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Ivan Vincenti Rojas

Pagos parciales en el impuesto por Rentas de Capital

Agradecemos al  Lic. Iván Vincenti, experto en litigios de la prestigiosa firma Grant Thornton Costa Rica, este nuevo artículo que pone en conocimiento de este foro sobre un tema de gran actualidad.

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«Ante la nueva cédula del impuesto sobre la renta, conocida como Rentas de Capital y Ganancias y Pérdidas de Capital, puede surgir la interrogante sobre la procedencia de aplicar pagos parciales a este nuevo régimen. Recuérdese que la regulación de los pagos parciales se encuentra en el artículo 22 de la Ley N° 7092, y básicamente atiende a una programación de pagos que sirven como adelanto del impuesto que en definitiva tenga que cancelar el contribuyente por la cédula del impuesto a las utilidades. Dichos pagos se realizan en tres tractos, en el último día hábil de los meses de marzo, junio y setiembre de cada año fiscal, y su base de cálculo lo es el impuesto determinado para el ejercicio fiscal del año anterior, o el promedio aritmético de los tres últimos períodos fiscales, el que fuere mayor.

Para el caso de las Rentas de Capital, no está contemplada la posibilidad de que se hagan pagos parciales. Esto se explica y entiende dada la forma de liquidación y pago que se regulan en los artículos 28 quater, y 31 quater de la Ley, y que se resume en la obligación de declarar la renta por cada hecho generador, y se liquida y paga dentro de los quince días naturales del mes siguiente al momento en que se produce ese hecho. Incluso facultándose a que en casos de hechos generadores que se produzcan en forma periódica varias veces al año, la declaración se pueda hacer trimestral o anualmente.

Sin embargo, el tratamiento de estas rentas varía cuando el contribuyente realiza conjuntamente actividades lucrativas y, además, percibe Rentas de Capital que finalmente se afectan a la actividad lucrativa (artículo 27 bis de la Ley, artículo 3 bis del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta). Aquí, las Rentas de Capital se integran a la base imponible de las otras actividades lucrativas para determinar la renta sujeta al impuesto de utilidades (artículo 1, párrafo 4 de la Ley).

También varía cuando, para la generación exclusiva de rentas de capital inmobiliario, se tenga contratado como mínimo un empleado y su salario esté sometido al régimen de cotización de la Caja Costarricense de Seguro Social (artículo 28 párrafo 2). En estos supuestos, su régimen de declaración y pago del impuesto es el genérico para el impuesto a las Utilidades (artículo 3 bis del Reglamento). Esta misma regla aplica cuando se trata de rentas exclusivas de capital mobiliario, derivadas de arrendamiento, subarrendamiento, constitución o cesión de derechos de uso o goce, y se cuente con el empleado cotizante al régimen de la CCSS (artículo 3 ter del citado Reglamento).

Entonces, en estos casos en que las Rentas de Capital se integran al impuesto sobre las Utilidades, es dable afirmar que igualmente se considerarán dichas rentas para los efectos de establecer el monto de los pagos parciales que mencionábamos al principio. Y en ese tanto, los pagos efectuados se tendrán como adelantos a cuenta del impuesto a las utilidades.

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Cobro Judicial de Hacienda no puede solicitar medidas cautelares en Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda

Agradecemos al Lic. Iván Vincenti, experto en litigios de la prestigiosa firma Grant Thornton Costa Rica, este nuevo artículo sobre un importante y reciente voto del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.

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«A través de los artículos 196 y 196 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, se otorga a la Oficina de Cobros del Ministerio de Hacienda la posibilidad de requerir la adopción de medidas cautelares ante los tribunales de justicia, cuando el contribuyente no haya atendido las prevenciones de pago en relación con los adeudos determinados en los procedimientos de fiscalización.   Competencia que no deja de tener importantes consecuencias para los administrados, dado que, entre esas medidas, se regula el embargo preventivo que podrá recaer sobre cuentas bancarias, pagos que se recibirán a través de operadoras de tarjetas de crédito e incluso bienes inmuebles.  Embargos que podrán tener una vigencia de hasta dos años.

Sin embargo, queremos destacar un reciente criterio del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, contenido en la resolución N° 44-2019  del veinticinco de enero del año en curso.   Esta resolución se produce a consecuencia de una gestión formulada por la Oficina de Cobro Judicial para que se aplicara una medida cautelar de las que regula el Código Procesal Contencioso Administrativo.    Sin embargo, la discusión que surgió en dicha gestión  era  sobre la pertinencia de que esa Oficina acudiera directamente ante ese Tribunal, siendo que la representación del Estado ante el mismo le corresponde a la Procuraduría General de la República.

El Tribunal Contencioso Administrativo concluye que resulta incompetente para conocer de la gestión.   Fundamentalmente, advierte que cuando la Administración certifica un adeudo, debe acudir a la Jurisdicción de Cobro Judicial a realizar la gestión propiamente de cobro, así como también para gestionar medidas cautelares.    Este criterio resulta importante pues, por un lado, evita que la Jurisdicción Contencioso Administrativa se vea afectada con un incremento de su circulante, cuando ciertamente -como lo indica la resolución- no está contemplada una atribución específica para que se gestionen cobros de adeudos establecidos en sede administrativa.   Por otro lado, radica en la Jurisdicción de Cobro Judicial la potestad de analizar las importantes consecuencias que pueda tener la solicitud de embargo preventivo, para lo cual, creemos nosotros, deben atenderse a las reglas fundamentales de la tutela cautelar, como lo son la verificación de la configuración de un daño grave, actual o potencial, el peligro en la demora y la apariencia de buena fe, que son consustanciales a este tipo de gestiones.»

 

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Libertad fundamental del contribuyente: escoger a su representante

El Lic. Iván Vincenti, experto en litigios de la prestigiosa firma Grant Thornton Costa Rica, gentilmente pone a nuestra disposición este artículo sobre un importante cambio jurisprudencial que pone fin a situaciones de injusticia que por mucho tiempo se repitieron en la tramitación de procesos administrativos tributarios.

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«Después de una rica discusión jurídica, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda ha sentado claridad sobre un tema que no pocos problemas (e injusticias) había causado a los contribuyentes: existe libertad -derecho constitucional- de escoger a la persona que represente a la  empresa o individuo fiscalizada ante Tributación.

Sustentándose en una posición formalista, el Tribunal Fiscal Administrativo rechazaba recursos de apelación que fueran suscritos por representantes no abogados, pues consideraba que sólo a esa categoría de profesionales se les podía otorgar un poder especial administrativo.    Ello suponía, en no pocos casos, que luego de varios años de estar en trámite el recurso, el Tribunal Fiscal estimara inadmisible la gestión, sin entrar a conocer el fondo de la disputa y, particularmente grave, sin que se parara el cómputo de intereses en perjuicio del contribuyente.

Sin embargo, y de manera que no puede menos que celebrarse, el Tribunal Contencioso Administrativo recién se ha pronunciado sobre la improcedencia de esa interpretación. En sentencia número 130-2018-VI, de las quince horas del veintiséis de octubre del presente año, reconoce que no existe fundamento legal válido para restringir que el contribuyente escoja y designe a su representante necesariamente en un abogado, en un procedimiento administrativo tributario.  Por el contrario, la sentencia es clara en advertir que no resulta procedente limitar la decisión del contribuyente de designar el tipo de profesional que lo represente en la instancia de investigación ante la Administración Tributaria.   Al final de cuentas, es manifestación de un derecho fundamental.   Así las cosas, puede inclinarse por un abogado, por un contador, o por una persona que le merezca su más absoluta confianza.

Calificamos de trascendente esta sentencia no solo por la ya expuesto; sino porque, además, advierte a la Administración que estos excesivos formalismos atentan contra el debido proceso, derecho igualmente de rango constitucional. En el caso reseñado, el Tribunal Contencioso advierte que resulta irrazonable que, de persistir en la posición inválida y formalista, nada hubiera impedido al Tribunal prevenir al contribuyente para que “regularizara” ese supuesto vicio en su representación.   Al no hacerlo, el perjuicio es doble:  no se conocen sus argumentos por la omisión del requisito, pero además se la castiga adicionalmente con el incremento de su obligación, pues los intereses nunca se interrumpieron en su cómputo.   Es decir, sancionar al contribuyente por el ejercicio de su derecho de defensa.

En fin, compartimos esta resolución bajo el sincero convencimiento que se trata de un progreso real, tangible y definitivo en el reconocimiento de los derechos fundamentales que están otorgados a los contribuyentes.  El derecho vivo, efectivo, plasmado en una sentencia que podrá ser utilizada por todos aquellos que enfrenten la misma situación lesiva a su libertad fundamental de elección. La Constitución y los derechos fundamentales en plena vigencia.»

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