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Pensión alimentaria voluntaria. Impedimento de salida y apremio corporal

Agradecemos al estimado colega Javier Madrigal  este interesante comentario sobre un tema que muchas veces causa inquietud en el ámbito del Derecho de Familia.

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Es muy común en nuestro medio, que alguno (a) de los padres de un menor o un esposo (a) del otro (a), decida por sí mismo (a) y sin necesidad de demanda de pensión alimentaria, dar por ese concepto un monto. (Pensión alimentaria voluntaria) Para ello deberá efectuar una consignación de pago en el Juzgado de Pensionales Alimentarias competente.

Ahora bien ¿Qué sucede si ese padre o madre, esposo o esposa deciden dejar de darlo? ¿Podrá acaso solicitarse al juzgado, el decreto de apremio corporal? La respuesta no es para nada académica, sino trata de un asunto cotidiano, lo anterior ocurrió ante el Juzgado de Pensiones Alimentarias de Santa Ana, el cual una vez solicitado, decreto el apremio corporal, así como, la anotación en el registro de obligados y el impedimento de salida. Ante ello el afectado interpuso un Recurso de Habeas Corpus.  El siguiente es un extracto del voto constitucional, que anuló todas las resoluciones dictadas por el Juzgado antes mencionado:

“(…) El hecho de hacer de manera voluntaria la consignación en la cuenta del despacho, no por ello se le puede calificar como deudor alimentario y, por ende, resulta ilegítimo la inscripción como obligado alimentario, dictar orden de impedimento de salida del país así como el apremio corporal. Lo anterior por cuanto no hay un monto predeterminado por “deuda alimentaria”, sino un depósito voluntario. Considera este Tribunal que lleva razón el actor en sus apreciaciones y se ha dado, en el sub lite, una infracción a la libertad personal del petente, en la medida que, como se acreditó, se inscribió en su contra un impedimento de salida del país y, posteriormente, se giró una orden de apremio corporal. Esto es así, por cuanto, a pesar que el tutelado instauró un procedimiento que él denominó “consignación de pensión alimentaria”, no ha habido una resolución jurisdiccional que lo obligue a cancelar un monto provisional o fijo por concepto de alimentos. Lo anterior, a la luz del artículo 22 de la Ley de Pensiones Alimentarias que dispone, expresamente, que “La obligación alimentaria regirá una vez notificado el demandado de la resolución que impone el monto provisional por concepto de alimentos”. Mientras que el artículo 165 del Código de Familia dispone que “serán exigibles por la vía del apremio corporal”, las “pensiones alimentarias provisionales o definitivas”. En consecuencia, al no constatarse el mandato de una autoridad jurisdiccional, que fijara –fundamentadamente- una pensión alimentaria provisional o definitiva, sino, solamente, un mero depósito voluntario, no se podría recurrir a los mecanismos coercitivos de pago, a saber, la restricción migratoria (artículo 14 de la Ley de Pensiones Alimentarias) y el apremio corporal. Ello no impide, claro está, que en aras de salvaguardar el derecho a los alimentos de los eventuales beneficiarios – recuérdese que la obligación de dar alimentos tiene sustento tanto en los artículos 51 y 52 de la Constitución Política, como en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos– se pueda instaurar el correspondiente proceso de demanda de pensión alimentaria” (Voto número 03031 de las 2 pm del 5 de marzo del 2014).

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Francisco Javier Madrigal Acosta

Javier Madrigal Acosta. Licenciado en Derecho, abogado Litigante, académico y profesor Universitario de los Cursos: Derecho Internacional de Derechos Humanos y Derecho Constitucional. Miembro del Bufete Pacific Law & Consulting Firm

1 de 10 Comentarios

  1. Raxel • 27 octubre, 2019

    El padre de mis hijos nos abandonó y vive en los Estados Unidos. Hay alguna manera de ponerle una pensión?

    Responder

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