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Libertad fundamental del contribuyente: escoger a su representante

El Lic. Iván Vincenti, experto en litigios de la prestigiosa firma Grant Thornton Costa Rica, gentilmente pone a nuestra disposición este artículo sobre un importante cambio jurisprudencial que pone fin a situaciones de injusticia que por mucho tiempo se repitieron en la tramitación de procesos administrativos tributarios.

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“Después de una rica discusión jurídica, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda ha sentado claridad sobre un tema que no pocos problemas (e injusticias) había causado a los contribuyentes: existe libertad -derecho constitucional- de escoger a la persona que represente a la  empresa o individuo fiscalizada ante Tributación.

Sustentándose en una posición formalista, el Tribunal Fiscal Administrativo rechazaba recursos de apelación que fueran suscritos por representantes no abogados, pues consideraba que sólo a esa categoría de profesionales se les podía otorgar un poder especial administrativo.    Ello suponía, en no pocos casos, que luego de varios años de estar en trámite el recurso, el Tribunal Fiscal estimara inadmisible la gestión, sin entrar a conocer el fondo de la disputa y, particularmente grave, sin que se parara el cómputo de intereses en perjuicio del contribuyente.

Sin embargo, y de manera que no puede menos que celebrarse, el Tribunal Contencioso Administrativo recién se ha pronunciado sobre la improcedencia de esa interpretación. En sentencia número 130-2018-VI, de las quince horas del veintiséis de octubre del presente año, reconoce que no existe fundamento legal válido para restringir que el contribuyente escoja y designe a su representante necesariamente en un abogado, en un procedimiento administrativo tributario.  Por el contrario, la sentencia es clara en advertir que no resulta procedente limitar la decisión del contribuyente de designar el tipo de profesional que lo represente en la instancia de investigación ante la Administración Tributaria.   Al final de cuentas, es manifestación de un derecho fundamental.   Así las cosas, puede inclinarse por un abogado, por un contador, o por una persona que le merezca su más absoluta confianza.

Calificamos de trascendente esta sentencia no solo por la ya expuesto; sino porque, además, advierte a la Administración que estos excesivos formalismos atentan contra el debido proceso, derecho igualmente de rango constitucional. En el caso reseñado, el Tribunal Contencioso advierte que resulta irrazonable que, de persistir en la posición inválida y formalista, nada hubiera impedido al Tribunal prevenir al contribuyente para que “regularizara” ese supuesto vicio en su representación.   Al no hacerlo, el perjuicio es doble:  no se conocen sus argumentos por la omisión del requisito, pero además se la castiga adicionalmente con el incremento de su obligación, pues los intereses nunca se interrumpieron en su cómputo.   Es decir, sancionar al contribuyente por el ejercicio de su derecho de defensa.

En fin, compartimos esta resolución bajo el sincero convencimiento que se trata de un progreso real, tangible y definitivo en el reconocimiento de los derechos fundamentales que están otorgados a los contribuyentes.  El derecho vivo, efectivo, plasmado en una sentencia que podrá ser utilizada por todos aquellos que enfrenten la misma situación lesiva a su libertad fundamental de elección. La Constitución y los derechos fundamentales en plena vigencia.”

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Ivan Vincenti Rojas

Encargado de atención de litigios ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, desde el año 2008. Informante durante más de diez años ante la Sala Constitucional en acciones de inconstitucionalidad. Práctica ininterrumpida en litigio desde la promulgación del Código Procesal Contencioso Administrativo.

1 Comentario

  1. Lic. Dagoberto Quesada García • 05 Diciembre, 2018

    Mientras que esos actos no sean los que impliquen interrogatorio o actuación de carácter jurídico no veo inconveniente. Tendrá el poderdante y apoderado que no otorgar responsabilidades que solamente puedan ejercer abogados. Y los apoderados no realizar actos que solamente pueden ser ejecutados por abogados. Ya que estos los puedes colocar en el peligro de ser acusados de ejercicio ilegal de la profesión.

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