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María Marcela Campos y Ricardo Badilla

Notarios se unen contra propuesta de obligarlos a dar fe de impuestos

Los Licenciados  María Marcela Campos y  Ricardo Badilla nos ofrecen este comentario sobre un tema que ha generado mucha polémica los últimos días, por las implicaciones que podría tener para el ejercicio notarial, más concretamente en el otorgamiento de traspasos de bienes muebles e inmuebles.

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«El pasado 22 de agosto se publicó en La Gaceta un aviso del Ministerio de Hacienda concediéndole a las entidades representativas de intereses de carácter general, corporativo o de intereses difusos, un plazo de diez días hábiles con el objeto de que expusieran su parecer respecto del proyecto de resolución denominado: “Resolución conjunta sobre disposiciones relativas a traspasos de bienes muebles e inmuebles inscribibles en el Registro Nacional, a partir de las reformas introducidas en el Título II de la Ley 9635 “

Mañana jueves se cumple dicho plazo.   Un grupo de notarios nos hemos unido en el estudio de la propuesta indicada, preocupados por las serias consecuencias que de aprobarse el texto publicado, conllevaría para nuestro ejercicio profesional.   Por este motivo redactamos un escrito de oposición en el que además ofrecemos una solución alternativa que le permitiría al Ministerio de Hacienda y al Registro Nacional cumplir con su obligación de velar por el debido cumplimiento del impuesto a las ganancias de capital, de reciente creación.

A continuación ofrecemos el texto íntegro de este escrito de oposición, invitando a los colegas a unirse a la propuesta, para lo cual podrán remitirla en físico a la Dirección Normativa de la Dirección General de Tributación, ubicada en el piso 14 del Edificio La Llacuna, calle 5, avenidas central y primera, San José; o bien, en formato digital a la siguiente dirección electrónica: direcciongeneral-DGT@hacienda.go.cr

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«Señores
Dirección Normativa
Dirección General de Tributación

Asunto: Observaciones a la Resolución conjunta sobre disposiciones relativas a traspasos de bienes muebles e inmuebles inscribibles en el Registro Nacional, a partir de las reformas introducidas en el Título II de la Ley 9635.

Los firmantes, Notarios Públicos de Costa Rica, en el tiempo y forma requerida, respetuosamente ante su autoridad presentamos las siguientes observaciones y objeciones al Proyecto denominado “Resolución conjunta sobre disposiciones relativas a traspasos de bienes muebles e inmuebles inscribibles en el Registro Nacional, a partir de las reformas introducidas en el Título II de la Ley 9635” el cual fue puesto en consulta pública en La Gaceta del pasado 22 de agosto de los corrientes, por considerar que el mismo es contrario a Derecho y en consecuencia perjudicial para el correcto ejercicio notarial y registral.

La Ley 9365 denominada “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, en su Título II que reforma parcialmente la Ley del Impuesto sobre la Renta incorpora una nueva cédula tributaria e impone un impuesto que grava las Ganancias de Capital Inmobiliario y Mobiliario. Determina, por tanto, que el hecho generador se produce con las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente por alteración de la composición ya sea por la transmisión onerosa de bienes o derechos o por la incorporación de bienes o derechos al activo o patrimonio; establece además un tratamiento diferenciado de acuerdo a las condiciones del transmitente, del adquiriente y del bien, sin olvidar que las tasas son variables según los presupuestos ya indicados. Esto conlleva una complejidad para determinar el impuesto a cancelar, así como quien es el obligado a presentar la respectiva declaración. Así las cosas, se deberá considerar:

1. Si el transmitente es o no domiciliado, lo cual deberá constar según los contenidos del artículo 5 del Reglamento a la Ley del Impuesto sobre la Renta y sus reformas.
2. La condición o no del adquiriente como contribuyente del Impuesto a las Utilidades.
3. Uso del bien inmueble como vivienda habitual o no del propietario.
4. Cédula tributaria que afecta al bien según se le aplique o no depreciación y ésta constituya contablemente un gasto deducible.
5. Fecha de adquisición de los bienes.
6. Valores de los bienes.

Bajo su sola responsabilidad, compete al Obligado Tributario cumplir con todas las condiciones que por ley le fueron cargadas en este tributo; es el contribuyente quien, mediante la Declaración del Impuesto, misma que se consigna como jurada, debe inequívocamente manifestar todo el contenido del acto de transmisión del bien y por ende, es a la Administración Tributaria a quien le compete fiscalizar la veracidad del contenido de dicha declaración. Este atributo es exclusivo del Ministerio de Hacienda, no puede la Administración Tributaria delegar en el Notario Público las funciones que le son impuestas a ella por su propia naturaleza ya que se generaría en un conflicto de competencias y supondría que el notario, al dar fe de los contenidos de la declaración, se arrogue una potestad fiscalizadora que no le compete.

La resolución aquí objetada, nos traslada a los Notarios Públicos la responsabilidad de verificar las condiciones del contribuyente que son propias del contenido de la declaración del impuesto. Así puede apreciarse en el artículo Uno de la Resolución en cuanto a la condición o no de domiciliado, en el artículo dos sobre el cumplimiento del agente de retención y que guarda conexidad con el artículo precedente, en el artículo tres con la elección de la tarifa según la fecha de adquisición; se amplían al margen de la ley los alcances de la función notarial que han sido ya establecidos.

El artículo 34 del Código Notarial expresamente indica cuales son esos alcances:

a) Recibir, interpretar y adecuar al ordenamiento jurídico las manifestaciones de voluntad de quienes lo requieran, en cumplimiento de disposiciones legales, estipulaciones contractuales o por otra causa lícita, para documentar, de forma fehaciente, hechos, actos o negocios jurídicos.

b) Informar a los interesados del valor y la trascendencia legales de las renuncias que hagan, así como de los gravámenes legales por impuestos o contribuciones que afecten los bienes referidos en el acto o contrato. (El subrayado no es del original)

c) Afirmar hechos que ocurran en su presencia y comprobarlos dándoles carácter de auténticos.

d) Confeccionar los documentos correspondientes a su actuación.

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