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La competencia funcional del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda

Nos complace mucho ofrecerles a continuación un interesante artículo que el  Msc. Luis Mariano Argüello gentilmente ha querido compartir en este foro, con la promesa además de seguirnos ilustrando en próximas oportunidades con otros ensayos relacionados con el Derecho Administrativo.   Estamos seguros que sus aportes serán de mucha utilidad para nuestra querida comunidad de suscriptores.

Iniciamos hoy con esta reflexión sobre la competencia funcional del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo.

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«Debido al elevado grado de inseguridad jurídica en el que se encuentran las personas usuarias de la Administración de Justicia respecto del denominado Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, se considera oportuno aclarar un poco el panorama respecto de sus alcances competenciales, pues resulta alarmante la cantidad de recursos de alzada que son mal presentados y que generan costos importantes para las partes procesales intervinientes en un litigio judicial.

De modo sumario, resulta esencial reseñar, que al tenor de lo dispuesto en el artículo 6 del Código Procesal Contencioso Administrativo –en adelante CPCA, Ley N° 8508 o el Código- aparte de los cuatro despachos que integran la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda, mediante artículo VIII de la Sesión Ordinaria de Corte Plena Nº 34, celebrada el 05 de octubre del 2009 se creó el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda que en esencia opera bajo un sistema de taxatividad impugnaticia, siendo que le corresponde resolver únicamente la apelación contra los autos dispuestos por el Código, sea aquellos que resuelven sobre: contra-cautelas, medidas cautelares, inadmisibilidades por incumplimiento de los requisitos formales de la demanda, integración de litisconsortes pasivo necesarios, embargo de bienes privados de la Administración Pública (Conf. art 28.2, 30, 61.2, 71.4 y 178 del CPCA) así como otras resoluciones que –vía interpretación- la propia Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha remitido al conocimiento de ese Tribunal v.gr. inadmisibilidad en los supuestos del artículo 92.2 del CPCA, resolución de tasación de costas, resolución que se pronuncia sobre la ejecución del acto administrativo firme y favorable, resolución final sobre el incidente privilegiado de cobro de honorarios, resolución que dispone la caducidad de la instancia o deserción del proceso.

Asimismo, también le corresponde al citado Tribunal de alzada, conocer respecto del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, de las apelaciones dispuestas durante las diligencias de expropiación[1] así como las sentencias de los interdictos, sin soslayar que incluso la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, le ha delegado la potestad de dirimir los conflictos de competencia, que se generen en el seno de la misma Jurisdicción Contenciosa[2] esto es, entre el Juzgado y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Con respecto a la competencia funcional del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, el siguiente extracto por su carácter ilustrativo, sintetiza lo hasta ahora expuesto, pues dilucida:

“…, debe tenerse presente que en materia contencioso administrativa, a efectos de acelerar el proceso jurisdiccional respectivo, el Legislador optó por disminuir y restringir los mecanismos de impugnación. Para ello, acudió a la taxatividad de los medios de cuestionamiento y, por consiguiente, procedió a definir cuáles son las decisiones jurisdiccionales plausibles de recurso (artículos 132 inciso 3 y 133 del Código Procesal Contencioso Administrativo). En esa línea, debe indicarse que el Código de Rito Contencioso (en adelante CPCA), determinó el recurso de apelación, únicamente, respecto de ciertas decisiones jurisdiccionales, a saber: la que resuelve, en definitiva, la medida cautelar (ordinal 30 CPCA); la que fija la caución o contra cautela en las medidas dichas (numeral 28 CPCA); la que define la integración de la Litis (artículo 71.4 CPCA); la que establece el embargo respecto de los bienes, tanto, del actor, cuanto del demandado (cardinal 178 CPCA); la declaratoria de inadmisibilidad de la demanda en los supuestos previstos en el artículo 61 de esa misma norma; adicionalmente, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia a través del Voto N° 000026-F-S1-2015 de quince horas de quince de enero del dos mil quince, tratándose de las ejecuciones de sentencia, incluyó para efectos recursivos verticales, lo referente a la tasación (liquidación) de costas y, mediante Voto N° 889-A-S1-2015 de doce horas treinta y cinco minutos de treinta y uno de julio del dos mil quince, concedió esa misma posibilidad en torno a la decisión del Juez Ejecutor respecto del acto firme y favorable regulado en el ordinal 176 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, el Tribunal de Casación por resolución N° 105-A-TC-09 de diez horas de cuatro de junio del dos mil nueve, brindó igual oportunidad respecto de los supuestos del numeral 92, incisos 1 y 2 del Código Procesal Contencioso Administrativo.”   (Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Sección Segunda. Voto Nº 552-2015 de las dieciséis horas quince minutos del doce de noviembre del dos mil quince)

La anterior cita resulta relevante, pues como es evidente, en los últimos años ha existido una tendencia a crear recursos de apelación vía interpretación jurisprudencial de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, y es que sin demerito de la corrección teórica de tal posición, lo cierto del caso, es que al tratarse de recursos no plasmados en el texto de la ley, se crea un ambiente de inseguridad jurídica para aquellas partes no involucradas cotidianamente en los designios de esta Jurisdicción.

Finalmente, no puede dejar de advertirse, que en los llamados “amparos de legalidad” no existe recurso de alzada pues estos se resuelven en única instancia bajo las reglas de la Ley de Jurisdicción Constitucional (Ley N° 7135). Por otro lado, contra las sentencias de fondo dictadas en un proceso de conocimiento contencioso administrativo no cabe recurso ordinario de apelación sino únicamente el extraordinario de casación, aclarando que respecto del mismo, existe dentro del esquema del proceso contencioso administrativo, una ramificación dual de vías, sea dependiendo del autor, materia o tipo de conducta administrativa el mismo será de conocimiento del Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo o en su caso de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia (Conf. Artículos 135 y 136 de la Ley N° 8508).

En suma, teniendo una noción inminentemente básica de cómo se plantea la competencia funcional del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, las partes pueden tener certeza de que impugnar o no, ante esta instancia jurisdiccional en un proceso de naturaleza contencioso administrativa, sin soslayar que al tenor del numeral 133 inc 1 del CPCA, el recurso de apelación se debe presentar directamente ante el citado Tribunal de Apelaciones, sea el propio Superior Jurisdiccional realiza de forma conjunta el juicio de admisibilidad y mérito del recurso,  caso contrario, de presentarse incorrectamente ante un Despacho distinto, la parte procesal corre el riesgo de que se decrete la extemporaneidad del recurso y sea consecuentemente rechazado de plano, de ahí la trascendencia del tema acá expuesto.»

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Msc. Luis Mariano Argüello Rojas

Doctorando en Derecho y Máster en Derecho Constitucional por la Universidad Estatal a Distancia (UNED). Tiene una Especialidad en Derecho Notarial y Registral por la Universidad de Costa Rica (UCR). Es Licenciado en Derecho con énfasis en Derechos Humanos por esta misma Universidad. Becario por el Poder Judicial de la Maestría en Administración de Justica Enfoque Sociojurídico con énfasis en Derecho Civil de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA). En el 2011 fue medalla de honor y obtuvo el primer promedio del Sistema de Estudios de Postgrado en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Todas sus graduaciones han sido con distinción. Ha obtenido nota 100 en exámenes de la Judicatura referentes a materia Civil y Contencioso Administrativa. Desde el año 2012 es Juez de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda y a partir del año 2015 es profesor de Derecho en la UCR (Sede de Occidente). Autor de diversos artículos de investigación. Miembro de la Asociación Costarricense de la Judicatura. Correos electrónicos: luis.arguellorojas@ucr.ac.cr / arguellomariano@gmail.com

3 de 3 Comentarios

  1. Santiago Bermúdez • 29 julio, 2019

    Tratándose de una denuncia gestionada por un civil y con carácter civico, debo contratar un abogado para formular un proceso contensioso?

    Responder
  2. Federico Mata • 01 diciembre, 2016

    Muchas gracias por el aporte, el cual sin embargo no hace sino reafirmar la situación de inseguridad jurídica, que llega al extremo de que a veces queda a juicio del funcionario a cargo de la oficina de recepción de documentos si le reciben o no a uno un escrito de apelación.

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    • Luis Mariano Argüello Rojas • 02 diciembre, 2016

      Estimable Federico, comparto su comentario y esa precisamente es la línea de la reflexión: el evidenciar un problema real que escapa a la regulación procesal como tal. En cuanto al punto de la presentación del recurso, se debe insistir, en que tratándose del recurso de apelación en el esquema del CPCA, este se debe presentar directamente ante el Tribunal de Apelaciones y no al Tribunal de instancia, a efecto de no surtir esos inconvenientes que usted indica. L.M.

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