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Mario Hidalgo Matlock

Precisiones sobre la transición al período fiscal basado en el año calendario

Agradecemos a don Mario Hidalgo, socio de Impuestos y Legal de Grant Thornton,  su artículo sobre un tema que muchas inquietudes ha generado a partir de la entrada en vigencia de la reforma fiscal el pasado 1 de julio.

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“Uno de los cambios significativos prohijados en materia del Impuesto sobre la Renta, como consecuencia de la reforma operada por la Ley de Fortalecimiento de la Finanzas Públicas -en adelante identificada como la Ley No. 9635- es el cambio respecto al periodo fiscal.

Esta transición implica migrar del periodo fiscal marcado por las cosechas del café -primero de octubre de un año al treinta de setiembre del año siguiente- al año calendario -que corre del primero de enero al treinta y uno de diciembre del mismo año-; con la particularidad que la reforma de cita introduce una nueva cédula impositiva referida a las Rentas de Capital y la Ganancias y Pérdidas de Capital, la cual ofrece un tratamiento dual sobre los tipos de ingresos que regula con una cadencia diferente a la anual. Esta combinación de elementos ha puesto a correr tanto a la Administración Tributaria como a los contribuyentes de cara al cierre fiscal que nos ocupa.

Dado lo significativo del cambio, tanto propios como extraños hubiésemos agradecido mayor claridad y puntualidad en atención a estas reglas, habida cuenta su medular importancia.

Con base en la normativa acuñada al efecto, para aquellos contribuyentes del Impuesto sobre las Utilidades cuyo período fiscal esté en curso en el momento de entrar en vigor la modificación apuntada, finalizarán el período atendiendo la normativa vigente al momento de inicio de éste, incluyendo aquellas rentas por arrendamientos mobiliarios e inmobiliarios que habían sido declarados y registrados como activos en el Impuesto sobre las Utilidades. Ahora bien, en caso de que el nuevo periodo impositivo no coincida con el que tenía en operación, deben presentar las declaraciones atendiendo a ciertas consideraciones detalladas en el Reglamento respectivo.

De esta forma, los contribuyentes del Impuesto sobre las Utilidades cuyo cierre de período fiscal sea anterior al mes de julio del año dos mil diecinueve, es decir que, antes de entrar en vigor la reforma de cita, han iniciado un nuevo periodo fiscal especial, mantendrán su período fiscal especial por un año más, y deben declarar de conformidad con lo que establezca la Ley del Impuesto sobre la Renta -Ley No. 7092-. Concluido este último periodo, deben presentar una declaración por los meses comprendidos entre el primer día siguiente a que concluye el último período hasta el treinta y uno de diciembre del año dos mil veinte comprendido, la cual se regirá por las disposiciones del Título II de la Ley No. 9635.

Por otra parte, aquellos contribuyentes cuyo periodo impositivo que tenga en operación, coincida con el nuevo, deben presentar la declaración correspondiente al periodo fiscal comprendido entre el primero de enero del dos mil diecinueve al treinta y uno de diciembre del dos mil veinte, observando para ello las disposiciones de la Ley No. 7092, y el periodo fiscal comprendido entre al primero de enero de dos mil veinte al treinta y uno de diciembre del año dos mil veinte, acatando las disposiciones contenidas en la Ley No. 9635.

En atención a los pagos parciales que deben realizarse durante el periodo fiscal que concluye el treinta y uno de diciembre del año dos mil veinte, y que comprende más o menos los doce meses, deben considerar la cantidad de trimestres que abarca dicho periodo, para lo cual deben dividir la cantidad de meses del periodo entre tres, ahora bien cuando la cantidad de trimestres resulte con decimales, deberá redondearse al número entero superior, para determinar la cantidad absoluta de trimestres de cada periodo, a este resultado deberá restarle uno para determinar la cantidad de pagos parciales que deben pagarse a más tardar el último día hábil de diciembre, marzo, junio y septiembre, en su caso.

A partir del primero de enero del año dos mil veintiuno, los pagos parciales deben pagarse a más tardar el último día hábil de los meses de junio, setiembre y diciembre de cada año.

En cuanto a los periodos especiales, es menester indicar que aquellos contribuyentes que cuenten con una autorización de periodo fiscal especial debido a que su casa matriz lo requiera para la consolidación de sus estados financieros, podrán mantener dicha autorización mediante una petición ante la Administración dentro del mes siguiente a la entrada en vigor de la Ley No. 9635, siempre y cuando demuestren que se conservan las condiciones por las que se les otorgó la autorización originalmente. Los contribuyentes que no coincidan con lo establecido en la regla apuntada deben acatar lo dispuesto en el artículo cuatro denominado “Período del impuesto” de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Con el propósito de que este ejercicio resulte completo, falta referirse al tratamiento previsto para las rentas del capital máxime si nos encontramos en un escenario en el que coexistan rentas del capital inmobiliario con otras sujetas a la ley 7092 de cita. Las rentas, ganancias y pérdidas de capital que se obtengan a partir del primero de julio del año dos mil diecinueve, están sujetas a partir de ese momento a las reglas del Capítulo XI de la Ley No. 7092 adicionado en el Título II de la Ley No. 9635, y podrán integrarse a la declaración anual del Impuesto sobre las Utilidades del período fiscal dos mil diecinueve, en el tanto las mismas se encuentren afectas a la actividad lucrativa del contribuyente. Una vez concluido el período fiscal citado, el contribuyente deberá definir y comunicar a la Administración Tributaria si optará por el tratamiento que disponen los artículos tercero ter y tercero quater del Reglamento, dicho plazo vence el treinta y uno de julio. De lo contrario, las rentas, ganancias y pérdidas de capital que se obtengan una vez concluido el período fiscal en el Impuesto sobre las Utilidades, continuarán autoliquidándose en la declaración mensual del Impuesto sobre la Renta, Ganancias y Pérdidas del Capital, en los términos del Capítulo XI de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir de la Ley No. 9635. Por otra parte, aquellas rentas, ganancias y pérdidas de capital que se realicen a partir del primero de julio del año dos mil diecinueve, que no se encuentren afectas a la actividad lucrativa del contribuyente, ni el contribuyente haya optado por lo que disponen los artículos tercero ter y tercero quater del  Reglamento de cita, deben autoliquidarse en la declaración mensual del Impuesto sobre las Rentas del Capital, Ganancias y Pérdidas de Capital, de conformidad con las disposiciones establecidas en el Título II de la Ley No. 9635.

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¿Qué pasó con el sistema de renta global propuesto por Hacienda?

Es la pregunta que muchos se han estado haciendo, sobre todo a pocas semanas de la entrada en vigencia del renombrado Plan Fiscal.   Al respecto nos permitimos transcribir un artículo del Lic. Mario Hidalgo, socio de impuestos de la firma Grant Thornton Costa Rica, quien gentilmente nos ha autorizado su divulgación en el presente foro.

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“Los cambios en el universo tributario han precisado la necesidad de un nuevo sistema impositivo o, al menos, un refuerzo legal para actualizar el vigente. Actualmente, contamos con un sistema de renta cedular; sin embargo, con las reformas aplicadas a la Ley de Renta vigente, se divisa un vestigio de la anunciada “globalización”.

Desde hace varios lustros, Costa Rica ha venido atravesando por un proceso sinuoso de reforma tributaria. Tirios y Troyanos, entendieron que se requiere  un nuevo sistema impositivo.

En oposición al sistema cedular, se encuentra el sistema de imposición global, el cual, trata todas las rentas por igual y existe una sola base imponible. Sin importar de dónde provengan los ingresos: si del trabajo o de capital, todas se tratan de una misma forma. El régimen global del Impuesto sobre la Renta, conocido como sintético o integral -por alguna parte de la doctrina-, se caracteriza porque suma todas las rentas del contribuyente, en algunos sistemas impositivos, las asociadas al individuo y en otros al núcleo familiar, y las grava -en la mayoría de los casos- según una estructura de tasas progresivas aplicadas a tramos de ingreso, como ocurre en sistemas tributarios de otras jurisdicciones. Por el contrario, el impuesto o sistema cedular, conocido también como analítico – imperante en nuestro país-, grava separadamente las diferentes manifestaciones de riqueza, a saber: las rentas del trabajo, actividades independientes y las  empresariales -a tarifas o tasas progresivas- y las rentas del capital -a una tasa proporcional.

Durante el proceso de formación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el Ministerio de Hacienda pidió que se incorporara el Impuesto de Renta Global, lo cual se pone de manifiesto con un cobro porcentual que se hace a personas físicas y jurídicas con actividad lucrativa. Este tipo de cobro se aplica a los ingresos de forma gradual y proporcionalmente con respecto al monto de dinero que recibe cada mes por  actividades económicas o laborales el contribuyente, esto con independencia de la fuente generadora, siempre que sea local. Según la propuesta, los ingresos que serían cobijados por esta regla son aquellos recibidos por el trabajo, los rendimientos del capital mobiliario o inmobiliario, las rentas provenientes de las actividades económicas propias, así como las variaciones patrimoniales provenientes de las ganancias de capital eventuales. En definitiva, se acumulan la totalidad de dichos ingresos en la base de la renta bruta. Esta iniciativa también afecta a las actividades lucrativas de las entidades bancarias y sociedades financieras sujetas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia General de Entidades Financieras.  Es importante destacar que, según este esquema de tributación propuesto, en el supuesto de aquellos ingresos que estén sujetos a una retención que sea considerada como impuesto único y definitivo, se considerará como un pago a cuenta de este impuesto, y se integrará en la renta bruta. Esta disposición, sin lugar a dudas, pretendía una mayor recaudación para el gobierno pues incrementa, en algunos casos, las tasas impositivas menores que hoy pagan algunas rentas, como, por ejemplo, los que provienen de los intereses, cuando estos estén integrados a mi actividad económica activa.

Ahora bien, ¿qué sucedió con esta iniciativa, se concretó o no está en la Ley que entra en eficacia en julio? La respuesta  es que  el tema si bien quedó manifestada en la letra de la Ley, podrá desplegar sus efectos con plenitud para las entidades financieras apuntadas previa solicitud de dichas organizaciones en esa dirección. Para el caso del resto de los “mortales”, si bien también quedó enunciada, ésta no podrá técnicamente desplegar sus efectos en varios supuestos concretos, habida cuenta que la propia ley indicó de forma expresa que los salarios (véase el Artículo 1: …“En ningún caso, las rentas contenidas y reguladas en el título II serán integradas a las rentas gravadas, conforme a lo dispuesto en el título I de esta ley, impuesto a las utilidades”; El Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta hace referencia al: Impuesto único sobre las rentas percibidas por el trabajo personal dependiente o por concepto de jubilación o pensión u otras remuneraciones por servicios personales), intereses o dividendos no podrán ser tampoco integrados, teniendo en  cuenta  que en casi en ningún caso podrán migrar a pagar el impuesto correspondiente conforme reza el Capítulo I (Según lo establece el nuevo artículo 1 Bis, apartado 3c de la ley del Impuesto sobre la Renta, el cual reza: “…3. No se consideran afectos: c. Los activos representativos de la participación en fondos propios de una entidad (léase DIVIDENDOS) y de la cesión de capitales a terceros (léase INTERESES), siempre que estos últimos sean de oferta pública, o emitidos por entidades supervisadas por los órganos adscritos al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, o participaciones de fondos de inversión, salvo que el contribuyente pueda probar una vinculación efectiva con la actividad lucrativa mediante el procedimiento que se determine.); lo cual, deja casi insubsistente -salvo decisión propia en tal sentido por parte del contribuyente en los casos de excepción mencionados- la posibilidad de observar el esquema propuesto para aquellos contribuyentes que no sean entidades financieras supervisadas.”

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Cesión de contratos administrativos y la retención del 2% en los pagos

El Lic. Mario Hidalgo, socio de Impuestos y Legal de Grant Thornton, nos comparte este interesante artículo sobre un tema que suscita muchas inquietudes en el campo de la contratación administrativa. ¿A quién corresponde la retención del 2% cuando los pagos de un contrato administrativo han sido cedidos por el adjudicatario?

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“Es común advertir alguna divergencia de criterio con respecto a la aplicación de la retención del 2% del ingreso bruto de los proveedores, a los cuales se les realizan pagos que excedan un salario base, derivados dentro de un proceso de compra según lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.

Lo anterior, habida cuenta que se ha venido consolidando la práctica de la cesión de facturas, en la cual el proveedor adjudicado en un proceso licitatorio cede su factura a un banco o entidad financiera, en el contexto de un contrato de cesión donde se indica que el pago sea realizado a nombre del cesionario, lo cual, en algunos casos, ha generado que la Administración competente haya construido una interpretación particular y como consecuencia, haya aplicado la retención al cesionario -y no al cedente-, tomando en cuenta lo indicado en el inciso g) del artículo 23 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La obligación de practicar la retención del 2% es desarrollada en lo dispuesto por artículo 24 del Reglamento a la citada Ley (Decreto Ejecutivo Número 18445-H de 1988). De las normas relacionadas, tenemos que la retención tiene su hecho generador en el momento en que la contratista pague o acredite rentas a personas físicas o jurídicas con domicilio en el país, en los casos de licitaciones públicas o privadas, contrataciones, negocios u otras operaciones realizadas por ellas.

Según el Oficio DGT-043-2013: (…) “la norma vincula el nacimiento del hecho generador del tributo al pago o la acreditación, siendo que el pago se refiere al cumplimiento de la prestación debida por las partes, al dinero destinado a ese pago o la acreditación a favor del beneficiario. Es decir, que existe una contraprestación entre las partes: por un lado, está el que paga o acredita (Estado) y por el otro, está el que brindó o vendió el servicio o mercancía, respectivamente (persona física o jurídica)”. Dicho lo anterior, una correcta lectura y aplicación de las normas apuntadas, nos lleva a concluir que lo procedente es retener el 2% como adelanto de dicho impuesto al cesionario que se encuentra estipulado en dicho contrato, ya que la figura legal descrita (contrato de cesión), no hace variar la condición de contribuyente del Impuesto sobre la Renta, pues es la adjudicataria la que dispone con el contrato de cesión que el pago de la factura a su nombre sea cancelado al cesionario y es en ese momento cuando la Contratista debe efectuar la retención del 2% .

En esta dirección, en el oficio de la Dirección General, número DGT-313-2010, se ha entendido que: “la cesión de pago es válida, legal y procedente y que la misma no puede modificar la naturaleza de la obligación tributaria, establecida entre el Estado y la empresa”. Con base en el razonamiento anterior la Dirección General ha precisado que la retención del 2% como adelanto del Impuesto sobre la Renta en la cancelación de un proceso licitatorio, debe ser efectuado al cesionario; por mediar un contrato de cesión, en el cual el adjudicatario ha cedido a dicha persona el pago de las facturas de la adjudicación, a pesar de que la facturación se realice a nombre del adjudicatario, que según el caso corresponde al cedente.”

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