Este 31 de enero vence el plazo para el pago, sin recargos, ni multas, del impuesto a las personas jurídicas correspondiente al presente año 2019.

"El no pago del impuesto establecido en la presente ley por tres períodos consecutivos será causal de disolución de la sociedad mercantil, la empresa individual de responsabilidad limitada o la sucursal de una sociedad extranjera o su representante."

Recuerde que puede realizar el pago en cualquiera de los siguientes entes de recaudación: Bac San José, Banco de Costa Rica, Banco BCT, Davivienda, Banco Nacional, Banco Desyfin, Banco Lafise, Scotiabank, Soctiabank Tranformándose, Promérica, Banco Improsa, Banco Cathay, Banco Geeral, Banco Prival, Teledólar, Grupo Mutual Alajuela, Cruz Roja Costarricense...

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La inquietud surge principalmente por cuanto en una propuesta de resolución que el Ministerio de Hacienda publicó en su sitio web, con el objeto de someterla a consulta pública, aparecía lo siguiente:

"A partir del mes de enero de 2019 el representante legal o autorizado de los sujetos obligados podrá registrarse en el sitio web Central Directo del Banco Central de Costa Rica https://www.centraldirecto.fi.cr/Sitio/CentralDirecto/Inicio/PaginaPrincipal, para lo cual deberá tener un certificado válido de firma digital para personas físicas perteneciente a la jerarquía nacional de certificadores registrados." 

Al día de hoy, sin embargo, según confirmación telefónica que obtuvimos esta mañana,  no se encuentra en funcionamiento el sistema que le permitiría a los representantes legales de las sociedades y otras estructuras jurídicas, ...

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Hace algunos días comentamos sobre la comunicación que el Banco de Costa Rica remitió en forma masiva por correo electrónico a muchos de sus clientes bancarios, en los que les advertía sobre la necesidad de inscribirse ante la SUGEF a fin de cumplir con lo dispuesto en el numeral 15 bis de la Ley de Estupefacientes No 7796. En caso de no hacerlo, sus cuentas podrían ser cerradas al vencer el plazo máximo conferido al efecto, a saber, el 30 de junio del año en curso. (Ver nuestra NOTA en este mismo blog)

El tema causó preocupación e inquietud en la comunidad legal del país pues no se indicaban las actividades sujetas a inscripción, ni tampoco las excepciones, haciendo presumir que todos los abogados por el solo hecho de serlo,  se encontraban obligados a cumplir con la inscripción ante SUGEF.

Nos permitimos transcribir en su tenor literal la nota  aclaratoria del BCR a continuación:

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El Lic. Mario Hidalgo, socio de Impuestos y Legal de Grant Thornton, nos comparte este interesante artículo sobre un tema que suscita muchas inquietudes en el campo de la contratación administrativa. ¿A quién corresponde la retención del 2% cuando los pagos de un contrato administrativo han sido cedidos por el adjudicatario?

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"Es común advertir alguna divergencia de criterio con respecto a la aplicación de la retención del 2% del ingreso bruto de los proveedores, a los cuales se les realizan pagos que excedan un salario base, derivados dentro de un proceso de compra según lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.

Lo anterior, habida cuenta que se ha venido consolidando la práctica de la cesión de facturas, en la cual el proveedor adjudicado en un proceso licitatorio cede su factura a un banco o entid...

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Agradecemos al estimado colega Javier Madrigal  este interesante comentario sobre un tema que muchas veces causa inquietud en el ámbito del Derecho de Familia.

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Es muy común en nuestro medio, que alguno (a) de los padres de un menor o un esposo (a) del otro (a), decida por sí mismo (a) y sin necesidad de demanda de pensión alimentaria, dar por ese concepto un monto. (Pensión alimentaria voluntaria) Para ello deberá efectuar una consignación de pago en el Juzgado de Pensionales Alimentarias competente.

Ahora bien ¿Qué sucede si ese padre o madre, esposo o esposa deciden dejar de darlo? ¿Podrá acaso solicitarse al juzgado, el decreto de apremio corporal? La respuesta no es para nada académica, sino trata de un asunto cotidiano, lo anterior ocurrió ante el Juzgado de Pensiones Alimentarias de Santa Ana, el cual una vez solicitado, decreto el apremio corp...

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Mediante Decreto Ejecutivo No. 41478-H publicado ayer por la tarde en el Alcance No. 07 a La Gaceta, el Ministerio de Hacienda estableció los nuevos tramos de la escala que según el artículo 5 de la Ley 8683, mejor conocida como Ley de Impuesto a las Casas de Lujo, rigen para el pago de este tributo en el presente año 2019.   También definió el límite en el valor a partir del cual debe entenderse la obligación en el pago de este tributo.

De acuerdo con el párrafo segundo del indicado artículo,  el Poder Ejecutivo debió publicar esta actualización en diciembre pasado, partiendo de la variación experimentada por el índice de precios al consumidor, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) determinó durante el período del 1 de diciembre del 2017 al 30 de noviembre de 2018, la cual fue de un 1,81%,

Sin explicarse en el Decreto en comentario las razones que puedan haber existido para el atraso en l...

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Muchos colegas recibieron esta semana, vía correo electrónico, un comunicado de parte del Banco de Costa Rica recordándoles su obligación, como clientes de dicha entidad bancaria, de inscribirse ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 15 bis de la Ley de Estupefacientes.

Estimados suscriptores nos han llamado a consultar sobre la existencia de circulares o lineamientos de la SUGEF que puedan  ayudarles a comprender si efectivamente están obligados a cumplir con tal inscripción, y cuáles serían los requisitos para ello.

El tema les ha causado preocupación pues de acuerdo con la comunicación del BCR: "...  como fecha máxima para cumplir con lo normado, el 30 de junio 2019, momento en que deberá remitir a la oficina comercial que le ha sido asignada el documento que lo respalde; caso contrario, el Banco procederá a realizar el cierre de la ...

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Como es conocido, se estableció en la suma de ¢446.200.00, el salario base del Oficinista 1 según la relación de puestos del Poder Judicial, el cual sirve de parámetro para la determinación del valor que cada año le permite a las personas físicas que tienen solamente un inmueble inscrito a su nombre en el Registro Inmobiliario, gestionar ante las Municipalidades respectivas la exoneración del impuesto sobre bienes inmuebles que les corresponde pagar de conformidad con la Ley 7509.

“Artículo 4.- Inmuebles no afectos al impuesto

No están afectos a este impuesto: (…) e) Los inmuebles que constituyan bien único de los sujetos pasivos (personas físicas) y tengan un valor máximo equivalente a cuarenta y cinco salarios base; no obstante, el impuesto deberá pagarse sobre el exceso de esa suma. El concepto de “salario base” usado en esta Ley es el establecido en el artículo ...

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