POWERED BYmaster lex

Conozca el texto de la que será la nueva Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas

Como se ha informado en varios medios de comunicación, la Sala Constitucional contestó la consulta legislativa en relación al Proyecto de Ley No 19818, Impuesto a las Personas Jurídicas,  señalando que no existen vicios de procedimiento, ni se violentan principios constitucionales.   Por consiguiente, solamente hace falta que el Plenario Legislativo apruebe el proyecto en segundo debate y lo envíe a publicar en el diario oficial para que se convierta en Ley de la República.

Importante advertir eso sí que la norma entraría en vigencia, hasta tres meses después de la emisión y publicación del correspondiente Reglamento, lo cual marca una primera diferencia en relación a su antecesora Ley 9024, la cual no contó con una reglamentación vía decreto ejecutivo, sino solamente con directrices del Registro Nacional.

Para conocer  el texto final de este proyecto de Ley haga clic a continuación:  VER TEXTO PROYECTO 19818

Nos permitimos destacar algunos aspectos novedosos de este proyecto de ley en relación a la Ley 9024, la cual será derogada con la entrada en vigencia de la nueva normativa.

1.-  Nuevas tarifas.  Dependerán ya no simplemente de si las sociedades son «activas» o «inactivas», sino de si encuentran inscritas en el Registro Unico de Contribuyentes así como de los ingresos brutos declarados en el período fiscal inmediato anterior.   Es así que:

  1. Pagarían un impuesto equivalente al 15% del salario base según definición de la Ley 7337,   las sociedades que no estén inscritas en el RUC.  Partiendo de que dicho salario base asciende este año a  ¢426,200, el impuesto a pagar sería de ¢63,930 por año.
  2. Pagarían un 25% del  salario base (¢106,550)  las sociedades con ingresos brutos menores a 120 salarios base, es decir, inferiores a 51,144,000 colones.
  3. Pagarían un 30% del salario base (¢127,860) las sociedades con ingresos brutos mayores de 120 salario base pero inferiores a 280 salarios base, a saber, ¢119,336,000
  4. Pagarían un 50% del salario base (¢213,100) las sociedades con ingresos brutos mayores a 280 salarios base.

2.  Pago de impuesto en constituciones de sociedad:  Será necesario esperar la entrada en vigencia de la ley para confirmar si el Registro de Personas Jurídicas  exigirá nuevamente, como lo hizo con la Ley 9024, que como requisito para la inscripción de nuevas sociedades, se realice el pago del impuesto a las personas jurídicas conjuntamente con los demás timbres necesarios para su constitución.   Propiamente la Ley  otorga para el pago, un plazo de 30 días  naturales contados  a partir de la presentación de la escritura al Diario.

3.  La Dirección General de Tributación sería el ente encargado de administrar y cobrar el tributo, en lugar del Registro Nacional, que lo seguirá haciendo pero únicamente en relación a los períodos al cobro que rigieron durante la Ley 9024, es decir, del 2012-2015.

4. Notarios Públicos podrán continuar emitiendo certificaciones relacionadas con sociedades morosas pero debiendo hacer constar tal circunstancia en el documento respectivo.

5. La Dirección General de Tributación creará una base de datos consultable por medios electrónicos para determinar si los contribuyentes se encuentran al día o en estado moroso con el pago de este impuesto.

6. Socios podrán ser perseguidos  por las deudas.   Aparte de ratificarse, al igual que en la anterior Ley 9024, que los representantes legales son solidariamente responsables en el pago del tributo, expresamente se señala en el nuevo texto que la Administración Tributaria se encuentra facultada para continuar los procedimientos cobratorios o establecerlos contra los últimos socios oficialmente registrados, quienes se constituirán en responsables solidarios en el pago de este impuesto.

7.– Se mantiene exención en el pago del impuesto a favor de las pymes y mipymes.

8. Condonación de intereses y multa para las sociedades que realicen el pago de lo adeudado bajo la Ley 9024 en los tres meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley.

9. Plazo de doce meses para que las sociedades que hayan estado inactivas en los dos años anteriores deseen traspasar sus bienes muebles e inmuebles sin pago de timbres, ni impuestos de traspaso.

10. Plazo de 24 meses para que los representantes legales, los miembros de la Junta Directiva e incluso los fiscales de las sociedades puedan renunciar a sus cargos de  manera unilateral, mediante protocolización de carta de renuncia.

Llama la atención que en relación a la anterior Ley 9024, la cual también había concedido un plazo para que los representantes legales renunciaran a sus cargos, el proyecto de ley amplía ahora tal posibilidad a los demás directores aunque no ostenten cargos de representación, así como a quienes funjan como fiscales.  En realidad no queda clara la razón de esta ampliación toda vez que dichos personeros no están siendo responsabilizados en la norma en cuanto al pago del impuesto o deudas pendientes.

Surge además la inquietud en cuanto a si  este transitorio podrá ser aprovechado por los representantes legales, directores y fiscales de sociedades que ya en este momento adeuden el impuesto a las personas jurídicas de alguno de los períodos 2012-2015.   Anteriormente una directriz registral había dispuesto que por tratarse de un acto personalísimo del representante legal interesado en renunciar a su cargo, el Registro de Personas Jurídicas no establecía como requisito de admisibilidad del trámite, el que la sociedad se encontrase al día en el pago del impuesto a las personas jurídicas.

Be Sociable, Share!
  • Twitter
  • Facebook
  • email
  • Google Reader
  • LinkedIn

Etiquetas:

Lic. Silvia Pacheco. Editora General

Abogada y notaria. Especialista en administración de bases de datos de información jurídica, investigaciones jurisprudenciales y editora de contenidos legales. Consultora en proyectos de informática jurídica en la región centroamericana. Colaboradora del sitio www.leylaboral.com Encargada de la administración y actualización de Master Lex Cálculos Legales: timbres, honorarios profesionales, patentes, prestaciones laborales y otros. Moderadora del blog www.puntojuridico.com

6 de 6 Comentarios

  1. Esteban Ramirez • 04 mayo, 2017

    Con respecto al punto #10 de la nueva ley, tengo una consulta:
    si una persona prestó su nombre solamente para la constitución de la una sociedad y forma parte de la Junta Administrativa; pero esa persona ya no desea aparecer como miembro ni prestar su nombre, ¿es posible renunciar al cargo solamente presentando la carta de renuncia? ¿Hay algún costo económico ligado a este trámite?

    Responder
    • Lic. Silvia Pacheco. Editora General • 05 mayo, 2017

      NOrmalmente la renuncia a un cargo de la Junta Directiva de una sociedad anónima, en forma «unilateral» , no es aceptada por el REgistro, debiendo tramitarse a través de la protocolización de un acta en la que se sustituye el nombramiento del personero que renunció. Sin embargo, a partir del momento en que entre en vigencia la nueva Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, lo cual sucederá 3 meses después de publicado el respectivo Reglamento en La GAceta, nuevamente se va a dar un plazo de dos años para que los personeros, fiscal y directores puedan renunciar en forma UNILATERAL:
      Transitorio IV.-
      Para efectos de la aplicación de esta ley, y por un plazo de veinticuatro meses a partir de su entrada en vigencia, los representantes legales, los miembros de la Junta Directiva y el fiscal de las sociedades mercantiles, las sucursales de una sociedad extranjera y las empresas individuales de responsabilidad limitada que deseen renunciar a su cargo podrán hacerlo mediante comunicación por escrito al domicilio social registrado. Esta comunicación deberá posteriormente protocolizarse e inscribirse ante el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional, con el fin de que la renuncia sea eficaz. El interesado deberá manifestar ante el notario la adecuada recepción de la comunicación en el domicilio social respectivo, si el domicilio es desconocido el notario pondrá la constancia y remitirá la escritura de renuncia para su inscripción en el Registro.

      Responder
    • Lic. Silvia Pacheco. Editora General • 05 mayo, 2017

      En cuanto a los honorarios que debe cobrar el notario que realiza el trámite, lamentablemente no se encuentran establecidos en el Arancel de Honorarios vigente. Por consiguiente tendrían que ser convenidos entre el interesado y el profesional. Sobre los timbres a pagar, serían 2,000 de Derechos de REgistro, Timbre de Educación y Cultura: 750, Colegio de Abogados: 250 y Archivo Nacional: 20.

      Responder
  2. MARCELA FILLOY ZERR • 17 abril, 2017

    Si una sociedad es disuelta por efectos de la ley 9040 pero esta morosa en el impuesto de personas jurídicas , si cancela este dentro del período de gracia sin multa e intereses, la disolución ya opero y no hay ulterior trámite que hacer o hay que cumplir con los tramites de la disolución conforme a Código de Comercio

    Responder
    • Lic. Silvia Pacheco. Editora General • 18 abril, 2017

      Si la sociedad disuelta de oficio por el Registro Nacional, no tenía bienes, ni valores que deban ser liquidados, efectivamente luego de realizado el pago de lo adeudado, no sería necesario gestionar nada más. Sin duda conviene aprovechar el período de gracia que al entrar en vigencia la nueva Ley de impuesto a las personas jurídicas se concederá a las sociedades morosas para el pago de lo adeudado sin multas, ni intereses.

      Responder
  3. Victor Porras • 06 abril, 2017

    Gracias por su gentil atención Bendiciones

    Responder

Dejar un comentario
PAUTAS PARA PARTICIPAR EN ESTE BLOG

*