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El “solve et repete” en el Código Tributario costarricense

Del Licenciado Alex Rojas Ortega, Máster en Derecho Constitucional, nos permitimos transcribir el siguiente artículo que gentilmente puso a disposición de toda nuestra estimada comunidad de suscriptores.

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«El “solve et repete” en materia tributaria. El principio “solve et repete” o pago previo en materia tributaria, en su versión clásica, consiste en la exigencia del pago de la obligación tributaria como condición para el cuestionamiento en sede administrativa o judicial de la determinación tributaria, es decir, de la conducta administrativa que imponga la obligación de pagar una suma de dinero por concepto de deuda tributaria.

La moderna doctrina tributaria ha señalado que la regla “solve et repete” se presenta no solo cuando se impide impugnar la conducta tributaria sin que se haya efectuado previamente el pago del adeudo tributario (“solve et repete” clásico), sino también cuando, a pesar de permitirse la impugnación de dicha conducta, ésta no hubiere sido conocida aún por un órgano independiente e imparcial dentro de la misma sede administrativa y al mismo tiempo se presiona al contribuyente a través de mecanismos coactivos y ejecutorios a pagar el monto determinado por la Administración Tributaria, sin que en el caso concreto, haya habido una oportunidad efectiva para que el contribuyente hubiere podido defenderse, de previo al dictado del acto administrativo que tiene efectos jurídicos sobre él.

Código Tributario costarricense. El artículo 144 del Código Tributario dispone que, una vez notificado el acto administrativo de liquidación de oficio, se otorga un plazo para el pago de las sumas determinadas por el auditor fiscal y-aunque se posibilite su impugnación-, el pago debe efectuarse en un plazo máximo de 30 días, so pena en caso contrario de que sea ejecutado por los mecanismos coactivos de que dispone la Administración Tributaria. Sin duda, el efecto práctico o real es presionar al contribuyente a pagar el adeudo pretendido por el Fisco, de forma previa –o paralela- a su impugnación, con las claras repercusiones que ello posee sobre los derechos fundamentales del contribuyente.

Contraste con el Derecho de la Constitución. El art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos dispone que el derecho a ser oído “con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley”, resulta de obligado acatamiento en lo que corresponde a la “determinación de sus derechos y obligaciones de orden […] fiscal o de cualquier otro carácter. […]”

Sin embargo, en forma contrastante con la norma convencional, integrante del Derecho de la Constitución, el procedimiento previsto en el artículo 144 del Código Tributario elimina la intervención de un órgano de revisión independiente e imparcial que valore la legitimidad del acto determinativo, dentro de un procedimiento en el que el contribuyente sea oído con las debidas garantías y de previo a que el acto administrativo de liquidación de oficio cause efectos jurídicos sobre él. En tal sentido, el artículo 171 inciso 12 del Código Tributario señala “Artículo 171.- Derechos generales de los contribuyentes. Constituyen derechos generales de los sujetos pasivos los siguientes: (…) 12) Derecho a ser oído en el trámite de audiencia con carácter previo al dictado de la resolución o acto que tendrá efectos jurídicos para los sujetos pasivos, de conformidad con la ley.” Y, además, el inciso 11) de la misma norma expresa que el contribuyente tiene “11) Derecho a formular, en los casos en que sea parte, alegaciones y aportar documentos que deberán ser tomados en cuenta por los órganos competentes en la redacción de las resoluciones y los actos jurídicos en general.” Ambas normas confirman que, de previo al dictado de la resolución que causa efectos jurídicos sobre la esfera del contribuyente, más aun si tales efectos pueden ser ablatorios, debe darse la oportunidad al sujeto pasivo para que sea oído, con las debidas garantías (según lo exige el art. 8.1 CADH) y con ello, poder demostrar la inexistencia de la deuda señalada en el acto de liquidación de oficio. De ese modo, siendo el acto de liquidación de oficio el acto que causa efectos jurídicos sobre el contribuyente, el derecho a ser oído con las debidas garantías debe otorgarse con carácter previo a que surta sus efectos jurídicos, como un corolario derivado del debido proceso constitucional.

De la misma forma, debe considerarse que en aquellos supuestos en que el cobro de la determinación tributaria es paralela a la facultad recursiva del contribuyente (“solve et repete indirecto”), -tal y como sucede con el artículo 144 del Código Tributario-, existe un tratamiento dispar entre los sujetos pasivos que pueden efectuar el pago o rendir garantía suficiente al tiempo que interponen los recursos y aquellos otros sujetos pasivos que, como resultado de la acción cobratoria y de una presunta legitimidad de la conducta administrativa tributaria y de los principios de ejecutividad y ejecutoriedad que a ella le acompañan (artículo 146 LGAP), no están en condiciones económicas de asumir el pago e inclusive, se ven impedidos de acceder a un crédito que les permita obtener el dinero suficiente que fuera determinado por la Administración. Lo que implicaría en ulterior término que sobre ellos se ejecuten los mecanismos de cobro coactivo de la Administración Tributaria y por ende, se cause un daño grave que implique la quiebra de la empresa o el cierre de sus operaciones.

Lo cierto del caso es que, aún en otros ordenamientos en que se ha consentido la presencia del “solve et repete”, la constitucionalidad de ese privilegio formal en beneficio del Fisco, va a depender de la posibilidad de que, en el caso concreto, el pago previo no se convierta en un obstáculo insuperable para el acceso a la justicia o una discriminación para aquellos contribuyentes que no tienen la capacidad económica para pagar; razón esta suficiente para tener por comprobada y confirmada la inconstitucionalidad de la norma.»

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Alex Rojas Ortega

Alex Rojas Ortega. Licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica. Obtuvo el premio de investigación Fernando Soto Harrison para el año 2010, otorgado a la tesis más sobresaliente de la Facultad de Derecho, UCR. Máster en Derecho Constitucional por la Universidad Estatal a Distancia. Cuenta con un Diploma en Técnica Legislativa por el Congreso de los Diputados de España, así como varios cursos de especialización sobre el control y funcionamiento de los Parlamentos, por la Oficina de Cooperación Española y la Red Internacional de Expertos en Parlamentos. Juez suplente del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Profesor universitario de Derecho Constitucional, Administrativo y Financiero.

2 de 2 Comentarios

  1. Henry • 11 marzo, 2016

    Es un tema en el que la conclusión cae por su propio peso, es sentido común y derecho al debido proceso. Sin embargo, la arbitrariedad del Estado, su potestad de Imperio y el carácter inquisidor de la Administración Tributaria, lo hacen parecer un tema tan complejo que se requieren grandes fundamentos doctrinarios para atacarlo.

    Responder
  2. Andrés Trejos • 11 marzo, 2016

    Interesante el planteamiento por parte del autor. Definitivamente es un tema que ha hecho -y hará- que muchos golpeen el puño sobre la mesa. Sin lugar a dudas es preocupante el tratamiento dispar entre los sujetos pasivos que menciona el Lic. Rojas Ortega, y su consecuencia negativa y daño económico que se le puede causar a la empresa o al contribuyente. Pareciera que el 144 definitivamente pone en jaque a los contribuyentes.

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