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Reglamentan registro de accionistas y beneficiarios finales

El 20 de diciembre de 2016 se publicó en La Gaceta, la Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, Ley No 9416 que reformó sustancialmente el Código de Normas y Procedimientos Tributarios.   Se crearon así nuevas e importantes obligaciones tributarias y herramientas con el objeto de perseguir la evasión fiscal. Entre ellas, la obligación para las personas jurídicas o estructuras jurídicas domiciliadas en el país de proporcionar al Banco Central de Costa Rica el registro de accionistas y beneficiarios finales que tuviesen una participación sustantiva (entre un rango del 15% o 25% del capital social) obligación que tendría que cumplirse anualmente, o bien, cada vez que algún accionista igualase o superase el rango indicado.

Se publicó esta semana el Reglamento del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales con el número de Decreto Ejecutivo No. 41040-H del 05 de abril del 2018.  Nos encontramos incorporando su texto a nuestras bases de datos a fin de que pueda ser consultado a la brevedad posible.  Suscriptores de Master Lex nos lo pueden solicitar por correo electrónica a la dirección legal@masterlex.com

“La Dirección General de Tributación requiere accesar a la información relacionada con la totalidad de los accionistas, participaciones sustantivas de las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas, así como de los beneficiarios finales o efectivos, con el fin de verificar que estos instrumentos no sean utilizados para ocultar la verdadera capacidad económica de los obligados tributarios, eludiendo así la gestión, fiscalización y recaudación de los tributos.” (Decreto Ejecutivo No. 41040-H)

No se cuenta a la fecha con la plataforma informática que le permita a los obligados cumplir con este  suministro de información.  Se establece en el artículo 8 de este nuevo reglamento que corresponderá a la Dirección General de Tributación y al Instituto Costarricense sobre Drogas  definir y comunicar, mediante una resolución conjunta de alcance general,  la fecha a partir de la cual,  dará inicio esta obligación.

El Banco Central de Costa Rica definirá a la Dirección General de Tributación y al Instituto Costarricense sobre Drogas el formato, las características, requerimientos técnicos y de seguridad en que el suministro de información se debe realizar en el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales.

Si bien esta nueva reglamentación abarca muchos importantes aspectos:  sujetos obligados a proporcionar la información, excluidos de dicha obligación,  momento y periodicidad, listado de incumplidores, etc, solamente nos referiremos en este momento a un tema que nos parece importante por cuanto afecta directamente el ejercicio notarial.  Lo encontramos regulado en el art. 25 siguiente:

“Los Notarios Públicos cuando emitan documentos a los sujetos obligados indicados en el artículo 3 de este reglamento, deben verificar la lista de incumplidores y en caso de estar incluido debe consignarlo en el documento. El acceso a la lista de incumplidores se realizará por medio de un certificado válido de firma digital para personas físicas perteneciente a la jerarquía nacional de certificadores registrados.

Para verificar la condición de Notario Público al momento de la consulta, la Dirección Nacional de Notariado proveerá una consulta automática de acuerdo a los requerimientos técnicos definidos por el Banco Central de Costa Rica, de manera que el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales pueda determinar, en tiempo real, si el consultante es un notario público facultado para ejercer.” 

Vemos entonces que surge para los notarios públicos una nueva obligación  de consignar en cualquier documento que involucre a una persona jurídica o estructura jurídica obligada a informar sobre sus accionistas y beneficiarios finales, cuando dichos obligados hayan incumplido con el suministro de información.

Se señala que el acceso de los notarios a la “Lista de incumplidores”  se realizará por medio de un certificado válido de firma digital, previa comprobación automática y en tiempo real, por parte de dicho sistema, de que el consultante es un notario público facultado para ejercer.    Al efecto se le concede a la DNN plazo hasta el 30 de junio de 2018 para la construcción de la consulta automática que este sistema tendría que realizar de esa condición activa del notario que requiere realizar la consulta en la lista de incumplidores.

Confiemos que estos sistemas y plataformas informáticas que en pocas semanas los notarios tendrán que empezar a utilizar funcionen de manera correcta y amigable.   De lo contrario, podría obstaculizarse ese servicio trascendental que brindan como ministros de fe pública y garantes de la seguridad jurídica en las transacciones económicas de nuestro país.

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Lic. Silvia Pacheco. Editora General

Abogada y notaria. Especialista en administración de bases de datos de información jurídica, investigaciones jurisprudenciales y editora de contenidos legales. Consultora en proyectos de informática jurídica en la región centroamericana. Colaboradora del sitio www.leylaboral.com Encargada de la administración y actualización de Master Lex Cálculos Legales: timbres, honorarios profesionales, patentes, prestaciones laborales y otros. Moderadora del blog www.puntojuridico.com

6 de 6 Comentarios

  1. David Solano • 19 Julio, 2018

    Mientras no se habilite la plataforma por parte del BCCR, los obligados al suministro de la información deben aportar la información por algun otro medio? Cual sería el procedimiento?

    Responder
    • Lic. Silvia Pacheco. Editora General • 25 Julio, 2018

      Entendemos que las sociedades deberán cumplir con la obligación de reportar la información sobre sus accionistas una vez que la plataforma del BCCR se encuentre en funcionamiento, lo cual a la fecha no ha sucedido. Se comunicará mediante resolución del Ministerio de Hacienda la fecha a partir de la cual deberán las sociedades cumplir con esta obligación. Hasta ese momento no hay obligación de “reportar” esta información, pero sí de tener los registros de accionistas al día de acuerdo con el art. 84 bis del Código de normas y Procedimientos Tributarios.

      Responder
  2. MARIA LOURDES DELGADO JIMENEZ • 03 Mayo, 2018

    Por favor que alguien me indique si saben sin la DNN, esta haciendo algo para implementar la construcción de la consulta automática, para tener acceso a la “Lista de incumplidores” Muchas gracias.

    Responder
    • Lic. Silvia Pacheco. Editora General • 03 Mayo, 2018

      Estimada María Lourdes, No tenemos conocimiento sobre el estado de este proceso por parte de la DNN. Lo cierto es que según el Transitorio II de este decreto, tendría que tenerlo terminado a más tardar el próximo 30 de junio. Entendemos que la DNN lo que debe tener finiquitado es el sistema que le permitirá al BCCR confirmar si un notario está o no activo, a fin de que dicho profesional pueda acceder a la lista de incumplidores para lo cual deberá utilizar firma digital. Lo curioso es que el BCCR tiene plazo al 1 de enero de 2019 para liberar dicha plataforma. Tal vez requiere que la DNN cumpla seis meses antes con la implementación de esta “consulta de notarios” para poder realizar pruebas y lograr salir en enero con un sistema totalmente funcional. !Esperemos que así sea!

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  3. Luciana • 30 Abril, 2018

    Esta obligación es aplica para todas las sociedades o depende del tipo de actividad económica?

    Responder
    • Lic. Silvia Pacheco. Editora General • 30 Abril, 2018

      La obligación de suministrar al Banco Central de Costa Rica el nombre de los accionistas y beneficiarios finales no depende del tipo de actividad económica. En el art. 5 de la Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal se establece que las obligadas a cumplir con esta información son: “Las personas jurídicas o estructuras jurídicas domiciliadas en el país, por medio de su representante legal, deberán proporcionar al Banco Central de Costa Rica el registro o la indicación de los accionistas y beneficiarios finales que tengan una participación sustantiva.” Asimismo encontramos que el art. 3 de este REglamento aclara lo siguiente: Artículo 3.- Sujetos obligados al suministro de información. Están obligados a presentar la información establecida en el Capítulo II de la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas domiciliadas en el país, los administradores de recursos de terceros a favor de sus clientes, las organizaciones sin fines de lucro y los fideicomisos privados, incluyendo los fideicomisos extranjeros que realizan actividades en Costa Rica.

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