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PLAZO DE DETENCIÓN DE EXTRANJEROS EN PROCESO DE DEPORTACION NO PUEDE SER INDEFINIDO

Del Licenciado Marco Badilla Chavarría, abogado y exdirector de Migración, nos permitimos hacer de su conocimiento el siguiente artículo que gentilmente ha puesto a nuestra disposición.

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«Interesa compartir en esta ocasión una resolución reciente de la Sala Constitucional, la cual dio con lugar un recurso de hábeas corpus y ordenó la libertad de un extranjero en proceso de deportación, cuya aprehensión se prolongó por casi seis meses sin que la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) pudiese concretar su salida.

Se trata de la resolución número 2017-001094 de las 11 horas del 24 de enero de 2017, aunque el texto íntegro de la sentencia fue emitido recientemente y ya se encuentra en firme. Alude a un ciudadano palestino, quien ingresó irregularmente al país en 2016 y cautelarmente fue aprehendido por las autoridades migratorias prolongándose su detención por casi seis meses, sin que se lograra practicar su deportación por diversos obstáculos administrativos.

La Sala Constitucional se ha referido de sobra a que en los términos de aprehensión de extranjeros no aplican las 24 horas del artículo 37 de la Constitución, sino que la detención debe obedecer al término estrictamente necesario para cumplir la finalidad migratoria que se trate, generalmente la deportación. Si bien se remite a anteriores votos, en especial a los votos 2012-5543 de las 14.45 horas del 2 de mayo, y 2012-6285 de las 14.30 horas del 15 de mayo, ambos de 2012, en este voto se considera nuevamente que no pueden existir términos indefinidos de detención, pero se remarca que aún menos cuando ha sido la propia administración migratoria la que no logra concretar la deportación.

Se alude al artículo 33 de la Ley General de Migración y Extranjería No. 8764, que señala muy claramente en su inciso 31, inciso 5.b:

“b) Una vez resuelta la identificación de la persona extranjera, por parte del consulado de su país de origen, la detención administrativa no podrá exceder el plazo máximo de treinta días naturales y en dicho término deberá ejecutarse la deportación dictada. Este plazo podrá ser ampliado en situaciones especiales y justificadas por parte de la Dirección General.” [se agrega la negrita]

Lo anterior implica que el plazo de 30 días de detención para ejecutar un acto de deportación, puede ser ampliado pero como medida excepcional y debidamente fundamentado por la administración migratoria. Sin embargo, en el caso que interesa, hubo varias ampliaciones de ese plazo de detención, sin que se lograra concretar la deportación del recurrente.

Para lo que interesa el voto indicó al respecto:

“En suma, este Tribunal ha sostenido que las autoridades de migración pueden restringir la libertad de un extranjero que permanezca irregularmente en el país, durante el tiempo racionalmente indispensable para hacer efectiva su expulsión o deportación, circunstancia en la cual no rigen las veinticuatro horas a que se refiere el artículo 37 constitucional, por no tratarse de una privación de libertad para fines de persecución penal, sino de una medida necesaria para asegurar el efectivo ejercicio de los poderes del Estado en materia migratoria (Véase en ese sentido la sentencia número 2012-6285 de las 14.30 del 15 de mayo de 2012). Sin embargo, tal medida no puede extenderse por un plazo irrazonable, pues la prolongación de la detención de la persona extranjera lesiona sus derechos fundamentales.

V.- Sobre el plazo de detención del amparado. En el caso que se analiza, se acredita que el señor (…) está detenido en el Centro de Aprehensión Temporal para Extranjeros en Condición Irregular, a fin de que se ejecute su deportación desde el 3 de agosto de 2016, por lo que tiene casi seis meses de estar en esa condición. No es de recibo el alegato de que la prolongación de la detención obedece a los reclamos presentados por el amparado, pues esta Sala ya ha indicado que no sólo la Constitución Política sino los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos reconocen por igual a nacionales y extranjeros el derecho de acceso a la justicia, lo que supone, claro está el derecho de cuestionar ante las autoridades judiciales las decisiones que les afecten…”

“…Alega la autoridad recurrida la dificultad de ejecutar la deportación a Palestina y la falta de un tercer país para que reciba al tutelado en su condición de deportado. Si bien la administración en este caso concreto debía tramitar permisos para los custodios y el deportado, coordinar el traslado a un lugar lejano, y realizar gestiones diplomáticas, lo cierto es que estas han sido infructuosas, en detrimento de los derechos fundamentales del amparado. Por ello, aunque su deportación se sustenta en el hecho que ingresó de manera irregular en el territorio costarricense, su detención ha superado sobradamente el plazo establecido en el artículo 31 inciso 5) aparte b) de la Ley No. 8764 del 19 de agosto de 2009. Por lo anterior, el recurso debe ser declarado con lugar, en cuanto a este extremo, ordenando a la recurrida que adopte inmediatamente las medidas necesarias para poner en libertad al tutelado, sin perjuicio, de la posibilidad de dictar otra de las medidas cautelares contempladas en el artículo 211 de la Ley General de Migración y Extranjería, Ley No. 8764 del 19 de agosto del 2009, para asegurar los fines del proceso de deportación al cual está sometido.” [la negrita es del original]

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Lic. Marco Badilla Chavarría

Abogado y Notario. Especialista en Derecho Comercial (Posgrado UCR) Consultor Derecho Migratorio, Ex Director General de Migración y Extranjería, Ex Miembro en propiedad del Consejo Nacional de Migración, Ex Subdirector Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS)

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