Este 31 de enero vence el plazo para el pago, sin recargos, ni multas, del impuesto a las personas jurídicas correspondiente al presente año 2019.

"El no pago del impuesto establecido en la presente ley por tres períodos consecutivos será causal de disolución de la sociedad mercantil, la empresa individual de responsabilidad limitada o la sucursal de una sociedad extranjera o su representante."

Recuerde que puede realizar el pago en cualquiera de los siguientes entes de recaudación: Bac San José, Banco de Costa Rica, Banco BCT, Davivienda, Banco Nacional, Banco Desyfin, Banco Lafise, Scotiabank, Soctiabank Tranformándose, Promérica, Banco Improsa, Banco Cathay, Banco Geeral, Banco Prival, Teledólar, Grupo Mutual Alajuela, Cruz Roja Costarricense...

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La inquietud surge principalmente por cuanto en una propuesta de resolución que el Ministerio de Hacienda publicó en su sitio web, con el objeto de someterla a consulta pública, aparecía lo siguiente:

"A partir del mes de enero de 2019 el representante legal o autorizado de los sujetos obligados podrá registrarse en el sitio web Central Directo del Banco Central de Costa Rica https://www.centraldirecto.fi.cr/Sitio/CentralDirecto/Inicio/PaginaPrincipal, para lo cual deberá tener un certificado válido de firma digital para personas físicas perteneciente a la jerarquía nacional de certificadores registrados." 

Al día de hoy, sin embargo, según confirmación telefónica que obtuvimos esta mañana,  no se encuentra en funcionamiento el sistema que le permitiría a los representantes legales de las sociedades y otras estructuras jurídicas, ...

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Hace algunos días comentamos sobre la comunicación que el Banco de Costa Rica remitió en forma masiva por correo electrónico a muchos de sus clientes bancarios, en los que les advertía sobre la necesidad de inscribirse ante la SUGEF a fin de cumplir con lo dispuesto en el numeral 15 bis de la Ley de Estupefacientes No 7796. En caso de no hacerlo, sus cuentas podrían ser cerradas al vencer el plazo máximo conferido al efecto, a saber, el 30 de junio del año en curso. (Ver nuestra NOTA en este mismo blog)

El tema causó preocupación e inquietud en la comunidad legal del país pues no se indicaban las actividades sujetas a inscripción, ni tampoco las excepciones, haciendo presumir que todos los abogados por el solo hecho de serlo,  se encontraban obligados a cumplir con la inscripción ante SUGEF.

Nos permitimos transcribir en su tenor literal la nota  aclaratoria del BCR a continuación:

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Muchos colegas recibieron esta semana, vía correo electrónico, un comunicado de parte del Banco de Costa Rica recordándoles su obligación, como clientes de dicha entidad bancaria, de inscribirse ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 15 bis de la Ley de Estupefacientes.

Estimados suscriptores nos han llamado a consultar sobre la existencia de circulares o lineamientos de la SUGEF que puedan  ayudarles a comprender si efectivamente están obligados a cumplir con tal inscripción, y cuáles serían los requisitos para ello.

El tema les ha causado preocupación pues de acuerdo con la comunicación del BCR: "...  como fecha máxima para cumplir con lo normado, el 30 de junio 2019, momento en que deberá remitir a la oficina comercial que le ha sido asignada el documento que lo respalde; caso contrario, el Banco procederá a realizar el cierre de la ...

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Como es conocido, se estableció en la suma de ¢446.200.00, el salario base del Oficinista 1 según la relación de puestos del Poder Judicial, el cual sirve de parámetro para la determinación del valor que cada año le permite a las personas físicas que tienen solamente un inmueble inscrito a su nombre en el Registro Inmobiliario, gestionar ante las Municipalidades respectivas la exoneración del impuesto sobre bienes inmuebles que les corresponde pagar de conformidad con la Ley 7509.

“Artículo 4.- Inmuebles no afectos al impuesto

No están afectos a este impuesto: (…) e) Los inmuebles que constituyan bien único de los sujetos pasivos (personas físicas) y tengan un valor máximo equivalente a cuarenta y cinco salarios base; no obstante, el impuesto deberá pagarse sobre el exceso de esa suma. El concepto de “salario base” usado en esta Ley es el establecido en el artículo ...

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El Consejo Superior del Poder Judicial definió el pasado 18 de diciembre que el salario base del Oficinista 1 de la relación de puestos de la Ley de Presupuesto Ordinario de la República será para este 2019 la suma de ¢446,200 (cuatrocientos cuarenta y seis mil doscientos colones exactos). Se incrementa por lo tanto en ¢15,200 colones este importe que durante el 2018 fue de ¢431,000

Este salario sirve como parámetro para la determinación de diversas penas establecidas en el Código Penal, así como otras multas e impuestos según lo dispuesto en la Ley 7337 de 5 de mayo de 1993:

"Artículo 2.- La denominación "salario base", contenida en los artículos 209, 212, 216 y 384 del Código Penal, corresponde al monto equivalente al salario base mensual del Oficinista 1 que aparece en la relación de puestos de la Ley de Presupuesto Ordinario de la República, aprobada en el mes de noviembre anterior a la fecha de consumación...

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Mediante Circular No. 158-2018 del Consejo Superior del Poder Judicial, publicada el pasado 21 de diciembre en el Boletín Judicial, se actualizan las multas que por concepto de infracciones de tránsito regirán durante el 2019.

Para actualizar el monto de las multas establecidas en la presente ley se utilizará como referencia el índice de precios al consumidor (IPC) interanual calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) al 30 de junio de cada año. La variación anual en ningún caso será superior al catorce por ciento (14%). Este monto regirá para todas las multas del año calendario siguiente.

El Consejo Superior del Poder Judicial emitirá y publicará la tabla correspondiente con el monto de las multas que regirá para el año calendario si...

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A partir de hoy, 2 de enero, la notificación de cualquier acto que emita la Dirección General de Tributación (DGT) se realizará a la dirección de correo electrónico que el contribuyente tenga registrada dentro del portal Administración Tributaria Virtual (ATV)

Así se encuentra establecido en el Decreto Ejecutivo No. 41330-H publicado en La Gaceta en noviembre pasado.

Encontramos la justificación de esta medida en el Considerando VIII que transcribimos a continuación para su mejor conocimiento:

"VIII.- Que la modificación de los artículos 134, 137 y la adición del artículo 137 bis del Código, todos relacionados con el tema de notificaciones, conllevan modificaciones de gran trascendencia para la Administración Tributaria. Por ello, conscientes de los beneficios en celeridad y eficiencia -todo sin perjuicio de los derechos y garantías de los obligados tributarios- se reglament...

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