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Responsabilidad solidaria en el Impuesto a las Personas Jurídicas

Sobre un tema que ha generado mucha inquietud con la publicación del Reglamento a la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, en virtud de la existencia de varios numerales, que en ambas normativas,  tratan sobre las personas llamadas a responder ante el incumplimiento en el pago de este impuesto,  agradecemos a don José María Oreamuno, socio del Bufete Facio & Cañas, especialista en Derecho Tributario, el siguiente artículo que gentilmente ha puesto a nuestra disposición:

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«Conforme al artículo 4 de la ley 9428, los representantes legales son solidariamente responsables del pago del impuesto a las personas jurídicas, desde el momento en que sucede el hecho generador de la obligación tributaria. Por otra parte, a partir de la disolución de la sociedad, surge una nueva solidaridad para los socios de la sociedad liquidada conforme al artículo 22 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios:

Artículo 22.- Responsabilidad solidaria sobre deudas líquidas y exigibles. Quienes adquieran del sujeto pasivo, por cualquier concepto, la titularidad de bienes o el ejercicio de derechos, son responsables solidarios por las deudas tributarias líquidas y exigibles del anterior titular, hasta por el valor de tales bienes o derechos.
Para estos efectos, los que sean socios de sociedades liquidadas, al momento de ser liquidadas, serán considerados igualmente responsables solidarios”.

Opino que ambas responsabilidades no son excluyentes, sino que se suman, permitiéndose a la Administración Tributaria dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios.

Adicionalmente, en caso de disolución de la persona jurídica por omisión del pago de tres períodos consecutivos, los artículos 7 y transitorio II de la ley del impuesto de sociedades autorizan a la Dirección General de Tributación para efectuar los procedimientos cobratorios “contra los últimos socios oficialmente registrados, quienes se constituirán en responsables solidarios en el pago de este impuesto”.

Comparando el artículo 22 CNPT con los artículos 7 y transitorio II citados, pareciera que el legislador trata de resolver el problema práctico de que los accionistas no siempre son conocidos por la Administración Tributaria en virtud de que el libro “Registro de Accionistas” no es público. Por esa misma dificultad, el artículo 5 de la Ley para mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal (9416 del 14 de diciembre del 2016) estableció la obligación de proporcionar información sobre los accionistas al Banco Central de Costa Rica. Por tanto, cuando la ley 9428 menciona a “los últimos socios oficialmente registrados”, se refiere a los que constan en ese “registro de accionistas” en el BCCR. Así lo entiende el artículo 12 del Reglamento a la Ley del Impuesto a las Personas Jurídicas (Decreto Ejecutivo 40.417-H del 8 de mayo del 2017).

Es muy posible que una sociedad que deje de cumplir con el pago del impuesto a las personas jurídicas por tres períodos consecutivos, también haya incumplido la obligación de proporcionar la información de sus accionistas al BCCR, con lo que la Administración Tributaria podría encontrarse en el problema de que los representantes legales hayan renunciado a la sociedad (ver transitorio IV de la ley 9428), no se hayan nombrado nuevos representantes, y el registro de accionistas esté desactualizado. Los artículos 7 y transitorio II habilitan para perseguir a los socios que consten en el registro del BCCR, aunque no pueda probarse que esos socios son los actualmente existentes. Está por verse la constitucionalidad de estas disposiciones.

Otro matiz interesante de ser notado es que para que surja la responsabilidad solidaria de los accionistas, el artículo 22 del Código Tributario parece exigir que la sociedad no sólo esté disuelta sino también liquidada. En cambio, la ley 9428 no menciona liquidación sino sólo disolución.

El artículo 195 del Código Tributario indica que, para exigir responsabilidad a los deudores solidarios, debe notificárseles el requerimiento de pago, y si éstos no cancelan la deuda tributaria dentro del plazo otorgado, se incluirán en la lista de morosos que publica la Administración Tributaria. Sin embargo, no se incluirá entre los morosos al accionista minoritario que “demuestre, fehacientemente, haber salvado su responsabilidad en las actuaciones de la junta directiva, con anterioridad a la exigibilidad de la deuda”.

Finalmente, no está demás recordar los efectos de la solidaridad en materia tributaria, conforme al artículo 16 del Código Tributario:

“a) La obligación puede ser exigida total o parcialmente a cualquiera de los deudores, a elección del sujeto activo;

b) El pago efectuado por uno de los deudores libera a los demás;

c) El cumplimiento de un deber formal por parte de uno de los obligados no libera a los demás cuando sea de utilidad para el sujeto activo que los otros obligados lo cumplan;

d) La exención o remisión de la obligación libera a todos los deudores, salvo que el beneficio haya sido concedido a determinada persona. En este caso el sujeto activo puede exigir el cumplimiento a los demás con deducción de la parte proporcional del beneficiado;

e) Cualquier interrupción de la prescripción, en favor o en contra de uno de los deudores, favorece o perjudica a los demás; y

f) En las relaciones privadas entre contribuyentes y responsables, la obligación se divide entre ellos; y quien haya efectuado el pago puede reclamar de los demás el total o una parte proporcional, según corresponda. Si alguno fuere insolvente, su porción se debe distribuir a prorrata entre los otros”.

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José María Oreamuno

Socio de Facio & Cañas, de su departamento de impuestos (Faycatax S.A.)y de www.impositus.com la comunidad tributaria. Profesor de Derecho Tributario en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Fundepos. Miembro de la International Fiscal Association (IFA) y del Instituto Costarricense de Estudios Fiscales (ICEF)

4 de 4 Comentarios

  1. Jenny • 06 octubre, 2017

    En relación a la responsabilidad solidaria de los socios me queda la duda: En sociedades pequeñas que los socios perdieron contacto, llevándose el socio mayoritario los libros fuera del país, como puede el socio minoritario renunciar a su condición de socio para no verse afectado?

    Responder
  2. VICTORINO JIMENEZ RODIGUEZ • 05 junio, 2017

    Pregunto si ya existe un reglamento que regule el procedimiento para inscribir los socios en el BCCR

    Responder
    • Lic. Silvia Pacheco. Editora General • 06 junio, 2017

      Estimado don Victorino, Mediante Transitorio a la Ley para mejorar la lucha contra el Fraude Fiscal que entró a regir el año pasado, se le concedió al BCCR, al Ministerio de Hacienda y al Instituto Costarricense sobre Drogas un plazo hasta el 1 de enero de 2019 para que pongan a funcionar un sistema informático que cumpla con las medidas de seguridad y trazabilidad de la información, de conformidad con estándares internacionalmente aceptados de confidencialidad de la información. Será en ese momento que podrán las sociedades cumplir con su obligación de proporcionar anualmente la indicación de los accionistas y beneficiarios finales que tengan una participación sustantiva, o bien cada vez que se produzcan cambios en la tenencia de dichas acciones. No vemos que la Ley obligue expresamente a la emisión de algún reglamento pero probablemente así se hará pues será necesario definir muchos aspectos sobre el uso que las sociedades deberán hacer de ese nuevo sistema electrónico de Registro de Accionistas.

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  3. MARIA LOURDES DELGADO JIMENEZ • 05 junio, 2017

    Buenas tardes. Es obvio que si los representantes legales que en sociedades pequeñas siempre son los socios habian renunciado antes del 2016, no harian los tramites de actualizar datos ante el BCCR.

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