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Nuevas aclaraciones sobre aplicación registral de la Ley de impuesto a las personas jurídicas

El Dr. Herman Mora Vargas, especialista en Derecho Notarial y conocido profesor universitario,  gentilmente nos ha hecho llegar sus observaciones en relación con  inquietudes varias que le han formulado asistentes a los Seminarios que sobre la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas  impartió hace unas semanas y que estará repitiendo en unos días.

De previo a retransmitir esta importante nota del Dr. Mora, nos permitimos hacer mención de los siguientes tres temas en forma muy puntual:

FUSIONES QUE SE PRESENTEN A PARTIR DE MAYO DEBERAN PAGAR IMPUESTO A LAS PERSONAS JURIDICAS COMO REQUISITO DE ADMISIBILIDAD

Nos confirmaron ayer en el Registro de Personas Jurídicas que a partir del próximo 1 de mayo,  las escrituras de fusión que se presenten al Diario deberán pagar como requisito de admisibilidad, el impuesto a las personas jurídicas que corresponda tanto a las sociedades absorbidas como a la prevaleciente presentes en el documento.

Durante abril, dicho cobro no se ha exigido por encontrarse corriendo el plazo de un mes que la Ley 9024 concede para el pago del  tributo.

Cuando la Ley 9024 menciona que se contará con el plazo de tres meses para que las sociedades que se disuelvan no paguen este impuesto,  no se contempla a la fusión de sociedades como forma de disolución, por lo que dichos actos al momento de ser tramitados, tendrán que cancelar, lo mismo que cualquier otro acto relacionado con una persona jurídica,  junto con los demás timbres, el impuesto a las personas jurídicas.

ESCRITURAS DE TRASPASO DE BIENES PODRÍAN TENER QUE PAGAR IGUALMENTE IMPUESTO A LAS PERSONAS JURIDICAS  A PARTIR DEL 1 DE  MAYO

De conformidad con el transitorio V de la Ley 9024, por un plazo de seis meses, los traspasos de bienes muebles e inmuebles que se realicen de sociedades mercantiles que hayan estado inactivas ante la autoridad tributaria por al menos veinticuatro meses antes de la entrada en  vigencia de esta ley estarán exentos del pago de Derechos de Registro, timbres e impuestos de traspaso.

Por su parte, el artículo 5 de esta misma norma establece que el Registro Nacional no podrá inscribir ningún documento a favor de los contribuyentes de este impuesto que no se encuentren al día en su pago.

Por consiguiente, si bien los traspasos que se presenten a partir del próximo 2 de mayo y que cumplan con las condiciones antes indicadas, estarán efectivamente exonerados del pago de timbres e impuestos de traspaso, con base en el artículo 5 indicado, pareciera que sí tendrían que pagar, como requisito de admisibilidad, el impuesto a las personas jurídicas, por no haberse incluido expresamente su mención dentro del transitorio V de la Ley.

Ayer formulamos esta consulta a los Coordinadores de tanto el Registro de Bienes Muebles como Inmuebles, quienes quedaron de enviarnos su respuesta tan pronto les fuera posible.

Decidimos no esperar su respuesta para hacer esta advertencia,  considerando que restan solamente cuatro días del mes de abril, por lo que ante la duda conviene que los notarios tomen las medidas que consideren oportunas.

El asunto es si en ambos Registros se admitirá que demostrado de algún modo que los bienes a ser traspasados pertenecen a sociedades que en los próximos dos meses serán disueltas, no paguen el impuesto por resultar un contrasentido el que este tipo de actos tendientes a lograr la disolución de una persona jurídica, tengan que pagar un impuesto que es justamente lo que se desea evitar.

Otro tema que consultamos fue el concerniente a ese plazo de veinticuatro meses de inactividad que la Ley establece como requisito.    Según nos han hecho saber colegas que ya han logrado inscribir este tipo de traspasos exentos, no les ha sido requerido por el Registro hasta el momento algún tipo de  dación de fe en cuanto a  este hecho.     Desconocemos si el Registro tiene algún mecanismo para confirmar que una sociedad efectivamente haya permanecido inactiva desde el 1 de abril del año 2010.    En algún momento se señaló que los notarios podríamos dar fe de dicha inactividad con vista en las declaraciones de renta en cero de las sociedades.  Pero no pareciera que sea éste el criterio utilizado por Tributación, toda vez que sociedades que por años no han tenido operación comercial siguen apareciendo como ACTIVAS por el solo hecho de haber sido algún día inscritas en el Registro Unico de Contribuyentes.   Lamentablemente como no ha sido posible conocer los criterios aplicados por Tributación para calificar a las sociedades como ACTIVAS o INACTIVAS resulta difícil tener mayor claridad sobre este particular.

MONTO QUE APARECE AL COBRO DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURIDICAS EN BASE DE DATOS DEL REGISTRO Y BCR

Originalmente se indicó que las tarifas que para este año tendrían que pagar las sociedades activas e inactivas por este tributo serían de 135,225 las primeras y de 67,612.50 las segundas. Sin embargo, al ingresar a la  página https://www.rnpdigital.com/shopping/consultaDocumentos/consultaMorosidadPJ.jspx  que el Registro habilitó para estos efectos, encontramos que los montos al cobro son  135,471.31 y  67,735.65;  aproximadamente 245 colones más en ambos importes.

La respuesta que nos brindó el Registro fue que aunque la Ley 9024 es clara al establecer el cobro de un importe anual equivalente al  50% del salario base de un oficinista 1 en el caso de las sociedades activas, y del 25% de ese salario, para  las sociedades  inactivas, lo cierto es que no definió el procedimiento preciso ( diario, mensual) que tendría que seguirse para el cálculo del mismo. Tomando en cuenta que este año además se redujo proporcionalmente el monto a pagar partiendo de que la norma entró en vigencia a partir del pasado 1 de abril,  el Registro,  siendo la entidad designada para administrar este tributo, estableció como montos oficiales los indicados anteriormente.

Según nuestros cálculos se habría dividido la suma de 180,300, correspondiente al 50% del salario base,  entre 366 días con los que cuenta este año, y multiplicado luego por 275 días calendario que corresponden al período comprendido entre el  1 de abril al 31 de diciembre.

Aclaramos de esta forma el tema para los estimados suscriptores que nos lo han estado consultando.

Transcribimos a continuación comentario del Dr. Herman Mora Vargas:

«En atención a las consultas que algunos asistentes a los Seminarios han formulado, acerca de la aplicación a la Ley 9024, es que me permito referir lo siguiente:

Como ha sido indicado por la Directriz Registral D.RP.J. 002-2012 este impuesto se aplicará a todo tipo de Personas Jurídicas Mercantiles, sean Sociedades Anónimas Laborales o Deportivas, ya que la Sala constitucional no reconoció diferencia entre unas y otras, para  efectos similares.

Conviene aclarar que la directriz mencionada, en forma equívoca, a mi juicio, establece el  momento de inicio de la morosidad para este año a partir del 1 de mayo (ver Directriz punto II, segundo párrafo). Pienso que es errada tal disposición por cuanto si bien es cierto para las sociedades que no se disuelvan, el cálculo del impuesto inicia el día primero de abril, (para las activas será este año, la suma de  135.225 y para las inactivas 67,612.50 colones) es igualmente cierto que el transitorio II, otorga un plazo de tres meses a fin de disolverlas sin pagar el impuesto, por lo tanto la morosidad debería iniciar pasado ese plazo, sea 1 de julio del presente año, ello en el tanto el documento de disolución quede anotado el 30 de junio o antes de esa fecha.

 Se debe advertir que los responsables son los representantes, independientemente que sean socios o no. En el caso de la sociedad anónima, sigue separándose, como en doctrinal tradicional ha ocurrido, el patrimonio del socio del de la sociedad, así su responsabilidad. La legislación que nos ocupa, revoluciona en el tanto, es perseguible el representante legal, sea presidente o no ostente ese cargo, por el no pago del impuesto, pero no incurre en “perseguibilidad” de los bienes de los socios, que en todo caso, anónimos son.

El legislador no contempló, (aunque  lo hicimos ver) la conveniencia de reformar el Código de Comercio, a fin de poder disolver sociedades que no cuentan con libros legalizados. Pese a ello el Registro tomando una medida un bien audaz, pero aplaudible, otorgó tal suerte, mediante la directriz señalada, es decir, que se puedan disolver sociedades que no cuentan con libros. Siendo que nuestro sistema de acreditación societaria exigen, (por lo general,) la doble intesta dura, es decir que la calidad del socio se demuestra, en primer término con el asiento respectivo en el libro de Registro de accionistas además  con la adecuada  tenencia de la acción de la  sociedad (aunque la jurisprudencia civil, conoce excepciones, la Sala Constitucional se ha referido al respecto, mediante Voto número 1193-91, de las once horas cuatro minutos del veintiuno de junio de mil novecientos noventa y uno) La duda asalta a la hora de verificar quienes son los socios. De no existir ningún “sortilegio”, en mi opinión el tema lo resuelve  la lógica, y es que si una sociedad no ha legalizado libros y no contamos con  atestados  (cesiones por ejemplo) u otros documentos que nos hagan pensar otra cosa, tendremos que socio, son aquellos que aparecen en  la escritura constitutiva y cuentan con la acción respectiva. Siendo la Notarial, una función prudencial, donde media  el análisis juicioso del Notario,   conviene obtener para los efectos citados una declaración jurada de quienes dicen ser socios, que sirva como comprobante de la actuación caratularía.

Finalmente hay que aclarar que en la fusión de sociedades que tienen  bienes, todas las obligaciones así  como el patrimonio y los derechos  de aquellas sociedades fusionadas pasan a titularidad de la prevaleciente, sin que esto implique un traspaso, por lo que no se debe pagar tal impuesto.   Agradeciendo su amable atención, se despide.   Herman Mora Vargas.»

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Lic. Silvia Pacheco. Editora General

Abogada y notaria. Especialista en administración de bases de datos de información jurídica, investigaciones jurisprudenciales y editora de contenidos legales. Consultora en proyectos de informática jurídica en la región centroamericana. Colaboradora del sitio www.leylaboral.com Encargada de la administración y actualización de Master Lex Cálculos Legales: timbres, honorarios profesionales, patentes, prestaciones laborales y otros. Moderadora del blog www.puntojuridico.com

9 de 20 Comentarios

  1. Lic. Víctor Láscarez • 25 abril, 2012

    Presenté ante el Director General de Tributación una consulta y una petición, como mecanismo previo de pago.
    Tengo una sociedad que se encuentra empadronada en Tributación Directa pero que no posee bienes muebles ni inmuebles, ni ha pagado renta por no haber tenido actividad comercial, sea cumple con lo preceptuado en el artículo 3 inciso b), por lo tanto debe pagar aunque no haya tenido actividad comercial un 25% y me están cobrando ilegalmente,
    Considero el cobro contra la ley, dado que se me está cobrando la totalidad del impuesto, sin tener actividad comercial porque sihubiese tenido la declaración no sería en cero.
    Estoy esperando la resolución del Director para cancelar lo porocedente o recurrir la interpretación que se le de a los que tenemos la condición del articulo 3 inciso b).
    Si tienen alguna interpretación distinta me gustaría conocerla.

    En todo caso para que entonces el inciso b) de ese artículo, si la sociedad que poseo que no tiene actividad comercial en el año de cobro tiene que pagar la totalidad, sea lo preceptuado en el artículo 3 inciso a) de la ley 9024, reitero para que el legislador dio la posibilidad del inciso b).

    Responder
  2. Lic. Víctor Láscarez • 25 abril, 2012

    Presenté ante el Director General de Tributación una consulata y una petición como mecanismo previo de pago. Tengo una sociedad que se encuentra empadronada en Tributación Directa pero que no posee bienes muebles ni inmuebles, ni ha pagado renta por no ha tenido actividad comercial, sea cumple con lo preceptuado en el artículo 3 inciso b), por lo tanto debe pagar aunque no haya tenido actividad comercial un 25% y me están cobrando ilegalmente, sea en contra de la ley la totalidad del impuesto. Estoy esperando la resolución para cancelar o recurrir la interpretación que se le de a los que tenemos la condición del articulo 3 inciso b). Si tienen alguna interpretación distinta me gustaría conocerla. En todo caso para que entonces el inciso b) de ese artículo.

    Responder
    • admin • 25 abril, 2012

      A don Víctor Láscarez, lamentablemente la Tributación no ha divulgado los criterios que utilizó para clasificar a las sociedades en ACTIVAS e INACTIVAS. Por lo que hemos podido ver consideró como INACTIVAS únicamente aquéllas que NUNCA se inscribieron en el Registro Ünico de Contribuyentes o bien que habiendo estado inscritas, lograron la desinscripción ANTES del 1 de abril de este año. Cualquier otra compañía que en algún momento se inscribió, aunque por años no haya tenido operación comercial, está siendo considerada como ACTIVA. Es apena una suposición repetimos ante la falta de respuesta por parte de Hacienda sobre este tema tan puntual de la clasificación.

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  3. Alvaro Arguedas Duran • 24 abril, 2012

    Les comento un dato importante para la presentacion de solicitudes de desinscripcion ante Hacienda y debido a que hay solo dos filas una para un tramite y otra para maximo tres, me indicaron que en caso que sean muchas y para no repetir filas, se pueden llenar los formularios y adjuntarles una nota con la descripcion de cada sociedad que se quiere desinscribir y presentarlo para que lo tramiten como una solicitud y luego le estaran informando para retirar los comprobantes de desiscripcion.

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  4. Lic. Carlos Enrique Leiva Rojas • 24 abril, 2012

    Lo que es una barbaridad es que el Registro, entidad encargada de aclarar todas las justificadas dudas que han salido sobre esta Ley, emita un Reglamento y una Directriz en la que muchos temas no se tocan del todo, como este de los traspasos exentos. Y los temas que sí se analizan, en lugar de ser debidamente aclarados, dejan más inquietudes que otra cosa, como esa autorización para disolver sociedades sin libros legales, lo cual contraviene toda lógica y las mismas disposiciones del Código de Comercio.

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  5. Manuel Vargas Mora • 24 abril, 2012

    Excelente, se aclaran algunas dudas. Pero a consultas de clientes surgen otras.
    Por ejemplo: Como se debe proceder en el caso de una sociedad en la que nunca se legalizaron los libros y al menos uno de los socios falleció?

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    • admin • 25 abril, 2012

      A don Manuel Vargas, nos parece que si ya uno de los socios falleció, será necesario empezar por abrir el sucesorio para nombrar un albacea que represente a ese socio fallecido en todo el trámite de desinscripción.

      Responder
  6. Carlos Avila Cortés • 24 abril, 2012

    Excelente Colega. En este mar de incertidumbres el intercambio de ideas resulta de gran importancia.
    Gracias

    Responder
  7. randall alvarado • 24 abril, 2012

    le scomento que el día de hoy envié dos escrituras de traspaso de inmuebles y me las recibieron sin pagar ningun tipo de rubro. En dichas escrituras puse la siguiente leyenda » El comprador acepta la venta y solicita al registro se inscriba el mismo a nombre de su representada. El suscrito notario hace constar y da fe, que el presente traspaso se realiza a la luz Transitorio quinto de la ley noventa veinticuatro y de la directriz registral DRPJ cero cero dos- dos mil doce a fin de trasladar el presente inmueble sin pago de los impuestos respectivos.»
    Les idicaré como me fue con dichos documentos.
    Gracias

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