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Oposición de la DNN a proyecto que obligaría a Notarios a dar fe de impuestos

En atención a las solicitudes de muchos estimados colegas interesados en conocer la posición de la DNN en relación al Proyecto de Resolución conjunta que el Ministerio de Hacienda y el Registro Nacional sometieron a consulta pública denominado: «Disposiciones relativas a traspasos de bienes muebles e inmuebles inscribibles en el Registro Nacional, a partir de las reformas introducidas en el Título II de la Ley 9635»  , agradecemos a la Dirección que nos remitiera el texto completo del acuerdo de oposición que remitieron al Ministerio de Hacienda el pasado 30 de agosto.

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San José, 30 de agosto del 2019

DNN-CSN-284-2019

Licenciado
Carlos Vargas Durán
Director General
Dirección General de Tributación
Ministerio de Hacienda
Correo electrónico: Direcciongeneral-DGT@hacienda.go.cr

Asunto: Comunicado de acuerdo. Si va a responder a este oficio es necesario que haga referencia al número de acuerdo.

Estimado señor:

Saludos cordiales. Para su conocimiento y consideración se remiten tanto los considerandos como la parte resolutiva del Acuerdo 2019-016-017, tomado en sesión ordinaria N° 016-2019, celebrada por el Consejo Superior Notarial el 22 de agosto del 2019:

Conoce este consejo la comunicación remitida por el Registro Nacional mediante oficios DGAN-DAN-00443-2019 y SUB-DGL-229-2019, así como el aviso de la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, publicado en La Gaceta Nº 156 del miércoles 21 de agosto del 2019, el cual a continuación se transcribe:

“Que de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 174 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, se concede a las entidades representativas de intereses de carácter general, corporativo o de intereses difusos, un plazo de diez días hábiles contado a partir de la primera publicación del presente aviso, con el objeto de que expongan su parecer respecto del proyecto de resolución denominado: “Resolución conjunta sobre disposiciones relativas a traspasos de bienes muebles e inmuebles inscribibles en el Registro Nacional, a partir de las reformas introducidas en el Título II de la Ley 9635 “Las observaciones sobre el proyecto en referencia, deberán expresarse por escrito y dirigirlas a la Dirección Normativa de la Dirección General de Tributación, sita en el piso 14 del Edificio La Llacuna, calle 5, avenidas central y primera, San José; o en formato digital a las siguientes direcciones electrónicas: DirecciongeneralDGT@hacienda.go.cr, y TribinteytectriDGT@hacienda.go.cr. Para los efectos indicados, el citado proyecto se encuentra disponible en el sitio web: www.hacienda.go.cr, sección “Propuesta en Consulta Pública”, opción “Proyectos Reglamentarios Tributarios” (http://www.hacienda.go.cr/contenido/13130-proyectos-reglamentarios). — San José, a las ocho horas del veintidós de julio del dos mil diecinueve.— Carlos Vargas Durán, Director General.—O. C. N° 14050777038.— Solicitud N° 157678.—( IN2019368933 ). 2 v. 1.”.

En relación con el tema, se procede su análisis, en la forma que de seguido se indica.

El Código Notarial, en su artículo 21 establece que “la Dirección Nacional de Notariado será el órgano rector de la actividad notarial y tendrá competencia exclusiva para regular a todos los notarios públicos activos…”

La Ley 9635, concretamente en su artículo 28 ter, no hace ninguna referencia a los notarios públicos, de modo que no se constituyen ni obligaciones ni cargas relacionadas con el ejercicio de la función.
Así las cosas, se concluye que el único órgano competente para emitir directrices y lineamientos relacionados con el ejercicio de la función notarial es la Dirección Nacional de Notariado, lo cual se hace por este Consejo Superior Notarial siempre al amparo del principio de legalidad.

El proyecto de resolución publicado en La Gaceta contiene disposiciones que con contrarias al ordenamiento jurídico.

El artículo 28 ter de la Ley 9635 dispone, en su párrafo final, y refiriéndose únicamente a la retención del tributo de ganancias de capital para las personas que la propia ley llama “no domiciliadas”, lo siguiente:
“Si la retención no hubiera ingresado, el Registro Nacional no podrá inscribir el traspaso de los bienes transmitidos, y tratándose de bienes muebles o derechos no sujetos a inscripción, quedarán afectos al pago del impuesto que corresponda con ocasión de la transacción realizada.”

Se aprecia claramente que la recaudación y control del ingreso está a cargo de la Administración Tributaria, que en este caso es el Ministerio de Hacienda, y no del Registro Nacional ni de los notarios públicos.

La única obligación para otro órgano distinto del Ministerio de Hacienda que contiene esta norma, es para el Registro Nacional, y consiste en que dicha institución debe verificar el pago del tributo para poder inscribir el acto o contrato respectivo.

Nuevamente, queda claro que no hay en la ley referencia alguna a los notarios públicos.

También yerra el proyecto en el tema del domicilio de las partes.

El domicilio de los comparecientes y demás partes de los actos y contratos que se otorgan ante los notarios públicos, no es objeto de comprobación ni verificación por parte de éstos.

Se trata de manifestaciones de las partes que deben quedar plasmadas en el documento, conforme al artículo 83 del Código Notarial, pero sobre lo cual el notario no da fe pública.

El Código Notarial dispone, en su artículo 1, que el notario “…da fe de la existencia de los hechos que ocurran ante él.”

Por su parte, el artículo 31 establece que “… El notario tiene fe pública… dentro de los límites que la ley le señala para sus atribuciones y con observación de los requisitos de ley.”

Así las cosas, la dación de fe notarial está siempre sujeta a que los notarios puedan constatar los hechos, porque precisamente las normas les obligan a actuar conforme a la ley.

El domicilio de los comparecientes no es un hecho constatable por los notarios, de modo que no es posible dar fe pública del mismo, y por ende, como se dijo, representa más bien una manifestación de las partes que se consigna como tal en el acto o contrato que se lleva a cabo.

Tampoco existe en la Ley 9635, ni en el Código Notarial, norma alguna que obligue a los notarios a da fe del domicilio de las personas que requieren sus servicios.

Por tal razón, el acto notarial únicamente ha de consignar el domicilio que los comparecientes declaren, por disposición del artículo 83 ibídem.

Es competencia del Ministerio de Hacienda, y no de los notarios públicos, la determinación de si un sujeto pasivo es o no domiciliado para efectos de lo dispuesto por el artículo 28 ter de la Ley 9635, lo que habrá de hacer según sus propios procedimientos.

Finalmente, y en relación con el artículo 3 del proyecto, el mismo es contrario a lo dispuesto por el artículo 28 ter de la ley 9635, ya que lo relacionado con el pago del tributo de ganancias de capital de personas domiciliadas en Costa Rica no tiene ninguna vinculación con el ejercicio de la función notarial, y por lo tanto ninguna regulación puede emitirse en relación con este tema, mucho menos por un órgano que carece de competencia para ello, como lo es el Ministerio de Hacienda.

Con sustento en lo expuesto, este Consejo acuerda:

ACUERDO 2019-016-017:

a) Transcribir el aviso de la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, publicado en La Gaceta Nº 156 del miércoles 21 de agosto del 2019:

“Que de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 174 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, se concede a las entidades representativas de intereses de carácter general, corporativo o de intereses difusos, un plazo de diez días hábiles contado a partir de la primera publicación del presente aviso, con el objeto de que expongan su parecer respecto del proyecto de resolución denominado: “Resolución conjunta sobre disposiciones relativas a traspasos de bienes muebles e inmuebles inscribibles en el Registro Nacional, a partir de las reformas introducidas en el Título II de la Ley 9635 “Las observaciones sobre el proyecto en referencia, deberán expresarse por escrito y dirigirlas a la Dirección Normativa de la Dirección General de Tributación, sita en el piso 14 del Edificio La Llacuna, calle 5, avenidas central y primera, San José; o en formato digital a las siguientes direcciones electrónicas: DirecciongeneralDGT@hacienda.go.cr, y TribinteytectriDGT@hacienda.go.cr. Para los efectos indicados, el citado proyecto se encuentra disponible en el sitio web: www.hacienda.go.cr, sección “Propuesta en Consulta Pública”, opción “Proyectos Reglamentarios Tributarios” (
http://www.hacienda.go.cr/contenido/13130-proyectos-reglamentarios). — San José, a las ocho horas del veintidós de julio del dos mil diecinueve.— Carlos Vargas Durán, Director General.—O. C. N° 14050777038.— Solicitud N° 157678.—( IN2019368933 ). 2 v. 1.”.

b) Oponerse al proyecto de Resolución publicado por el Ministerio de Hacienda en La Gaceta Nº 156 del miércoles 21 de agosto del 2019.

c) Remitir este acuerdo, con sus considerandos, al Ministerio de Hacienda.

d) Comunicar y ejecutar de inmediato.

ACUERDO FIRME POR VOTACIÓN UNÁNIME.

Atentamente,

Carlos Ed. Quesada Hernández
Presidente
Consejo Superior Notarial

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Lic. Silvia Pacheco. Editora General

Abogada y notaria. Especialista en administración de bases de datos de información jurídica, investigaciones jurisprudenciales y editora de contenidos legales. Consultora en proyectos de informática jurídica en la región centroamericana. Colaboradora del sitio www.leylaboral.com Encargada de la administración y actualización de Master Lex Cálculos Legales: timbres, honorarios profesionales, patentes, prestaciones laborales y otros. Moderadora del blog www.puntojuridico.com

4 de 4 Comentarios

  1. meylin quiros • 10 septiembre, 2019

    Buenas tardes: Si me preocupa que tanto en la oposiciòn del Colegio de Abogados como en la de la DNN que en ambas si indican que el Registro Pùblico es quien debe verificar la cancelaciòn del tributo. De esa forma realmente quedamos igual, porque si uno hace la escritura y la presenta y el obligado no ha cancelado, al revisar el registrador va a verificar que estàn pendiente de pago y nos devolverìa las escrituras, a esperar si defectuosa o cancelada la presentaciòn. Es como con el caso de las personas jurìdicas y la Caja, que si la persona jurìdica està morosa el registro cancela la presentaciòn. Es decir, al final quedamos en lo mismo, habrà que solicitar al cliente de previo a realizar la escritura que nos entreguen copia de la declaraciòn, el acuse de recibo de atv y el comprobante de pago del banco del tributo, porque si no lo hacemos el registro no nos va a inscribir las escrituras pùblicas. Y si no lo hacemos, que tenemos que hacer, perseguir al cliente para que pague para que pueda inscribir? Va a ser un problema siempre

    Responder
    • Carlos Alberto valverde bonilla • 11 septiembre, 2019

      Me parece muy acertada la observacion de la colega Meylin Quirós, vamos a tener que ser Agente pesquidor de La Tributación Directa y eso ¿sobre que? , nosotros no tenemos potesad de imperio para obligar a nuestro cliente que cancele la mencionada obligación, y claro si no damos razon de ese pago El registro,- como el cuesta tanto hacerlo-nos devolverá el documento o cancelará la presentacón con el consiguiente perjuicio para nosotros.

      Responder
  2. Jaime • 09 septiembre, 2019

    Tranquiliza mucho saber que la DNN nos respalda a los notarios contra esta locura de pedirnos que funjamos como auxiliares de Tributación! Muy buenos los argumentos esgrimidos.

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  3. MARIA LOURDES DELGADO JIMENEZ • 09 septiembre, 2019

    Buenas tardes. De alabar lo objetado por el CSN, ademas por los NOTARIOS que levantaron la voz, y valientemente presetaron el escrito de negativa a resonsabilidades atribuidas al gremio. gracias a todo. Ahora en espera de la respuesta del Mde Hacienda. Gracias Licenciasa Silvia por tenernos al tanto de los acontecimientos.

    SIEMPRE UNIDOS POR UNA CAUSA JUSTA.

    Responder

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