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Sobre el debido proceso

Como en otras oportunidades, nos permitimos transcribir de nuestro estimable colega Herman Mora Vargas, la siguiente reflexión sobre el tema de la referencia:

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He escuchado, en varias ocasiones, a destacados profesionales manifestar que el debido proceso tiene paralizado a este país. Afirmación que si se le mira bien no es tan descabellada y encierra cierto grado de sentido.   Es claro que lo indicado se refiere al torpe y penoso tramitar, en general, de los procesos en nuestro país.

Ahora, desde una óptica, digamos, más universal, no es exagerado decir que el Debido Proceso es uno de las grandes logros de occidente. Parte angular de la civilización. Posiblemente, contemplando desde toda su dimensión, es el pilar primitivo de los Derechos Humanos.

Así, el concepto del debido proceso involucra comprensivamente el desarrollo progresivo de todos los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos de goce -cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano-, es decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia.

En un primer momento se atribuyó valor y efecto constitucional al principio del debido proceso legal -como aún se conoce en la tradición británica y norteamericana: due process of law-. Del capítulo 39 de la Carta Magna inglesa de 1215 se desarrolló este derecho de los barones normandos frente al Rey «Juan Sin Tierra» a no sufrir arresto o prisión arbitrarios, y a no ser molestados ni despojados de su propiedad sin el juicio legal de sus pares y mediante el debido proceso legal.

Su contenido fue un signo claro atenuante ante los excesos de este Rey y de sus predecesores, con su antecedente inmediato en la «Carta de Coronación de Enrique I» o «Carta de las Libertades», primera Carta concedida por un monarca inglés, otorgada por aquél en 1100, en el momento de su acceso al trono. Según el pasaje de la Magna Carta que interesa: «Ningún hombre libre deberá ser arrestado, o detenido en prisión, o desprovisto de su propiedad, o de ninguna forma molestado; y no iremos en su busca, ni enviaremos por él, salvo por el juzgamiento legal de sus pares y por la ley de la nación».

Del Capítulo 39 de la Magna Carta, transcrito del latín original como per legem terrae y traducido al inglés como law of the land, se desarrolló el del debido proceso legal -due process of law-, en su acepción contemporánea.

Dos sentencias constitucionales, siendo de especial relevancia la segunda, nos ilustran sobre el tema del Debido proceso, y tomo de ellas estas notas. Estas son: Res: 2001-10198 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas con veintinueve minutos del diez de octubre del dos mil uno. (Exp: 01-007208-0007-CO) y La numero 1739-92. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas cuarenta y cinco minutos del primero de julio de mil novecientos noventa y dos.

«Es así como de rango constitucional (artículo 41) tenemos que «Ocurriendo a las leyes – todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida y en estricta conformidad con las leyes.  (…) Lo que implica que por los medios legales, las partes pueden demandar amparo a un derecho lesionado o discutido, solicitando del órgano jurisdiccional las medidas pertinentes y la intervención necesaria para que se les garantice el uso legítimo de ese derecho. Las leyes en general están orientadas a procurar la tutela de lo que a cada uno corresponde o pertenece, tanto en el sentido de regular los derechos individuales como el de establecer el mecanismo formal e idóneo para que las personas tengan acceso a los Tribunales … valga decir, entonces, que para demandar el cumplimiento de todos esos principios legales … el Juez no puede actuar al arbitrio, porque debe respetar el patrón impuesto por las mismas leyes, que tiene origen en una ley suprema: la Constitución; todo en beneficio de las partes por igual y en resguardo de la correcta administración de justicia». (Sesión extraordinaria de Corte Plena de 26 de junio de 1984, citado por la sentencia número 1739-92. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas cuarenta y cinco minutos del primero de julio de mil novecientos noventa y dos.)

Se desprende así que el artículo 41 de la Constitución establece un conjunto de principios básicos a los cuales los individuos y el Estado deben ajustar su actuación. Estos derechos son:

 DERECHOS DE AUDIENCIA Y DEFENSA:
El derecho a la defensa, consagrado por el artículo 39 de nuestra Constitución, tanto en lo penal como, en general, en toda materia sancionadora que pueda acarrear la supresión o restricción de derechos subjetivos de las personas, o bien que le pueda, en cualquier tipo de proceso, afectar en sus derecho. Está también, extensamente en el Código Procesal Penal y en el artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, este último en sus párrafos 1º, para todo proceso, y 2º a 5º específicamente para el proceso penal. El derecho general de defensa implica otros, particularmente el de audiencia y los principios de imputación e intimación, así como el derecho a la motivación o fundamentación debida de toda resolución procesal. De conformidad con lo expuesto, comprende:

a) El principio de intimación:
Es derecho de todo individuo a ser instruido de cargos, es decir, puesto en conocimiento de la acusación, o las razones de la demanda en su contra, desde el primer momento -incluso antes de la iniciación del proceso contra él, por ejemplo por parte del Ministerio Público-. Es obligación de todas las autoridades que intervienen en el proceso, del juez principalmente, instruir de cargos y advertir de sus derechos constitucionales a todo imputado, mediante una relación oportuna, expresa, precisa, clara y circunstanciada de los hechos y sus consecuencias legales; y esto sólo puede lograrse plenamente con la debida comunicación, mediante una notificación al intimidado.

b) El principio de imputación:
Es el derecho a una acusación formal. Necesariamente debe cumplirse a cualquiera a quien se pretenda someter a un proceso. Comprende describir detallada, precisa y claramente el hecho de que se le acusa, y hacer una clara calificación legal del hecho, señalando los fundamentos de derecho de la acusación y concreta pretensión punitiva.

c) El derecho de audiencia:
Es el derecho del sometido al proceso de intervenir en el mismo y, particularmente, de hacerse oír por el juez, de traer al proceso toda prueba que consideren oportuna para respaldar su defensa, de controlar la actividad de la parte o partes contrarias, y de combatir sus argumentos y las pruebas de cargo.

d) El derecho de defensa en sí:
También se desprende del artículo 39 de la Ley Fundamental, y muy especialmente de los incisos a), c), d), e), f) y g) del párrafo 2°, y de los párrafos 3° y 5° del artículo 8° de la Convención Americana, de todo lo cual resulta toda una serie de consecuencias, en resumen; el derecho de ser asistido, así como por un defensor letrado.

Cabe advertir, asimismo, que el derecho de defensa debe ser no sólo formal, sino también material, es decir, ejercido de hecho, plena y eficazmente, lo cual implica además, como aspecto de singular importancia, el derecho a hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa, sin exponerse a sanción ni censura alguna por ese ejercicio, así como la necesidad de garantizar al imputado y a su defensor, al primero en virtud de su estado de inocencia hasta no haber sido condenado por sentencia firme, al segundo por su condición de instrumento legal y moral al servicio de la justicia, cualquiera que sea la causa que defienda, la persona del reo o la gravedad de los hechos que se le atribuyan.

Traigo a colación lo señalado en razón de la práctica que ha asumido la Dirección Nacional del Notariado, de iniciar procesos de inhabilitación, comunicando al notario por medio del fax o por correo electrónico de éste, el traslado de los cargos. Práctica del todo inconveniente, tratándose de la primera imputación formal de cargos, y que además se actúa al margen de la legislación. El resto de las notificaciones, es claro, pueden hacerse por el medio señalado, pero el traslado de cargo, debe hacerse como la ley de notificaciones ordena, es decir, personalmente. El asunto no es pecata minuta, sino un elemento vertebral del proceso que desatendido, acarrea la indefensión. Nada menos que el momento donde se pone en conocimiento de la imputación de los cargos en contra del Notario. Es una actuación de carácter material y formal. Cuenta como corolario del principio de intimación. Es claro que el Código Notarial debió considerar la posibilidad de notificar al cartulario en el lugar previsto para su despacho profesional. Una reforma a dicho cuerpo normativo, que aspira a ser ley, ya previó tal suerte. Sin embargo no es dable jurídicamente, notificar el auto inicial por medio de un correo electrónico, del cual no se tiene certeza de que haya sido recibido, por cuanto podría haber variado de receptor, o podría haber sido eliminado como correo “spam”.

De tal suerte, si la D. N. N. desea realizar una Notificación automática, (ARTÍCULO 11.- Ley de notificaciones judiciales) la cual a saber dice:  “A la parte que, en su primer escrito o prevenida al efecto por el juez, no indique el medio conforme a esta Ley, las resoluciones posteriores le quedarán notificadas con el transcurso de veinticuatro horas de dictadas, incluidas las sentencias.” tendría que atender también lo relativo a las Notificaciones Personales, tal y como indica el artículo 19 de ese mismo cuerpo normativo:

ARTÍCULO 19.- Resoluciones
Las siguientes resoluciones se notificarán a las personas físicas en forma personal. Tendrán ese mismo efecto, las realizadas en el domicilio contractual, casa de habitación, domicilio real o registral.

a) El traslado de la demanda o auto inicial en cualquier clase de proceso, salvo que la parte demandada o interesada ya haya hecho señalamiento para atender notificaciones en el mismo expediente.

Es decir, a fin de sostener la constitucionalidad de un proceso de inhabilitación, debe la D. N. N. proceder, conforme a Derecho, en consecuencia debe notificar personalmente al Notario el traslado del auto inicial.

Por otro lado, es congruente con lo señalado, que tengamos actualizados nuestros datos de notario, de manera real, vigente y responsable, dada la condición pública de la dación de fe. Igualmente,y como no ha sido siempre, al menos en mi caso, atender con puntualidad el pago de cuotas del Fondo de Garantía, ya que si bien el Banco Nacional, es ineficaz en la determinación actual de la morosidad de los notarios, no es excusa para atrasarse en el pago de las cuotas. Ante lo cual, enmiendo mi conducta.

Finalmente, cuando pensamos lo torpe que resulta el debido proceso, debemos imaginar un escenario sin que éste exista, para así concluir, que mucho más malo que tener un debido proceso, sería no tenerlo del todo.

Artículo escrito por el Dr. Herman Mora Vargas.  Experto en Derecho Notarial.  Coredactor del Código Notarial.  Redactor del Libro Manual de Derecho Notarial. Miembro de la Academia Notarial Americana.  Profesor universitario en varias universidades de América Latina

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Lic. Silvia Pacheco. Editora General

Abogada y notaria. Especialista en administración de bases de datos de información jurídica, investigaciones jurisprudenciales y editora de contenidos legales. Consultora en proyectos de informática jurídica en la región centroamericana. Colaboradora del sitio www.leylaboral.com Encargada de la administración y actualización de Master Lex Cálculos Legales: timbres, honorarios profesionales, patentes, prestaciones laborales y otros. Moderadora del blog www.puntojuridico.com

3 de 3 Comentarios

  1. 007CENTINELA • 27 septiembre, 2014

    Ante todo señor Mora, loable gesto y actitud de caballero y humildad, merecedor de público reconocimiento, prácticamente inexistente en el gremio de los abogados y notarios, personas por lo general arrogantes, carentes de humildad, que probablemente sobrarían dedos de una mano al contar los abogados y notarios de esta país que hayan reconocido expresa y directamente sus errores, porque por lo general o no lo hacen o se desbordan en leguleyadas y subterfugios para taparlos. Mis respetos señor Mora por esa lección suya en cuanto lo del Fondo de Garantía y su propósito de enmienda y su exhortación pública a hacerlo bien. Mis respetos. SOBRE EL TEMA: Todo eso del Debido Proceso, es muy romántico y lindo, pero se nos olvida que el Notario Público no es cualquier persona, no es cualquier hijo de vecino, no es ciudadano común y corriente, sino que es PROFESIONAL EN DERECHO antes que Notario, no es lego en lo jurídico, y se nos olvida la génesis de todo cual es la naturaleza del Notariado que no es del Notario sino un potestad pública delegada, sea una potestad del Estado que éste le delega, es decir, ni siquiera es una profesión propiamente, aunque se debe ser verdaderamente profesional para ello. El mismo párrafo primero del artículo 19 de la LN transcrito por don Herman es puntual al equiparar y dar el mismo efecto que la notificación personal la realizada en el domicilio contractual, casa de habitación, domicilio registral o real; y donde casa de habitación no es lo mismo que domicilio siendo que domicilio es un concepto jurídicamente definido y dimensionado por el Código Civil, artículos 60, 65 y concordantes. Aunado a ello los Notarios Públicos no tenemos excusa para saber que en el Alcance #93 de La Gaceta # 97 del 22/05/2013 se publicó el artículo 8 de los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Servicio Notarial con valor reglamentario y de acatamiento obligatorio lo que sobra recordar, donde el inciso c) estipula que el fax y correo entre otros se tendrán como los señalados por el Notario PARA TODO EFECTO LEGAL, es decir, no para algunos efectos sino para TODO efecto legal. Esto es consecuente con la doctrina y el contexto del artículo 113 de la Ley General de la Administración Pública siendo el Notario NO un funcionario público pero SÍ un servidor público delegatario del Estado de una FUNCIÓN PÚBLICA, en donde el interés público de la colectividad de unos cinco millones de habitantes siempre debe prevalecer sobre el interés personal o particular de unos siete mil y algo más de Notarios Públicos. El Notario de oficio DEBE estar al tanto de lo que sucede en su entorno funcional y no debe esperar a que le avisen nada; es un sentido común de responsabilidad, orden y cuidado sobredimensionado porque el Notario no es cualquier persona: es un profesional en derecho. Resulta por ejemplo inaudito, risible y absurdo que un Notario sea suspendido por el Colegio de Abogados, es decir, ya no es abogado activo, y bajo el presupuesto de la notificación personal mientras le logran notificar el Debido Proceso si es que resulta factible transcurre tanto tiempo cuando el Estado debe resolver su situación como Notario ya el Colegio de Abogados lo reactivó de nuevo sin que el Estado hubiera podido inhabilitarle, mientras tanto la COLECTIVIDAD tuvo a su servicio una Notario absolutamente irregular e ilegal, porque privó en mezquino interés de uno solo sobre el de más de cinco millones.Y los jueces o autoridades judiciales son cómplices y copartícipes de la brutalidad e inopia de tener Notarios Públicos operando sin requisitos mínimos porque según un expositor decía hace unas semanas en la jornada registral, éstos le dan órdenes a la DNN de mantener operando Notarios carente de requisitos como estar suspendidos por el Colegio, debiendo Fondo de Garantía, estar condenados penalmente, carecer de buena conducta, etc. Entiendo que todo este problema de Notarios evasores e irresponsables se acabaría con el nuevo Código Notarial y la ayuda tecnológica donde la INHABILITACION AUTOMATICA se producirá sin desperdiciar recursos de todos los costarricenses con engorroso procesos y localización a la vuelta de un DESCONECTAR al Notario el día siguiente que aparezca debiendo índices, que aparezca moroso en el Fondo de Garantía, que sea suspendido por el Colegio, etc., Bueno y si esto no está así considerado valdría la ocasión de la reforma para que el LEGISLADOR lo considere. DE NUEVO SEÑOR MORA, MIS RESPETOS, TODOS TENEMOS QUE APRENDER DE SU PÚBLICO PROCEDER.

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  2. jose juan sanchez chavarria • 26 septiembre, 2014

    DEBIDO PROCESO: Que oportuno tratar este tema del Debido Proceso como núcleo de los derechos y garantías fundamentales del individuo y la colectividad civil quienes sostienen la ficción legal que es el Estado y le delegan al Poder Judicial la tutela con coercitividad de esos derechos e intereses axiológicos fundamentales; el momento en que una sociedad o sistema niega o relativiza (como el caso en Costa Rica con el relativismo jurídico) esos derechos, entra en un proceso de alejamiento y negación de los valores que sustentan esa ficción jurídica que es el Estado y su funcionalidad y razón de ser. Ejemplos sobran con los estados fallidos y sus sistemas judiciales enervados y abstraídos de la realidad de Guatemala, Colombia, México y Rusia por hablar de repúblicas, constitucionales, judeo-cristianas o las elecciones en Alemania de 1933 que legitiman el régimen Nacional Socialista. Sobre la Carta Magna podemos aprender y elaborar sobre la génesis del constitucionalismo de John Locke, pero en lo que al Debido Proceso y su evolución positivista, observamos la 4° enmienda de la Constitución de Estados Unidos, el art. 7 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (Revolución Francesa 1789), arts. 7 a 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), art. 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), de manera que existe un derecho positivista internacional del Debido Proceso, el cual constitucionalmente es válido en Costa Rica porque es fuente de derechos humanos primarios del ciudadano Costarricense y sobre el tema pueden ver resoluciones de la Sala Constitucional que cita don Rodolfo Piza en su libro Principios Constitucionales. Lo que está pasando en el proceso judicial Costarricense es una patología de relativización de los conceptos y valores jurídicos que sirven de referencia al Norte axiológico del eje jurisdiccional – procesal, de manera que se está moviendo el péndulo del extremo absolutista al relativista, del inquisitorio al acusatorio y del dispositivo al de oficiosidad-ordenatorio del Juez o en dirección contraria, creándose directamente un alto grado de incertidumbre y erosión de la Seguridad Jurídica, algo así como una Torre de Babel donde en cada corte se habla un idioma distinto. Ejemplo el caso de Crucitas con las Salas Cuarta y Primera: si no me gusta como resuelven en esta corte me voy a la otra.

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  3. Mauricio Álvarez R • 26 septiembre, 2014

    Dijo en alguna ocasión el científico español Emilio Muñoz que “En la investigación es incluso más importante el proceso que el logro mismo.” Y aunque imagino hablaba del proceso científico, creo que aplica con la misma validez para los procesos disciplinarios de cualquier índole, pues un proceso mal encaminado nunca podrá conducir a un resultado justo, mientras que un proceso bien dirigido, aun cuando su resultado sea calificado de «injusto» por quien será sancionado por él, será el resultado debido y congruente, de un proceso debido y congruente.

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