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Jueces no deben requerir información que puedan obtener a través de medios tecnológicos

En abril de 2017, el Consejo Superior del Poder Judicial emitió la Circular 67-2017 que en lo que interesa estableció lo siguiente:

« Se dispuso comunicar a las juezas y jueces del país, que al amparo de los alcances que contiene la Ley N° 8220 de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, deben evitar solicitar a las partes información que bien puede ser obtenida directamente de las oficinas judiciales, aprovechando con ello el uso de la tecnología con que cuenta el Poder Judicial.»

Pese a lo anterior, a la fecha existen despachos judiciales que siguen solicitándole a las partes aportar certificaciones de estado civil, de nacimiento,  personerías jurídicas, y un sinnúmero de documentos, que pueden obtener utilizando los medios tecnológicos con los que cuenta el Poder Judicial.

Agradecemos a la Licenciada Alejandra Rodríguez quien gentilmente nos hizo llegar copia del oficio 718-2021  mediante el cual le comunicaron este pasado 25 de enero,  el acuerdo tomado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en sesión N° 118-2020 del 10 de diciembre de 2020 en relación a la obligatoriedad de la Circular 67-2021.

La Licenciada Rodríguez había solicitado que se le indicara si dicha Circular era de acatamiento obligatorio para todos los jueces independientemente de la materia, toda vez que en proceso tramitado ante un Tribunal Colegiado de Heredia, le previnieron que aportara la certificación de personería de una de las instituciones intevinientes en el proceso así como la copia del contrato de crédito hipotecario relacionado con el caso.   Si bien la colega le hizo ver al Tribunal su obligación legal de obtener dichos documentos aprovechando la tecnología con que cuenta el despacho,  su recurso de revocatoria fue declarado sin lugar , dándose por finalizado el proceso y condenándose en costas a su representada.

En una primera respuesta a su solicitud de aclaración, obtenida por doña Alejandra el 5 de noviembre del año pasado se le indicó que : “La señora jueza tiene que saber qué es de acatamiento obligatorio, ella comprenderá en cuales casos no es aplicable.”  ”Señala el Presidente, magistrado Cruz: “También hemos dicho que es como potestad del juez, sería nada más reiterar a la circular.”

No conforme con dicha respuesta pues en forma confusa y contradictoria se mezclaban los conceptos: «obligatoriedad» y » potestativo» , la Licenciada Rodríguez requirió nuevamente una aclaración:

«Como abogada litigante debo tener seguridad jurídica en relación con la directriz 67-2017, y saber de manera específica si es “obligatoria”, o es “potestativa”, porque en primer término sería incompatible con la ley determinar que es “potestativa”, puesto que su origen es en la ley 8220 que precisamente pretende la protección al ciudadano del exceso de trámites, y en segundo lugar porque en caso de ser “potestativa” a discreción del juez, analizando los resultados de la negativa del Tribunal Colegiado Civil de Heredia de aplicarla, donde incluso condena a la parte por no aportar los documentos que pudo fácilmente obtener del sistema que tiene a sus disposición, sencillamente se vuelve sumamente peligroso ejercer los derechos legales derivados de dicha directriz y prácticamente convierte en inaplicable la directriz.

EN RAZÓN DE ELLO SOLICITO:
Aclarar el oficio 11145-2020, relacionado con el acuerdo emitido por el Consejo Superior del Poder Judicial, sesión N° 106-2020 celebrada el 05 de noviembre del 2020, artículo XL y de forma clara, concisa y precisa se indique si la directriz 67-2017 es de acatamiento obligatorio para todos los despachos, independientemente de la materia.”

Finalmente, recibió este 25 de enero de los corrientes, el oficio 718-2021  que con toda claridad establece  lo siguiente:

«Se acordó: Aclarar el acuerdo tomado en la sesión N° 106-2020 celebrada el 5 de noviembre de 2020, artículo XL, en el sentido, que la aplicación de la circular N°67-2017 es de carácter obligatoria, debido a que hace referencia a la Ley N° 8220 de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, cuyo artículo 1 dice: “Artículo 1º-Ámbito de aplicación. La presente Ley es aplicable a toda la Administración Pública, central y descentralizada, incluso instituciones autónomas y semiautónomas, órganos con personalidad jurídica instrumental, entes públicos no estatales, municipalidades y empresas públicas. Se exceptúan de su aplicación los trámites y procedimientos en materia de defensa del Estado y seguridad nacional, y no se puede hacer diferenciación donde la ley no la hace.”     (Subrayado no es del original)

Suscriptores de Master Lex, interesados en que les suministremos el texto completo del oficio 718-2021, con mucho gusto se los hacemos llegar por correo electrónico.   Solicitarlo por favor a legal@masterlex.com

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Lic. Silvia Pacheco. Editora General

Abogada y notaria. Especialista en administración de bases de datos de información jurídica, investigaciones jurisprudenciales y editora de contenidos legales. Consultora en proyectos de informática jurídica en la región centroamericana. Colaboradora del sitio www.leylaboral.com Encargada de la administración y actualización de Master Lex Cálculos Legales: timbres, honorarios profesionales, patentes, prestaciones laborales y otros. Moderadora del blog www.puntojuridico.com

5 de 29 Comentarios

  1. Maria Marta Badilla Cordoba • 03 febrero, 2021

    Me surge la duda a la hora de pedir la excensión tributaria cuando uno tiene sólo un bien inmueble inscrito en la República que para hacer dicho trámite en la Municipalidad le piden a uno q lleve la certificación llamada de único bien lógicamente a nombre de la persona física a cuyo favor se pide dicha excensión. Si uno no la lleva siendo que la puede comprar digitalmente como todos sabemos, la Municipalidad las vende y más caras que las del Registro, por lo que leí y el carácter obligatorio de oficio, no podría la Municipalidad exigir este requisito, será que a partir de ahora se pueda omitir el mismo? Sinceramente no lo creo la municipalidades son muy cerradas al respecto. Será imprimir esta información y llevárselas. Qué opinan al respecto. Gracias por cualquier comentario

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    • Lic. Silvia Pacheco. Editora General • 04 febrero, 2021

      Tiene razón doña María. Aplicando lo que se establece en el art. 8 de la Ley 8220 Ley de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos, nos parece que las Municipalidades podrían perfectamente validar directamente en el sistema informático del Registro Nacional si una persona tiene una o más propiedades inscritas a su nombre, en lugar de solicitarle que aporte la respectiva certificación de bienes, con el costo y la pérdida de tiempo que ello conlleva.

      Así reza el texto del art. 8:

      Artículo 8.- Procedimiento de coordinación inter-institucional
      La entidad u órgano de la Administración Pública que para resolver requiera fotocopias, constancias, certificaciones, mapas o cualquier información que emita o posea otra entidad u órgano público, deberá coordinar con esta su obtención por los medios a su alcance, para no solicitarla al administrado.

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  2. MANUEL VARGAS • 03 febrero, 2021

    Quedan dentro de esa obligatoriedad los gravámenes o anotaciones que inicien con 800? Pues a la hora de presentar una demanda y el bien objeto de remate tiene ese tipo de anotaciones, en un verdadero calvario, ya que hay que visitar, la mayoría de los casos, varios despachos para que le copien el expediente.

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    • Lic. Silvia Pacheco. Editora General • 04 febrero, 2021

      Lamentablemente el acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial no enumera los documentos que los juzgados tienen capacidad de conseguir por sus propios medios, de manera que resulta injustificado que los soliciten al interesado. Sería ideal que existiera ese listado por lo menos preliminar para darle más seguridad a las personas y también más claridad a los mismos despachos en relación a los documentos que pueden o no solicitar que sean aportados.

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  3. Susana Ramírez • 03 febrero, 2021

    !Excelente gestión la de la colega! Eso es lo que tenemos que hacer. No dejar que nos atropellen en nuestros derechos. La tecnología está para facilitar las cosas. No puede ser que por pereza de utilizarla, los funcionarios judiciales pongan a las partes a correr con certificaciones y documentos que ellos mismos pueden obtener desde sus pantallas! Muchas gracias Licenciada Rodríguez.

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