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Conozca el Reglamento a la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas y otros temas de interés

»Disolución de sociedades sin libros legalizados

» Concepto de representante legal

»Recursos de inconstitucionalidad presentados contra la norma

»Formularios actualizados de renuncia de representante legal y disolución

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Agradecemos a las funcionarias de la Biblioteca del Registro Nacional que atentamente nos remitieron copia de este Reglamento a la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, tan largamente esperado por muchos, deseosos de encontrar respuesta a interrogantes que subsisten sobre la aplicación de dicha norma.    La publicación oficial de este Reglamento aún no se ha verificado en La Gaceta.

Para conocer su texto haga clic a continuación:   DESCARGAR TEXTO REGLAMENTO A LA LEY 9024

Lamentablemente constatamos que esta norma sigue sin resolver muchos de los temas cuestionados.    Entre ellos, quizás el que en este momento más consultas está generando, es el relativo a la posibilidad de disolución de sociedades que no cuentan con libros legalizados.  Curiosamente esta posibilidad se menciona en el Directriz  D.R.P.J-002-2012, a la que hicimos alusión en nuestro comentario del pasado 30 de marzo (NUEVA DIRECTRIZ SOBRE IMPUESTO A LAS PERSONAS JURIDICAS)  pero no encontramos ninguna referencia sobre la misma en el presente Reglamento.

De entrada suena como una medida muy conveniente y práctica el que se autorice la disolución de sociedades que no cuentan con  libros legalizados, pudiendo resultar en efecto  un contrasentido el tener que legalizarlos con el único propósito de  lograr la desaparción de estas personas jurídicas.   Sin embargo, como bien apuntaba el Lic. Jorge Eduardo Ramos en nuestro blog:  «En el caso de disolución de sociedades se exige que el notario de fe de que han comparecido todos los socios a solicitar la disolución. Se nos dice que NO se requerirá la legalización de libros, PERO el Código de Comercio dice “ARTÍCULO 140.- La sociedad considerará como socio al inscrito como tal en los registros de accionistas, si las acciones son nominativas; y al tenedor de éstas, si son al portador.¨” De esta forma sería imposible para un notario dar fe de la comparecencia de todos los socios sin tener a la vista los libros sociales debidamente legalizados para saber quienes son. Es claro que nuestro sistema requiere, para la debida acreditación de un socio, la presencia de dos circunstancias, acciones físicas a su nombre y los registros sociales que así lo acrediten. Es un sistema de doble acreditación. Me parece que la directriz pretende modificar la ley.»

Algunos colegas han sugerido la posibilidad de requerir  de los socios comparecientes una declaración jurada como forma de protegerse el Notario de eventuales responsabilidades por esa dación de fe que está obligado a brindar en cuanto a ser los comparecientes, los únicos dueños de la sociedad.    Sin embargo, otros más preocupados nos han comentado que ante la duda, prefieren seguir adelante con el trámite de legalización de libros, así sea para desecharlos tan pronto se inscriba la disolución de la sociedad.

 Desde una perspectiva más práctica en cuanto a la forma de plasmar estos actos notariales, la Lic. Vilma Camacho señalaba también en nuestro blog: » ¿Dónde se asienta el acuerdo de disolver la sociedad cuando ésta no tiene el libro y se indica que no es necesario legalizarlo ante la TD? ¿Será que se usa un libro sin legalizar o que se asienta el acuerdo en documento privado para luego solictar la protocolización? Por otra parte, ¿a qué se refiere eso de ” El trámite se realizará con la apertura del respectivo expediente por parte del Notario Público?  ¿Qué contendrá ese expediente, se hará en papel de seguridad o de qué se trata?

Dudas todas muy válidas que estamos procurando que la Dirección Nacional de Notariado nos ayude a solventar.    Como muchos han indicado, requerimos de algún tipo de guía u orientación sobre la forma y el contenido que se debe dar a estos procedimientos tan novedosos, y también, tan cuestionables por cuanto podría incluso llegar a declararse su ilegalidad.  El tema es si puede una simple directriz registral contravenir lo establecido es una Ley de la República y si los actos que se realicen con fundamento en ella se considerarán válidos o podrán ser luego impugnados.   Y  una directriz que en cuanto a este tema, repetimos, ni siquiera encuentra sustento legal en el propio Reglamento emitido por la Junta Administrativa del Registro Nacional.

Otra interrogante que se mantiene es la relacionada con el concepto de representante legal .   Se establece en este nuevo Reglamento que:  «Tratándose de sociedades anónimas y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 182 del Código de Comercio, se entenderá como representantes legales, el presidente y cualquier otro miembro o no de la Junta Directiva que ostenten representación en nombre de la sociedad. En relación con las demás entidades jurídicas lo serán aquellos que ostenten representación en nombre de ellas, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Comercio y Código Civil.»

Pareciera estarse equiparando el concepto de «representante legal» al de «apoderado», con lo cual podría incluso pensarse que «apoderados especiales judiciales»  y en general, cualquier apoderado general o especial, al ostentar de cualquier forma esa «representación en nombre de la sociedad» que nos señala el Reglamento, podrían verse eventualmente obligados a responder solidariamente por el no pago de este impuesto a las personas jurídicas.

En otro orden de ideas,  para los suscriptores que nos han estado consultando sobre la existencia de recursos contra la Ley 9024, nos permitimos indicarles que según información suministrada por la Sala Constitucional, a esta fecha, se contabilizan siete  recursos presentados.  Dos de ellos ya fueron rechazados de plano por carecer de asunto base o por no cumplir con los requisitos de admisibilidad y los restantes se encuentran en estudio de admisibilidad.   Mediante voto 1129-12, la Sala Constitucional declaró que la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas no violenta el el principio de igualdad como lo indicamos en nuestro comentario del pasado 28 de febrero (IMPUESTO A LAS PERSONAS JURIDICAS NO VIOLENTA PRINCIPIO DE IGUALDAD)

La más reciente acción de inconstitucionalidad admitida para estudio el pasado viernes 13 de abril es la número 12-4712-0007-CO.  En ella se acusa que la Ley 9024  fue aprobada en la Asamblea Legislativa con 37 votos y no con 38 como correspondía.   Se cuestionan además en esta acción las sanciones y las multas que establece la norma.

Será necesario esperar a ver cómo resuelve la Sala IV  las acciones pendientes de resolución.

 Finalmente, en razón de los requisitos que en la Directriz D.R.P.J-002-2012 se definieron para los actos de renuncia de representantes legales nos permitimos facilitarle un formulario de cartulación actualizado.   Igualmente nos señalan que la dación de fe de publicación efectiva del aviso en La Gaceta debe incorporse en los testimonios de disolución de sociedad mediante razón  y no dentro del cuerpo de la escritura.  Por cierto que una duda que a muchos les ha surgido es si siempre se puede en el caso de sociedades que no tengan bienes y que sí cuenten con libros legalizados, realizar la disolución mediante simple protocolización del acuerdo unánime tomado por los socios.  En el Registro de Personas Jurídicas nos han confirmado que en efecto esa sigue siendo la forma más práctica de realizar la disolución, sin resultar necesario abrir todo un procedimiento de  actividad judicial no contenciosa en sede notarial.   Descargue a continuación el texto de estos formularios:

DESCARGAR TESTIMONIO PROTOCOLIZACION RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL

DESCARGAR TESTIMONIO PROTOCOLIZACION ACTA DISOLUCION DE SOCIEDAD

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Lic. Silvia Pacheco. Editora General

Abogada y notaria. Especialista en administración de bases de datos de información jurídica, investigaciones jurisprudenciales y editora de contenidos legales. Consultora en proyectos de informática jurídica en la región centroamericana. Colaboradora del sitio www.leylaboral.com Encargada de la administración y actualización de Master Lex Cálculos Legales: timbres, honorarios profesionales, patentes, prestaciones laborales y otros. Moderadora del blog www.puntojuridico.com

12 de 31 Comentarios

  1. Mario A. Rivera Campos • 18 abril, 2012

    Otra consulta que tenemos todos, si la sociedad esta en proceso de disolverse, o fusionarse, lo que por la publicación del edicto no ocurra antes del 30 de abril del 2012, deben o no pagar el impuesto aunque esten en el proceso de disolverse o fusionarse? Explico, se hicieron las asambleas, se protocolizaron los acuerdsos, se pagó el edicto, pero NO ha salido publicado, hay unos 3000 avisos pendientes de publicacion.

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    • admin • 18 abril, 2012

      A don Mario: en realidad se cuenta con tres meses para lograr la disolución de una sociedad. Existe efectivamente una saturación de avisos por publicar en la Imprenta Nacional. En todo caso de acuerdo con lo establecido en la Directriz DRPJ-002-2012 lo importante será haber presentado la escritura de disolución antes del 30 de junio. En nuestra humilde opinión, el no haber podido consignar la razón dando fe de la publicación efectiva del aviso en La Gaceta se podrá subsanar después, sin que ello implique la cancelación del beneficio de exoneración del impuesto. Sin embargo, para que cada uno valore lo correspondiente, transcribimos lo señalado por la Directriz sobre este particular: «Asimismo estarán exentas de dicho pago, aquellas entidades jurídicas que se encuentren inscritas a la entrada en vigencia de la ley y se disuelvan en el plazo de 3 meses contados a partir del 1 de abril del presente año. En virtud de que la ley establece que para que opere la exención dichas entidades deberán necesariamente haber completado el proceso de disolución en dicho plazo, para efectos registrales se aplicará en aquellos documentos de disolución que se hayan presentado dentro de los indicados 3 meses, ya que los documentos que se presenten con posterioridad deberán cancelar el monto correspondiente al tributo.»

      Responder
  2. ALEXIS CHAVARRÍA A. • 18 abril, 2012

    Deseo consultar cómo proceder con la disolución de una SA que tiene el 50% de su capital en manos de personas que se desconoce su paradero y que posee un único bien inmueble. El socio del otro 50% de las acciones desea ponerla a su nombre porque no desea pagar los impuestos. Gracias.

    Responder
    • admin • 18 abril, 2012

      En cuanto a ese bien que requieren traspasar lo importante es confirmar quién es el representante con facultades suficientes para ese acto y proceder con dicho acto. Diferente el caso de la disolución pues al no encontrarse presente el 50% de los dueños del capital nos parece que necesariamente tendrá que iniciarse un proceso judicial de liquidación y no en sede notarial.

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  3. Mario A. Rivera Campos • 18 abril, 2012

    Partiendo del hecho de que el Código Notarial artículo 129 fue reformado y que se autoriza al Notario a realizar disoluciones por acuerdo únanimie de socios, podría sugerirme la redacción del documento, porque lo que paso Master Lex ,es partiendo de que tenga Libros, pero si no los tiene y comparecen todos los socios, cómo se puede redactar esa acta? Gracias,

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  4. fernan pacheco • 18 abril, 2012

    En los distintos encabezados o apartados de las certificaciones literales que emite el propio Registro, hay uno denominado «Representación». En ellos NO se incluyen a todos los apoderados, sino solo aquellos que en los estatutos indican que ostentan la representacion judicial y extrajudicial, por lo tanto me parece que esta claro el punto.

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    • admin • 18 abril, 2012

      Muy interesante lo que señala el Lic. Pacheco. Por supuesto que sería IDEAL que en el Reglamento o en la Directriz que sobre este tema se han emitido se hubiera indicado en forma muy clara que por representantes legales se entienden aquéllos que así aparecen -como bien lo señala don Fernán – en el apartado REPRESENTACION que aparece en las certificaciones literales expedidas por el Registro. Trataremos de confirmar esta buena suposición con la Coordinación del Registro de Personas Jurídicas para informarles.

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  5. Deivis Granados • 18 abril, 2012

    ¿Alguien me puede indicar por favor qué sucede con las sociedades que tienen menos de 24 meses de constituidas y están inactivas ante el caso de que quieran disolverse? ¿pagarían o no el impuesto?

    Responder
    • admin • 18 abril, 2012

      A don Deivis nos permitimos indicarle que según nuestro entendimiento el hecho de que una sociedad tenga menos de 24 meses de haberse constituido en nada le evita el pago del impuesto a las personas jurídicas. En caso de ser inactiva, la suma a cancelar será de 67,612.50 En algún momento lo que sí se discutió sobre sociedades con menos de 24 meses de constituidas fue el tema de la posibilidad de realizar traspasos de bienes exentos, pues la Ley establece como condición que se trate de sociedades que hayan estado inactivas en los últimos 24 meses. Por consiguiente, surgía la duda sobre personas jurídicas con menos tiempo de constitución. ¿Podrán igualmente otorgar traspasos exentos?

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  6. E.J. Arias • 18 abril, 2012

    Interesante información, y está visto que siguen persistiendo muchas dudas. Otro tema que me parece es URGENTE que se trate antes del 30 de setiembre, es el de la falta de actualización de la base de datos de sociedades activas e inactivas. Tengo una S.A. inactiva ante hacienda pero reportada como activa ante el Registro, ni una institución ni la otra me resuelven el problema y a la fecha no he podido pagar el impuesto. En Registro me dicen que Hacienda no les ha actualizado la información, y Hacienda se lava las manos echándole la culpa a Registro! Qué hacemos?

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  7. Melvin • 18 abril, 2012

    Es necesario revisar el contexto y no centrarse tanto en el texto. Resulta conveniente recordar la distinción entre DISOLUCION de LIQUIDACION. Para una mejor comprensión se puede decir que disolución es a persona jurídica lo que defunción es a persona física y que liquidación es a persona jurídica lo que proceso sucesorio es a persona física. No siempre se requiere de proceso sucesorio, como no siempre se requerirá de proceso de liquidación. Conforme al numeral 235 del Código de Comercio lo inscribible en el Registro de Personas Jurídicas es el acuerdo de DISOLUCION, nótese que la liquidación es un procedimiento, la liquidación en sí misma NO es inscribible, como no es inscribible un proceso sucesorio como tal proceso, lo que se inscribe son los acuerdos finales de distribución de activos o bienes muebles o inmuebles para inscribir esos traspasos en los registros respectivos según corresponda luego de culminar el procedimiento de liquidación. La reforma al 129 del Código Notarial le confiere al notario, competencia en cuanto al trámite o procedimiento de LIQUIDACION; la disolución y el quehacer notarial al respecto NO ES NUEVO ya existía desde antes (protocolización e inscripción de acuerdos de disolución). Esa competencia nueva para el notario -liquidación- requiere de la disolución previa e inscrita en el Registro de Personas Jurídicas, y acordada de CONSUNO por TODOS los socios porque si no entonces el notario TAMPOCO competencia porque no existiría una postura pacífica y unánime de todos los socios además de no existir menores o personas con incapacidad, que son elementos esenciales para que el notario posea esa competencia, pues de faltar estos elementos esenciales se requiere entonces de la intervención jurisdiccional, la que por principio del Juez Legal o Natural jamás podrá ser sustituido por el notario. El Art.: 129 confiere al notario una competencia específica para cuyo desempeño debe ajustarse a los procedimientos y disposiciones de la legislación, pero no le confiere potestad jurisdiccional ni carácter de Tribunal todo lo cual está reservado para el Poder Judicial (Arts.: 152, 153 Constitución Política, 1 Ley Orgánica del Poder Judicial). La disolución de la sociedad si no es de común acuerdo requiere de una SENTENCIA estimatoria que no podría ser emitida por el notario. En el contgexto es imprescindible no perder de vista los artículos 542 y siguientes del Código Procesal Civil, de donde se extrae y obtiene la parte procesal que para la LIQUIDACION -no disolución- debe seguir el notario. Dentro de todo este contexto también hay que recordar que el notario ejerce control de LEGALIDAD sobre los actos que autoriza, DEBE abstenerse de autorizar aquellos que no sean legales, válidos o eficaces, así como aquellos en los que siendo necesario una autorización previa -DISOLUCION-, ésta aún no existe, o aquellos en los que no pueda acreditar en forma acertada e indubitable la identidad y CAPACIDAD de las partes (Artículos 6, 7.d), 39, 49 Código Notarial). Entonces si la ausencia del Libro Registro de Socios es impedimento para tener elementos suficientes sobre cuya base dar fe de que los comparecientes son todos los socios, entonces lo que la Ley dice es que el notario debe abstenerse; proceder entonces a ASESORAR a los usuarios de sus servicios y requerir la presentación del Libro con el asiento que interesa. Dentro de ese gigantesco contexto del tema, tampoco se debe perder de vista el TRACTO SUCESIVO sobre la titularidad de la calidad de socio que debe existir entre los socios CONSTITUYENTES y los que finalmente aparecen el último asiento del Libro Registro de Socios; aquí entonces, será realmente impedimento la inexistencia de ese Libro Registro de Socios cuando por ejemplo existiendo el Libro de todos modos el último asiento no refleja ese tracto sucesivo? Podrá el notario “cerrar los ojos” ante ello y atenerse tan solo al último asiento del Libro? Parece que no, por ser PERITO EN DERECHO y debe garantizar la validez, legalidad y eficacia de los actos que autorice, para la seguridad jurídica de la COLECTIVIDAD en el ejercicio de esa FUNCION PUBLICA ejercida privadamente que el Estado le ha encomendado (y no función para el público para beneficio privado como parece que es como la entienden algunos). También pareciera que es relevante considerar que el Registro de Socios, según el texto del 140 del Código de Comercio, es a lo interno de la sociedad, es decir, “la sociedad considerará” como socio a quien figure como tal en el Registro de Accionistas, PERO dice el artículo 120 del Código de Comercio que es la ACCION el título mediante el cual se ACREDITA y TRANSMITE la calidad de socio; por consiguiente será absoluta la doble acreditación? O ante la ausencia del Libro Registro de Socios sería suficiente con el título ACCION y la existencia lógica y coherente de aquél tracto sucesivo? La dispensa de los libros a que alude la Directriz Registral parece coherente y consecuente con el artículo 1 de la Ley #3883 o Ley sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, con el “espíritu” de la Ley #9024, con el artículo 10 del Código Civil, y con la Ley #8220. Corresponde al notario como PERITO EN DERECHO, utilizando todos sus conocimientos, pericia, sentidos y tecnología evaluar la legalidad, validez y eficacia del acto que vaya autorizar; la sinonimia que entre disolución y liquidación en algún momento pareciera leerse en la Directriz, no dispensa al notario perito en derecho para desconocer esa diferencia jurídica, procedimental y registral. Finalmente, tal vez sirva recordar que la nulidades se deben interpretar en forma restrictiva, y que en materia de acuerdos societarios pareciera que tiene un régimen particular (Artículo 176 Código de Comercio), y que allí se contemplan los acuerdos o la toma de los acuerdos en sí mismos, pero NO si constan o no asentados en los Libros respectivos.

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    • admin • 18 abril, 2012

      Igualmente agradecemos a don Melvin el aporte tan valioso y completo que realiza sobre la dispensa que realiza la Directriz del Registro de Personas Jurídicas de los libros legales, diferencia entre las figuras de la «disolución» y la «liquidación» y el tema de nulidades en materia de acuerdos societarios.

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