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Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales ¿Está preparado para cumplir sus requerimientos?

Sobre un tema que ha generado gran preocupación en las últimas semanas, agradecemos al colega German Serrano, Gerente Legal de la empresa Grant Thornton, este artículo que nos ofrece sobre la conveniencia de estar listos para el momento en que inicie esta nueva obligación.

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“Próximamente entrará en vigencia la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, habiéndose centrado la atención principalmente, en las nuevas modificaciones al Impuesto sobre la Renta y el nuevo Impuesto al Valor Agregado (IVA), que en definitiva merecen estudio. Sin embargo, bajo mi óptica, no se ha considerado en su verdadera dimensión, el alcance de lo dispuesto en el artículo 2.3 de esa Ley, que reforma el inciso a) del artículo dos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de 1988. A partir de julio tendrá repercusiones directas en relación con el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, conocido como “Registro de Accionistas”, creado en la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal. El Registro de Accionistas iniciaría funciones formalmente en setiembre, bajo la administración del Banco Central .

Establece dicha reforma del Impuesto sobre la Renta, que serán contribuyentes del impuesto sobre las utilidades, “… a) Todas las personas jurídicas legalmente constituidas, con independencia de si realizan o no una actividad lucrativa, las sociedades de hecho, las sociedades de actividades profesionales, las empresas del Estado, los entes colectivos sin personalidad jurídica y las cuentas en participación que haya en el país.” Lo anterior, sin menoscabo de otras consideraciones legales en relación con dicho impuesto, implica que toda entidad jurídica por el simple hecho de estar constituida formalmente o no, especialmente aquellas que cuenten con una cédula jurídica asignada, están obligadas a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes de la Dirección General de Tributación (DGT). Adicionalmente se agrega la obligación de las entidades jurídicas legalmente constituidas, y de aquellas que no lo están, tal y como se expondrá en los párrafos subsiguientes, de cumplir con la obligación legal de suministrar la información de sus beneficiarios finales que tengan una participación sustantiva, en razón de la futura entrada en operación del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, que se constituye como una herramienta contra la legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo, ocultación de la verdadera capacidad económica de los obligados tributarios, entre otros.

Si bien es cierto el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales se creó en la Ley Contra el Fraude Fiscal de 2016, el Poder Ejecutivo publicó hasta el 2018, el Reglamento del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales (Decreto Ejecutivo No. 41040-H). Un año después, en el Alcance No. 78 de La Gaceta de abril de 2019, la Dirección General de Tributación (DGT) y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), publicaron la “Resolución Conjunta de Alcance General para el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales”, que establece los requerimientos y el procedimiento mediante los cuales la información deberá ser suministrada. Asimismo, con la promulgación de esta Resolución Conjunta de Alcance General, hoy vigente, se determinó que, en una fase inicial, las personas jurídicas inscritas en el Registro Nacional con plazo social vigente, independientemente de que ejerzan actividad lucrativa o no, serán las primeras obligadas en ingresar la declaración de participaciones y beneficiarios finales establecida en la normativa de cita. No está demás señalar, que en una segunda o más fases, tendrán que ingresar la declaración, aquellas otras estructuras jurídicas que también están compelidas a ello, según se desarrollen las soluciones tecnológicas correspondientes, como lo dispone la misma Resolución Conjunta de Alcance General.

El transitorio primero de la Resolución Conjunta de Alcance General, determinó que a partir de setiembre, aquellas personas jurídicas inscritas y de plazo social vigente, cuyo último dígito de la cédula jurídica termine en 0 y 1, realizarán su declaración ante el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, hasta concluir en enero de 2020, con las personas jurídicas cuyo último dígito termine en 8 y 9. No obstante, es de considerar, a efecto de no constituirse como incumpliente de la normativa, que conforme al transitorio segundo de esta Resolución, y al transitorio sexto de la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, aquellas estructuras jurídicas obligadas a suministrar información que no fueron consideradas para esta primera fase, y hasta que no sean requeridas formalmente a entregar la información, deben conservarla actualizada en su poder, dado que puede ser solicitada para ser trasladada al ICD o a la DGT, en un plazo no mayor a tres días hábiles.

Están también obligados a suministrar información ante el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, además de personas o estructuras jurídicas domiciliadas en el país, legalmente constituidas o no, los fideicomisos (a excepción de los públicos), incluyendo los fideicomisos extranjeros que realizan actividades en Costa Rica, los administradores de recursos de terceros a favor de sus clientes, las organizaciones sin fines de lucro, cuya actividad esté vinculada a la recaudación o el desembolso de fondos, así como aquellas otras que el ICD determine.

Las personas jurídicas inscritas en el Registro Nacional y de plazo vigente, además de que serán consideradas contribuyentes del impuesto a las utilidades, tendrán que suministrar a partir de setiembre de 2019, la información de su beneficiario final o efectivo, sea la persona física que ejerce una influencia sustantiva o control, directo o indirecto sobre esa persona jurídica o estructura jurídica. De esa forma, la DGT y el ICD contarán con la información de quién es la persona física detrás de la estructura o persona jurídica, permitiéndoles más allá de simples sanciones o multas, detectar incrementos no justificados de patrimonio, presumir ingresos e intereses no declarados, posibles incumplimientos respecto de la regulación de precios de transferencia -compañías relacionadas-, ajustes en aduanas, actividades relacionadas con legitimación de capitales, y constitución de estructuras jurídicas contrarios al Ordenamiento Jurídico.

Resulta importante prepararse con antelación para cumplir con la “declaración de participaciones y beneficiarios finales”, revisando con cuidado y detalle el Anexo Único de la referida Resolución Conjunta de Alcance General, para que cuente con la información solicitada. Entre otras previsiones, especialmente para aquellas personas jurídicas inscritas en el Registro Nacional con plazo social vigente, se sugiere: confirmar que el Libro Registro de Accionistas, o el que corresponda, según el tipo de sociedad, no esté extraviado y se encuentre en su poder; que los asientos que establecen quién es el beneficiario final, contengan la información correcta y fidedigna, además de contar con los títulos representativos del capital social; que los asientos estén debidamente firmados por quienes deban hacerlo (por disposición estatutaria o legal); que el capital registrado y la cantidad de acciones o cuotas que lo representan a nivel del Registro de Personas Jurídicas, coincida con lo indicado en los asientos, entre otras cosas. Lo anterior, con el objeto de que, al presentar la declaración, cumpla con lo requerido, evitando así constituirse como “incumplidor”, con las consecuencias legales que implicaría. Verifique entonces, que se encuentra preparado para cumplir con los requerimientos que la normativa establece, en víspera de la entrada en operación del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales.”

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German Serrano

El Licenciado Germán Serrano García es Gerente Senior de Legal, tiene más de 25 años de experiencia en la asesoría legal y el litigio para clientes de diversos sectores, tanto locales como multinacionales. Serrano es Abogado y Notario Público, ha ejercido en reconocidos Bufetes a nivel nacional. Cuenta con amplia experiencia en la consultoría legal y litigios, en materias como civil, comercial, bancario, laboral, cobro judicial y afines. Ha participado en la asistencia y soporte legal para compañías locales y transnacionales, además de ejercer funciones de Abogado y Notario Público para entidades bancarias y compañías de carácter privado, relacionadas con procesos de Due Dilligence, fusiones y adquisiciones, compra venta de acciones, constitución de personas jurídicas, liquidaciones, traspaso de establecimientos mercantiles, bienes raíces, así como consultoría en el ámbito laboral privado. Cargos ocupados. Director del Consejo Nacional de Salarios de Costa Rica - 1998 a 2005. Profesor Universitario de Derecho Privado y Comercial -1995 a 1997. Director de la Comisión Nacional del Consumidor – 2001 a 2004. Curador Procesal del Poder Judicial – 2003 a 2007. Comisión de Usuarios del Poder Judicial en el I y II Circuito Judicial de San José – Desde Setiembre 2014.

11 de 13 Comentarios

  1. Ana • 07 Junio, 2019

    Buenos días,

    Las personas que adquirieron bienes por medio de fideicomisos para evadir el pago de impuesto de traspaso, deberán registrar esos fideicomisos?

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  2. Ana • 07 Junio, 2019

    Buenos días,

    Cuando la Ley contempla fideicomisos, pienso en todas las personas que adquirieron bienes por medio de fideicomisos para evadir el pago del impuesto de traspaso, si ese tipo de fideicomisos se deberán de registrar?

    Responder
  3. Maricruz Sánchez • 31 Mayo, 2019

    Buenas tardes. Quisiera saber si el resto del gremio está tan preocupado como nosotros respecto al tema de las sociedades inactivas con capitales sociales bajos y que cuentan con inmuebles cuyo valor supera por mucho el capital socia. Nos indicaron que estas estructuras serán fuertemente afectadas con el impuesto a la renta por la diferencia que existe entre el patrimonio social y el capital social. Es esto cierto? Me gustaría saber si existe algún criterio sobre este tema.

    Responder
    • Fernán Pacheco • 01 Junio, 2019

      En realidad el que una sociedad haya capitalizado los aportes o el que estos estén registrados como una cuenta a pagar a socios, no hace diferencia y en si mismo no implica que la sociedad deba pagar renta. Tributación lo que quiere es determinar qué activos hay detrás de las sociedades inactivas y que los fondos aportados para que esta adquiera el inmueble, son producto de ingresos que, en su oportunidad, hayan pagado impuesto; de no hacerlo, estaremos ante lo que se denomina un incremento injustificado de patrimonio y, en este caso, sí deberá pagar renta sobre dicho incremento.

      Responder
      • Maricruz Sácnhez • 13 Junio, 2019

        Muchas gracias por su respuesta. La verdad es que hay muchas versiones sobre éste tema dando vueltas en diferentes foros. El tema de si aumentar los capitales sociales de las sociedades inactivas es suficiente para que no se genere ese “aumento injustificado de patrimonio”. Algunos han dicho que el mero hecho de aumentar el capital social no ayuda, que lo que se require es realizar una “transacción” que ayude a justificar el aumento de capital social (llámese fusión, aporte de capital, etc). Creo que hay un número importante de gente que tiene sus bienes a nombre de sociedades, no para evadir impuestos, sino como medio de estructurar capital, y que no han tomado nota de esta posible exposición a impuestos. Si es cierto que Hacienda va a cobrar este impuesto si el capital social no refleja el patrimonio social… entonces muchos tendrán problemas (más que la gran mayoría no tiene contabilidades de sus sociedades inactivas, es decir, no había necesidad,). Resulta un poco difícil asesorar a los clientes ante este panorama.. No les parece?

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  4. Ligia Quesada • 24 Mayo, 2019

    Buenos días. Retiro lo dicho en mi comentario anterior. Ya ví la resolución conjunta y no las incluye. Gracias!!

    Responder
  5. Ligia Quesada • 24 Mayo, 2019

    Buenos días. Me pregunto si la disposición “todas las personas jurídicas” comprende también asociaciones, o es solamente respecto de las inscritas en el REgistro de Personas Jurídicas. Gracias.

    Responder
  6. Randall Fallas • 23 Mayo, 2019

    Buenos días. Los Notarios tendríamos acceso a dicho Registro a fin de emitir certificaciones de accionistas y poder verificar lo indicado en el Libro de Accionistas con lo declarado al Banco Central. Gracias

    Responder
    • Lic. Silvia Pacheco. Editora General • 24 Mayo, 2019

      Revisando las normas sobre este tema, no encontramos que los notarios se encuentren autorizados para consultar lo declarado por los obligados a cumplir con el Registro de Accionistas. El sistema al que sí tendrán acceso es a una plataforma que les permitirá saber si una sociedad se encuentra al día con la obligación de declaración de sus accionistas o si no lo está. Esta verificación será muy importante pues cuando los Notarios Públicos emitan documentos a los sujetos obligados, deberán verificar la lista de incumplidores y en caso de estar incluidos deberán consignarlo así en el documento. El acceso a la lista de incumplidores se realizará por medio de un certificado válido de firma digital para personas físicas perteneciente a la jerarquía nacional de certificadores registrados. Puede leer más sobre este particular en: https://www.puntojuridico.com/reglamentan-registro-accionistas-beneficiarios-finales/

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  7. Marcela Jiménez • 22 Mayo, 2019

    Saludos German, muchas gracias por el aporte.

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