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Msc. Luis Mariano Argüello Rojas

Solución de conflictos online y audiencias judiciales virtuales

 El  Msc. Luis Mariano Argüello gentilmente pone a nuestra disposición un nuevo artículo sobre un tema de mucho interés y actualidad.   Le agradecemos mucho su aporte a este foro.  Sabemos que será muy apreciado por todos los estimados lectores litigantes. 

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    Solución de conflictos online y audiencias judiciales virtuales en Costa Rica: ¿Un escenario factible para el proceso civil?

         » En ocasión de la grave situación experimentada por la pandemia mundial asociada con el Covid-19, que entre otras vicisitudes, ha generado: la suspensión de una considerable cantidad de audiencias judiciales, así como también -a pesar de los esfuerzos realizados- algún grado de atraso en la tramitología de ciertos procesos pendientes en nuestros Tribunales; la Corte Suprema de Justicia, mediante su órgano pleno, en sesión Nº 24-2020 celebrada el día lunes cuatro de mayo de 2020, artículo XIII, aprobó el “Protocolo para la realización de audiencias orales por medios tecnológicos en materia civil”.

            Ahora, el citado Protocolo tiene su origen en la sentida necesidad de buscar alguna solución (no necesariamente la única), que permitiera normalizar el estado de tramitación, avance, juzgamiento y ejecución de cientos de procesos judiciales, que simple y llanamente -por las exigencias propias de un Estado Constitucional de Derecho como el imperante en Costa Rica- no podían quedar paralizados en razón de la imposibilidad factual y/o material de realizar audiencias judiciales presenciales; dado que estas (y máxime en un «sistema por audiencias» como el instaurado en la Ley N° 9342) resultan imprescindibles para la correcta solución de los conflictos pendientes en instancias jurisdiccionales.

            La motivación del aludido Protocolo, da cuenta del fuerte y necesario arraigo de la función jurisdiccional en el sistema de valores, principios y preceptos constitucionales, que a la postre, repercuten en intentar garantizar el contenido mínimo-vital de una serie heterogénea (pero a la vez inescindible) de diversos derechos humanos y fundamentales presentes en una contienda judicial. De este modo, se entiende, que una crisis mundial o nacional, sea causada por una situación de caso fortuito o fuerza mayor -llámase SARS-CoV-2 u otra diferente o posterior- no puede generar que el sistema de Administración de Justicia, se «atrofie» o «paralice»; antes bien, la interiorización de aquellos derechos de las personas justiciables sumado a la comprensión eficiente y eficaz de lo que significa verdaderamente prestar un servicio público de calidad y adaptable a la necesidad social que satisface, conlleva a construir un camino-alternativo de respuesta; pues al fin de cuentas: ante los problemas no queda más elección, que las soluciones.

            De este modo, acceso a la justicia, tutela judicial efectiva, debido proceso, derecho al trabajo etc, se interpretan sistemáticamente con diversas regulaciones procesales de avanzada que contiene el Código Procesal Civil (Conf. artículos 2.2, 2.7, 3.1, 3.3, 3.4, 4.1, 5, 24.4, 25.1 41.4.5 y 7) para permitir instrumentalizar -¡vaya paradoja!- la nuevas tecnologías en el proceso jurisdiccional de cara precisamente a la etapa de audiencias, lo cual es perfectamente compatible dada la existencia institucional de diversas plataformas como Gestión en Línea, Expediente Virtual y otros, que dan pie para que aquella innovación (si se quiere llamar así), sea más fácil de implementar y por supuesto de adaptar.

            Es honor a la verdad, en este procedimiento no han faltado las voces críticas, que han pretendido solventar problemas del siglo XXI con soluciones pensadas para momentos históricos ya superados; no obstante y más allá del necesario respeto por el pensamiento ajeno, es ahora cuando deben resonar las incomprendidas voces doctrinarias que entienden al proceso civil como un fenómeno cultural, esto es, menos formalista y más realista; siendo justamente en esta hora cuando el Derecho no puede darle la espalda a la realidad, pues el proceso jurisdiccional es ideado para el ser humano y no el ser humano para el proceso, de suerte tal, que como aquel no tiene fines en sí mismos, debe buscar métodos, buenas prácticas y medios casuísticos, que lo hagan efectivo y legítimo frente a las exigencias sociales que está llamado a cumplir.

            En todo caso, quede claro que la realización de procesos de solución de conflictos online y audiencias virtuales no es en realidad nada nuevo, basta con repasar la abundante doctrina y experiencia acumulada en diversos países sobre estas prácticas; así, ha surgido una eclosión a nivel mundial en materia del consumidor, contratos en masa, comercio internacional, arbitraje etc; contando con diversas regulaciones y directrices perfectamente avaladas por ejemplo a nivel de la Unión Europea (Vilalta, 2010); y es que si bien, bajo los siglas ADR (alternative dispute resolution) y ODR (on-line dispute resolution) se propician métodos y modalidades, a la fecha, de carácter tendencialmente extrajudicial, es lo cierto, que esto no excluye la posibilidad de su implementación de cara a los procesos judiciales propiamente dichos, como lo ha demostrado, para citar un ejemplo cercano, el hermano país de Puerto Rico.

            El Protocolo aprobado para los procesos civiles no es perfecto, como ninguna regulación jurídica en la historia de la humanidad lo es; no obstante, sus treinta y dos artículos, sí representan un esfuerzo importante por impulsar la modernización y las nuevas tecnologías al mundo del Derecho Procesal Costarricense; así incluso también lo tienen claro otras materias y jurisdicciones que al día de hoy, ya cuentan con experiencia en esta modalidad, v.gr. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; sentado lo anterior, se gana en celeridad, acceso, eficiencia, y se reducen incluso costos importantes de traslados, tiempos “muertos” y gastos en salas de juicio; lo anterior, no excluye por supuesto, la brecha digital existente en nuestro país, que espera ser limitada mediante procesos transparentes y adecuados de info-alfabetización, los cuales ayudaran a propiciar un mejor desenvolvimiento de esta nueva metodología de trabajo, misma que, con la estrecha colaboración ente el Poder Judicial y el Colegiado de Abogados y Abogadas de Costa Rica, se mantendrá hasta donde resulte necesario y útil.

            Sin duda, uno de los temas más polémicos y delicados es la práctica de prueba, siendo que, en la audiencia preliminar no ha existido mayor objeción al respecto; por supuesto, que será la propia experiencia jurídica -para evocar a Capograssi- la que permita ver falencias y corregir vacíos, sin embargo, en este ámbito, conviene también dejar de lado una serie de prejuicios y sesgos ideológicos. La doctrina procesal moderna (Nieva, 2015), invita más a evaluar el testimonio antes que el testigo; aquí puede venir la “rasgadura de vestiduras” de los más conservadores, pero en nuestro humilde parecer, es un verdadero monumento al absurdo, sostener que si un testigo observa para un lado, mueve los pies o se toca la nariz está mintiendo, en realidad, autores como el español recién citado, han revisado arduamente este tema, y nos invitar a cobijar una teoría más próxima a una psicología del testimonio, donde se pondere la contextualidad, coherencia, corroboración y valoración perse de algún tipo de comentario oportunista de la declaración como tal; sin duda, y sin caer en falacias de la autoridad, podría ser una vertiente doctrinal, pero a nuestro juicio, es importante tenerla en cuenta o al menos refutarla racionalmente, de cara a su operatividad en esta modalidad de audiencias virtuales.

            Con todo, los maestros y redactores del Código Procesal Civil, siempre tuvieron muy en cuenta estas posibilidades -o al menos esto he pensado en los últimos días- incluso por allí, en su momento, circuló un proyecto de Ley que implementaba la posibilidad de introducir en la legislación procesal remates judiciales virtuales o en línea, lo cual francamente nos parece una iniciativa que debe ser seriamente retomada; será la práctica la que permita perfeccionar una teoría; o bien desecharla y tirarla al bote de la basura, no tenemos ningún problema en ello, pues al parafrasear a Goethe (citado por Fernández y Nieto, 1998), comprendemos perfectamente que toda teoría es gris, frente al verde y dorado árbol de la vida.

             No es afán de vanidad ni pedantería lo que mueve las audiencias virtuales, sino tan sólo la posibilidad -si se quiere remota- de llevar algo de normalidad en la tutela de los derechos de las personas inmersas en una contienda civil y garantizar los honorarios de abogados y abogadas mediante la posibilidad de que puedan trabajar sin contratiempos, pues hoy las leyes sustantivas y procesales solamente valen en el ámbito de los derechos fundamentales.»

Fuentes consultadas.

            Kaufmann-Kohler, G., & Schultz, T. (2004). Online dispute resolution: challenges for contemporary justice. Kluwer Law International BV.

            Cortés, P. (2010). Online dispute resolution for consumers in the European Union. London: Routledge, Taylor & Francis Group.

            Osna, G. (2019). Acceso a la justicia, cultura y online dispute resolution. Derecho PUCP, (83), 9-27.

            Vilalta, A. E. (2010). (Resolución Electrónica de Conflictos) Online Dispute Resolution. Principios de Derecho de la Sociedad de la Información, 391-442.

            Nieto, A., & Fernández, T. R. (1998). El derecho y el revés: diálogo epistolar sobre leyes, abogados y jueces (Vol. 184). Grupo Planeta (GBS).

            Fenoll, J. N. (2015). Derecho procesal:(Proceso civil). Marcial Pons.

            Proyecto de Ley 19722, contentivo de Remate en Línea.  Elaborado por el Doctor Jorge Alberto López González.

 

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La prejudicialidad en el Nuevo Código Procesal Civil Costarricense

El Msc. Luis Mariano Argüello gentilmente pone a nuestra disposición un nuevo artículo de su autoría, para todos los interesados en un tema que conforme pasan los meses y se acerca la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Civil, adquiere cada vez más importancia.

 


 

«El jurista moderno no puede hoy dejar de tener conciencia de

este destino de trasformación por consiguiente de la relatividad

e historicidad de sus propias concepciones”.

Mauro Cappelletti

Siguiendo una técnica de redacción bastante depurada, que va de lo general a lo particular, el legislador costarricense ubica a la prejudicialidad dentro del libro primero Normas aplicables a todos los procesos, especialmente a partir de su título segundo Actividad procesal que se compone -entre otros- de un capítulo primero, Actos procesales y concretamente a partir de la sección sexta Suspensión del procedimiento. En consecuencia, será el artículo 34.2 de la Ley N° 9342 el que recoja como norma general el instituto procesal de la prejudicialidad, que en su tenor literal establece:

La existencia de un proceso penal en ningún caso dará lugar a prejudicialidad. Cuando para resolver sobre el objeto del litigio sea necesario decidir acerca de alguna cuestión que a su vez constituya el objeto principal de otro proceso no penal pendiente ante el mismo o distinto tribunal, si no fuera posible la acumulación de procesos, el tribunal, de oficio o a solicitud de parte, podrá decretar la suspensión del curso de las actuaciones. Cuando se haya ordenado instruir proceso penal por falsedad del documento base de una ejecución hipotecaria y prendaria, el remate no se aprobará mientras no haya finalizado el proceso penal. Quedará a opción del oferente mantener o no la propuesta, cuando al efectuarse el remate no se tuviera conocimiento de la existencia del proceso penal.

Como es de notar, la citada disposición permite obtener distintos corolarios, los que en seguida se pasan a exponer:

(i) En primer lugar, la prejudicialidad es una forma de suspensión del proceso, mas no la única; pues también existirá la posibilidad mediante la modalidad del acuerdo de partes por un plazo máximo de dos meses prorrogable (Ibídem, art. 34.1) o en los casos establecidos por ley (Ibíd, art. 57.1.1).

(ii) La regla de oro y que se erige en un giro copernicano en este ámbito se traduce en que, en ningún caso, el proceso penal suspende al proceso civil, razones de tutela judicial efectiva, experiencia jurisdiccional y posibilidades intraprocesales (V.gr. impugnación por falsedad documental dentro del mismo proceso civil, art 45.5, Ibídem) así lo justifican.

(iii) La prejudicialidad civil lo será únicamente respecto a materia no penal, de esta forma y sin ánimos exhaustivos, podrían hipotizarsen las variantes civil-constitucional, civil-civil, civil-agrario, civil-familia, civil-contencioso-administrativo, etc.

(iv) La prejudicialidad puede disponerse de oficio o a solicitud de parte; en este último escenario el alegato no equivale a una excepción procesal, sino que se traduce a una mera gestión y/o alegato de parte.

(v) La prejudicialidad se puede dar en relación con un proceso pendiente ante el mismo Despacho o un Tribunal distinto.

(vi) La suspensión decretada debido a un proceso no penal no está sujeta a un plazo determinado; queda a criterios de lógica, razonabilidad y proporcionalidad el determinar el lapso temporal -distancia temporis– por el cual se decretará la suspensión, situación que debe ser sopesada en ocasión del principio del impulso procesal (Ibídem, art 2.5).

(vii) La prejudicialidad es una posibilidad subsidiaria, primero se tiene que descartar la procedencia de una acumulación procesal o en su caso, la existencia de una litispendencia o abuso del proceso.

(viii) Tratándose de ejecuciones hipotecarias y prendarias, el proceso penal sí suspende una fase de aquellos procesos, sea únicamente la aprobación del remate.

(ix) Dispuesta la suspensión de la aprobación del remate por prejudicialidad, queda a opción del oferente mantener o no la propuesta, siempre y cuando no tuviera conocimiento previo de la existencia de aquella causa penal.

Para continuar leyendo descargue el artículo completo de don Luis Mariano Argüello haciendo clic sobre el siguiente link:  La prejudicialidad en el Nuevo Código Procesal Civil Costarricense

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Caducidad de la instancia en el nuevo Código Procesal Civil (Ley No. 9342)

De acuerdo con lo prometido, nos complace poner a su disposición una nueva reflexión del Msc. Luis Mariano Argüello Rojas.   Puede ver su artículo anterior en el siguiente link:  Competencia funcional del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda

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«El nuevo Código Procesal Civil (Ley N° 9342) publicado en el alcance Nº 68 de La Gaceta del día ocho de abril del año dos mil dieciséis y que entra en vigencia el próximo nueve de octubre del año dos mil dieciocho, representa una verdadera modernización del proceso civil costarricense; catalogable como una reforma procesal revolucionaria, supone una intensa actualización del juicio civil en armonía con otras reformas procesales (v. gr. contencioso administrativa) que cerca de una década antes, comprobaron con éxito los beneficios de la oralidad instaurada en un sistema procesal ágil y sencillo que potencia la búsqueda de la tutela judicial efectiva en plena relación con las garantías del debido proceso.

En esta línea, institutos procesales que mostraron su plena funcionalidad en el proceso contencioso administrativo costarricense (v.gr. capacidad procesal ampliada, legitimación procesal flexible, determinación in límine de demandas improponibles, instauración de la audiencia preliminar, medidas cautelares atípicas, sistema taxativo y limitado a nivel recursivo, justificación de una visión semiformalista en cuanto al recurso de casación, ampliación de potestades jurisdiccionales en la fase de ejecución de sentencia etc.) han sido llevados con toda certeza a la nueva regulación civil, puntualizando el inicio de un ciclo de vida más, que en el caso costarricense suelen tener las reformas procesales (civil en 1990, penal en 1998, contencioso-administrativa en 2008, de vuelta civil en 2018).

Ahora, en mérito de la verdad, el Código Procesal Civil del 2018, trae naturalmente sus múltiples y acertadas novedades propias, y entre ellas destaca –de interés a los efectos del presente estudio- la caducidad de la instancia, con lo cual desaparece el instituto de la deserción, mereciendo profundizar, si ello supone un simple cambio semántico, o por el contrario, la variación sustancial del instituto que regula la inactividad procesal en un iter jurisdiccional.

En tal orden de ideas, debe tenerse en cuenta que la caducidad de la instancia fue introducida por vez primera en la Ley de Enjuiciamiento Civil Española de 1881 (actualmente se encuentra en el artículo 237 de la Ley de njuiciamiento Civil Española del año 2000) así la doctrina de aquel país reconoce: “La caducidad de la instancia es una técnica introducida en el Derecho procesal español a finales del siglo XIX al objeto de superar el viejo criterio de que la acción ejercitada en juicio no prescribe nunca, lo que permitía mantener paralizados procesos por plazos superiores a los previstos para la prescripción de las correspondientes acciones. ” (López, 2014, p.8); dicho esto, no puede dejar de advertirse que la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (Art. 68) precisamente reguló en su momento, una caducidad de la instancia que era la figura aplicable a los casos contenciosos administrativos antes de la entrada en vigencia del CPCA.

 

Por otro lado, ingresando en su fundamento, el profesor suramericano, Alvarado Velloso (2010) lo entiende de la siguiente manera: “En otras palabras: dado que el proceso está constituido por una secuela de actos consecutivos que van cerrando etapas en procura de su objeto (la sentencia), la caducidad opera por mandato de ley cuando ambos litigantes abandonan la actividad que a cada uno le corresponde realizar, dejando así de producir los actos necesarios para que el proceso avance hacia su objeto.” (p.600).  Ahora bien, en cuanto a tal cimiento, existen tesis subjetivas que centran su atención en la conducta de las partes, objetivas que circunscriben la caducidad de la instancia, al tiempo de la paralización de la causa y eclécticas que combinan ambas; esta última vertiente se refleja por el profesor español, Jaime Guasp (como se citó en Artavia, 2016) en los siguientes términos: “existe una presunta intención de las partes de abandonar el proceso para extinguirlo (elemento subjetivo) y por otro, que se fija, por el contrario, en la necesidad de evitar la pendencia indefinida de los procesos, por el peligro que esto conlleva para la seguridad jurídica”.

De esta manera, en congruencia con los fundamentos tomados por la doctrina para justificar la caducidad de la instancia, esta se podría conceptualizar como aquella sanción procesal que, en ocasión de los principios de tutela judicial efectiva, economía procesal y seguridad jurídica, opera cuando la parte actora o reconventora -sin que medie justa causa- abandona el expediente judicial durante más de seis meses, incumpliendo con alguna carga procesal que previamente ha dispuesto la Autoridad Jurisdiccional; con su desatención se genera una paralización procesal que afecta a la contraparte, en virtud de la imposibilidad de la prosecución del juicio, siendo inclusive interés de la Administración de Justicia liberar a sus propios órganos jurisdiccionales de las obligaciones derivadas de la existencia de la relación jurídico-procesal.

Revisados en consecuencia el origen histórico, fundamento institucional y tomando como base, al menos un concepto entre tantos posibles, es menester centrar el análisis en la regulación normativa que presenta la caducidad de la instancia en el Ordenamiento Procesal Costarricense, de esta manera el artículo 57 del nuevo Código Procesal Civil (Ley N° 9342) dispone:

ARTÍCULO 57.- Caducidad del proceso. 57.1. Procedencia Mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia caducará la demanda o la contrademanda cuando no se hubiera instado su curso durante más de seis meses. El plazo se contará a partir de la última actividad dirigida a la efectiva prosecución. No interrumpen el plazo las actuaciones que no tengan ese efecto. Será declarada de oficio, a solicitud de parte o a petición de cualquier interesado legitimado. No procede la caducidad: 1. Si la paralización fuera imputable exclusivamente al tribunal, a fuerza mayor o cualquier otra causa independiente de la voluntad de las partes. 2. Cuando cualquiera de las partes o intervinientes impulsen el procedimiento, antes de la declaratoria de oficio o de la solicitud. 3. En procesos universales y no contenciosos. 4. En procesos monitorios y de ejecución, cuando no haya embargo efectivo. 57.2. Efectos de la declaratoria de caducidad. Declarada la caducidad de la demanda y la contrademanda se extingue el proceso y cualquier derecho adquirido con la interposición o notificación de la demanda y reconvención, pero no impide a las partes formular nuevamente las pretensiones. Sin embargo, si la inercia es imputable exclusivamente a una de las partes, la contraria podrá solicitar que se continúe con su pretensión. En ese caso, los efectos de la caducidad se producirán únicamente respecto de la parte responsable de la inercia, a quien se condenará al pago de las costas causadas.

Lo primero que debe indicarse de esta regulación, es que la caducidad de la instancia, única y exclusivamente procede en primera instancia, esto es, una vez que existe sentencia en el litigio el mismo se convierte en incaducable; asimismo, no puede caducar la instancia, de aquel proceso que esté listo para el dictado de sentencia, puesto que se parte de la premisa lógica de que en aquel, el impulso depende ya en exclusiva del Órgano Jurisdiccional, por ende, no podría la persona juzgadora o el Tribunal correspondiente ampararse en una figura como la presente, para obviar su deber y obligación de resolución jurisdiccional.

Por otro lado, debe quedar claro que la caducidad de la instancia puede ser parcial, puesto que, en aquellos casos donde exista reconvención o incluso tercerías excluyentes, nada impide que la caducidad de la instancia sea dimensionada únicamente respecto de la demanda y se continúe el juicio respecto de las demás acciones interpuestas. Esta solución deriva de la simple interpretación literal del numeral recién trascrito, puesto que la “o” dispuesta en la primera parte de aquella norma, debe ser entendida como disyuntiva, interpretación que guarda una total congruencia con el derecho fundamental de tutela judicial efectiva y principio pro actione al que tienen derecho todas las partes intervinientes y no únicamente la parte actora; pues resultaba un verdadero “canto al absurdo” decretar la caducidad –o en la vieja regulación: deserción- de todo un expediente judicial cuando la desidia era tan solo imputable a la parte actora, criterio que afectaba a partes reconventoras y terceros intervinientes, y que se traducía, a la postre, en que estas se vieran obligadas a presentar sus acciones en nuevos procesos judiciales, con clara afectación de los principios de economía y celeridad procesal. Sin duda, la nueva regulación despeja cualquier duda en cuanto al carácter autónomo que presenta la reconvención respecto de la demanda en un iter jurisdiccional, posición que resulta unísona con los postulados del Derecho Procesal contemporáneo.

En otro orden de ideas, -y amen que la caducidad de la instancia tampoco procede en procesos universales, no contenciosos y en aquellos monitorios y de ejecución sin embargo efectivo- conviene indicar qué plazo de la caducidad de la instancia se computa a partir de la última actividad tendiente a la efectiva prosecución del litigio, actividad que normalmente suele ser propia del Tribunal, por ejemplo cuando emite una providencia de prevención o recordatorio a la parte actora y que esta simple y llanamente no cumple o guarda silencio. En cuanto a este tópico, no puede dejar de advertirse que el principio de impulso procesal (art 2.5, Código Procesal Civil, Ley N° 9342) precisamente exige a las Autoridades Jurisdiccionales tomar, en relación con la causa judicial -y de manera oficiosa- todas “las disposiciones necesarias para su avance y finalización” de suerte tal, que la Administración de Justicia no puede ocupar un papel “oportunista” en cuanto a este tema y es que mal haría una persona juzgadora, en esconderse detrás de estrados para esperar sacar los asuntos a golpe de caducidades, pues ello jamás es la finalidad del instituto.

Valga comentar, que el plazo para decretar la caducidad de la instancia admite interrupciones más no suspensiones, teniendo aquellos efectos, cualquier actividad que tienda de manera directa a la efectiva prosecución del litigio. Asimismo, la caducidad de la instancia debe ser declarada judicialmente -sea a gestión de parte o de manera oficiosa- pues la misma tiene efectos constitutivos más no declarativos; lo anterior se justifica, pues si aun después de acontecido el plazo semestral, alguna parte impulsa el proceso, tal actuación vendría a interrumpir el plazo fatal para su procedencia, por ende para que exista caducidad de la instancia debe existir resolución judicial expresa y firme que así la declare.

Para ir finalizando, la caducidad de la instancia incluye el saludable efecto de la condenatoria en costas para la parte responsable y/o causante del abandono del expediente judicial. Se considera sumamente acertada la inclusión de tal sanción procesal, pues resulta a todas luces desproporcionado que, en causas judiciales, se active el aparato jurisdiccional, se causen molestias al resto de partes intervinientes y, al fin de cuentas, la parte causante de ello salga airosa del pleito judicial, sin sufrir ninguna repercusión por su actitud; una solución contraria a la regulada, conllevaría el premiar el abuso procesal, en detrimento de la función social del proceso judicial. Asimismo, la caducidad de la instancia no implica la imposibilidad de volver a plantear el litigio, pero para efectos de la caducidad de la acción o prescripción del derecho de fondo, aquel juicio caduco se tiene por no puesto.

Conviene puntualizar que en lo concerniente a medidas cautelares, el artículo 83 de la nueva legislación procesal civil regula en plena uniformidad de tratamiento la posibilidad de la caducidad de la instancia en las mismas, pero en esta regulación, el plazo aplicable deviene en diferenciado (un mes o tres meses) dependiendo del momento procesal en el cual se presente la paralización procesal, lo cual obviamente se justifica en ocasión de los caracteres de urgencia, instrumentalidad, celeridad y cognición sumaria que acompaña a toda medida cautelar, sea esta anticipada o intra-procesal.

En suma, desde la vertiente práctica y a efectos didácticos, para determinar si existe o no caducidad de la instancia dentro de un proceso judicial, se deben contestar afirmativamente las siguientes cinco interrogantes, siendo que la negación de una implica la imposibilidad para pasar al planteamiento de la próxima; se trata de un esquema de razonamiento judicial que se propone en esta investigación, y que toda persona litigante debe tener en cuenta, para facilitar el estudio de la figura aquí analizada, reafirmando que en caso de llevar a una respuesta afirmativa en las interrogantes que deben ser auto-realizadas, el resultado será la declaratoria judicial de la caducidad de la instancia. De este modo, el siguiente cuadro resume los presupuestos y forma de razonamiento para evitar equívocos en esta materia:

 

Esquema de razonamiento judicial para la declaratoria judicial de la caducidad de la instancia. Respuesta Avance
i) ¿He determinado que existe paralización procesal en este expediente? Sí.
ii) ¿He comprobado que ha trascurrido más de seis meses desde la última gestión idónea tendiente a la prosecución del proceso?. Sí.
iii) ¿He determinado que la paralización no obedece a razones de fuerza mayor?.
iv.) ¿He revisado que no existe gestión de la parte antes de la presente declaratoria?
v.) ¿En este caso no existe sentencia ni el caso está listo para sentencia? Sí.
Resultado = Resolución Judicial que declara la caducidad de la instancia

Lo recién indicado sobre la configuración procesal de la caducidad de la instancia en el nuevo Código Procesal Civil (Ley Nº9342) solo pretende abrir humildemente el debate de cara a la cercana entrada en vigencia de esta gran reforma procesal, cuyo éxito requiere un ejercicio de estudio y retroalimentación importante entre personas juzgadoras y litigantes en ocasión de paliar los dilemas de una Administración de Justicia cada día más necesitada en recuperar su verdadero lugar en la sociedad costarricense.

Fuentes consultadas.

i) ALVARADO VELLOSO (Adolfo). Lecciones de Derecho Procesal Civil. Compendio del Libro Sistema Procesal: Garantía a la Libertad Adaptado a la Legislación procesal de Costa Rica, San José, Editorial Investigaciones Jurídicas, primera edición, 2010, 885 p.

ii) ARTAVIA BARRANTES (Sergio) y PICADO VARGAS (Carlos). Nuevo Código Procesal Civil, Comentarios, explicado, concordado y con referencias bibliográficas, Tomo I, San José, Editorial Investigaciones Jurídicas, primera edición, 2016, 636 p.

iii. LÓPEZ RAMÓN (Fernando). La caducidad del procedimiento de oficio. Revista de Administración Pública, Madrid,  N° 194, mayo-agosto de 2014, pp.11-47.

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La competencia funcional del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda

Nos complace mucho ofrecerles a continuación un interesante artículo que el  Msc. Luis Mariano Argüello gentilmente ha querido compartir en este foro, con la promesa además de seguirnos ilustrando en próximas oportunidades con otros ensayos relacionados con el Derecho Administrativo.   Estamos seguros que sus aportes serán de mucha utilidad para nuestra querida comunidad de suscriptores.

Iniciamos hoy con esta reflexión sobre la competencia funcional del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo.

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«Debido al elevado grado de inseguridad jurídica en el que se encuentran las personas usuarias de la Administración de Justicia respecto del denominado Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, se considera oportuno aclarar un poco el panorama respecto de sus alcances competenciales, pues resulta alarmante la cantidad de recursos de alzada que son mal presentados y que generan costos importantes para las partes procesales intervinientes en un litigio judicial.

De modo sumario, resulta esencial reseñar, que al tenor de lo dispuesto en el artículo 6 del Código Procesal Contencioso Administrativo –en adelante CPCA, Ley N° 8508 o el Código- aparte de los cuatro despachos que integran la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda, mediante artículo VIII de la Sesión Ordinaria de Corte Plena Nº 34, celebrada el 05 de octubre del 2009 se creó el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda que en esencia opera bajo un sistema de taxatividad impugnaticia, siendo que le corresponde resolver únicamente la apelación contra los autos dispuestos por el Código, sea aquellos que resuelven sobre: contra-cautelas, medidas cautelares, inadmisibilidades por incumplimiento de los requisitos formales de la demanda, integración de litisconsortes pasivo necesarios, embargo de bienes privados de la Administración Pública (Conf. art 28.2, 30, 61.2, 71.4 y 178 del CPCA) así como otras resoluciones que –vía interpretación- la propia Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha remitido al conocimiento de ese Tribunal v.gr. inadmisibilidad en los supuestos del artículo 92.2 del CPCA, resolución de tasación de costas, resolución que se pronuncia sobre la ejecución del acto administrativo firme y favorable, resolución final sobre el incidente privilegiado de cobro de honorarios, resolución que dispone la caducidad de la instancia o deserción del proceso.

Asimismo, también le corresponde al citado Tribunal de alzada, conocer respecto del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, de las apelaciones dispuestas durante las diligencias de expropiación[1] así como las sentencias de los interdictos, sin soslayar que incluso la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, le ha delegado la potestad de dirimir los conflictos de competencia, que se generen en el seno de la misma Jurisdicción Contenciosa[2] esto es, entre el Juzgado y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Con respecto a la competencia funcional del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, el siguiente extracto por su carácter ilustrativo, sintetiza lo hasta ahora expuesto, pues dilucida:

“…, debe tenerse presente que en materia contencioso administrativa, a efectos de acelerar el proceso jurisdiccional respectivo, el Legislador optó por disminuir y restringir los mecanismos de impugnación. Para ello, acudió a la taxatividad de los medios de cuestionamiento y, por consiguiente, procedió a definir cuáles son las decisiones jurisdiccionales plausibles de recurso (artículos 132 inciso 3 y 133 del Código Procesal Contencioso Administrativo). En esa línea, debe indicarse que el Código de Rito Contencioso (en adelante CPCA), determinó el recurso de apelación, únicamente, respecto de ciertas decisiones jurisdiccionales, a saber: la que resuelve, en definitiva, la medida cautelar (ordinal 30 CPCA); la que fija la caución o contra cautela en las medidas dichas (numeral 28 CPCA); la que define la integración de la Litis (artículo 71.4 CPCA); la que establece el embargo respecto de los bienes, tanto, del actor, cuanto del demandado (cardinal 178 CPCA); la declaratoria de inadmisibilidad de la demanda en los supuestos previstos en el artículo 61 de esa misma norma; adicionalmente, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia a través del Voto N° 000026-F-S1-2015 de quince horas de quince de enero del dos mil quince, tratándose de las ejecuciones de sentencia, incluyó para efectos recursivos verticales, lo referente a la tasación (liquidación) de costas y, mediante Voto N° 889-A-S1-2015 de doce horas treinta y cinco minutos de treinta y uno de julio del dos mil quince, concedió esa misma posibilidad en torno a la decisión del Juez Ejecutor respecto del acto firme y favorable regulado en el ordinal 176 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, el Tribunal de Casación por resolución N° 105-A-TC-09 de diez horas de cuatro de junio del dos mil nueve, brindó igual oportunidad respecto de los supuestos del numeral 92, incisos 1 y 2 del Código Procesal Contencioso Administrativo.”   (Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Sección Segunda. Voto Nº 552-2015 de las dieciséis horas quince minutos del doce de noviembre del dos mil quince)

La anterior cita resulta relevante, pues como es evidente, en los últimos años ha existido una tendencia a crear recursos de apelación vía interpretación jurisprudencial de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, y es que sin demerito de la corrección teórica de tal posición, lo cierto del caso, es que al tratarse de recursos no plasmados en el texto de la ley, se crea un ambiente de inseguridad jurídica para aquellas partes no involucradas cotidianamente en los designios de esta Jurisdicción.

Finalmente, no puede dejar de advertirse, que en los llamados “amparos de legalidad” no existe recurso de alzada pues estos se resuelven en única instancia bajo las reglas de la Ley de Jurisdicción Constitucional (Ley N° 7135). Por otro lado, contra las sentencias de fondo dictadas en un proceso de conocimiento contencioso administrativo no cabe recurso ordinario de apelación sino únicamente el extraordinario de casación, aclarando que respecto del mismo, existe dentro del esquema del proceso contencioso administrativo, una ramificación dual de vías, sea dependiendo del autor, materia o tipo de conducta administrativa el mismo será de conocimiento del Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo o en su caso de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia (Conf. Artículos 135 y 136 de la Ley N° 8508).

En suma, teniendo una noción inminentemente básica de cómo se plantea la competencia funcional del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, las partes pueden tener certeza de que impugnar o no, ante esta instancia jurisdiccional en un proceso de naturaleza contencioso administrativa, sin soslayar que al tenor del numeral 133 inc 1 del CPCA, el recurso de apelación se debe presentar directamente ante el citado Tribunal de Apelaciones, sea el propio Superior Jurisdiccional realiza de forma conjunta el juicio de admisibilidad y mérito del recurso,  caso contrario, de presentarse incorrectamente ante un Despacho distinto, la parte procesal corre el riesgo de que se decrete la extemporaneidad del recurso y sea consecuentemente rechazado de plano, de ahí la trascendencia del tema acá expuesto.»

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