nueva entrega de su colección Historias del Protocolo.-

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«El mundo se dirige a eso, nadie nos pidió permiso y además, no podemos bajarnos. Es lo que es. No hay duda que las cosas han cambiado, especialmente estos últimos años, especialmente estos últimos días. Recientemente se  aprobó,  la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, que incorpora medidas para evitar la evasión de personas jurídicas y físicas, y actos de terrorismo. Esta iniciativa  se enmarca dentro de una tendencia  mundial. Del mismo modo,  hace pocas semanas se había aprobado la Ley de Protección al socio minoritario y a mi entender es inminente la aprobación de la Ley del Impuesto a las Personas Jurídicas Mercantiles. Nos referiremos a continuación a estas tres normas.

Los diputados aprobaron con 45 a favor y 5 en contra,  la Ley que establece la creación de un registro de accionistas de sociedades anónimas y otros entes jurídicos, con el objetivo de mejorar las investigaciones por evasión fiscal y lavado de dinero. Con esta norma, Costa Rica cumpliría con los estándares internacionales fijados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Y como mencioné, hacia ahí va el mundo, al menos Occidente. Siendo así es que se procura prevenir  formas de delincuencia organizada como legitimación de capitales, financiación al terrorismo y otros delitos financieros.

Sin embargo esta norma no resulta de una iniciativa solitaria.  Como dije, anteriormente se había aprobado la ley  que procura proteger a socio minoritario,  reformando los  artículos del Código de Comercio y Código Procesal Civil. Ley que fue impulsada por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, con la finalidad de mejorar la  posición de  Costa Rica en los índices que evalúan el ambiente de negocios.

Dentro de las modificaciones introducidas, se incluyó el derecho de los socios que representen al menos el 10% del capital social de examinar documentos y contratos de transacciones en donde se involucren activos de la compañía, tales como adquisiciones, ventas, hipotecas o prendas. Además se  disminuye el porcentaje del capital social requerido para solicitar judicialmente una auditoría de la compañía, pasando este de un 20% a un 10% del capital social. Es asi   que con una participación minoritaria puedan acceder a medios de  control. La norma también regula la forma en cómo se deberá de realizar este tipo de auditorías solicitadas por los accionistas, y se indica que deberá ser el juez quien designe el contador o firma de contadores encargados de realizarla.

Aunado a lo anterior,  se exige para los consejeros y administradores de las sociedades, un deber de diligencia y lealtad, e indica que éstos deberán actuar buscando el mejor interés de la empresa, pero teniendo en cuenta el interés de la sociedad y el de los accionistas.

En general, la ley pretende proteger los intereses de los accionistas minoritarios, como es de suponer. Pese a que se  introducen  conceptos jurídicos no muy precisos,  como deber de diligencia y lealtad, además la obligación, por parte de los administradores, de considerar los intereses de los accionistas minoritarios, soy de la opinión que no  se agrega nada verdaderamente significativo que vaya decididamente a incidir en beneficio del socio minoritario.  La doctrina y la jurisprudencia, especialmente la penal, (administración fraudulenta) ha dotado de muchos conceptos precisando términos como los anteriores. Por otro lado, disminuir los porcentajes indicados, no representa un gran auxilio. Reformas, más bien procesales, tendientes  a una reclamación o auditoria, eficaz rápida, y expedita, hubiese significado una verdadera mejora dirigida a beneficiar los  derechos de estos socios.  (La inobservancia de estos deberes incluidos mediante la reforma, podrá acarrear a los consejeros y administradores responsabilidad solidaria frente a la sociedad por los daños ocasionados, lo que tampoco es nuevo)

Conlleva también la obligatoriedad para las empresas de adoptar políticas de gobierno corporativo, cláusulas contenidas dentro de los estatutos que contengan  regulaciones sobre la toma de decisiones que impliquen conflicto de interés para los consejeros, necesidad de aprobar determinadas transacciones por la Junta Directiva y la obligación de divulgar los resultados del ejercicio anual.

Parte de la norma reza:  «La aprobación de la Junta Directiva u órgano equivalente, como requisito previo para la ejecución de aquellas transacciones que involucren la adquisición, venta, hipoteca o prenda de activos de la compañía emisora que representen un porcentaje igual o superior al diez por ciento (10%) de los activos totales de esta. En la determinación se considerarán los activos totales al cierre del mes anterior a la transacción, de acuerdo con los estados financieros.» (art. 3 de la Ley)

Lo anterior implicaría se deba realizar asamblea  trascrita en el acta correspondiente y certificada o protocolizada por Notario público, o bien dar fe de ella. Lo que a la fecha no ha sido exigido por el Registro.

En relación a la Ley contra el Fraude Fiscal, con más incidencia modifica el diseño y un poco la naturaleza de las sociedades mercantiles. Incide sobre la verificación y manejo de estas personas jurídicas, (incluye O N G) imponiendo obligaciones especialmente en cuanto al suministro de información de estas. Entre otras modificaciones, mencionaremos las siguientes:

  1. Se establece la obligación de suministrar información a las entidades financieras. Si bien sometido a un deber de confidencialidad, se autoriza el acceso  del Ministerio de Hacienda a la Superintendencia General de Entidades Financieras de los clientes. Se crea un registro centralizado de accionistas y beneficiarios finales de las sociedades anónimas. El Banco Central de Costa Rica será el ente encargado de administrar en forma segura la información, lo que no deja de provocar cierta suspicacia, aunque se deben reconocer los altísimos grados de seguridad y confiabilidad, que con respecto, por ejemplo a la firma electrónica, ha desempeñado dicha entidad. La información puede ser solicitada por un juez, aunque no especifica de qué materia, lo que hace pensar podría ser de Familia, por ejemplo.
  2. Aunado a lo señalado, de los aspectos más destacables es El Registro centralizado de las sociedades y la figura del beneficiario final, como aquel individuo que realmente es el dueño y lugarteniente  de la sociedad, aunque no figure.  La norma dicta. … se … entiende por beneficiario final o efectivo la persona física que ejerce una influencia sustantiva o control, directo o indirecto, sobre la persona jurídica o estructura jurídica de manera que cuente con la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o socios, tenga el derecho a designar o cesar a la mayor parte de los órganos de administración, dirección o supervisión, o que posea la condición de control de esa empresa en virtud de sus estatutos. Se entenderá por control indirecto tener control sobre personas jurídicas que finalmente tienen participación en la persona jurídica o estructura jurídica nacional y, el directo, la posibilidad de tener acciones o participaciones suficientes para controlar la persona jurídica o estructura jurídica nacional. En el caso de personas o estructuras jurídicas domiciliadas en Costa Rica, cuya participación accionaria sustantiva del capital social pertenezca, total o parcialmente, a entidades jurídicas domiciliadas en el extranjero, cuando resulte imposible identificar al beneficiario final, de acuerdo con lo dispuesto en este capítulo, habiendo agotado todos los medios de identificación y siempre que  haya motivo de sospecha, se presumirá que el beneficiario final es el administrador.   Se entenderá por participación sustantiva la tenencia de acciones y participaciones en un porcentaje igual o mayor al límite que a estos efectos fijará reglamentariamente el Ministerio de Hacienda, en atención a parámetros internacionales, y dentro de un rango del quince por ciento (15%) al veinticinco por ciento (25%) de participación con respecto al capital total de la persona jurídica o estructura jurídica. Esta obligación de suministro de información deberá cumplirse anualmente, o bien, cuando algún accionista iguale o supere el límite definido reglamentariamente, según lo dispuesto en este artículo. ”  (Artículo 5)
  1.  Obligación de aceptar medios de pago alternativos

“Todas las personas, físicas o jurídicas, con actividad lucrativa que presten sus servicios al público están obligadas a aceptar, como medio de pago alternativo, las tarjetas de crédito o débito, así como cualquier otro mecanismo electrónico o no, en donde exista una institución financiera que le garantice al comerciante la acreditación del dinero a su favor.” (Art. 4)

  1. Obligación de todos los comercios y profesionales liberales de emitir facturas electrónicas.

“Todos los obligados tributarios deberán contar con medios electrónicos para registrar sus transacciones y emitir comprobantes de estas, de conformidad con los requisitos y el desarrollo que se establezca reglamentariamente. Estos medios electrónicos incluyen, entre otros, la factura electrónica como un instrumento idóneo y necesario para la emisión de comprobantes de sus transacciones de compra y venta, registros contables y otros medios requeridos para el control tributario. Se autoriza a la Administración Tributaria para que establezca excepciones de los diversos regímenes tributarios, vía reglamentaria.” (Ultimo párrafo art. 2)

 5 -Remate electrónico de bienes

Se autoriza al Ministerio de Hacienda para que efectúe el remate de bienes dados en dación de pago por medio de una plataforma tecnológica que brinde un espacio virtual de búsqueda directa, abierta y libre del precio de adquisición, que permita alcanzar el precio asignado por el mercado, sin interferencias de ningún tipo. El remate se desarrollará en tiempo real y de forma automática, requiriendo únicamente la participación de los postores individualmente considerados, sin contacto personal  entre sí. El sistema que se implemente deberá garantizar las condiciones de transparencia, publicidad, seguridad, rapidez y economía en la determinación del justo valor de cambio de los bienes rematados, mediante el procedimiento de mejoramiento de precios en línea. Los demás detalles de esta modalidad, serán regulados mediante decreto ejecutivo, como el  desarrollo y de adjudicación., asi como lo relativo a  etapas y plazos de ejecución, que incluye las fases preparatorias, de publicidad, de inscripción”  (Art. 201)

6- Se establece una sanción para aquellos asesores tributarios que ejecuten maniobras ilegales para evadir o reducir el monto que deben pagar los contribuyentes, y se fortalecen los procesos de cobro judicial para la recuperación de impuestos no cancelados en el pasado. Aspecto que a mi juicio conlleva vicios, ya que merma el derecho de asesoría de los profesionales en la materia.

7.- Notarios deberán advertir en las certificaciones que expidan sobre sociedades, cuando las mismas hayan incumplido con el suministro de información tributaria. (Art. 84 bis)  (Este requisito será exigido cuando el Banco Central de Costa Rica en conjunto con la Dirección de General de Tributación habiliten un sistema de consulta en el que los notarios puedan verificar si los obligados se encuentran al día en el suministro de esta información.)

En general la norma incide en:

  • El mecanismo de manejo de la información de las entidades financieras. Además del tipo de información, así como su mecanismo de obtención.
  • Custodia de la información. (Las entidades financieras no podrán suministrar a ninguna entidad pública la información tributaria de sus clientes, salvo que exista ley especial que así lo autorice, o un juez lo ordene.art. 3.)
  •  Estructura jurídica de las instituciones que intervienen y forma de operar.
  • Uso de la información. Garantías.
  • Exigencias para los obligados, los  Fideicomisos y las  O N G. (organizaciones sin fines de lucro)
  • Régimen sancionador. (La iniciativa establece que el funcionario que incurra en una falta grave será sancionado con el despido sin responsabilidad patronal, por acceder por cualquier medio, a sistemas de información o bases de datos, sin la autorización de la autoridad competente. Se incorporan además)
  • La factura electrónica y los medios de pago
  • Reformas Tributarias. Términos, plazos, prescripciones procedimientos, el remate electrónico, medidas cautelares.
  • Remate Electrónico.

Finalmente debemos agregar, que resulta, a mi juicio, inminente, la aprobación de la ley que establecerá nuevamente un impuesto a las personas jurídicas mercantiles. Siendo una copia que contiene los mismos errores de la ley anterior, la No. 9024.   Varia únicamente en lo siguiente:

  • Las sociedades inactivas tendrán que pagar por año el 15% del salario base (¢63.750).
  • Sociedades activas con ingresos menores a ¢51 millones tendrán que pagar una tarifa del 25% del salario base (¢106.250).
  • Sociedades activas con ingresos entre ¢51 millones y ¢119 millones tendrán que pagar un impuesto del 30% del salario base (¢127.500).
  • Sociedades activas con ingresos superiores a ¢119 millones pagarán el 50% del salario base (¢212.500).

Resulta muy razonable que a diferencia de la práctica tradicional,  seamos en lo sucesivo,  reticentes, cuando nos soliciten formar parte de  una sociedad, ya sea como socio o miembro de junta directiva. La idiosincrasia del tico  inicia un cambio, agregando cautela al asumir puestos cuando la solicitud provenía de  un amigo o familiar a fin de formar parte de una sociedad.

Nos parecemos, al  menos en este régimen fiscalizador, cada día más  a otros  países del mundo, especialmente los europeos.

Pienso que la función y el desempeño de los notarios, abogados,  contadores, debe ser mas estratégica, profunda y actualizada. De ahí que conviene decir, agarrémonos fuerte, porque las cosas como estaban, ya no son así, y las instituciones  se sacuden. Muchas gracias.»

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Historias del Protocolo XIX Sobre las competencias disciplinarias

Agradecemos al Dr. Herman Mora esta nueva entrega de su colección de Historias del Protocolo.

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SOBRE LAS COMPETENCIAS DISCIPLINARIAS

Siempre me ha llamado la atención aquella adictiva propensión humana a la adoración del ídolo. Somos especialmente proclives a la idolatría de las personas. Tratándose de deidades, aunque me cuesta aceptarlo, al menos lo puedo entender. Pero cuando se trata de seres humanos, de carne y hueso, que viven bajo una piel como la mía, tienes temores, necesidades, alegrías y anhelos, como cualquier otro y especialmente terminarán en una fosa como cualquier otro, eso me cuesta entender. Hay que admitirlo, esos súper héroes,  disfrutan  y sufren como lo hace cualquier otro. Ese exacerbado fervor al súper hombre, creo que es una de las más ominosas características del ser humano, ya sea Cristino Ronaldo, Shakira o Fidel Castro. La adoración a otro ser humano como yo, es algo,  que pienso nos acerca a la barbarie y ha provocado un seguimiento ciego a seres humanos tan  erráticos  como cualquiera de nosotros.

Sobra decir que de los humanos, dignos de todo seguimiento  y adoración, frecuentemente se encuentran individuos  ensordecidos por dentro, que no hayan otra razón de existencia que no sea la de postrarse ante su propio ego, que además de sordos son ciegos ya que no pueden ver la realidad, es decir su condición humana, oculta de errores en razón del asombroso fatuo de su comportamiento.

Relaciono lo anterior con nuestros pequeños reinos, nuestras minúsculas criptas de adoración, sean cuales sean.

A veces con las disciplinas pasa lo mismo. Las convertimos en verdaderos objetos de veneración. Hay que admitir que como labor humana, tienen defectos y son susceptibles de mejorar, de revisar, de corregir, ya que al hacer  crecer nuestra función, crecemos nosotros.

No sucede  nada diferente con el Derecho Notarial, aunque bien formateado y estructurado, requiere mejoramientos, reflexión, análisis,  consecuentemente discusión sobre las nuevas implementaciones. Sin embargo,  es bien sabido que algunas personas e instituciones (personas al fin de cuentas)  se mantienen incólumes e inflexibles ante el cuestionamiento de sus posiciones.

Tratando de hilar en relación a lo indicado, me gusta citar la  sentencia, sea el voto de la Sala Primera, numero  397- F de las 9:30 del 11 de julio del 2003.

Hay tres aspectos esenciales para la constitución fundamento de la responsabilidad del Notario.  Primero; ejercer una función pública,  dotada de  fe pública sin sujeción jerarquía alguna.  Segundo; la importancia de su función en el tráfico económico – contractual. Tercero; su meta final consistente en conferir seguridad jurídica a los derechos subjetivos de los particulares… (la disciplinaria)

Aunque como he dicho, se trata de una función altamente regulada, (por aquéllo de que el funcionario público se encuentra muy   fiscalizado y controlado, especialmente en Costa Rica)  con frecuencia se observan yerros en la escogencia de  la competencia disciplinaria al instar un proceso.

Es así, como los profesionales en Derecho podemos ser disciplinados, en términos generales, siguiendo la Ley Orgánica del Poder Judicial (artículo 196 y siguientes.),  por el Colegio de Abogados, en el caso de nuestro desempeño como abogados o bien por el Juzgado Notarial y Tribunal Notarial, en caso de que funjamos como notarios. Ahora bien,  en cuanto  nuestra disciplina cartular, pueden ser incoados también los procedimientos ante la Dirección Nacional del Notariado, que pese a la redacción del artículo, como veremos, son los casos menores.

Determinar la competencia entre estos dos entes, es indispensable, ya que son repetidos los errores. De la lectura del artículo 140 en relación al artículo 4, del Código Notarial, es que podemos deducir que la competencia del Juzgado Notarial, es residual, es decir aquélla que escapa al conocimiento de la Dirección Nacional del Notariado, (atención de Lineamentos,  presentación de índices,  etc)  Ahora, pese a ser una competencia residual,  la del Juzgado atiende la mayor cantidad de casos.

¿Qué ocurre cuando se transcurre, lo que no es infrecuente,  dentro de los  sombríos límites  de la competencia,  ante  el Colegio de abogados, por ejemplo en cuanto a una autenticación o bien en el caso de un divorcio por mutuo consentimiento, donde actúa  la figura del abogado y del notario en el mismo trámite?   o cuando un asunto es conocido, (como ocurrió) por el juzgado notarial, siendo que posteriormente se determinara que lo debía atender la Dirección Nacional del Notariado? Tomen en especial consideración que se trata de pasar de una competencia jurisdiccional a otra administrativa, que se encausa dentro de  normativas, con términos y procedimientos muy diferentes. (El problema de competencia  lo resuelve la Sala Primera. Voto 000-5000-C , 9:07 del 30 de junio del 2000.)

La bondad de estas reflexiones, radica en advertir que podemos dilatarnos innecesariamente en un proceso, por cuanto no era la vía correspondiente, por lo que podría pasar que cuando instemos ante la competencia adecuada, haya prescrito nuestro derecho.

Como decía Mahatma Gandhi: «Si conocieras bien a tu enemigo y a tu amigo, odiarías menos a uno y admirarías menos al otro.»

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Finalmente,  no puedo terminar esta nota sin referirme al tiempo especial que vivimos estos días.

Al igual que ustedes recibo infinidad de  mensajes  plagados sin duda de buenas intenciones,  expresando el reiterado  deseo de  paz, armonía, espiritualidad, deseando  en estas épocas  los mejores  propósitos  de unión familiar, amor y plenitud,  mensajes que inundan, nuestros teléfonos y computadores.  Nos bañan  como cascadas con fotos y videos  llenos de color y creatividad. Toda una exquisitez publicitaria. “Que estas épocas, de reflexión, recogimiento unión familiar, el amor de Dios caiga como bendiciones sobre tu persona y familia….”

Bueno, pues de eso nada, son por lo general días calamitosos, llenos de carreras, compromisos, agobios y especialmente atiborrados  de compras. Si bien es cierto pueden ser  hermosos  momentos para compartir  con amigos o familiares queridos que no veríamos en otras épocas, somos muy propensos a derrochar en  compras,  carreras y deudas, lo que consecuentemente provoca poca paz y menos armonía en la familia.

No soy ni cercanamente un experto en temas religiosos, pero es claro que la navidad no se compra para ser cancelada mediante cuotas tasa cero, su importe no ofrece los beneficios  de una tarjeta de crédito que  nos reeditará puntos en enero. La celebración del nacimiento de Jesús, poca relación tiene, a todas luces, como ese maremágnum de adquisiciones, por lo general con dinero que no tenemos, regalando  cosas que no ocupamos, a veces para gente que no le importa.

No se me ocurre nada tan contradictorio como celebrar la navidad en un mall, como si el nacimiento de Jesús hubiese sido fraguado sobre una vitrina y no en un pesebre.

Sugiero, cosechemos nuestra pequeña parcela, no tratemos de vivir lo que no nos pertenece, gastando dinero que no tenemos y que será pagado con la congoja del endeudamiento anual.

Estar más cerca a los amigos y la familia, comprar y consumir lo necesario, vivir con poco,, disfrutando mi pequeño entorno,  procurar  más gozo, dando mas abrazos aunque menos regalos. Contar con más tiempo para ver a los seres queridos, que al final será lo que me llevaré, esa emoción de recordar la familia  ya que en  los últimos momentos de  mi vida, será  probable que no recuerde  si aquella corbata azul  asentaba bien con el traje.

A todos les deseo una muy feliz navidad. Abrazando más y comprando menos.

Muchas gracias. »

 

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