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Emiten circular sobre adjudicación de inmuebles de sociedades disueltas

Se trata de la Circular DRI-014-2017 con fecha de ayer miércoles 30 de agosto, la cual tiene como asunto: Adjudicación de bienes por liquidación de sociedades en razón de los alcances de la Ley No. 9024.

Se indica en la Circular que aproximadamente 11 mil sociedades de las 266 mil que fueran disueltas de pleno derecho por morosidad en el pago del impuesto a las personas jurídicas, contaban con bienes inmuebles inscritos en el Registro Nacional.

«Ante este escenario y siendo que luego de la disolución de una entidad jurídica lo procedente es continuar con su proceso de liquidación, se prevé la presentación al Diario de este Registro, de una importante cantidad de documentos por medio de los cuales se adjudiquen los bienes inmuebles propiedad de las entidades disueltas, en quienes resulten ser sus beneficiarios.

En razón de lo anterior y de conformidad con los alcances de los incisos f) y g) del artículo 8 del Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario, se emite la siguiente disposición de carácter administrativo para una adecuada y normalizada aplicación de lo dispuesto por la Ley N° 9024 en cuanto a la adjudicación de bienes inmuebles de sociedades disueltas.»

Nos permitimos un breve resumen de algunos de los puntos contenidos en ella.

  1.  El resultado del proceso liquidatorio,  sea que se realice en sede jurisdiccional sin oposición o en sede notarial, deberá  presentarse a la corriente registral mediante testimonio de escritura pública, en la cual comparecen tanto el liquidador como los adjudicatarios de los bienes.
  2. Dichos comparecientes otorgarán ante Notario Público la forma en que se acordó la distribución de bienes en favor de los beneficiarios, debiendo dicho fedatario dar fe de la inscripción del liquidador con vista de las respectivas citas de inscripción en el Registro de Personas Jurídicas.
  3.  Los actos que otorgue el liquidador, sean a título oneroso o gratuito, incluso aquellos que otorgue en favor de sí mismo, deberán ser previamente aprobados por la asamblea general de socios.  El Notario deberá dar fe de dicha autorización con vista en el documento  en que conste la misma, pudiendo tratarse (entre otros) de los siguientes:
    i) Acuerdos tomados en Asamblea General y que consten en el libro respectivo o en una escritura pública otorgada al efecto en concordancia con la directriz 03-2012 de la Dirección de Personas Jurídica. ii) De acuerdo con lo establecido en el pacto constitutivo; iii) Según lo dispuesto el estado de liquidación final, o iv) en un documento  procedente de un proceso de liquidación judicial.
  4. Para cada inmueble, derecho indiviso, lote o crédito correspondiente, deberá puntualizarse el valor por el cual se adjudica al respectivo beneficiario.
  5. En caso de existir contención entre los beneficiarios de los bienes inscritos a nombre de la entidad liquidada, siendo que las normas procesales relativas a la liquidación refieren al procedimiento sumario, se esperaría que su repartición ingrese a la corriente registral como resultado de un procedimiento de remate, en cuyo caso la forma de rogación registral prevista será la protocolización de piezas.
  6. Tratándose de bienes inscritos a nombre de sociedades extranjeras:  La disolución en sí misma de dichas sociedades no opera sobre la persona jurídica extranjera, sino que provoca la caducidad del poder otorgado, no pudiendo ejercer funciones el personero correspondiente. Para estos casos, deberá actuarse por medio de un poder especial otorgado por la casa matriz en cumplimiento de todos los requisitos dispuestos en el marco de calificación.  El inmueble que se traspase mantendrá el gravamen de hipoteca legal inscrito con ocasión de la deuda tributaria que generó la disolución de ese poder, hasta tanto no se cancele y quede al día en el pago de dicho impuesto.

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Constatamos que la circular en comentario no aclara si aquellas sociedades disueltas de pleno derecho que cumplieren con la condición de haber estado inactivas en los dos años anteriores a la entrada en vigencia de la Ley, es decir a partir del 1 de setiembre de 2015, se beneficiarán de la exención dispuesta en el Transitorio III de la nueva Ley en cuanto a los timbres e impuestos de traspaso de los bienes que sean adjudicados.

En nuestra humilde opinión tal exención sí es procedente de acuerdo con el principio de que no se puede distinguir donde la ley no distingue.  El Transitorio III no establece que deba tratarse de sociedades vigentes a nivel registral.

Sobre la adjudicación de bienes muebles que hayan quedado inscritos a nombre de sociedades disueltas, seguramente se producirá en los próximos días una circular similar a la comentada en esta nota.   Estaremos al pendiente para informarles tan pronto tengamos conocimiento de la misma.

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Suscriptores de Master Lex interesados en el texto completo de la Circular DRI-014-2017 nos la pueden solicitar al correo electrónico: legal@masterlex.com

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Lic. Silvia Pacheco. Editora General

Abogada y notaria. Especialista en administración de bases de datos de información jurídica, investigaciones jurisprudenciales y editora de contenidos legales. Consultora en proyectos de informática jurídica en la región centroamericana. Colaboradora del sitio www.leylaboral.com Encargada de la administración y actualización de Master Lex Cálculos Legales: timbres, honorarios profesionales, patentes, prestaciones laborales y otros. Moderadora del blog www.puntojuridico.com

7 de 7 Comentarios

  1. JOSE JUAN SANCHEZ • 01 septiembre, 2017

    Me parece que procede el acuerdo de los socios en escritura pública, en el caso de que no hayan libros, ya que estamos hablandos de un proceso de jurisdiccion voluntaria en sede notarial concomitantemente con la Sección del CPC: arts.543-546; sin oposiciones de partes, analogico al sucesorio en sede notarial: en que habrá un expediente notarial del proceso con el acta de asamblea de apertura y la de cierre, cada una en protocolo o protocolizada, con sus efectos propios de cada una de ellas: inventario, nombrar liquidador, edicto, avaluo, cuenta particio de activos y pasivos, adjudicación y conclusion, y el testimonio en lo conducente con las daciones de fe que habrá de enviarse al Registro Público. Tambien si hay libros igual se debe protocolizar el acta. Lo sustantivo es que haya convocatoria formal, quorum, deliberaciones unanimes y bajo el debido proceso conforme el Estatuto, el Código de Comercio y el CPC.

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  2. LARY GLORIANNA ESCALANTE FLORES • 01 septiembre, 2017

    Considero que el Registro Nacional debería generar sus circulares y/o directrices de forma que todos los registros involucrados estén de acuerdo. No entiendo como esta nueva circular hace referencia a la Directriz 03-2012 del Registro de Personas Jurídicas, la cual fue elaborada para una ley que justo el día de hoy queda derogada. No será que lo accesorio sigue a lo principal. Ahora bien las dudas no se aclaran por el contrario se generan mas.

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  3. Víctor Záratte • 31 agosto, 2017

    El Código Notarial establece que los notarios públicos podrán tramitar la liquidación de sociedades mercantiles cuando la disolución haya sido por acuerdo unánime de los socios. Significa ésto que las sociedades disueltas por ley (no pago de 3 períodos del impuesto) que aún conservan bienes, deben ser liquidadas sólo en sede judicial, por haber sido disueltas por ley y no por acuerdo de socios???

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    • Lic. Silvia Pacheco. Editora General • 01 septiembre, 2017

      Efectivamente el art. 129 del Código Notarial expresamente establece como condición para la liquidación de sociedades «cuando la disolución haya sido por acuerdo unánime de los socios.» Ello nos hace pensar que tendría que acudirse para el proceso liquidatorio en forma necesaria a la vía judicial. Sin embargo, pareciera que el objetivo de la circular del Registro Inmobiliario es establecer precisamente un procedimiento de liquidación que las partes interesadas pueden realizar con la intervención de un notario sin tener que asistir a un juzgado. En este sentido sería muy conveniente contar con el criterio de la Dirección Nacional de Notariado en relación a esta circular.

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    • Plenitud Notarial • 04 septiembre, 2017

      Su percepción es correcta por sentido común y con razón jurídica. El artículo 129 del Código Notarial define la competencia material del notario público, entre tanto el artículo 130 párrafo segundo, ibidem, tipifica la normativa procesal a seguir para cada uno de los procesos y procedimientos encomendados. Por doctrina, por principio Constitucional y por prescripción legal estipulada en los artículos 27, 30, 33 y 36 del Código Procesal Civil, la competencia debe entenderse y atenderse de modo restrictivo, nunca extensivo. Las reglas para la competencia notarial enumeradas en el artículo 129 del Código Notarial son un “numerus clausus”, lo que aunado al imperativo Constitucional y legal del principio de legalidad que constriñe a que el notario público como delegado funcional de una potestad pública del Estado, solo puede realizar lo que expresamente le está autorizado, delimita fatídicamente en forma restrictiva su marco de acción. En este orden, ni el notario, ni los rogantes del servicio notarial, ni las autoridades pueden asumir ni autorizar una competencia notarial fuera del estricto marco de legalidad que estipula el artículo 129 del Código Notarial, de modo que mal haría cualquiera de ellos en admitir como válido y legal un proceso de liquidación de sociedad cuya disolución no se encuentra originariamente aprobada por unanimidad de socios, sin que sea viable una ratificación de la disolución legal derivada de la Ley 9024 con el complaciente objeto de validar la competencia del notario, puesto que ello implicaría conferir un carácter extensivo a los presupuestos del numeral 129, extensión que por principio de legalidad, aunque sería muy cómoda, conveniente, oportuna y práctica, excede la legalidad y la constitucionalidad en materia de reglas de competencia. Se requiere de una reforma al numeral 129 para que el proceso de liquidación por medio de notario derivado de un imperativo legal y no de acuerdo unánime de socios sea extensivo a uno producto de una validación o ratificación por unanimidad de socios. Claro está, nada impide que un proceso de liquidación iniciado en sede jurisdiccional, el Juez en su omnipotente judicatura, autorice la continuación en sede notarial a un notario específico.

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  4. Ricardo Alberto Ugarte Mora • 31 agosto, 2017

    Buenas tardes Licda. Silvia Pacheco. No se si dentro del texto completo de la circular en mención, se indica cómo se resolvería el tema de sociedades disueltas que no cuenten con Libros Sociales, de manera que en principio no podría procederse con su legalización, y así poder celebrar la Asamblea en la que se haga el nombramiento del Liquidador. En caso de no incluirse tal circunstancia en dicha circular, sería conveniente plantear la consulta al Registro Mercantil.
    Muchas gracias.

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    • Lic. Silvia Pacheco. Editora General • 01 septiembre, 2017

      Estimado don Ricardo, es una excelente pregunta la que usted formula. En la circular no se regula en forma expresa la situación, en decir, no se incluye algún punto denominado, por ejemplo, liquidación de sociedades que no cuentan con libros legalizados. Sin embargo, encontramos el siguiente párrafo, que en nuestra humilde opinión, pareciera «abrir el portillo» para que esa liquidación sin libros sea factible, al menos desde el punto de vista, registral. Transcribimos textualmente: «Los actos que otorgue el liquidador, sean a título oneroso o gratuito, incluso aquellos que otorgue en favor de sí mismo, deberán ser previamente aprobados por la asamblea general de socios. El Notario deberá dar fe de dicha autorización con vista en el documento en que conste la misma, pudiendo tratarse (entre otros) de los siguientes: i) Acuerdos tomados en Asamblea General y que consten en el libro respectivo o en una escritura pública otorgada al efecto en concordancia con la directriz 03-2012 de la Dirección de Personas Jurídica» Si revisamos el texto de la Directriz 03-2012 vemos que en ella expresamente se contemplan los casos de sociedades que no cuentan con libros legalizados. Transcribimos textualmente: «La aplicación de la reforma al artículo indicado (se refiere al art. 129 del Código Notarial) está orientada a que el proceso de disolución y liquidación se realice de una manera más expedita, incluso en aquellos casos en los que la sociedad no cuente con los libros sociales legalizados, siendo innecesario proceder a su legalización única y exclusivamente para disolver y liquidar la sociedad. Para dar cumplimiento a lo anterior, el trámite se realizará con el otorgamiento de la respectiva escritura pública con la comparecencia de la totalidad de los socios, o la apertura del respectivo expediente por parte del Notario Público, y conlleva en ambos casos necesariamente el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los Capítulos VIII y IX del Título I del Libro I del Código de Comercio»: Nos parece entonces que a pesar de que la Directriz 03-2012 se emitió en relación a sociedades cuya disolución fuera acordada por los socios en forma unánime, el Registro admitirá a partir de ahora, que en el caso de disoluciones ocurridas por morosidad en el pago del impuesto a las personas jurídicas (y no por acuerdo de socios) los acuerdos de la Asamblea de Socios sean también asentados en escritura pública en lugar de los respectivos libros legales. Aclaramos que se trata de nuestra interpretación muy personal de lo señalado en la Circular emitida por el Registro Inmobiliaria este pasado 30 de agosto. Será necesario confirmarlo directamente con las autoridades registrales correspondientes.

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