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Prorrogan vigencia de la condición PYME

De la Lic. Ana Marcela Palma compartimos este artículo de mucho interés para las pequeñas y medianas empresas del país.  Le agradecemos mucho su aporte a este blog.

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«Las pequeñas y medianas empresas que cuentan con una Condición PYME -otorgada con fundamento en la Ley Nº 8262 y los artículos 12, 13, 14 y 15 del Decreto Ejecutivo Nº 39295-MEIC- cuya fecha de vencimiento se cumpla en los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del presente año, quedan prorrogadas por el plazo de 9 meses a partir del día 30 de abril del año 2020.

La medida fue adoptada por el Poder Ejecutivo, mediante el Decreto Ejecutivo Nº42323-MEIC publicado en La Gaceta Nº 96 del 30 de abril pasado.

La vigencia original de la Condición PYME es por un año, no obstante, debido a la emergencia nacional por la situación sanitaria por la pandemia COVID-19, para aquellas empresas con vencimientos próximos se ha decretado una moratoria en el cumplimiento de las obligaciones para efectos de la renovación de su condición de registro.

De acuerdo con la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, Nº 8262, las PYME deben registrarse ante el MEIC para obtener todos los beneficios previstos en esta regulación, entre ellos los que aplican a los procedimientos de contratación administrativa tales como plazos de pago, pagos anticipados, aplicación del Fondo Especial para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FODEMIPYME) para el otorgamiento de garantías o el uso de dicha Condición como factor de desempate al aplicar el sistema de evaluación de las ofertas.

De esta forma, la Dirección General de la Pequeña y Mediana Empresa debe velar por actualizar los datos de las vigencias para los efectos de las entidades públicas que otorgan beneficios a las PYME y deberá dar seguimiento al plazo de prórroga declarado.»

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Ana Marcela Palma Segura

Ana Marcela Palma Segura, es Licenciada en Derecho, Especialista en Derecho Público y Egresada de la Maestría en Derecho Público, títulos todos obtenidos en la Universidad de Costa Rica. Tiene más de veinte años de experiencia en derecho público, administrativo y constitucional, a través del ejercicio de funciones en instituciones públicas como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Instituto Nacional de Aprendizaje, la Contraloría General de la República y la Superintendencia de Telecomunicaciones. Ha laborado también en el sector privado, como asesora de empresas vinculadas con el Estado por medio de la actividad de contratación administrativa para la adquisición de distintos tipos de bienes y servicios incluidos proyectos de infraestructura pública, tecnologías de información, telecomunicaciones, proyectos del sector eléctrico, concesiones, entre otros.

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