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Nueva resolución sobre Registro de Accionistas aclara dudas sobre esta obligación

Aparece hoy en el Diario Oficial La Gaceta, una Resolución Conjunta de Alcance General para el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales emitida por la Dirección General de Tributación y el Instituto Costarricense sobre Drogas.

Suscriptores de Master Lex interesados en conocer el texto completo nos lo pueden solicitar a la dirección legal@masterlex.com

Nos permitimos destacar a continuación los siguientes puntos:

  1.  Suministro de la información podrá hacerse por  parte de apoderados

Este es un tema que ha generado mucha preocupación, en especial para aquellas sociedades cuyos representantes legales son extranjeros  o adultos mayores o personas con alguna discapacidad a las que se les dificultaba  gestionar la obtención y manejo de sus respectivos certificados de firma digital, indispensable para la utilización de la plataforma respectiva.

Para la tranquilidad de muchos encontramos que se dispone en esta nueva resolución:  «…el suministro de información al Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales podrá hacerse mediante un único apoderado, que debe ser una persona física con facultades suficientes para el acto, lo que tendrá que acreditarse por medio de un notario público. En caso que se acredite mediante un poder especial, este debe ser otorgado en escritura pública. «

Corresponderá a los notarios públicos ingresar a la plataforma para, a través de una funcionalidad específica para ello, «registrar»  esos apoderados autorizados de previo a que los mismos puedan cumplir con la obligación.

Evidentemente los notarios deberán contar para ello con un certificado válido de firma digital.

2. Pre-registro en el portal Central Directo 

Para cumplir con las obligaciones del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, el representante legal o apoderado de cada persona jurídica, deberá realizar el proceso de suscripción de la persona jurídica dispuesto para este registro en el sitio web Central Directo del Banco Central de Costa Rica: https://www.centraldirecto.fi.cr

3.  Calendario presentación declaración ordinaria 2019 

Para la declaración ordinaria del período 2019, que corresponde al primer año de suministro de información, los sujetos obligados deberan realizar las declaraciones de acuerdo con la siguiente cronología:

Setiembre 2019      Cédulas jurídicas terminadas en 0 y 1

Octubre 2019           Cédulas jurídicas terminadas en 2 y 3

Noviembre 2019     Cédulas jurídicias terminadas en 4 y 5

Diciembre 2019       Cédulas jurídicas terminadas en 6 y 7

Enero 2020              Cédulas jurídicas terminadas en 8 y 9

Se tendrán por posibles incumplidores los sujetos obligados que al 31 de enero de 2020 no hayan realizado la respectiva declaración o no sea posible determinar los beneficiarios finales. Una vez definida la lista de incumplidores se pondrá a disposición de las autoridades respectivas.

4. Personas obligadas a presentar declaración

Sociedades anónimas                                       Presidente

Sociedades de responsabilidad limitada     Gerente y subgerente

Sociedades en nombre colectivo                   Administrador

Sociedades en comandita                                Gerente

Sucursales de sociedades extranjeras           Apoderado generalísimo

Empresas individuales de responsabilidad limitada   Gerente

Sociedades civiles                                            Administradores

5. Objetivo de la declaración del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales

Identificar la totalidad de las participaciones de la persona jurídica, así como a los beneficiarios finales y a las personas que ejercen control de los sujetos obligados de acuerdo con la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal.

6. Determinación de los beneficiarios finales

El sistema desarrollado por el Banco Central de Costa Rica determinará de forma automática los beneficiarios finales por participación o derecho a voto, ya sea de forma directa o a través de la combinación de declaraciones,  además considerará otros tipos de control establecidos en el artículo 5 de la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal.

7. Información para completar la declaración:

Los representantes legales de los sujetos obligados o los apoderados debidamente autorizados en el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, deberán suministrar la información que se detalla en el Anexo Único de la resolución en comentario.  Los datos declarados tendrán para todos los efectos legales carácter de declaración jurada. Dentro de la información a suministrar, siempre debe identificarse al menos una persona física como beneficiario final.

8. Plazo para la presentación de la declaración:

Los obligados presentarán la declaración de conformidad con los lineamientos establecidos en la presente resolución de acuerdo con el siguiente detalle:

a. Declaración ordinaria: Una vez al año, del primero al treinta de abril. Las personas jurídicas que se constituyan con posterioridad a la fecha de cumplimiento de la declaración ordinaria deben suministrar la información dentro de los veinte días hábiles siguientes a que completen el proceso de constitución en el Registro Nacional.

b. Declaración extraordinaria: Dentro de los quince días hábiles contados a partir de la fecha de la anotación en el libro oficial en el que se registren estos datos y se constate que alguno de los propietarios de las participaciones igualó o superó el quince por ciento del total de las participaciones de la clase que se registra, ya sean comunes, preferentes u otras.

9. Acuse de recibo:  

Finalizado el proceso de la declaración el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales enviará un acuse de confirmación de la recepción de la información al correo electrónico suministrado por el representante legal o apoderado.

Si el obligado no recibe el acuse de recibo durante el día en que suministró la información, deberá considerarla como no presentada y por lo tanto, deberá hacerla de nuevo hasta que se logre presentar de forma exitosa.

10. Sanción:

El incumplimiento a lo dispuesto en la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, el Reglamento del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales o esta resolución podrá ser sancionado de acuerdo a lo establecido en el artículo 84 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que en lo que interesa dispone:

«La Dirección General de Tributación impondrá al obligado que incumpla el suministro de información establecido en el capítulo denominado «Transparencia y beneficiarios finales de las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas», de la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, una multa pecuniaria proporcional del dos por ciento (2%) de la cifra de los ingresos brutos de la persona jurídica o estructura jurídica, en el período del impuesto sobre las utilidades, anterior a aquel en que se produjo la infracción, con un mínimo de tres salarios base y un máximo de cien salarios base.»

……………………………………..

¿Multa pecuniaria por incumplimiento en casos de sociedades inactivas o sin ingresos?

Sobre este último punto, elevamos la consulta a la Dirección General de Tributación en relación a las sociedades inactivas o todas aquellas organizaciones que no generan ingresos.

Partiendo de lo que dispone el numeral 84 bis transcrito, la multa pecuniaria por incumplimiento del Registro de Accionistas consiste en el 2% de los ingresos brutos  que la persona jurídica haya generado en el período anterior, con un monto mínimo equivalente a tres salarios base y uno máximo de cien salarios base.

Nos parece que tratándose de materia tributaria no podría interpretarse que deba aplicarse a estas personas jurídicas sin ingresos, el monto mínimo de tras salarios base.   En nuestra opinión tendría que encontrarse expresamente regulada en la norma.

Esperamos obtener una pronta respuesta por parte de la DGT para poderles comunicar.

 

 

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Lic. Silvia Pacheco. Editora General

Abogada y notaria. Especialista en administración de bases de datos de información jurídica, investigaciones jurisprudenciales y editora de contenidos legales. Consultora en proyectos de informática jurídica en la región centroamericana. Colaboradora del sitio www.leylaboral.com Encargada de la administración y actualización de Master Lex Cálculos Legales: timbres, honorarios profesionales, patentes, prestaciones laborales y otros. Moderadora del blog www.puntojuridico.com

15 de 113 Comentarios

  1. Milton Arias Castrillo • 12 agosto, 2019

    Una duda: El artículo 84 bis que viene en la ley 9416 cuando lo consulto en mi Código Tributario cita la multa de un salario base, la cual difiere de la que ustedes indican en esta nota. Es posible que después de la ley 9416 lo reformaron en otra ley más reciente. ¿ podrían confirmarlo ? gracias

    Responder
    • Lic. Silvia Pacheco. Editora General • 12 agosto, 2019

      Estimado don Milton, El artículo 84 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios fue reformado por última vez por la Ley 9416 que usted bien señala, estableciendo la multa del 2% de los ingresos brutos de la sociedad con un mínimo de tres salarios y un máximo de 100 salarios base. Anteriormente dicho numeral había sido reformado por la Ley 9069 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas la cual estableció el siguiente texto: «Artículo 84 bis.- Incumplimiento del deber de llevar el registro de accionistas. Serán sancionados con una multa equivalente a un salario base, las personas jurídicas que no tengan al día el registro establecido en el artículo 137 del Código de Comercio.»

      Pero ese texto fue sustituido por el de la Ley 9416 debiendo leerse en este momento de la siguiente manera:

      Artículo 84 bis.-
      Incumplimiento al deber de suministrar información sobre transparencia y beneficiarios finales de las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas

      La Dirección General de Tributación impondrá al obligado que incumpla el suministro de información establecido en el capítulo denominado «Transparencia y beneficiarios finales de las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas», de la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, una multa pecuniaria proporcional del dos por ciento (2%) de la cifra de los ingresos brutos de la persona jurídica o estructura jurídica, en el período del impuesto sobre las utilidades, anterior a aquel en que se produjo la infracción, con un mínimo de tres salarios base y un máximo de cien salarios base.

      Para estos efectos, se entiende por salario base el contenido en el artículo 2 de la Ley N.° 7337, de 5 de mayo de 1993. No obstante, de previo, deberá apercibir a los obligados a cumplir su deber de suministrar o actualizar la información, según corresponda, para lo cual se le concederá un plazo de tres días hábiles, prorrogable por un plazo igual, a solicitud debidamente motivada de la parte, previa aprobación de la Administración Tributaria.

      El monto recaudado por concepto de estas multas se depositará en una cuenta en la caja única del Estado a nombre del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y será destinado exclusivamente al financiamiento de las actividades operativas de este organismo.

      De mantenerse el incumplimiento, el Registro Nacional no podrá emitir certificaciones de personería jurídica o inscribir documentos a favor de quienes incumplan con el suministro de la información a que se refiere este artículo. De igual forma, los notarios públicos deberán consignar en los documentos que emitan que el obligado al suministro incumple con la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal. Para tales efectos, el Banco Central de Costa Rica, en conjunto con la Dirección de General de Tributación, deberán disponer de un sistema de consulta en que se pueda verificar si los obligados se encuentran al día en el suministro de esta información.

      Responder
  2. Gabriela Shea • 09 agosto, 2019

    Pregunta: mi hijo, mi esposo y yo aparecemos como directores de la propiedad. Yo soy la que maneja todo lo que se refiere a pagos de impuestos de la renta, impuestos de la sociedad y reparaciones del inmueble. Considero que yo puedo ser la persona a sacar la firma digital sin tener que ir a ver a un notario para que autentique mi posición. Correcto?

    Responder
    • Lic. Silvia Pacheco. Editora General • 13 agosto, 2019

      Estimada doña Gabriela, si la sociedad de su familia es ANONIMA, la persona que deberá cumplir con la declaración de accionistas es quien ostente el cargo de PRESIDENTE de la Junta Directiva. Si la sociedad es más bien de RESPONSABILIDAD LIMITADA quien deberá realizar la función será el gerente o subgerente . Entonces, si quien ocupa esos cargos no puede por cualquier motivo cumplir con la declaración de accionistas, podrá hacerlo cualquier otro apoderado pero con la intervención de un notario. Conviene por lo tanto que antes de obtener su firma digital confirme si es usted quien de acuerdo con la normativa está llamada a cumplir con esta nueva obligación societaria.

      Responder
  3. GABRIEL ALVAREZ • 07 agosto, 2019

    Gracias por el servicio
    Me parece que el otorgamiento del poder especial para suministrar información al RTBF, no necesariamente debe hacerse mediante un acuerdo de asamblea de socios, pues el Presidente, o cualquier otro apoderado de la sociedad, bien podría otorgar ese poder especial, o sustituir sus facultades para ese fin. Sobre este tema ¿se ha definido alguna posición?

    Responder
  4. SENIA MARIA AUX • 17 julio, 2019

    En caso de que una sociedad no haga el registro de accionistas porque el presidente es de paradero desconocido y los representantes estén en la misma situación. La sanción recae solamente sobre los bienes de la sociedad, en este caso no tiene bienes o también sobre los bienes de un socio que lamentablemente no es representante y si radica en el país y tiene bienes en otra sociedad? Muchas gracias

    Responder
    • Lic. Silvia Pacheco. Editora General • 19 julio, 2019

      Estimada doña Senia, es una excelente pregunta la que formula. Revisando el art. 84 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios encontramos que en caso de incumplimiento, la Administración Tributaria impondrá una multa al «obligado» a cumplir con el suministro de la información, y luego se establece que dicha multa será de un 2% de los ingresos brutos de la personas jurídica o estructura jurídico en el período anterior.

      Así reza el artículo indicado: «Artículo 84 bis.- Incumplimiento al deber de suministrar información sobre transparencia y beneficiarios finales de las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas La Dirección General de Tributación impondrá al obligado que incumpla el suministro de información establecido en el capítulo denominado «Transparencia y beneficiarios finales de las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas», de la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, una multa pecuniaria proporcional del dos por ciento (2%) de la cifra de los ingresos brutos de la persona jurídica o estructura jurídica, en el período del impuesto sobre las utilidades, anterior a aquel en que se produjo la infracción, con un mínimo de tres salarios base y un máximo de cien salarios base.»

      Lamentablemente no se ofrece en este mismo numeral el concepto de quién tendría que entenderse que es ese «obligado» si la sociedad como tal o más bien el representante legal designado como responsable para cumplir con la declaración de accionistas y beneficiarios finales.

      En el artículo 15 de este mismo Código de Normas y Procedimientos leemos lo siguiente: » Artículo 15.- Concepto. Es sujeto pasivo la persona obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea en calidad de contribuyente o de responsable.»
      Por consiguiente, nos parece que de acuerdo con esta definición podría considerarse que tanto la sociedad en su calidad de «contribuyente» como el representante legal en su calidad de «responsable» podrían calzar en ese concepto de «obligados»

      En cuanto a accionistas que no ostenten la calidad de representantes legales, no estamos seguros de que la Autoridad Tributaria pueda dirigirse contra sus bienes en forma personal, toda vez que según el art. 16 del CNPT , la solidaridad debe ser expresamente establecida en la Ley, como sucede por ejemplo, con el impuesto a las personas jurídicas, que en el art. 7 de la Ley 9428 se señala que podrá ser cobrado a los últimos socios registrados. Será mejor elevar la consulta directamente al Ministerio de Hacienda.

      Responder
  5. Carvajal Ramírez • 15 julio, 2019

    Buenos días:

    Y en cuanto a la asociaciones sin fines de lucro, a quién le corresponde realizar el registro, al Presidente de la Junta Directiva o al Administrador?

    Responder
    • Lic. Silvia Pacheco. Editora General • 18 julio, 2019

      En la Resolución Conjunta que emitieron hace algunos meses el Ministerio de Hacienda y el Instituto Costarricense sobre Drogas se establece en un Transitorio II que queda para un segundo momento el cumplimiento que de la obligación de declarar accionistas y beneficiarios finales deban realizar otras entidades distintas de las que se establecen en el artículo 1 de dicha resolución. Nos parece que entre esas personas estarían las Asociaciones sin fines de lucro. Habrá que esperar que emitan una segunda resolución conjunta aclarando a quién corresponderá cumplir con la obligación en ese tipo de organizaciones: Transitorio Segundo: Los sujetos obligados a suministrar información que no fueron considerados en el artículo 1 de esta resolución y hasta tanto sean incluidos para que suministren directamente la información en el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, deben conservar esa información en su poder de manera actualizada, la cual debe ser trasladada al Instituto Costarricense sobre Drogas o a la Dirección General de Tributación cuando así se les requiera, en atención a lo dispuesto en el Transitorio VI de la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal. El incumplimiento de esta disposición faculta a las autoridades competentes a aplicar lo dispuesto en el artículo 84 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

      Responder
  6. Ana Gabriela Solano Rojas • 12 julio, 2019

    Buenas tardes, quería darle seguimiento al tema de las asociaciones sin fines de lucro donde no tenemos accionistas sino asociados ni aporte al capital social. En este caso como se procede? Además, qué sucede con las asociaciones o sociedades inactivas?
    Gracias

    Responder
    • Lic. Silvia Pacheco. Editora General • 18 julio, 2019

      En la Resolución Conjunta que emitieron hace algunos meses el Ministerio de Hacienda y el Instituto Costarricense sobre Drogas se establece en un Transitorio II que queda para un segundo momento el cumplimiento que de la obligación de declarar accionistas y beneficiarios finales deban realizar otras entidades distintas de las que se establecen en el artículo 1 de dicha resolución. Nos parece que entre esas personas estarían las Asociaciones sin fines de lucro. Habrá que esperar que emitan una segunda resolución conjunta aclarando a quién corresponderá cumplir con la obligación en ese tipo de organizaciones: Transitorio Segundo: Los sujetos obligados a suministrar información que no fueron considerados en el artículo 1 de esta resolución y hasta tanto sean incluidos para que suministren directamente la información en el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, deben conservar esa información en su poder de manera actualizada, la cual debe ser trasladada al Instituto Costarricense sobre Drogas o a la Dirección General de Tributación cuando así se les requiera, en atención a lo dispuesto en el Transitorio VI de la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal. El incumplimiento de esta disposición faculta a las autoridades competentes a aplicar lo dispuesto en el artículo 84 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Ahora bien, en relación a las SOCIEDADES INACTIVAS, consideramos que sí deberán cumplir con la presentación de la declaración de accionistas a partir del próximo mes de setiembre partiendo en el mes que les corresponda partiendo del número de finalización de su cédula jurídica.

      Responder
  7. Andrea • 10 julio, 2019

    El poder que se otorgue al notario debe ser otorgado ante otro notario, o podremos otorgarlo dentro de nuestro tomo Protoloco.?

    Responder
    • Lic. Silvia Pacheco. Editora General • 10 julio, 2019

      Efectivamente si el representante legal otorga poder a un notario para que sea quien presente las declaraciones de accionistas en nombre de la sociedad, dicho poder tendría que ser otorgado ante un colega distinto del notario que va a quedar como apoderado.

      Responder

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