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SUGEF habilita nuevo mecanismo para cumplir con Ley contra la Usura

La Ley contra la Usura Crediticia estableció para todos los oferentes de crédito, sean personas físicas o jurídicas, entre ellos,  bancos, entidades financieras, asociaciones solidaristas, prestamistas, casas de empeño, etc  la obligación de conocer el total de obligaciones crediticias que puedan tener las personas interesadas en obtener créditos,  con el objeto de evitar su sobreendeudamiento.  Para ello, de previo al otorgamiento de los préstamos, deben los oferentes solicitarle a los potenciales deudores, autorización para acceder a la Central de Información Crediticia (CIC) de la SUGEF, que es el ente encargado de proporcionar dicha información.

Si bien la SUGEF se encuentra trabajando en la implementación de una aplicación informática que ponga a disposición de los oferentes de crédito la información de sus clientes, en este momento el suministro de la misma debe darse en forma menos automatizada.  Para ello se publicó el pasado 17 de julio, la resolución  SGF-2410-2020 con el procedimiento que tenían que seguir los oferentes, incluyendo el envío de una autorización firmada por el interesado en el crédito y una declaración jurada a la dirección de correo electrónico oferentesdecredito@sugef.fi.cr

Se produjo casi de inmediato la saturación de solicitudes en trámite con el consecuente atraso en los plazos para la entrega de la información por parte de la CIC.

Este lunes 3 de agosto, la SUGEF emitió la resolución SGF-2712-2020 para informar que se encuentra disponible un nuevo mecanismo que le permitirá a los oferentes de crédito registrarse como usuarios del CIC y, de esta forma, introducir ellos mismos las autorizaciones y las declaraciones juradas, lográndose una mayor agilidad en el proceso.

La presente disposición deroga la Resolución SGF-2410-2020 del 17 de julio por lo que a partir de esta fecha no se recibirán más solicitudes manuales de Oferentes Crédito para consultar la información crediticia de clientes potenciales, por cuanto lo que procede es registrarse ante la SUGEF.

Nos permitimos resumir a continuación los pasos necesarios para tal registro:

a.- El oferente de crédito envía un correo electrónico a la dirección registrooferentes@sugef.fi.cr, el cual en el Asunto deberá indicar claramente el número de identificación, seguido del nombre físico o jurídico del oferente de crédito y adjuntar un formulario firmado digitalmente con la siguiente información:

Si se trata de un oferente persona jurídica, deberá incluir a dicha solicitud un documento legal que acredite a la persona que está ingresando la información como funcionario con facultades legales para ese acto.  Tratándose de certificaciones digitales del Registro Nacional no podrán tener más de 15 días de emitidas.  Certificaciones físicas del Registro Nacional, no más de un mes de emitidas.  Certificaciones notariales, no más de un mes de emitidas y, en el caso de empresas cooperativas y asociaciones solidaristas, las certificaciones emitidas por el Ministerio de Trabajo no podrán tener más de un mes de emitidas.

b.- En el correo electrónico indicado en el punto anterior, deberá detallarse la información de los funcionarios (máximo dos) que para cada Oferente de Crédito desean que actúen como Usuarios en el CIC  adjuntando copia de sus documentos de identidad (por ambos lados).  Ambos usuarios deberán contar con firma digital.   En el caso de los oferentes físicos, solo podrán señalarse a sí mismos como usuarios.

Deberán incluir también la información de un “Usuario Administrador” y adjuntar copia de su documento de identidad, con la aclaración de que este perfil no tendrá acceso al CIC pero corresponde al funcionario definido por el Oferente de Crédito para que cuando se desarrollen otras funcionalidades del “Sistema CIC Oferentes de Crédito”, dicho funcionario pueda incluir nuevos usuarios en el CIC,  gestionar autorizaciones y realizar consultas de información de clientes que han dado su autorización y, a partir de que se libere ese servicio, administrar accesos y perfiles de manera autónoma.

c- El Departamento de Información Crediticia atenderá cronológicamente estas solicitudes de registro de Oferentes de Crédito.  De cumplir con todos los requisitos, los incluirán en el sistema, para que tanto el oferente (físico o jurídico) como los usuarios designados queden debidamente registrados en el Sistema.

d- El Departamento de Información Crediticia enviará un correo de respuesta al solicitante indicando el resultado positivo o negativo del proceso y en éste último caso, indicará claramente las razones del rechazo.

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Propiamente los pasos a seguir una vez que se reciba la aprobación por parte de la Departamento de Información Crediticia para ingresar al Módulo Autorizaciones del CIC y al Módulo Reporte Crediticio del CIC se encuentran debidamente desglosados en la resolución en comentario.   Suscriptores de Master Lex con mucho gusto se la haremos llegar a quienes nos la soliciten al correo electrónico legal@masterlex.com    También podrán encontrarla contenida en su base de datos de Normativa a partir de la próxima actualización de su sistema Master Lex.

 

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Lic. Silvia Pacheco. Editora General

Abogada y notaria. Especialista en administración de bases de datos de información jurídica, investigaciones jurisprudenciales y editora de contenidos legales. Consultora en proyectos de informática jurídica en la región centroamericana. Colaboradora del sitio www.leylaboral.com Encargada de la administración y actualización de Master Lex Cálculos Legales: timbres, honorarios profesionales, patentes, prestaciones laborales y otros. Moderadora del blog www.puntojuridico.com

5 de 5 Comentarios

  1. José David • 09 septiembre, 2020

    Saludos estimada Licenciada, es para consultarse si existe alguna acción de inconstitucionalidad en contra ese nuevo mecanismo de esa Ley contra la Usura Crediticia.

    Responder
    • Lic. Silvia Pacheco. Editora General • 10 septiembre, 2020

      Se admitió para estudio la acción de inconstitucionalidad número 20-015448-0007-CO contra el artículo el artículo 44 ter de la Ley n.° 7472, “Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor”, de 20 de diciembre de 1994, reformada por la Ley contra la Usura Crediticia n.° 9859.

      Transcribimos lo siguiente de la acción presentada:

      «El artículo impugnado se contrapone al objetivo social de alcanzar esa equidad, de la imperante necesidad de facilitar e incentivar que las personas con ingresos bajos o trabajadores de la clase media y media baja, puedan acceder al crédito por medio de los fondos que administran las diferentes entidades bancarias del país, pues es evidente que al castigársele un rubro de su capacidad de pago sin haber entrado en mora desde la iniciación de análisis de su proceso de aprobación para obtener un crédito para hogar principalmente, rubro que anterior a la reforma sí era tomado en cuenta como parte de su capacidad de pago y que hacía una gran diferencia, pues de esta manera podía en la mayoría de los casos ser sujeto de crédito ante una entidad bancaria, cuando por sus circunstancias particulares podían resultar beneficiarios del Bono de Vivienda, el cual, al otorgar un subsidio de hasta 6.637.000 de colones, ayudaba a que las personas, parejas y familias dividiendo las cargas del día a día pudiesen adquirir una vivienda propia para tener una vida digna. Este beneficio se lograba por el beneficio del Estado; sin embargo, al imponer esta limitación de otorgar créditos solo si el salario mínimo queda libre y al sensibilizar la capacidad de pago, las personas vuelven a quedar sin acceso a tener una vivienda digna y segura. Otro punto gravísimo es que de esta manera se desvirtúa el objetivo de la «Vivienda de Interés Social», manifestación de la arista social y solidaria del Estado, porque hace que el fin de la ley no se cumpla, ya que las únicas personas que bajo esta nueva legislación pueden acceder al crédito son las personas con altísima capacidad de pago, que según el INEC es menos del 20% de los costarricenses. Conforme los nuevos parámetros de evaluación que los bancos tanto estatales como privados tienen que aplicar a los solicitantes de un crédito para vivienda de la clase media, media baja y baja, con fundamento a la nueva ley, no se van a arriesgar a incumplir tal precepto, ya que, además, viene aparejada una amenaza explícita por el incumplimiento del primer párrafo de ese mismo artículo, contraviniendo a su vez, la libertad contractual, pues el banco debería poder estimar si puede arriesgar en parte o si cree conveniente resguardarse con una póliza, por ejemplo. Según manifestaciones de los diputados, lo que se pretendía era «educar» a los ticos; sin embargo, un Estado no puede adoptar medidas restrictivas para educar, esto se logra a través de programas de educación y promoción de salud financiera. Esto trae consigo limitaciones al ámbito personal que no se deben soportar, pero también viene a restringir la libertad de comercio, cuyo efecto a corto plazo va a ser que el sector bancario y financiero tenga sobre liquidez, cuando las personas de bajos ingresos necesitan más ayuda. Se está castigando a las personas sin haberse dado un incumplimiento de pago y, por ende, la protección del salario mínimo resulta innecesaria. Parten del hecho de que no hay una situación de necesidad básica que proteger -olvidando la vivienda de una familia-, tan necesaria como la alimentación y los servicios públicos. Ante la advertencia legal para las entidades financieras, ninguna concederá créditos, ni contemplarán otras opciones, simplemente de manera práctica y fría eliminarán la porción correspondiente al salario mínimo inembargable de la capacidad de pago del solicitante, lo que trae consigo que quien gana poco se vea afectado y discriminado.

      Responder
  2. Karla • 11 agosto, 2020

    Deseo información sobre esta página, muchas gracias.

    Responder
  3. Lic. Luis Garino • 05 agosto, 2020

    Un retroceso más a la libertad de comercio, otro retroceso a la Ley de Exceso de Trámites y Requisitos, que si bien es de la Adminitración Pública, afecta directamente a la empresa privada, y personas físicas dedicas a las «facilidades crediticias» pues se les esta tratando como entes públicos, con disposiciones poco claras, si bien, se busca evitar «sobreendeudamiento», que pasa con las Sociedades Anónimas??, como demostrar si esta «sobre endeudada»??… sin entrar a realizar otros comentarios de las dispocisiones nefastas de las obligaciones introducidas al 15 Bis y su normativa de cumplimiento, como indique otro golpe a la libertad comercial…..

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