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Jueces no deben solicitar certificaciones cuando información conste en línea

Agradecemos a las colegas Rita Esquivel  y Sara Montero quienes gentilmente nos pusieron en conocimiento del acuerdo tomado por el Consejo Superior del Poder Judicial el pasado 26 de febrero en relación a la Circular No. 67-2017  y su obligado acatamiento por parte de los jueces de la República.

Transcribimos a continuación comentario de doña Rita sobre esta importante decisión.

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“En nuestro país, pareciera que lo dispuesto por ley, queda a criterio e interpretación de quien debe aplicarla. No sólo en las instancias judiciales enfrentamos esta situación, es más frecuente en otras dependencias del Estado y Municipalidades, por mencionar sólo algunas. En este caso, la defensa del despacho judicial es que adolece de personal suficiente, lo que no ponemos en entredicho, pues es una realidad el retraso o “mora judicial” en la administración de justicia, pero de ahí a negar dar curso a un proceso por falta de certificaciones, pone precio al acceso a la justicia.

Por otra parte, son muchos los ciudadanos, que haciendo uso de su derecho de petición, acuden a las Municipalidades a tramitar la exoneración del impuesto de bienes inmuebles y en algunos casos, en una sola familia, son muchos los copropietarios de un único inmueble y les resulta más oneroso cumplir con el requisito de las certificaciones, en relación al beneficio que obtienen con la exoneración, sin contar que imprimen dichas certificaciones y lo de “cero papel”, en esta era digital, queda siendo sólo … un buen intento.

Lo vital es que se pongan de acuerdo, tanto el ente emisor como el que debe tramitar en función de “x” o “y”, de manera que se tenga fácil acceso y respaldo digital de lo consultado, para efectos probatorios, es buscar la eficiencia de los recursos con los que cuenta el Estado Costarricense, lo que permite, también, ir acortando la brecha fiscal.”

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Resumen

1. Con fecha 26 de abril de 2017, el Consejo Superior del Poder Judicial emite la Circular 67-2017 que en lo que interesa estableció lo siguiente:

Se dispuso comunicar a las juezas y jueces del país, que al amparo de los alcances que contiene la Ley N° 8220 de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, deben evitar solicitar a las partes información que bien puede ser obtenida directamente de las oficinas judiciales, aprovechando con ello el uso de la tecnología con que cuenta el Poder Judicial.”

2.- En enero del presente año 2019, la Lic. Sarita Montero formula consulta ante el Consejo Superior del Poder Judicial para que le aclaren si la aplicación de la Circular 67-2017 es de carácter obligatorio para todos los jueces, toda vez que en proceso de divorcio tramitado por ella ante el Juzgado de Familia del Segundo Circuito Judicial, el juez tramitador le exige aportar certificaciones del estado civil de las partes.

3.-  Se le solicita informe al Juez Coordinador del Juzgado de Familia del Segundo Circuito Judicial de San José.  Transcribimos parcialmente:

“Ante la emisión de la circular 67-2017, muchos y muchas litigantes han dejado de adjuntar a sus demandas las certificaciones de marras, debido a que el Juzgado tiene acceso digital a esa información. En ese momento intentamos cumplir esa directriz administrativa, no obstante la gran cantidad de trabajo que se maneja en este despacho, el más grande del país en materia de familia, tornó inmanejable la obtención de la información registral sin causar un grave retraso en el resto de las labores cotidianas de las personas técnicas judiciales.

Concretamente, se generaba un retraso en el proveído que era simplemente inaceptable. A la vez que no era procedente seleccionar los casos, para prevenir las certificaciones en algunos y en otro no. Como funcionarios públicos debemos dar formalmente una atención igualitaria a todas las personas usuarias. Por esa razón se optó por prevenir la aportación de las certificaciones dichas en todos aquellos expedientes en los que el o la profesional encargado del patrocinio letrado hubiera omitido adjuntarlas.”

4.  El Consejo Superior del Poder Judicial acuerda:

1.) Comunicar al máster (…), Juez Coordinador del Juzgado de Familia Segundo Circuito Judicial de San José, que la aplicación de la circular N°67-2017 es de carácter obligatoria, en razón de que hace referencia a la Ley N° 8220 de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, cuyo artículo 1 dice:“Artículo 1º-Ámbito de aplicación. La presente Ley es aplicable a toda la Administración Pública, central y descentralizada, incluso instituciones autónomas y semiautónomas, órganos con personalidad jurídica  instrumental, entes públicos no estatales, municipalidades y empresas públicas. Se exceptúan de su aplicación los trámites y procedimientos en materia de defensa del Estado y seguridad nacional.

Para los efectos de esta Ley, se entenderá por administrado a toda persona física o jurídica que, en el ejercicio de su derecho de petición, información y/o derecho o acceso a la justicia administrativa, se dirija a la Administración Pública.

Asimismo, el artículo 8 párrafo primero ibidem, dice: “Artículo 8º Procedimiento de coordinación inter-institucional. La entidad u órgano de la Administración Pública que para resolver requiera fotocopias, constancias, certificaciones, mapas o cualquier información que emita o posea otra entidad u órgano público, deberá coordinar con esta su obtención por los medios a su alcance, para no solicitarla al administrado.”.

2.) Hacer este acuerdo de la licenciada Sara Montero Castrillo.”

 

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Rita Esquivel Villalobos

Abogada y Notaria Pública.- Heredia Graduada de la UCR/ 27 años de ejercicio profesional

1 Comentario

  1. Lilliana Angulo • 21 Marzo, 2019

    Me sucedió el lunes que solicite el levantamiento de la anotación que pesa sobre un vehículo en el que hubo ya conciliación de las partes en el 2017 y solicite se llevara a cabo el trámite , la funcionaria judicial me indico que tenia que presentar una certificación registral, de lo contrario el juez no efectuaría el levantamiento. Me parece que esto hace que se exceso de tramites, se pierda tiempo y dinero si la información del vehículo esta en el expediente y además esta se puede consultar directamente al Registro no entiendo por que tanta tramitologia.

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