Impuesto a las personas jurídicas no violenta principio de igualdad

Se acusó ante la Sala IV que este nuevo impuesto violentaba el principio de igualdad al gravar con la misma tarifa a personas jurídicas con muy diversos ingresos anuales.  También se alegó el hecho de establecerse en la Ley 9024 que este impuesto no es deducible del impuesto sobre la renta.  ¿Qué más necesario para producir la renta de una sociedad, el que la misma cumpla, a partir del próximo 1 de abril, con el pago de este nuevo tributo, cuya inobservancia le implicará a dicha compañía nada menos que la sanción de «dejar de existir»?

Pero la Sala Constitucional determinó mediante voto 1129-12:  «… que debe establecerse como tesis de principio que el impuesto a las personas jurídicas no grava su renta, ni su propiedad, sino su existencia misma; con  lo  cual,  no  es  de recibo  el argumento  de  la recurrente cuando  afirma que  se cobra dos veces un impuesto, o que se cobra un impuesto sobre el otro.  Lo cierto es que los grandes contribuyentes pagan impuesto sobre sus rentas de conformidad con  sus ingresos, al  igual que  la recurrente  también  lo hace.  Materia aparte es  que  el  nuevo impuesto grave  a  la persona  jurídica por  el solo hecho  de serlo, lo cual es cosa  diversa  de  su  giro  comercial  y  si  el  legislador  ha establecido montos diferenciados del impuesto según cada sociedad esté activa o inactiva, es porque así  puede establecerlo en uso de su potestad de imperio y en aplicación de un criterio de razonabilidad y de  justicia impositiva, pues de manera objetiva se entiende que las sociedades activas generan ingresos y pueden hacer frente al impuesto; en el mismo orden de ideas, el artículo 8 de  la Ley 9024 exonera del pago e dicho impuesto a las  micro  y  pequeñas  empresas  que  cumplan  los  requisitos establecidos.»

Por consiguiente, el recurso presentado se rechaza en todos sus extremos.

Vemos así que los diversos argumentos que se han esgrimido contra este nuevo impuesto no han sido, hasta ahora, de recibo.   Quedan sin embargo, muchas interrogantes en la norma, de una naturaleza más práctica,  las cuáles se espera que sean aclaradas, antes de su entrada en vigencia el próximo 1 de abril,  mediante directrices del Registro Nacional, órgano que fungirá como ente recaudador del tributo.