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Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales ¿Está preparado para cumplir sus requerimientos?

Sobre un tema que ha generado gran preocupación en las últimas semanas, agradecemos al colega German Serrano, Gerente Legal de la empresa Grant Thornton, este artículo que nos ofrece sobre la conveniencia de estar listos para el momento en que inicie esta nueva obligación.

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«Próximamente entrará en vigencia la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, habiéndose centrado la atención principalmente, en las nuevas modificaciones al Impuesto sobre la Renta y el nuevo Impuesto al Valor Agregado (IVA), que en definitiva merecen estudio. Sin embargo, bajo mi óptica, no se ha considerado en su verdadera dimensión, el alcance de lo dispuesto en el artículo 2.3 de esa Ley, que reforma el inciso a) del artículo dos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de 1988. A partir de julio tendrá repercusiones directas en relación con el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, conocido como “Registro de Accionistas”, creado en la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal. El Registro de Accionistas iniciaría funciones formalmente en setiembre, bajo la administración del Banco Central .

Establece dicha reforma del Impuesto sobre la Renta, que serán contribuyentes del impuesto sobre las utilidades, “… a) Todas las personas jurídicas legalmente constituidas, con independencia de si realizan o no una actividad lucrativa, las sociedades de hecho, las sociedades de actividades profesionales, las empresas del Estado, los entes colectivos sin personalidad jurídica y las cuentas en participación que haya en el país.” Lo anterior, sin menoscabo de otras consideraciones legales en relación con dicho impuesto, implica que toda entidad jurídica por el simple hecho de estar constituida formalmente o no, especialmente aquellas que cuenten con una cédula jurídica asignada, están obligadas a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes de la Dirección General de Tributación (DGT). Adicionalmente se agrega la obligación de las entidades jurídicas legalmente constituidas, y de aquellas que no lo están, tal y como se expondrá en los párrafos subsiguientes, de cumplir con la obligación legal de suministrar la información de sus beneficiarios finales que tengan una participación sustantiva, en razón de la futura entrada en operación del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, que se constituye como una herramienta contra la legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo, ocultación de la verdadera capacidad económica de los obligados tributarios, entre otros.

Si bien es cierto el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales se creó en la Ley Contra el Fraude Fiscal de 2016, el Poder Ejecutivo publicó hasta el 2018, el Reglamento del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales (Decreto Ejecutivo No. 41040-H). Un año después, en el Alcance No. 78 de La Gaceta de abril de 2019, la Dirección General de Tributación (DGT) y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), publicaron la “Resolución Conjunta de Alcance General para el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales”, que establece los requerimientos y el procedimiento mediante los cuales la información deberá ser suministrada. Asimismo, con la promulgación de esta Resolución Conjunta de Alcance General, hoy vigente, se determinó que, en una fase inicial, las personas jurídicas inscritas en el Registro Nacional con plazo social vigente, independientemente de que ejerzan actividad lucrativa o no, serán las primeras obligadas en ingresar la declaración de participaciones y beneficiarios finales establecida en la normativa de cita. No está demás señalar, que en una segunda o más fases, tendrán que ingresar la declaración, aquellas otras estructuras jurídicas que también están compelidas a ello, según se desarrollen las soluciones tecnológicas correspondientes, como lo dispone la misma Resolución Conjunta de Alcance General.

El transitorio primero de la Resolución Conjunta de Alcance General, determinó que a partir de setiembre, aquellas personas jurídicas inscritas y de plazo social vigente, cuyo último dígito de la cédula jurídica termine en 0 y 1, realizarán su declaración ante el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, hasta concluir en enero de 2020, con las personas jurídicas cuyo último dígito termine en 8 y 9. No obstante, es de considerar, a efecto de no constituirse como incumpliente de la normativa, que conforme al transitorio segundo de esta Resolución, y al transitorio sexto de la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, aquellas estructuras jurídicas obligadas a suministrar información que no fueron consideradas para esta primera fase, y hasta que no sean requeridas formalmente a entregar la información, deben conservarla actualizada en su poder, dado que puede ser solicitada para ser trasladada al ICD o a la DGT, en un plazo no mayor a tres días hábiles.

Están también obligados a suministrar información ante el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, además de personas o estructuras jurídicas domiciliadas en el país, legalmente constituidas o no, los fideicomisos (a excepción de los públicos), incluyendo los fideicomisos extranjeros que realizan actividades en Costa Rica, los administradores de recursos de terceros a favor de sus clientes, las organizaciones sin fines de lucro, cuya actividad esté vinculada a la recaudación o el desembolso de fondos, así como aquellas otras que el ICD determine.

Las personas jurídicas inscritas en el Registro Nacional y de plazo vigente, además de que serán consideradas contribuyentes del impuesto a las utilidades, tendrán que suministrar a partir de setiembre de 2019, la información de su beneficiario final o efectivo, sea la persona física que ejerce una influencia sustantiva o control, directo o indirecto sobre esa persona jurídica o estructura jurídica. De esa forma, la DGT y el ICD contarán con la información de quién es la persona física detrás de la estructura o persona jurídica, permitiéndoles más allá de simples sanciones o multas, detectar incrementos no justificados de patrimonio, presumir ingresos e intereses no declarados, posibles incumplimientos respecto de la regulación de precios de transferencia -compañías relacionadas-, ajustes en aduanas, actividades relacionadas con legitimación de capitales, y constitución de estructuras jurídicas contrarios al Ordenamiento Jurídico.

Resulta importante prepararse con antelación para cumplir con la “declaración de participaciones y beneficiarios finales”, revisando con cuidado y detalle el Anexo Único de la referida Resolución Conjunta de Alcance General, para que cuente con la información solicitada. Entre otras previsiones, especialmente para aquellas personas jurídicas inscritas en el Registro Nacional con plazo social vigente, se sugiere: confirmar que el Libro Registro de Accionistas, o el que corresponda, según el tipo de sociedad, no esté extraviado y se encuentre en su poder; que los asientos que establecen quién es el beneficiario final, contengan la información correcta y fidedigna, además de contar con los títulos representativos del capital social; que los asientos estén debidamente firmados por quienes deban hacerlo (por disposición estatutaria o legal); que el capital registrado y la cantidad de acciones o cuotas que lo representan a nivel del Registro de Personas Jurídicas, coincida con lo indicado en los asientos, entre otras cosas. Lo anterior, con el objeto de que, al presentar la declaración, cumpla con lo requerido, evitando así constituirse como “incumplidor”, con las consecuencias legales que implicaría. Verifique entonces, que se encuentra preparado para cumplir con los requerimientos que la normativa establece, en víspera de la entrada en operación del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales.»

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German Serrano

El Licenciado Germán Serrano García es Gerente Senior de Legal, tiene más de 25 años de experiencia en la asesoría legal y el litigio para clientes de diversos sectores, tanto locales como multinacionales. Serrano es Abogado y Notario Público, ha ejercido en reconocidos Bufetes a nivel nacional. Cuenta con amplia experiencia en la consultoría legal y litigios, en materias como civil, comercial, bancario, laboral, cobro judicial y afines. Ha participado en la asistencia y soporte legal para compañías locales y transnacionales, además de ejercer funciones de Abogado y Notario Público para entidades bancarias y compañías de carácter privado, relacionadas con procesos de Due Dilligence, fusiones y adquisiciones, compra venta de acciones, constitución de personas jurídicas, liquidaciones, traspaso de establecimientos mercantiles, bienes raíces, así como consultoría en el ámbito laboral privado. Cargos ocupados. Director del Consejo Nacional de Salarios de Costa Rica - 1998 a 2005. Profesor Universitario de Derecho Privado y Comercial -1995 a 1997. Director de la Comisión Nacional del Consumidor – 2001 a 2004. Curador Procesal del Poder Judicial – 2003 a 2007. Comisión de Usuarios del Poder Judicial en el I y II Circuito Judicial de San José – Desde Setiembre 2014.

4 de 15 Comentarios

  1. Sandra Monge • 27 septiembre, 2019

    Cuando una sociedad esta en fideicomiso, el due;o de las acciones es el fideicomiso. Quien hace el registro de accionistas, la sociedad o el fideicomiso?

    Responder
  2. Erika Valle • 20 septiembre, 2019

    Hola! Hoy he enviado el formulario de registro a la transparencia y en la parte del capital social en lugar de poner el monto con el q se conformó la sociedad puse la cantidad de acciones q forman la sociedad. Y En la parte de los socios en lugar de poner el monto q aportó cada socio lo q puse fue la cantidad de acciones q tiene cada socio.. me podría decir si era así o si me equivoqué?

    Si la información q puse es incorrecta cómo se puede corregir?

    Puedo anular el formulario y volver a enviarlo..?
    Gracias!

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  3. Wilbert Arroyo Álvarez • 22 agosto, 2019

    Estimada D Silvia: Esta «explosión» legislativa, que, a muchos, nos tiene ocupados (y preocupados), me ha hecho tratar de ir un «paso adelante». Lo que entiendo, según información que me han dado en el M de Hacienda (25394000), MH, es 1) Que el registro se debe hacer a partir de setiembre. O sea, quien, como yo, no me gusta tener «pendientes», no puedo acceder a ningún enlace, pues éste no se abrirá sino a partir del 2 setiembre (hábil) y debe respetarse el orden que le toca a cada persona jurídica (último número de la cédula jurídica) 2) El enlace del REGISTRO se abrirá en CENTRAL DIRECTO del BCCR. Este es :https://www.centraldirecto.fi.cr/Sitio/CentralDirecto/Inicio/PaginaPrincipal). 3) Ya yo inscribí en ese Registro Directo mis SA´s pues es donde debo registrar los nombres de accionistas (RTBF) de acuerdo a esa ley (citada arriba). 4) Hay que tener a la vista algunos datos de la persona jurídica pero el empleado del MH no me supe decir cuáles serán. Supongo que en el Reglamento o el Resolución dicha, los indica pero puede ser que sean más, o menos. Si estoy equivocado, le rogaría me lo hiciera saber, por favor. Muchas gracias.

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    • Lic. Silvia Pacheco. Editora General • 22 agosto, 2019

      Estimado don Wilbert Nos parece muy acertado su resumen. Agradecemos que lo haya compartido con todos en este blog. Sobre la información que deberá suministrarse en la declaración de accionistas y beneficiarios finales, tiene razón que hasta que no entre en funcionamiento el sistema no podremos saber exactamente los datos que van a ser solicitados. Sin embargo en el ANEXO 1 de la Resolución Conjunta de Alcance General emitida por Hacienda y por el ICD el pasado 4 de abril se ofrece un listado bastante completo de la información que va a ser requerida. Puede leer más sobre este particular en nuestra nota: https://www.puntojuridico.com/registro-de-accionistas-iniciara-pronto-con-sociedades-terminadas-en-0-y-1/

      Responder

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