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Facturas electrónicas no constituyen documento idóneo para cobro judicial

En el voto No. 828-1C del Tribunal Primero Civil, de las 13:40 hrs del pasado 6 de julio, se establece que las facturas electrónicas no constituyen documentos idóneos para el reclamo de obligaciones dinerarias a través de procesos monitorios de cobro.

Transcribimos a continuación algunos de los argumentos del Tribunal ad quem en su resolución:

“…. la factura electrónica se encuentra regulada para efectos tributarios. De esta manera, lo que se persigue es satisfacer el interés fiscal, pero sin afectar el marco legal que regula la factura en el numeral 460 del Código de Comercio, que es el que en definitiva determina las condiciones y requisitos de validez de la factura de crédito. (…) El que emite la factura electrónica es el obligado tributario frente al Fisco mientras que el beneficiario de la compraventa o prestación del servicio no participa en la emisión de dicha factura, siendo un tercero ajeno a la primera relación jurídica descrita que existe entre el emisor y la Administración Tributaria. Dicho de otro modo; y relacionándolo con el caso concreto; la emisión de las facturas tiene efectos directos frente a la Administración Tributaria, pero no frente al demandado de este proceso quien no participó en la creación o emisión de las facturas que se pretende cobrar en el presente proceso. Por ese motivo dichos documentos no son idóneos para el cobro de las obligaciones dinerarias que regula la Ley de Cobro Judicial, mediante el proceso monitorio dinerario. 

SOBRE EL PROCESO MONITORIO DINERARIO: Al no contar los documentos con la firma del demandado, para acceder a esta vía de cobro judicial, los mismos deben tener la condición de titulo ejecutivo, condición que debe estar dada únicamente por el legislador.  Referido al tema, es menester indicar que existen dos tipos de documentos regulados por la Ley de Cobro Judicial para optar por la vía del proceso monitorio; por un lado tenemos aquellos que emanan propiamente del deudor, los cuales deben contar en forma indubitable con su firma (lo que no ocurre en el caso concreto), sin que sea requisito para acudir a esta vía que el documento constituya o no título ejecutivo, siendo suficiente que contengan una obligación dineraria líquida y exigible, y por otro lado tenemos aquellos documentos que la propia ley les ha dado el rango de títulos ejecutivos en los cuales no es necesario en todos los casos La firma del deudor, ejemplo de ellos las certificaciones de contador público autorizado reguladas en el artículo 611 del Código de Comerció, ° aquellas emitidas por algunas instituciones públicas que contienen algún tipo de obligación no pagada por el demandado entre otros.

SOBRE LA RESERVA DE LEY EN LA CREACIÓN DE TÍTULOS EJECUTIVOS: Sobre la creación de títulos ejecutivos; claro está que existe reserva de ley, solo el legislador tiene la potestad de hacerlo como se indicó anteriormente. Aunque no sucede en el caso de marras, y solo a modo de ejemplo, sería impensable entonces, que por medio de una resolución dictada por la Dirección General de Tributación Directa como la citada líneas atrás, pueda darse ese carácter de título ejecutivo a un documento, ya que el legislador es el único soberano para ello. La factura como documento idóneo para el cobro en esta vía se encuentra regulada por el numeral 460 del Código de Comercio y la resolución citada por el recurrente emitida por la Dirección General de Tributación Directa de ninguna maneta podría complementar el contenido de tal norma. Dicho lo anterior, se concluye que entratándose de un documento al cual no se le ha dado el rango de título ejecutivo por medio de la ley, como ocurren en el caso bajo estudio, es indispensable que mismo cuente con la firma del deudor, por lo que no es posible extender los efectos de una resolución como la que citada a fin de dotar de ejecutividad a esos documentos. (…) En definitiva, en este momento no existe ley que confiera el carácter de título ejecutivo a la factura electrónica, ni tampoco los documentos base de este proceso se encuentran firmados por las demandadas; supuestos necesarios para acudir a la vía del monitorio dinerario. ”   (Tomado en lo conducente del voto No. 828-1C del Tribunal Primero Civil.  Subrayado no es del original)

Si bien este voto hace referencia a la Ley de Cobro Judicial derogada al entrar en vigencia el nuevo Código Procesal Civil el pasado 8 de octubre, nos parece que lo dispuesto por el Tribunal Primero Civil sigue resultando aplicable a las regulaciones actuales dispuestas en el artículo 111 que transcribimos a continuación para su mejor conocimiento:

Artículo 111.- Monitorio dinerario.  El documento en el que se funde un proceso monitorio dinerario deberá ser original, copia firmada o estar contenido en un soporte en el que aparezca como indubitable quién es el deudor mediante su firma o cualquier otra señal equivalente.

Por consiguiente, es importante que los comerciantes tomen en cuenta que si bien están obligados a cumplir con la facturación electrónica para efectos tributarios, deberán imprimir dichas facturas y obtener en ellas la firma del deudor como respaldo de la venta de sus servicios o bienes, y para poder acudir, eventualmente, a la vía del proceso monitorio dinerario.

Suscriptores de Master Lex que requieran el texto completo del voto en comentario nos lo pueden solicitar a través del correo electrónico:   legal@masterlex.com

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Lic. Silvia Pacheco. Editora General

Abogada y notaria. Especialista en administración de bases de datos de información jurídica, investigaciones jurisprudenciales y editora de contenidos legales. Consultora en proyectos de informática jurídica en la región centroamericana. Colaboradora del sitio www.leylaboral.com Encargada de la administración y actualización de Master Lex Cálculos Legales: timbres, honorarios profesionales, patentes, prestaciones laborales y otros. Moderadora del blog www.puntojuridico.com

4 de 4 Comentarios

  1. Manfred Pinnock • 28 Noviembre, 2018

    Este tema es de gran interés y relevancia para nuestro diario vivir como abogados, razón por la cual considero de interés exponer mi criterio al respecto. El primer punto es tener claridad en que la implementación de la facturación electrónica tiene un efecto trasversal, que ha sido regulado con mediana claridad y amplitud por medio del Ministerio de Hacienda en lo que respecta los efectos y alcances tributarios; y, por otro lado, ha quedado estático en lo que respecta a asuntos como el que nos ocupa, en el cual se ha tratado utilizar este nuevo mecanismo de facturación sin modificar la redacción del marco normativo que gira alrededor de este tópico. La factura para efectos tributarios se refleja en el xml que genera el software de facturación que el usuario utilice al efecto; y, la factura para efectos comerciales y de cobro (casos que trata esta publicación) corresponde al PDF que se genera una vez creada la factura. Ahora, la posición del Ministerio de Hacienda es que la normativa “comercial” de la factura no necesita cambios dado que: 1) el PDF impreso se equipara a la factura comercial en papel, por lo que si el deudor estampa su firma en dicho documento la impresión adquiere fuerza ejecutiva; o, 2) el PDF puede ser firmado digitalmente por el deudor adquiriendo fuerza ejecutiva una vez que la firma es estampada en el documento. Nótese que el artículo 460 del CdeC no establece formalidades que deba cumplir la factura, quedando supeditada la forma de ésta a las disposiciones que en el marco de las regulaciones tributarias se fijen al respecto, también que el párrafo segundo del artículo 460 bis del CdeC admite que las reglas del endoso sean aplicables a las facturas “amparadas en documentos electrónicos, en lo aplicable a los sistemas informáticos que permiten la emisión, recepción y transmisión de dichas facturas”. De lo dicho hasta ahora, si bien el deudor no participa en la creación o emisión de las facturas que se pretenden cobrar, si media la firma manuscrita o electrónica del PDF que genera el sistema impreso (en el primer caso) o del PDF que genera el sistema como documento electrónico (en el segundo), la factura va a cumplir con los requisitos que establece el ordinal 460 del CdeC, y en consecuencia adquiriría fuerza ejecutiva. Debe tenerse claridad que lo resuelto por el Tribunal gira en torno a que la factura carecía de una firma manuscrita o digital- tema que es desarrollado por el Tribunal-; y, en cuanto a que el documento (físico o electrónico) donde se estampó no cumple con X o Y formalidad, esto se desarrolla al indicarse que no se pueden crear títulos ejecutivos nuevos, mas se incurre en un yerro porque no se está creando un nuevo concepto de documento, sino que la manifestación o representación de la factura ha sufrido un cambio, como ha sucedido a lo largo de la historia con el “documento”, estamos ahora en presencia de una mutación de la representación de lo que debe conocerse como factura, y por tal virtud el yerro no debe ser atribuible a un sistema u otro de facturación, sino a la ausencia de un requisito sine qua non que ha sido intrínseco a toda factura desde la fecha de vigencia del reiteradamente mencionado artículo 460 del CdeC como lo es la firma, ya que el citado 460 CdeC nunca ha definido qué es factura, sino qué debe contener la factura para tener fuerza ejecutiva por lo que yo particularmente disiento de lo resuelto en lo relativo a que una factura electrónica debidamente firmada no puede ser considerada título ejecutivo, y esta resolución debe invitarnos a la reflexión dada la caótica realidad a la cual nos expondríamos al tomar lo resuelto como una definitiva. Saludos

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  2. fernan pacheco • 27 Noviembre, 2018

    Menciona en su nota que los emisores “deberán imprimir dichas facturas y obtener en ellas la firma del deudor como respaldo de la venta de sus servicios o bienes, y para poder acudir, eventualmente, a la vía del proceso monitorio dinerario”, ¿ y que tal si el representante legal del receptor de la factura, o sea el deudor, la firma digitalmente?

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    • Lic. Silvia Pacheco. Editora General • 27 Noviembre, 2018

      De hecho algunos colegas han estado consultando si el “mensaje receptor” de la factura electrónica, firmado electrónicamente (valga la redundancia) por el deudor, constituiría título cobratorio en los términos de los artículos 460 y 460 bis del Código Mercantil. A la fecha no tenemos conocimiento de que los Juzgados de Cobro Judicial hayan aceptado la firma digitalmente realizada por el deudor en las facturas. Se trata verdaderamente de un tema complejo. Estaremos atentos a nueva jurisprudencia que pueda producirse sobre el tema para informarles, o bien si lectores de este blog, tienen conocimiento de otros pronunciamientos que los puedan compartir, les vamos a agradecer. Nos pueden escribir a legal@masterlex.com

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