Repensar la justicia

Agradecemos al Lic. Luis Vega Campos esta reflexión que gentilmente nos ha hecho llegar para el conocimiento de todos los distinguidos lectores de este foro.

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«El Cementazo sin duda alguna se ha convertido en más que una novela policíaca, ha representado una oportunidad para que las personas cuestionen las relaciones de poder entre los políticos y el sector empresarial, y ha venido a ejemplificar, conceptos jurídicos como el posible tráfico de influencias o el peculado, como vivo ejemplo para una mayor comprensión. Estos casos de corrupción han hecho que la ciudadanía realice cuestionamientos sobre la ley y su aplicación, esto me recuerda, mi época como estudiante de derecho, ahí me enseñaron a usar e interpretar la norma, pero en pocas ocasiones se me dio la posibilidad de cuestionarla o reinventarla.  Sin embargo, hay momentos históricos donde las condiciones son las óptimas para realizar cambios de paradigma: este es uno de esos.

No todo se queda ahí, hace unas semanas Diego Delfino, lanzaba una pregunta en redes sociales, para así determinar qué tanto sabemos los costarricenses de las magistraturas. Las respuestas dilucidaron un secreto a voces, la educación cívica se nos quedó corta, y quienes más tenían conocimiento, reconocían acaso, las Salas de la Corte, un par de funciones y a quien correspondía su nombramiento. Esto debe ser visto como una oportunidad para construir una nueva cultura judicial en nuestro país, para repensar un poco nuestro sistema jurídico, donde la descripción de la conducta delictiva y los hechos cuestionados vayan de la mano, para que sea posible aplicar y sancionar según se dictamine.

El Poder Judicial viene experimentado una crisis latente, la cual en los últimos años ha sido más palpable. Ejemplo de ello los votos controversiales como aquel de la reelección, la consulta al CAFTA, los desaciertos con el caso de Jairo Mora, las contradicciones alrededor de Crucitas, las discusiones sobre su régimen de pensiones, la retención de cadáveres, la intervención de poderes, el divorcio entre OIJ y Fiscalía o las desestimaciones asociadas a los préstamos millonarios; sólo por mencionar algunos reflejos de este trance.

Por otro lado, escuchamos al mismo Presidente de la Corte Plena, Carlos Chinchilla Sandí, mencionar en su comparecencia ante la Comisión Legislativa, que al día de hoy las condenas por varios de los delitos, como tráfico de influencias, soborno transnacional o enriquecimiento ilícito, se encuentran prácticamente en cero; esto, es una de las grandes expresiones de que algo no está funcionando en esta ecuación que involucra: la gestión judicial, los delitos funcionales, los matices políticos y la mala gestión de la cosa pública. Muchos teóricos, citan que la legislación no es un fin en sí mismo, sino que, es el mecanismo para llegar a los fines perseguidos por la administración de justicia, como una herramienta para buscar esa tan nombrada “convivencia en sociedad”. Ya quisiéramos que las condenas estén en cero, debido a que la ley cumple su labor coercitiva, pero no es así, las conductas descritas en el tipo penal se siguen dando al igual que el cuadro fáctico, pero al momento de llevarlo al proceso jurisdiccional algo se viene abajo, y el caso llega a una desestimación o se dicta sobreseimiento.

En Costa Rica, venimos acumulando normas sin estrenarlas, otro ejemplo de esto, se dio cuando “la abogacía del Estado”, no aplicó el precepto que le da la potestad de ejercer la acción penal en casos como los que la fiscalía desestimó en cuestión de días; ¿Acaso no corresponde a la Procuraduría defender e intervenir cuando los fines e intereses del Estado se ven amenazados?, ¿O será que el famoso seguro de caución del cemento chino, también cubre la confiabilidad, el respaldo y el respeto de las y los costarricenses por la institucionalidad?.

En fin, las heridas abiertas por el llamado Cementazo deben ser vistas como una oportunidad, para cambiar lo que tenga que ser cambiado, tal y como decía un viejo cubano. Entre esos cambios debe estar el fortalecimiento de los requisitos para nombrar las magistraturas y la fiscalía general, además se debe acabar con los atajos en el nombramiento de fiscales adjuntos y auxiliares, mediante una reforma al numeral 27 de la Ley del Ministerio Público, eliminando la posibilidad de compadrazgo que permite saltarse procesos de elegibilidad, por medio de concursos.

Es tiempo, de repensar el papel de la Corte Plena en nuestra sociedad, determinar quién debe llevar a cabo las funciones administrativas de este poder y si es conveniente continuar con los nombramientos políticos de las magistraturas, los cuales han traído cuestionamientos sobre su imparcialidad y sus posibles compromisos.

Es momento de dar esta discusión y poner sobre la mesa posibles soluciones, tal y como lo ha hecho el señor Walter Antillón, con un proyecto que reformaría la constitución y crearía el Consejo Superior de la Judicatura, incluyendo diversos sectores de la abogacía, con la pretensión de dar mayor independencia política a nuestro Sistema Judicial. Repensemos la justicia costarricense, la cual no sólo ha dejado de ser pronta y cumplida, sino que también genera dudas sobre su transparencia, su objetividad y su equidad en la aplicación de la ley.»