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El delito de resistencia a la autoridad

Retomamos hoy el envío de varios artículos que el Dr. Pablo A. Solano Molina, especialista en Derecho Penal y Procesal Penal, gentilmente puso a nuestra disposición hace algunas semanas.   El siguiente comentario lo preparó don Pablo con motivo de la huelga de taxistas efectuada en agosto pasado.

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«En la misma línea de pensamiento crítico, por lo sucedido recientemente en nuestro país con el cierre y la obstrucción de sus principales vía de circulación, la agresión de la que fue objeto un oficial de la UIP, así como la amenaza constante de volver a realizar tales actos, se hace de suma importancia analizar el delito de resistencia descrito en el artículo 312 de nuestra legislación penal.

Debe entenderse como la acción empleada por medio de la intimidación o violencia contra un funcionario público o la persona que le preste asistencia a solicitud de aquel, y que esté destinada a entorpecer el ejercicio de un acto funcional legítimo. Son requisitos esenciales la existencia de una decisión funcional que haya originado una orden ejecutable contra alguna persona o grupo de personas, y el actual ejercicio de la actividad de un funcionario público encaminada al cumplimiento de dicha orden.

La resistencia importa siempre una oposición activa al desarrollo actual del acto funcional, y protege el respeto a la autoridad y el orden público.

Tenemos que los dos medios específicamente tipificados por el legislador para que se configure el delito de resistencia son la intimidación que es meramente psíquica, y la violencia que se refiere a cualquier uso de fuerza física idónea, siempre que no constituya una agresión, por ejemplo un forcejeo. De acuerdo con el artículo 313 del mismo cuerpo normativo, el delito se agrava cuando el hecho es cometido a mano armada, por dos o más personas, por un funcionario público, o si se agrede a la autoridad.

Se debe diferenciar el simple acto de violencia (fuerza física), de la agravante de agresión que implica necesariamente un acometimiento intencional (golpes) con el objetivo de producir un daño.

En efecto, el pasado martes 9 de agosto se acreditó la existencia del ejercicio de un acto funcional legítimo, cual fue el no permitir la obstrucción de las vías públicas por un gremio de taxistas, asimismo, se conoció públicamente que sus integrantes voluntariamente impidieron y obstaculizaron la labor de los oficiales, incluso en apariencia uno de los miembros de dicho gremio arremetió contra la integridad física de un oficial, golpeándolo en su rostro y fracturando algunas de sus piezas dentales, siendo su actuar voluntario con la finalidad de entorpecer el ejercicio funcional y agredir al oficial, lo cual es conocido en el derecho penal como dolo conjunto -impedir mediante violencia o intimidación el ejercicio de una función legítima, y el acometer físicamente con la intención de dañar- y configurando un concurso de delitos, a saber resistencia agravada, lesiones graves y obstrucción de la vía pública.

Recordemos que existe el derecho a protestar, pero no existe el derecho a realizarlo de forma violenta, agresiva y contrariando las leyes.»

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Dr. Pablo Solano

•Fundador y Socio Director de Legal Center Costa Rica. • Especialista en Derecho Penal y Procesal Penal. • Se desempeñó por casi veinte años en el Poder Judicial en los puestos de Juez Superior Penal de Juicio y Defensor Público Penal y de Familia. Actualmente se desempeña como Abogado Litigante en Derecho Penal, Derecho Constitucional, Derecho de Familia y Derecho Corporativo-Empresarial, además de ser Notario Público. • Acreditado en Técnicas de Negociación y Conciliación y en Técnicas de la Oralidad y Litigio por Audiencias, ambas por la Escuela Judicial Poder Judicial de Costa Rica. • Profesor Universitario Certificado en Metodologías de la Investigación, Cátedra de Derecho Penal y Procesal Penal, Oralidad, Argumentación Jurídica y Litigio Especializado. Miembro activo de la Federación Iberoamericana de Derecho e Informática FIADI y de la Asociación de Ciencias Penales

2 de 2 Comentarios

  1. Salvador Ramirez • 13 abril, 2017

    Buenas tarde Lic.
    Una consulta.
    estoy como imputado sobre una supuesta resistencia agravada en flagrancia con numero 17-00366-1283-PE
    resulta que la policía municipal me pidió documentos y yo le dije que llamaran a un policía de fuerza publica, al parecer no le gusto mi repuesta y procedieron a esposar me, sin oponer resistencia me llevan a la comandancia de barrio mexico y el policía de fuerza publica averiguo mi estado penal y obviamente no tengo problema con la autoridad, entonces el policía de fuerza publica le entrega mi cédula al policía municipal y se ríe de mi en la cara diciéndome cosas obscenas y que yo estaba arrestado, como acto de mala fe, me llevan a la corte por supuesta resistencia a la autoridad, y con pura difamaciones, se me abre un proceso judicial, donde alegan que estaba fumando en vía publica, y que supuesta mente agredí a a una mujer policía municipal, yo le dije a mi defensora desde el inicio que le tomara foto a mi manos, ya que el policía municipal me agredió en ambas manos y lado inferior y me dio patadas en los pies, le dije a mi defensa que le dijera al juez que me hicieran un examen en medica tura forense, me hicieron un examen ratificando mis agresiones, también le pedí un examen de toxicologia, el examen sale positivo de marihuana en la orina, pero ese no es el hecho, los hechos que ellos tiene que comprobar, es que, yo consumió droga en vía publica, y la agresiones, y resistencia
    ellos alegan que yo corrí al momento de la detención y en la cámara se ve que nadie sale corriendo ni consumiendo marihuana en el momento de los hechos.
    sobre la agresión, la funcionaria no presento ante el juez ningún dictamen medico ni nada por el estilo
    solo difaman contra mi persona, dañando mi dignidad y honor como ser humano.

    YO NO CONFIÓ EN MI DEFENSA, YA QUE ES DEFENSA PUBLICA.

    Responder
    • Salvador Ramirez • 13 abril, 2017

      Las Sentencia de la Sala Constitucional expresan que la policía municipal es inconstitucional
      10134-99 y 4716-2000

      Responder

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