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Inquietud sobre nuevas disposiciones de la Ley 9392 en relación a traspasos, hipotecas y prendas

Se publicó la semana pasada la Ley de Protección al Inversionista Minoritario, Ley No. 9392 que introdujo varias reformas  al Código de Comercio y al Código Procesal Civil.  

Para ver su contenido haga clic a continuación:  Ver Ley 9392

En este último Código, se adicionó un segundo párrafo al artículo 426 relativo al tipo de pruebas posibles de ser presentadas en los procesos abreviados.    Lo transcribimos a continuación:

“Para el caso específico de los acuerdos tomados en asamblea de accionistas, en juntas directivas o en consejos de administración, las partes podrán solicitar al juez, en la demanda, en la contestación de la demanda o en la réplica que ordene la obtención o presentación de cualquier documento aunque no se tenga una identificación específica de tales documentos, pero que sea relevante, sea que esté en poder de la contraparte, de los testigos o de un tercero, y se considere necesario para ejercer sus derechos. En estos casos, a solicitud de la parte perjudicada, el juez podrá declarar el secreto del sumario, de modo tal que se garantice la salvaguarda de la información confidencial de la empresa.”

En relación al Código de Comercio se reformaron los artículos 26 y 189, y se adicionó un nuevo artículo 32-ter.

En el nuevo texto del artículo 26 se establece ahora el derecho de los socios a examinar los documentos y contratos de aquellas transacciones que involucren la adquisición, venta, hipoteca o prenda de activos de la compañía que representen un porcentaje igual o superior al diez por ciento (10%) de los activos totales de ésta.  Además se disminuyó de un 20% a un 10% el porcentaje de representación del capital social requerido para que los socios puedan pedirle a alguna autoridad judicial el auditoraje de la compañía.

La redacción del artículo 189 varió para destacar la obligación de los consejeros y demás administradores de cumplir con el deber de diligencia y lealtad, actuando en el mejor interés de la empresa y teniendo en cuenta el interés de la sociedad y de los accionistas.  Son solidariamente responsables frente a la sociedad de los daños derivados por la inobservancia de tales deberes.

Finalmente el artículo 32 ter es el que ha suscitado mayor inquietud entre los notarios al disponer, entre otras cosas, la necesaria aprobación de la Junta Directiva u órgano equivalente, como requisito previo para la ejecución de aquellas transacciones que involucren la adquisición, venta, hipoteca o prenda de activos de la compañía emisora que representen un porcentaje igual o superior al diez por ciento (10%) de los activos totales de esta.

La duda es en cuanto a si será necesario, a partir de ahora, que los notarios que autoricen escrituras de traspaso o hipoteca o prenda sobre activos de las compañías con estos porcentajes, deberán dar fe de la existencia de la autorización del órgano directivo y con base en qué documento, por ejemplo, actas de las sesiones respectivas o declaraciones juradas, etc.

Consultamos al Registro Nacional, tanto al Registro Inmobiliario como al de Muebles,  la existencia de alguna circular o directriz que de alguna forma aclare estas inquietudes pero aún no hemos tenido respuesta.   Sabemos que al día de hoy los señores registradores no han sido instruidos sobre la exigencia de algún requisito adicional en estos casos de traspasos o de constituciones de hipoteca o prenda.

Estaremos al pendiente para informarles tan pronto tengamos conocimiento.

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Lic. Silvia Pacheco. Editora General

Abogada y notaria. Especialista en administración de bases de datos de información jurídica, investigaciones jurisprudenciales y editora de contenidos legales. Consultora en proyectos de informática jurídica en la región centroamericana. Colaboradora del sitio www.leylaboral.com Encargada de la administración y actualización de Master Lex Cálculos Legales: timbres, honorarios profesionales, patentes, prestaciones laborales y otros. Moderadora del blog www.puntojuridico.com

3 de 30 Comentarios

  1. Casimiro Vargas • 12 Diciembre, 2017

    A veces confundimos lo que son buenas prácticas con lo que son requisitos legales. Cómo abogados deberíamos tener claro que es una cosa y que es otra, pues es nuestro deber saber realmente cuales son actos de validez del acto o contrato y cuáles cosas son simplemente recomendables de hacer. De otro modo, podríamos dejar que un cliente pierda un proceso porque nos equivocamos y creímos que una buena práctica era un requisito legal.
    Cómo indica el Instituto de Gobierno Corporativo:de Costa Rica
    http://igc-costarica.org/gobierno-corporativo/
    Gobierno Corporativo es: “El sistema por medio del cual, las empresas son dirigidas y controladas, involucrando las relaciones entre Accionistas/Propietarios, Inversionistas, Junta Directiva, Ejecutivos, Auditoria Independiente y Fiscales, con el propósito de contribuir con el mejor desempeño de las organizaciones y consecuentemente, con una sociedad más justa, responsable y transparente”.
    Obsérvese que claramente esa definición muestra lo que es de por sí lógico: Gobierno corporativo se refiere a relaciones internas de la empresa (entre accionistas, inversionistas, directivos, etc.) No a relaciones de la empresa con terceros, pues en el caso de éstos entran otros principios a jugar, tales como la “culpa in eligendo”, protección de la buena fé, reglas del mandato, etc.
    Siendo que la ley se refiere a prácticas de gobierno corporativo es claro que esa normativa lo es para efectos internos de la empresa. Y no sólo eso, como indique en un comentario anterior, la ley sólo dispone que las empresas deben crear esas normas, así que mientras las empresas no las promulguen, tampoco pueden estar vigentes, ni aún para su fuero interno. (con excepción tal vez de la responsabilidad que la ley impone sobre los directivos que no implementen y respeten tales normas).
    Sin embargo, el hecho de que no sea requisito legal frente a terceros, no implica que no esté dentro de las mejoras prácticas el hacerlo. De hecho nosotros, al igual que los bancos, lo implementamos aún en actos de la sociedad con terceros, pero repito, por buena práctica y no porque sea un requisito legal que pueda perjudicar al tercero.
    Y porque buena práctica? Bueno, permítaseme dar un ejemplo: Si hay un conflicto entre dos personas (cónyuges, amigos, etc.) y los dos son los dueños y accionistas de una sociedad, podría ser que uno de ellos trate de traspasar un bien para burlar los derechos del otro, o adquirir un bien a nombre de la sociedad por un precio exagerado (a fin de distraer fondos de la sociedad), etc.
    Y resulta que un Notario, inocentemente, podría otorgar un documento de traspaso que más tarde podría ser ética y hasta civil o penalmente cuestionado. Más adelante, el perjudicado pensará que el Notario se prestó, tal vez incluso que fue el autor intelectual, y entonces podría dicho Notario verse involucrada en una denuncia penal o demanda civil. Y aunque al final sea declarado inocente o sin responsabilidad, igual ya habrá tenido que lidiar con la situación y tal vez hasta haber sufrido un daño reputacional. (Sin mencionar que también el tercero que contrato con la sociedad, podría verse perjudicado por una situación en la que realmente no tiene responsabilidad. Por ejemplo medidas cautelares, gastos legales, etc.). Entonces, el requerir el acuerdo, no sólo protege nuestra reputación, sino también los intereses del tercero que contrate con la sociedad. Por eso al menos yo recomiendo hacerlo y pienso que por lo mismo lo hacen los Bancos.

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  2. Edward Monge • 11 Diciembre, 2017

    Si bien es cierto es claro los puntos expuestos dejan en evidencia que existe dudas sobre la responsabilidad del Notario en este punto; lo cierto es que aunque comparto lo dicho por los colegas, la modificacion de la normativa indicada, las entidades bancarias lo toman como un requisito sine qua non para poder autorizar un credito hipotecario o prendario segun corresponda, cuando se desprende de la reforma vs explicaciones que las mismas obedecen a un asunto interno de las sociedades, por salvaguardar los intereses de cada uno de los socios, independientemente de su participación, Sin embargo aplican dicho concepto aun cuando solicitan certificacion del capital accionario arrojando el mismo un solo propietario de todo el capital. Resulta logico esta valoración o es una mala interpretación de los asesores legales. Gracias

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  3. Mario López Duràn • 29 Marzo, 2017

    Licenciada Pacheco: podría ser tan amable de informarme a través de tan importante servicio que ustedes nos brindan en nuestro diario acontecer profesional,: a esta fecha, cuál es la posición, si es que la han externado, del Registro, después del 30 de noviembre de 2016, luego de tan interesantes puntos de vista de los colegas que han hecho sus aportes? Inscriben o no, una venta sin la autorización de la asamblea o JD, sin que se de fe de ello, cuando comparece el apoderado generalísimo sin límites de suma ni otras restricciones, o bien un representante con poder especial para la venta de un inmueble, otorgado por ese Apoderado generalísimo.?

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