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Pinceladas sobre la nueva Ley Marco del Contrato de Factoreo

Agradecemos al Lic. German Serrano,  Gerente Senior de Legal en Grant Thornton, este nuevo artículo que nos ofrece sobre una norma de reciente publicación con implicaciones muy interesantes.

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«Mediante Ley número 9691, publicada en el Diario Oficial La Gaceta del 29 de Agosto de 2019, con vigencia a partir del próximo 30 de setiembre del año en curso, fue publicada la nueva Ley Marco del Contrato de Factoreo (para efectos de este artículo la «Ley»). Esta nueva normativa, viene a regular finalmente un contrato que en nuestra legislación era atípico, si bien es un contrato muy empleado a nivel nacional e internacional, también conocido como “factoring”, para la transferencia de derechos de crédito y cobro presentes y/o futuros por medio de facturas comerciales y servicios. Esta Ley, si bien no modifica puntualmente otras disposiciones normativas vigentes, ya que deroga únicamente en forma expresa el inciso e) del artículo 984 del Código de Comercio, implica y conlleva cambios en el tratamiento y cobro de las facturas comerciales y de servicios que es importante tener presentes.

Como primer punto que me parece importante resaltar, que traerá un cambio significativo en la utilización de esta figura contractual, que beneficiaria sin duda a los comerciantes, es la derogatoria del inciso e) del artículo 984 del Código de Comercio, que establecía un plazo de prescripción de un año para “… las acciones derivadas de ventas al por mayor y al detalle a otros comerciantes o al consumidor directamente.”   Esta derogatoria implicará que a partir de la entrada en vigencia de la Ley, estas ventas al por mayor y al detalle estarán sujetas a la prescripción general que regula el artículo de referencia y que es de cuatro años. Cambio importante, dado que esa disposición rige desde el año 1964 y las facturas comerciales prescribían en el término de un año, a diferencia de otro actos de comercio, así como de las facturas por servicios profesionales que prescriben a los tres años (artículo 869 del Código Civil) y otros casos particulares.

Un segundo aspecto que considero conveniente destacar respecto de esta Ley, es que conforme al artículo 4 de la misma, toda firma en el recibo de la factura como en otros documentos comerciales del negocio, se presumirá auténtica y realizada por la persona autorizada al efecto con ese fin, salvo prueba en contrario. Esta disposición, contrasta con lo dispuesto por el artículo 460 del Código de Comercio, en cuanto dicha norma establece que la factura comercial es título ejecutivo si esta debidamente firmada por el comprador o por su encargado, debidamente autorizado por escrito, implicando que el examen sobre la ejecutividad del título quedaría para una posterior oposición sobre la ejecutividad de este. Sobre esta misma línea de pensamiento, ya existen algunos votos de los Tribunales Superiores Civiles, que en mi criterio, adquieren mayor sustento con esta nueva disposición normativa del artículo 4 de la Ley.

Respecto de la ejecutividad del título, si bien el artículo 460 del Código de Comercio, otorga dicha condición a la factura comercial de cumplirse con los requisitos ahí establecidos, el artículo 6 de la nueva Ley, establece que las certificaciones de los Contadores Públicos Autorizados sobre el monto adeudado de una factura, tendrán el carácter de título ejecutivo al expedirse sobre la veracidad de la existencia del contrato o acto jurídico. En ese sentido, en mi criterio, la discusión respecto a que si la factura cumple o no con los requisitos para ser título ejecutivo carecerá de relevancia, en tanto que el legislador ha creado en esta nueva Ley, un nuevo título ejecutivo para el cobro de los saldos insolutos de las facturas comerciales y de servicios.

En adición a lo anterior, si bien a raíz del voto 828-1C de julio del 2018 dictado por el Tribunal Primero Civil de San José, se estableció que la factura electrónica comercial no era factible emplearla como como título ejecutivo, el artículo 2 inciso h) de la Ley, la incluye en sus definiciones para efectos de este tipo de Contratos de Factoreo. En ese sentido, a criterio del suscrito, sin entrar a discutir si la misma cumple o no los requisitos para ser considerada título ejecutivo, dado que aún no se ha dado la reforma del artículo 460 del Código de Comercio que varié los requisitos legales para ello, la nueva Ley otorgó la posibilidad del cobro del monto insoluto de la misma por medio de una certificación de Contador Público Autorizado conforme se refirió en el párrafo precedente.

Dejo así, con unas pequeñas pinceladas e ideas que considero importantes respecto de esta nueva disposición legal, que de seguro será de amplio comentario en los días y meses subsiguientes, algunas referencias sobre los cambios que se avecinan respecto del tráfico de facturas comerciales y de servicios, especialmente con relación a aquellas de tipo electrónico que carecían de una vía ágil para su cobro en la vía judicial. Espero abrir la discusión valiosa de los operadores del Derecho respecto de esta nueva Ley y los cambios que traerá su aplicación en los tiempos cercanos.»

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German Serrano

El Licenciado Germán Serrano García es Gerente Senior de Legal, tiene más de 25 años de experiencia en la asesoría legal y el litigio para clientes de diversos sectores, tanto locales como multinacionales. Serrano es Abogado y Notario Público, ha ejercido en reconocidos Bufetes a nivel nacional. Cuenta con amplia experiencia en la consultoría legal y litigios, en materias como civil, comercial, bancario, laboral, cobro judicial y afines. Ha participado en la asistencia y soporte legal para compañías locales y transnacionales, además de ejercer funciones de Abogado y Notario Público para entidades bancarias y compañías de carácter privado, relacionadas con procesos de Due Dilligence, fusiones y adquisiciones, compra venta de acciones, constitución de personas jurídicas, liquidaciones, traspaso de establecimientos mercantiles, bienes raíces, así como consultoría en el ámbito laboral privado. Cargos ocupados. Director del Consejo Nacional de Salarios de Costa Rica - 1998 a 2005. Profesor Universitario de Derecho Privado y Comercial -1995 a 1997. Director de la Comisión Nacional del Consumidor – 2001 a 2004. Curador Procesal del Poder Judicial – 2003 a 2007. Comisión de Usuarios del Poder Judicial en el I y II Circuito Judicial de San José – Desde Setiembre 2014.

1 Comentario

  1. MARIA LOURDES DELGADO JIMENEZ • 12 septiembre, 2019

    Muchas gracias por este comentario, enriquecedor

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