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Sala IV rechaza amparo sobre inscripción matrimonio igualitario

También en relación con el tema del matrimonio igualitario, nos permitimos transcribir a continuación, comentario del colega Javier Madrigal sobre un voto reciente de la Sala Constitucional que rechazó el recurso de amparo presentado por un notario que exigía al Registro Civil la inscripción de un matrimonio entre personas del mismo sexo.

Vemos entonces que si bien la Presidencia de la República, el Ministerio de Justicia y Paz y el de Cultura promueven la eliminación de las sanciones disciplinarias a los notarios que otorguen matrimonios igualitarios (ver nuestra nota en este mismo blog), la Sala IV es clara al disponer que hasta tanto se mantenga la vigencia del inciso 6 del numeral 14 del Código de Familia, no puede obligarse al Registro Civil a inscribir estos actos.

Pareciera por consiguiente que lo que se espera es que los matrimonios que los notarios otorguen durante el plazo de 18 meses de vigencia que la Sala Constitucional estableció para la norma antes indicada, generen únicamente anotaciones marginales en el estado civil de los contrayentes, las cuales quedarían definitivamente inscritas a más tardar el 26 de mayo de 2020, fecha en que sería anulado el inciso 6) del artículo 14 del Código de Familia.

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“Mediante el voto número  2019-000683, de las 9 horas 15 minutos del 18 de Enero de 2019, la Sala Constitucional, procedió a declarar sin lugar un Recurso de Amparo, interpuesto, en fecha 27 de agosto del 2018,, el cual dio curso en fecha 12 de setiembre del año pasado,  contra el Tribunal Supremo de Elecciones, Registro Civil.

En esa oportunidad alego el recurrente, que en fecha 7 de febrero del 2018, casó a dos hombres, mismo que no fue inscrito por la recurrida, sea el Registro Civil; mismo que resolvió el “archivo temporal de las diligencias, a la espera de que el Tribunal Supremo de Elecciones, a través de una comisión institucional a efectos de estudiar e informar sobre los alcances del pronunciamiento de la CIDH a nivel institucional, así como recomendar las eventuales medidas registrales que correspondiera adoptar a la luz de lo dispuesto por la citada, sección de Inscripciones del Departamento Civil, lo cual fue debidamente notificada la recurrente.

La parte que presentó el Amparo, además cuestionó, que el Registro Civil, no tenía potestades para revisar la validez del acto, y que el matrimonio, surtía sus efectos desde su celebración, así como, que el Registro Civil está obligado a inscribirlo no teniendo potestades para revisar su validez.

En relación al fallo del máximo Tribunal Constitucional, al analizar el fondo del Recurso, destaco,  que al momento de efectuar matrimonios entre personas del mismo sexo estaba vigente al presentar el Recurso, tanto como, al momento de solicitar la inscripción del matrimonio de los tutelados el 22 de febrero de 2018 como en la actualidad, de conformidad con el inciso 6) del artículo 14 del Código de Familia y la señalada sentencia constitucional, la cual dispuso, en lo que interesa:

(…) En consecuencia, se mantiene la vigencia del inciso 6 del numeral 14 del Código de Familia hasta por el citado plazo de 18 meses. (…) Se establece así que el accionante no puede exigir la inscripción del matrimonio de los tutelados, toda vez que ello reñiría con el ordenamiento jurídico en su estado actual. De ahí que este Tribunal se vea impedido de acoger la pretensión del accionante en cuanto a la inscripción del matrimonio. Ahora bien, los restantes argumentos se refieren a la potestad de las autoridades de negarse a inscribir un matrimonio –disputadas por el recurrente- así como la mención de la sentencia de esta Sala durante el trámite de la gestión administrativa. Con respecto a las potestades del Tribunal Supremo de Elecciones y el Registro Civil, el ordenamiento jurídico sí le otorga tal prerrogativa. Así, el numeral 55 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones TSE y del Registro Civil preceptúa que debe inscribirse el matrimonio celebrado “…de acuerdo con la ley… ”. Esa misma ley también prevé el deber de cancelar inscripciones afectadas por algún vicio de nulidad (artículo 64). En cuanto a la fundamentación del archivo temporal, si bien la resolución de la Sala no había adquirido eficacia cuando se emitió el auto de las 9:02 horas del 22 de agosto de 2018, lo cierto es que el oficio N° DC-3527-2018 del 24 de agosto de 2018 aclaró los antecedentes y la necesidad de derogatoria del inciso 6) del ordinal 14 del Código de Familia, a fin de poder proceder con la inscripción pretendida. Se acota que dicho oficio es de fecha anterior a la notificación del curso de este proceso, efectuada el 7 de setiembre de 2018. En todo caso, visto que es improcedente la inscripción del matrimonio y que no se demuestra la afectación de algún derecho fundamental, entonces la disconformidad que tenga el recurrente con la fundamentación brindada por las autoridades recurridas deviene materia de legalidad. (…) ajena en consecuencia a la materia Constitucional.”

 

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Francisco Javier Madrigal Acosta

Javier Madrigal Acosta. Licenciado en Derecho, abogado Litigante, académico y profesor Universitario de los Cursos: Derecho Internacional de Derechos Humanos y Derecho Constitucional. Miembro del Bufete Pacific Law & Consulting Firm

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