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Ineficacia del recurso de casación en Costa Rica

Don Joseph Rivera Cheves, Máster en Derecho Penal y especialista en materia de pensiones, nos comparte este artículo de su autoría, el cual desprende de su trabajo de maestría titulado “Análisis de las causas de rechazo de la presentación de recursos de casación en la Sala Tercera durante el período 2014” (2015).

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Resumen

Este artículo analiza los requisitos de admisibilidad que rigen actualmente para tramitar recursos de casación en sede penal. Se tomó como parámetro un análisis aleatorio de varios expedientes de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y la resolución del caso Mauricio Herrera en contra de Costa Rica sobre el recurso de apelación de sentencia para determinar porque la Sala Tercera rechaza en su gran mayoría dichos recursos. Analizando la Jurisprudencia se determinó que algunos abogados litigantes desconocían las formalidades del artículo 468 del Código Procesal Penal y presentaban dichos recursos sin analizar y tomar en cuenta los aspectos objetivos, subjetivos y preceptos contradictorios de las sentencias del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal para casar dichas sentencias y el análisis profundo del Caso de Mauricio Herrera versus Costa Rica. A través de este artículo se desprenden los fallos más relevantes como analogía del caso mencionado.

Introducción
En la legislación procesal costarricense una de las mayores modificaciones han sido los artículos 467 al 472 del Código Procesal Penal realizadas durante los últimos años, en el tema de impugnaciones de sentencias que se presentan ante los tribunales como recursos de casación, en la actualidad son denominados recursos extraordinarios. Los cambios que se han dado modifican la forma en la que estos recursos se han presentado, pero no ha habido una capacitación clara sobre los nuevos criterios de admisibilidad, razón por la cual la Sala Tercera ha rechazado una gran cantidad de recursos de casación basándose en que no proceden o están mal presentados. Según opinión del magistrado Carlos Chinchilla, esto se debe a una mala preparación de los abogados y abogadas litigantes en Costa Rica (Chinchilla citado por Miranda, 7 de marzo de 2014). Es decir, falta de información sobre lo que indica la Ley de Apelación de Sentencia, vigente desde el mes de diciembre de 2011.

Sin embargo queda la duda de cómo es posible que sea una cifra tan alta, sobre todo después de que ha pasado un tiempo prudencial desde que se dio la reforma. Cabe destacar, el gran porcentaje de rechazos –71%, según cita Miranda (7 de marzo de 2014) con base en datos del magistrado Carlos Chinchilla– también puede deberse a lo engorroso de los trámites o a dificultades de claridad en la aplicación de la ley, sobre todo en definir claramente cuándo se puede presentar el recurso de casación o no. Esto igualmente está relacionado con los parámetros de la Sala Tercera para su admisión, sobre todo teniendo en cuenta que el mismo Chinchilla indica que para conocer cuándo y cómo presentar el recurso de casación tienen que estudiarse todos los votos: “hoy día, los abogados no tienen esa experticia, no han logrado obtenerla porque habría que sentarse a estudiar todos los votos, pero yo les digo que no se preocupen, que en agosto vamos a hacer una campaña de divulgación de criterios” (Chinchilla citado por Miranda, 7 de marzo de 2014).

No obstante, aunque la propuesta de la Sala Tercera de dar una mayor capacitación a los abogados litigantes de cómo se debe presentar un recurso de casación, se denota a todas luces que la máxima Autoridad Judicial no le da al asunto de la capacitación la importancia necesaria para que los abogados litigantes posean un conocimiento claro de cuáles son las herramientas necesarias e indispensables para elaborar dicho recurso.

El caso Mauricio Herrera Ulloa versus República de Costa Rica y casos similares

La sentencia del 2 de julio de 2004 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dictada en el caso de Mauricio Herrera Ulloa versus Costa Rica, trata del cuestionamiento al régimen de impugnación que estaba regulado en el articulado original del Código Procesal Penal de 1996 Ley Nº 7594, que fue cuestionado ante la CIDH, por la violación a recurrir el fallo condenatorio ante un Tribunal Superior, establecido en el artículo 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos. El resultado fue la condenatoria a Costa Rica por el quebrantamiento de la garantía procesal mencionada, de acuerdo con lo dispuesto en el fallo del 2 de julio de 2004, de la CIDH. Esto puede considerarse el antecedente más trascendental en el régimen de impugnación de la sentencia penal en la historia jurídica de nuestro país.”

Interesados en continuar leyendo artículo del MSC. Joseph Rivera Cheves pueden descargarlo haciendo clic a continuación:   DESCARGAR ARTICULO

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Msc. Joseph Alfonso Rivera Cheves

Máster Joseph Alfonso Rivera Cheves. Máster en Derecho Penal y especialista en pensiones,

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