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Sobre el nuevo Código Procesal Civil. Parte II

Continuamos con la transcripción del completo resumen del Dr. Sergio Artavia sobre los aspectos más novedosos del proyecto de Código Procesal Civil que se encuentra en discusión en la Asamblea Legislativa.

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Cosa Juzgada
En lo que se refiere a la cosa juzgada en las acciones individuales, se mantiene el requisito de la triple identidad, permitiendo, tal como lo venía admitiendo la jurisprudencia que se declare de oficio, lo que constituye una novedad a nivel legislativo.

Medios de Impugnación
El tema de los medios de impugnación se ubica dentro de las disposiciones generales aplicables a todos los procesos. Al inicio se contemplan las normas generales aplicables a todos los recursos, entre las cuales se debe destacar el derecho a renunciar, la motivación bajo pena de inadmisibilidad y el desistimiento. Este último sobresale porque el Código se inclinó por eliminar la apelación adhesiva, para evitar ese procedimiento en segunda instancia.

Recurso de Apelación y revocatoria.
La idea es que las partes con legitimación para apelar, sin distinguir entre vencido total o parcial, deben impugnar dentro del plazo legal. Si luego desean desistir para obtener la firmeza, se abre la posibilidad sin condena en costas.

En cuanto a la apelación hay dos novedades que destacar: se limita la cantidad de autos apelables y la lista se encuentra en un solo artículo.

Así, cuando se requiera saber si un auto es apelable bastará con que acuda a esa norma, sin tener que revisar todo el Código para ese efecto.

Concordante con las audiencias orales, se incorpora la apelación con efecto diferido o reservado. De esa manera, se evita la suspensión de las audiencias. En lo esencial, el tribunal admite la alzada pero difiere su conocimiento para una vez concluida la audiencia y dictado el fallo. Si éste es favorable para el apelante diferido, éste medio de impugnación pierde interés. En caso contrario, de resultar vencido, si mantiene el interés en el recurso e impugna la sentencia, el Superior conocerá ambos recursos.

En casación por la propia naturaleza del recurso, no es aplicable la apelación diferida, pero se puede alegar la inconformidad si se sustenta en una causal específica.

Las sentencias de procesos ordinarios de mayor cuantía, que serán dictadas por tribunales colegiados de primera instancia, serán impugnables únicamente mediante casación. En los demás procesos, las sentencias solo tienen apelación, independientemente de la cuantía.

En segunda instancia, por regla, no es obligatoria la celebración de la audiencia oral. No obstante, se podrá ordenar cuando se admita prueba o a petición de parte si el tribunal lo estima necesario.

Se conserva la apelación por inadmisión, pero se simplifica en beneficio de los usuarios del servicio. Se eliminan requisitos formales que tenía la legislación anterior. De manera expresa, se dispone que este recurso no suspende el curso normal del procedimiento, salvo que el tribunal disponga expresamente lo contrario.

El recurso de revocatoria conserva las reglas propias de un recurso ordinario, con el deber de alegarlo en audiencia en forma oral. Constituye el medio de impugnación por excelencia ante la restricción de autos apelables y el sistema oral de un proceso por audiencia.

Recurso de Casación.
El Código incorpora los tres tipos de casación. El que se puede interponer contra las sentencias dictadas en procesos ordinarios de mayor cuantía y en los supuestos indicados por la ley. Además, se introduce en nuestra legislación procesal civil la casación en interés de la ley, que es procedente cuando existen criterios discrepantes sobre cuestiones procesales o de fondo sustancialmente iguales, entre las Salas de la Corte Suprema de Justicia. El órgano competente en este caso es la Corte Plena.

Se introduce, la casación en interés de la jurisprudencia, referida a sentencias no impugnables por casación, cuando existan fallos contradictorios sobre temas jurídicos concretos. La competencia para conocer esta modalidad se asigna a la respectiva Sala de Casación conforme a sus atribuciones.

Para evitar discusiones, dada la restricción del recurso de casación solo para sentencias de procesos ordinarios de mayor cuantía, se dispone expresamente que la modificación del monto fijado para establecer la mayor cuantía luego de iniciado el proceso, no impide el acceso al recurso. Con ello se garantiza al ciudadano la conservación de las expectativas procesales que tenía al inicio del proceso.

Se mantienen las causales procesales y de fondo. Dentro de las procesales se incluyen las vinculadas al proceso por audiencia, como la vulneración del principio de inmediación por ausencia de jueces en la audiencia de prueba. Se introduce, igualmente, la ausencia o contradicción grave en la fundamentación. Se simplifica lo relativo a las causales de fondo introduciendo como motivo violación de las normas sustantivas aplicables al caso concreto, prescindiendo de los conceptos violación directa e indirecta.

Adquieren especial relevancia los conceptos de error en la interpretación de la prueba y error en la valoración de la prueba, que se trata de supuestos diferentes reconocidos por la doctrina procesal. Sin abrir la casación como si fuera una tercera instancia, se simplifican al máximo los requisitos del recurso.

Consecuentemente con la idea general de la necesaria fundamentación de los recursos, se exige la mención de las normas de derecho infringidas o erróneamente aplicadas y la expresión de los motivos concretos que sustentan el recurso, expuestos en forma ordenada, clara y precisa.

Para garantizar la idoneidad del recurso de casación, con la técnica adecuada, se enlistan siete motivos que justifican el rechazo de plano.
La interposición del recurso de casación no tiene efectos suspensivos, de manera que el tribunal colegiado de primera instancia conserva su competencia respecto a medidas cautelares, tutelares y ejecución provisional.

En cuanto al procedimiento debe destacarse la precisión con que se regula y la imposibilidad de admitir prueba, salvo la documental si es determinante para la decisión. Además, se incluye la celebración de una audiencia oral y la Sala tendrá un plazo de quince días para dictar la sentencia.

Costas Procesales
Se precisa conceptualmente el tema de la repercusión económica de la actividad procesal. Se obvia la distinción entre costas personales y procesales. El tema se regula en sentido amplio, las costas incluyen los honorarios de abogado, la indemnización del tiempo invertido por la parte en atender el caso y los demás gastos indispensables del proceso. Se conserva la regla de la imposición imperativa al vencido, pero se establecen cuatro motivos para exonerar total o parcialmente. Con la finalidad de llenar una laguna existente en nuestra legislación se siguen reglas claras en relación con la condena tratándose de procesos con pluralidad de vencidos.

Se toman disposiciones claras en relación con las garantías procesales. Se establecen los parámetros para rendirlas cuando así se disponga.
En cuanto a los honorarios de Abogado, se mantiene su cuantificación por medio del Decreto Ejecutivo respectivo. Entre profesional en derecho y cliente, se conserva la mutua solicitud y la opción de plantear incidente de cobro de honorarios.

No obstante, el Código también concede esa misma vía a los clientes para pedir a su Abogado rendición de cuentas y responsabilidad profesional. Incluso, por economía procesal, si se plantea incidente de cobro de honorarios, la parte incidentada puede reclamar mediante reconvención dentro del mismo proceso incidental las pretensiones mencionadas. Lo que se resuelva produce cosa juzgada material, pero solo se le concede recurso de apelación y no casación.

Con una redacción más clara y precisa se regula el contrato de servicios profesionales, donde el profesional puede fijar convencionalmente el monto de sus honorarios y las modalidades de pago con su cliente.

Tutela Cautelar
Se implanta un moderno sistema de medidas cautelares, ampliando la lista de las típicas con la administración e intervención de bienes productivos, la prohibición de innovar, modificar, contratar o cesar una actividad. Se reduce drásticamente la cantidad de procesos y se ajustan los procedimientos a las actividades estrictamente necesarias para darle aplicación al debido proceso y ofrecer una solución inmediata.

Particular atención merece lo atinente a la tutela cautelar, por ser un instrumento imprescindible para evitar que la tardanza en la resolución de un proceso y en la ejecución de lo decidido, cause daño grave o irreparable al derecho de la parte vencedora. Nuevamente, se establecen en primer lugar las disposiciones generales sobre el tema, para luego regular en concreto las medidas cautelares específicas.
Cabe destacar, que el sistema cautelar está fundado en los presupuestos del peligro en la demora y la apariencia de buen derecho. Por otra parte, su contenido debe responder a criterios de proporcionalidad y razonabilidad.

Como un elemento para procurar el balance o equilibrio entre las partes, se establece a cargo del solicitante la carga de rendir una garantía, para responder por los eventuales daños y perjuicios que la medida pudiera ocasionar a la parte perjudicada, en caso de ser levantada sin obtenerse sentencia favorable a quien la obtuvo.

La responsabilidad por daños corresponde a la parte que pidió la tutela cautelar y no al juzgador, siempre que éste no hubiere incurrido en quebranto del ordenamiento jurídico al decretarlas.

La flexibilidad es otra característica del sistema cautelar, tanto al momento de adoptar las medidas respectivas como al preverse la posibilidad de su sustitución o levantamiento en caso de haber motivos que lo ameriten o cambio de situaciones.

Como medidas típicas no solo se regulan el embargo preventivo y la anotación de demanda. También se introducen otras nuevas, acordes con la realidad social y económica actual, como lo son la administración e intervención de bienes productivos; la suspensión provisional de acuerdos sociales, condominales y similares; el depósito de bienes muebles o inmuebles; y la prohibición de innovar, modificar, contratar o cesar una actividad.

De esta forma, se da respuesta a la necesidad de adoptar medidas cautelares eficaces y congruentes con los conflictos del mundo moderno, a lo cual muchas veces no se había respondido de manera adecuada en el sistema procesal actual.

Junto a estas medidas específicas, se permite la adopción de medidas cautelares atípicas, de naturaleza innovativa, modificativa o extintiva, moldeables a las situaciones concretas que se presenten, de forma que pueda procurarse la eficacia de una eventual sentencia favorable a la parte demandante.

Se dota a la tutela cautelar de normas procesales claramente determinadas para su adopción. Se dispone como regla el trámite de una audiencia antes de decidir sobre su procedencia. La anotación de la demanda y el embargo preventivo se adoptarán sin un procedimiento previo, una vez constatada la concurrencia de los requisitos establecidos para su decreto.

Excepcionalmente, pueden ser dispuestas sin audiencia previa, en caso de ser necesario, cuando el poner en conocimiento a la parte contraria su solicitud pueda comprometer su efectividad. En esos casos, pueden decretarse provisionalmente las medidas para luego, de haber oposición, dilucidar en audiencia si se mantienen, modifican o levantan. Para solicitar el levantamiento, la nueva legislación establece el procedimiento general incidental.

La Revisión.
Se mantiene la revisión, pero ya no se concibe como un recurso. Se atiende a la doctrina procesal según la cual, los recursos tienen como finalidad la impugnación de resoluciones que no están firmes. Si la revisión tiene como finalidad impugnar resoluciones firmes, se concluye que no es un recurso y eso determina su ubicación. Según se puede apreciar se trata de una demanda, porque contiene todas las características de un proceso y que lo distingue de los recursos en sentido estricto.

Posee sus propias reglas de legitimación, competencia y procedimiento. Procede contra pronunciamientos –no necesariamente sentencias– que produzcan cosa juzgada material.

Las causales se actualizan, sobre todo para ajustarlas al proceso por audiencia y a la corriente moralizadora. Entre ellas, se incluye la violación grave al debido proceso y cuando ha mediado fraude procesal, colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes para alcanzar el fallo.

Dentro de los requisitos de la demanda se elimina rendir garantía, cuyo monto actual es muy bajo y no tiene efectos prácticos. Aunque se hace referencia a una garantía, ésta no se exige para establecer la revisión sino para suspender el pronunciamiento impugnado. En la revisión se tiene prevista una audiencia oral para la práctica de la prueba y conclusiones. La sentencia, por remisión al recurso de casación, se debe dictar dentro del plazo de quince días después de la audiencia.

Cooperación Internacional
Con la misma filosofía de tener una parte general, el Código destina las últimas disposiciones del Libro I para regular la cooperación judicial internacional. En materia de eficacia de sentencias y laudos extranjeros, se elimina el vocablo “exequátur”.

Además de precisar los requisitos y presupuestos, se establece, lo que es una novedad, que la verificación de las exigencias y el otorgamiento del reconocimiento se atribuye a la Sala correspondiente, según la materia. De esa manera, se supera la competencia exclusiva de la Sala Primera y ahora el conocimiento, como es lo lógico, se establece conforme a criterios de especialización. Lo mismo se dispone tratándose del auxilio judicial internacional, cuya solicitud la conocerá la Sala respectiva.

Atendiendo a un criterio reconocido en el derecho procesal civil internacional, se dispone expresamente que solo tramitarán cartas rogatorias de órganos jurisdiccionales.

ASPECTOS REFERENTES A LOS CAMBIOS EN LOS PROCESOS.

En el segundo libro, se regulan los diversos procesos. Se establecen como procesos de conocimiento el ordinario, el sumario, el monitorio, el incidental y, con una novedosa normativa, el de tutela de intereses supraindividuales. Las disposiciones que los regulan se han visto simplificadas, al establecerse en su oportunidad el marco general aplicable a todos ellos.

Proceso Ordinario
Al proceso ordinario se debe acudir, cuando se trata de pretensiones para las cuales no se haya previsto un procedimiento especial. Se establece un plazo único de quince días para la contestación de la demanda y la contrademanda, que podría extenderse a un mes en caso de demandados domiciliados en el extranjero que no cuenten con apoderados en el país.

Su estructura básica consta de dos audiencias orales. En la preliminar, que debe realizarla uno de los jueces, se debe informar a las partes sobre el objeto del proceso y se debe tratar de que las partes lleguen a una conciliación. De no llegarse a ella, se delimitarán de ser necesario las pretensiones, se resolverán las excepciones procesales y las gestiones atinentes a actividades defectuosas, se fijará la cuantía, admitirá la prueba y se determinará lo relativo a la suspensión, modificación o levantamiento de medidas cautelares, de existir gestión al respecto.

La audiencia complementaria está dispuesta para la práctica de la prueba, las conclusiones, la deliberación y el dictado de la sentencia. Si las condiciones del proceso lo permiten, el ordinario puede adaptarse de tal forma que se pueda dictar sentencia sin audiencia –como en asuntos de pleno derecho–. También es posible que se dicte sentencia luego de efectuarse tan solo una audiencia, si no hay que recabar prueba o el asunto a criterio del tribunal puede dilucidarse fácilmente.
En el nuevo código se elimina el proceso abreviado, por cuanto en la práctica no ha producido ningún beneficio relevante y porque la nueva estructura ordinaria es simple y ágil.

Proceso Sumario
Se establece el proceso sumario, en el cual se conocerán pretensiones que el legislador valora como de menor entidad como, por ejemplo, las de desahucio o las derivadas en contratos de arrendamiento, los interdictos, la de derribo y la suspensión de obra nueva.

El plazo para contestar la demanda es de cinco días y las actividades procesales fundamentales se substanciarán en una sola audiencia. Tomando en cuenta las particularidades que presentan, se establecen disposiciones especiales para los sumarios de jactancia, desahucio, reajuste del precio de arrendamiento y los interdictos –amparo de posesión, restitución y reposición de linderos.

Cabe resaltar, en cuanto al amparo de posesión, la ampliación de la tutela a cualquier acto perturbador, aunque no se persiga la desposesión. Se reguló de manera independiente los sumarios de suspensión de obra nueva y de derribo, los cuales, conforme a la doctrina moderna, no son interdictos posesorios.

Proceso Monitorio
Para dilucidar lo atinente a pretensiones surgidas por la falta de pago de obligaciones dinerarias, de los alquileres de un contrato de arrendamiento, o por la expiración de su plazo, se dispone de un proceso de naturaleza monitoria. En éste se dicta directamente una resolución intimatoria para el cumplimiento de su obligación, a lo cual podrá oponerse en el plazo de cinco días, pero únicamente por los motivos expresamente previstos al efecto. De existir oposición justificada, se celebrará audiencia oral en la cual se determinará su procedencia. De no haber oposición o de establecerse que ésta es infundada, se ejecutará la resolución intimatoria.

El proceso monitorio de naturaleza dineraria ya había sido adoptado en la Ley de Cobro Judicial y se mantiene con ligeras modificaciones. Respecto a este proceso se cuenta la experiencia de varios años durante la vigencia de la Ley de Cobro Judicial. El Código mantiene la propuesta original, un procedimiento diseñado para reclamar obligaciones dinerarias, líquidas y exigibles debidamente documentadas.

Si la demanda cumple con las exigencias legales, se dicta la resolución intimatoria y la parte demandada cuenta con cinco días para que se oponga. Corresponde al tribunal calificar la oposición como fundada o no, en el primer supuesto señalará audiencia oral y en segundo la desestima y se procede de inmediato a la ejecución de dicha resolución. Se trata de un proceso unificado para el cobro de títulos ejecutivos o sin ese carácter. Solo se distinguen por la garantía para solicitar el embargo, la cual es indispensable cuando no se tiene título ejecutivo.

Monitorio Arrendaticio
Se crea el monitorio arrendaticio, que es procedente para dilucidar discusiones simples referidas al desalojo por falta de pago o vencimiento del plazo.

Proceso Incidental
Durante mucho tiempo se discutió sobre la conveniencia de mantener un procedimiento incidental. Se llegó a la conclusión de mantener esta estructura procesal simplificada. Su finalidad es dilucidar cuestiones relacionadas directamente con el proceso principal respecto de las cuales no se haya previsto un procedimiento particular y para la decisión de vicisitudes para las cuales expresamente se ha estimado idóneo este proceso.

Por la vía incidental se tramitarán, por ejemplo, la recusación, la intervención adhesiva, las nulidades procesales, las excepciones procesales fuera de audiencia, el cobro de honorarios de abogado y rendición de sus cuentas, el reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras, el cobro de alquileres insolutos, todo lo relativo a las oposiciones en procesos sucesorios, las legalizaciones de créditos en éstos, la remoción de albacea y su rendición de cuenta final, la ejecución provisional de las sentencias, la modificación y levantamiento de embargo, la impugnación del remate, la oposición en procesos hipotecarios y prendarios y las tercerías.

En cuanto al procedimiento los incidentes que se susciten luego del señalamiento para una audiencia, deberán ser resueltos en ella, con la finalidad de no causar retrasos. Además, deben interponerse de manera simultánea todos aquellos a los que se tenga derecho en ese momento y en principio no producen efecto suspensivo en el proceso principal.

Acorde con la utilización de la oralidad, se prevé, en primer lugar, los incidentes en audiencia, los cuales serán propuestos en ella de manera oral y resueltos en forma inmediata. Si se presentan fuera de la audiencia, se da un traslado de tres días y si ha de practicarse prueba, se señala fecha para audiencia oral y se resolverá lo que corresponda. Cabe recordar que si ya está fijada una fecha para audiencia, será en ésta donde se proceda a su resolución.

Proceso para la Tutela de Intereses SupraIndividuales
Se introduce como un proceso especial el proceso para la tutela de intereses supraindividuales, para la protección de intereses colectivos, difusos e individuales homogéneos. Al respecto, se aprovecha la experiencia de otras legislaciones, con la finalidad de darle una respuesta a la desprotección en que hoy se encuentra el ciudadano ante la vulneración de derechos de muchas personas o de toda la colectividad y que pueden ser atendidos en la Jurisdicción Civil.

Se concibe como un proceso especial porque está previsto para atender conflictos igualmente especiales. Constituye una respuesta a la necesidad existente en nuestro país de una legislación completa, coherente y armónica que permita la demanda y tratamiento de afectaciones que se causan no a un individuo aisladamente considerado, sino a una colectividad de personas.

Los conceptos que se utilizan surgieron del estudio y análisis detallado del tema. Se habla de intereses supraindividuales, que es un concepto acuñado por la doctrina procesal, con la finalidad de superar la creencia errónea, de que siempre que se trata de asuntos que interesan a un número considerable de personas, estamos ante intereses difusos o colectivos. El concepto “intereses supraindividuales” es lo genérico, dentro de estos se encuentran los colectivos, los difusos y los individuales homogéneos.

Tratándose de intereses difusos (afectaciones al medio ambiente, por ejemplo) se establece una legitimación totalmente abierta, pues podrán ser reclamados por cualquier ciudadano. Ya sea que se trate de intereses difusos, colectivos o individuales homogéneos, siempre se conserva la legitimación individual.

Los requisitos de la demanda se reducen a los estrictamente necesarios y en el procedimiento se introduce una importante vigencia del principio de publicidad. Pero lo que más distingue a este proceso son los efectos de la sentencia, pues en la mayoría de los casos, se extiende a los sujetos no litigantes, con la finalidad de lograr economía procesal.

Proceso Sucesorio
En el Título II del Libro Segundo, se regula lo concerniente al proceso sucesorio. En un primer capítulo se establecen las disposiciones generales relativas a su procedencia, a la prueba del fallecimiento del causante, las medidas cautelares a adoptarse para asegurar su patrimonio (incluso de oficio), así como lo relativo a la apertura y verificación de testamentos.

Cabe señalar, como una importante novedad, la supresión del fuero de atracción, el cual, en la práctica, no ha brindado ventajas relevantes y más bien ha provocado retrasos innecesarios en la tramitación de los procesos en curso al momento del fallecimiento del causante. Dicha eliminación se justifica, además, porque los procesos sucesorios serán tramitados por juzgados civiles unipersonales, mientras que algunos de los procesos que en la legislación actual resultan atraídos, con la nueva estructura jurisdiccional propuesta serán más bien de conocimiento de los tribunales colegiados, cuando se trata de ordinarios de mayor cuantía o de cuantía inestimable, lo cual traería dificultades competenciales insalvables de mantenerse el fuero de atracción.

En cuanto a la acumulación de procesos sucesorios, se aclaran los supuestos en que procede.

En esta parte general, también se regula lo atinente a la participación de la Procuraduría General de la República y el Patronato Nacional de la Infancia en estos procesos, así como lo relativo a la participación del abogado director del sucesorio, a sus honorarios y los del albacea.

Respecto al procedimiento, cabe recalcar la eliminación de las juntas de herederos, las cuales se sustituyen por audiencias y a la tramitación incidental de eventuales oposiciones, cuando ello sea necesario. Se definen claramente las etapas del proceso: la solicitud, resolución inicial, declaratoria de sucesores, constatación del activo y el pasivo, administración de bienes, adjudicación de bienes y partición final.

Paralelamente, se amplió la posibilidad de tramitar el proceso sucesorio en sede notarial cuando estén interesadas personas menores de edad o con capacidades especiales, en cuyo caso los acuerdos tomados en dicha sede únicamente tienen que ser homologados por el juez civil, para verificar el respeto de los intereses de ellos.

Se establecen los supuestos y efectos de la reapertura de un sucesorio ya concluido, así como los aspectos de derecho internacional privado relativos a los efectos de las sucesiones extranjeras respecto de bienes ubicado en Costa Rica y los reclamos de acreedores contra una sucesión tramitada en el extranjero, en cuanto a bienes ubicados en nuestro país.

Proceso de Ejecución
En el Título III del Libro II se regula el procedimiento de ejecución. Para la ejecución de pronunciamientos o acuerdos ejecutorios es competente, en principio, el tribunal que los dictó. Si ello no es posible, corresponde al que resulte competente conforme a las normas generales de competencia, sin que se requiera al efecto la presentación de una ejecutoria, bastando un documento auténtico donde conste el acuerdo o acto respectivo.

Se regula expresamente el allanamiento como un instrumento para asegurar la ejecución, recogiendo la doctrina y jurisprudencia actual que lo admite como una medida de carácter general.

Si la ejecución resulta imposible, se impone a cargo del obligado el pago de los daños y perjuicios causados.

Resulta importante resaltar que, siguiendo las doctrinas modernas, se exige adecuar económicamente las sentencias o acuerdos firmes, cuando las circunstancias lo requieran, conforme a la ley.

Se establece un sencillo sistema de ejecución que pretende superar los males existentes actualmente, pues permitirá que quien tiene una sentencia a su favor, aún sin estar firme, inicie la ejecución sin tener que rendir garantía, lo que desmotivará al ejecutado a retrasar el cumplimiento de lo ordenado por el tribunal. Se simplifica la ejecución por suma líquida, prendaria e hipotecaria, la que se unifica en un solo procedimiento, estableciendo mecanismos disuasorios del interés del ejecutado por retrasar el procedimiento.

En cuanto a la ejecución provisional, se introduce un cambio sustancial para permitirla en condenas de contenido patrimonial, sin requerirse garantía al ejecutante. Como excepción, no se permite tratándose la emisión de declaraciones de voluntad, nulidad o caducidad de títulos relativos a propiedad intelectual, nulidad o cancelación de asientos de Registros Públicos y de sentencias extranjeras, salvo que dispongan lo contrario acuerdos internacionales.

Tratándose de sentencias con condenas no dinerarias, se admite la oposición a la ejecución provisional, cuando sea imposible o muy difícil de restaurar la situación anterior o compensar los daños y perjuicios ocasionados en caso de revocarse el fallo, lo cual se dilucidará en audiencia oral. En lo concerniente a la ejecución provisional de obligaciones dinerarias, se circunscribe al embargo de bienes, sin aprobarse el remate antes de que quede firme la sentencia.

El procedimiento para la venta forzosa se simplifica al máximo. Se establecen reglas claras para definir la competencia del tribunal en caso de concurrencia de acreedores, tomando como criterio donde se haya publicado el edicto. También se fijan los tres parámetros para fijar la base, entre ellos, la opción de utilizar el valor registrado del bien. Ante la posibilidad de remates fracasados o sin postores, se dispone señalar en un solo auto las tres fechas con sus respectivas bases y con cinco días entre uno y otro. Resalta la unificación de plazos de cinco días: para publicar los dos edictos, notificación previa a la subasta e intervalos de los tres remates. La presencia del tribunal es importante en el auto que ordena, aprueba o imprueba. No se requiere, en principio, en su celebración y por ello se le delega a un rematador. Desde luego, sin perjuicio de la intervención del juzgador. Para garantizar la seriedad de las ventas forzosas, se eleva al cincuenta por ciento el monto para participar en el primer remate y, en caso de insubsistencia, para el segundo se exige el cien por ciento de la base. En ese mismo sentido, se eleva al treinta por ciento del monto de la garantía para cubrir los daños y perjuicios y solo se abona el setenta por ciento.

En materia de impugnación, se elimina la opción del incidente de nulidad del remate celebrado. Solo es apelable el auto que lo ordena o lo aprueba. Una vez aprobado, se podrá promover incidente de nulidad solo cuando concurra alguna causal de revisión.

El proceso de ejecución se unifica sin importar el título ejecutorio, hipotecario o prendario. En ambos, por disposición de ley, se tiene por renunciado todo procedimiento y permite la venta forzosa del bien dado en garantía. Dentro de lo novedoso, se incluyen las hipotecas legales. Aspecto de gran novedad es que se establece un plazo de cinco días para la oposición incidental, reducida a la falta de exigibilidad, pago y prescripción. En el auto inicial, de oficio, el tribunal debe ordenar y practicar la anotación de la demanda, la cual tendrá efectos de notificación para todos los anotantes posteriores.

Tercerías
Las tercerías se reubican como procedimientos vinculados a los procesos de ejecución, por eso aparecen regulados después del embargo y remate. Se mantiene la clasificación de dominio, mejor derecho y distribución. En todos los supuestos, se trata de una tercería con prueba documental, de ahí que se haya eliminado el procedimiento según la cuantía como estuvo dispuesto en el Código Procesal Civil de 1989. En la distribución, se introduce el concepto de “insuficiencia patrimonial del deudor” para garantizar el reparto proporcional. No obstante, se exige que el título del tercerista tenga fecha cierta anterior al embargo. Sin tratarse de un incidente, para su trámite se remite a esa vía.

Proceso No contencioso
Aunque se mantiene el proceso no contencioso, se reduce la cantidad de gestiones que pueden hacerse por esa vía, pues se considera que muchos de esos trámites perfectamente se pueden hacer en forma extrajudicial.

No se ha desconocido la necesidad de un proceso no contencioso en aquellos casos donde la ley exija al órgano jurisdiccional autorizar, homologar o controlar la legalidad de determinados actos jurídicos, o bien efectuar comunicaciones relativas a actos de voluntad de las personas y no existan mecanismos legales establecidos al efecto. Se mantienen los estrictamente civiles, dejando para otras materias la regulación de lo que éstas interesa. Específicamente, dentro de los procesos no contenciosos de naturaleza privada se establecen el pago por consignación, el deslinde y demarcación de linderos, la declaratoria de ausencia y la de muerte presunta.

El procedimiento es sencillo, con la gestión de la parte interesada y la comunicación, en caso de ser necesario, a quienes tengan interés o se puedan ver afectados. De surgir oposición, se remite a las partes a la vía ordinaria. Si no se acoge la oposición en esa vía o no se presentó la demanda dentro del plazo de un mes, se continuará el proceso. Se introdujo una regulación específica en cuanto al pago por consignación, depurando lo que establece actualmente el Código Procesal Civil, al igual que el deslinde y demarcación de linderos.

Por último, se regula lo atinente a los procesos de ausencia y declaratoria de muerte presunta, los cuales si bien mantienen en lo fundamental lo que en la actualidad se establece, se han tratado de simplificar en cuanto a las excesivas publicaciones de edictos que muchas veces vienen a constituirse en una carga patrimonial innecesaria para los interesados.”

Antecedentes y sinopsis del Proyecto del Código Procesal Civil 2013
En abril de 1998 la Corte Suprema de Justicia encargó al exmagistrado Ricardo Zeledón Zeledón, la elaboración de un esquema conceptual que sirviera para sustentar un anteproyecto de oralidad en los procesos civiles, laborales, de familia y agrarios. El Dr. Zeledón realizó un estudio y formuló lo que se podría llamar las Bases de la Reforma, este documento se publicó en agosto de 1998, de 196 página y fue denominado “Por un Código General del Proceso, basado en la oralidad y la conciliación”.

En diciembre de 1998, en la Sesión de Corte Plena No. 34, los doctores Ricardo Zeledón Zeledón, Olman Arguedas Salazar y Sergio Artavia Barrantes presentaron un primer borrador del título primero, el texto se imprimió y circuló en enero de 1999 y contenía 226 artículos.

Como impulso a esas ideas reformadoras, en 1999 se realiza el que se denominó “Taller sobre Modernización del Proceso Civil“, organizado por la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, la Corte Suprema de Justicia y la Escuela Judicial.

A inicios de 1999 la Corte Suprema nombra formalmente una comisión redactora del Proyecto de Código General del Proceso, integrada por el exmagistrado Ricarlo Zeledón Zeledón y el abogado litigante Sergio Artavia Barrantes.

En diciembre de 1999, la Comisión redactora presenta el primer proyecto, que comprendía sólo el título primero, parte general, con 60 artículos, llegaba hasta “costas”.

En marzo del año 2000, la Comisión de Oralidad, integrada por el ex magistrado Ricardo Zeledón Zeledón y el abogado litigante Dr. Sergio Artavia Barrantes, entregó la primera versión del Proyecto de Código Procesal General , contenía la parte general y los procesos sugeridos (ordinario, sumario, monitorio, sucesorio y concursal), estaba conformado de 140 artículos y concluía con las diligencias incidentales.

Luego de celebrar varios reuniones y seminarios, y recibir diversas recomendaciones, la misma Comisión Redactora Zeledón y Artavia, presenta e imprime, en febrero del 2001, un segunda versión del Proyecto, esta vez con 185 artículos y que incluía las jurisdicciones especializadas, terminaba con la jurisdicción ambiental y ya contenía los transitorios.

En mayo del mismo 2001, la Comisión Redactora de Zeledón y Artavia hace una nueva revisión y ajustes, con base en comentarios recibidos de la academia y de procesalistas nacionales y extranjeros, el proyecto se mantenía con 185 artículos.

Entre finales de 2002 y principios de 2003, la jurisdicción laboral tomó la decisión de separarse de la propuesta de un Código Procesal General y se inició la redacción de un proyecto para esa materia, el que finalmente fue presentado a la Asamblea Legislativa.

En Julio de 2002, sale a la luz la tercera versión del Código Procesal General, elaborada y redactada por los exmagistrados Ricardo Zeledón Zeledón, Rodrigo Montenegro Trejos (que recién se había incorporado) y el abogado litigante Sergio Artavia Barrantes. Se nombró una Comisión Revisora, de ésta tercera versión, estuvo integrada por los Magistrados Orlando Aguirre Gómez, Rodrigo Montenegro Trejos y Ricardo Zeledón Zeledón.

Esta tercera versión era más elaborada. Igual que la versión preliminar y la segunda, propone la introducción de la oralidad a los procesos civiles, agrarios y de familia y se contemplan institutos novedosos en nuestra legislación.

Dicha versión del Proyecto fue objeto de estudio por los magistrados en Corte plena. Como consecuencia de ese análisis se hicieron observaciones, que fueron determinantes en la labor que realizó la Comisión Redactora Zeledón y Artavia. La mayoría de recomendaciones de los los Magistrados de la Corte Suprema se incorporaron y es así como sale a la luz la versión del Proyecto de octubre 2002, con 195 artículos y que mantenía las jurisdicciones especializadas. En los meses siguientes, se reciben recomendaciones, algunas de las cuales fueron incorporadas, otras descartadas.

A inicios del año 2003, la Corte Suprema de Justicia a instancia del presidente de la Corte Luis Paulino Mora Mora y del magistrado Luis Guillermo Rivas Loaiciga tomó la decisión de designar una nueva comisión revisora del Proyecto de Código Procesal General, integrada y elaborado por los magistrados Ricardo Zeledón, Rodrigo Montenegro y el abogado litigante Dr. Sergio Artavia.

Se pretendía que en un corto plazo se incorporaran todas las observaciones que a dicho Proyecto se le habían realizado en Corte Plena . La Comisión Revisoría, elaboró documentos que se pusieron a disposición de quienes tuvieran interés y se envió por correo electrónico a muchos estudiantes de derecho, abogados, jueces, magistrados y personas interesadas. Como consecuencia, se recibieron muchas observaciones que fueron tomadas en consideración.

Con base en las recomendaciones de los magistrados de la Corte Suprema, la Comisión Redactora conformada por los ex magistrados Ricardo Zeledón, Rodrigo Montenegro y el abogado litigantes Sergio Artavia Barrantes, redacta un texto final del Proyecto, que es presentado a Corte Plena y publicado en abril del 2003.

Esa fue la versión remitida a la Corte Plena y fue el presentado originalmente a la Asamblea Legislativa bajo el expediente número 15.979, como Proyecto del Código General del Proceso.

En diciembre de 2004, la Comisión Revisora Zeledón-Montenegro y Artavia, entregó al señor Presidente de la Corte Dr. Luis Paulino Mora Mora, una nueva versión del Proyecto de Código Procesal General.

En el año 2005 otra Comisión Revisora, integrada por los jueces León, López y Parajeles, entregó una versión revisada del Proyecto de Código Procesal General –versión abril 2003-, elaborado por los exmagistrados Montenegro, Zeledón y el abogado litigante Artavia.

En virtud de que otras jurisdicciones decidieron elaborar un Código para cada una de ellas, se tomó la decisión de abandonar la idea de un Código Procesal General y a partir de ese momento se comenzó a trabajar en un Proyecto de Código Procesal Civil. Así surgió la versión setiembre de 2006 ahora denominada “Proyecto de Código Procesal Civil”, que fue presentado y expuesto por la Comisión Revisora a la Corte Suprema de Justicia en Sesión del 21 de abril de 2008 y en los que no se incluía otras jurisdicciones especializadas.

Ese proyecto fue presentado a la Asamblea Legislativa y el 21 de setiembre de 2010 la Comisión de Asuntos Jurídicos lo adopta como texto sustitutivo del Proyecto de Código Procesal General, ocupando el mismo número de expediente legislativo. El Proyecto se publicó en la Gaceta No. 227 del 23 de noviembre de 2010. Se consultó a la Cátedras de Derecho Procesal Civil de Universidades, al Colegio de Abogados, a la Asociación Costarricense de la Judicatura y a la Corte Suprema de Justicia.

Como consecuencia de esa consulta, en febrero de 2011 la Corte Suprema de Justicia decidió que antes de rendir su informe se le diera una nueva revisión al proyecto.

En marzo 2011 la Corte Suprema de Justicia nombró una comisión conformada por los magistrados Anabelle León Feoli, Luis Guillermo Rivas Loaiciga, Orlando Aguirre Gómez y el abogado litigante Sergio Artavia Barrantes. Durante un mes la Comisión trabajó en la revisión final y ajustes al texto del Proyecto. A partir de abril del 2011 la Comisión Revisora integrada por los magistrados Anabelle León Feoli, Luis Guillermo Rivas Loaiciga, Orlando Aguirre Gómez y el abogado litigante Sergio Artavia Barrantes, realizó la labor encomendada.

Dicha Comisión Revisora de los magistrados Anabelle León Feoli, Luis Guillermo Rivas Loaiciga, Orlando Aguirre Gómez y el abogado litigante Sergio Artavia Barrantes, emitió una nueva versión, la de agosto de 2011 que fue analizada por la Corte Plena durante los meses de agosto y setiembre de 2011.   Durante esas sesiones se hicieron modificaciones para mejorarlo, de todo lo cual surgió la versión octubre de 2011 que fue la que la Corte Suprema de Justicia remitió a la Asamblea Legislativa como texto sustitutivo definitivo. (Transcripción  II parte – artículo Dr. Sergio Artavia. Co-redactor del anteproyecto del Código Procesal Civil. Profesor de Derecho Procesal Civil y Arbitraje. Conferencista nacional e internacional. Autor de 14 obras de Procesal Civil y Arrendamientos. Abogado litigante. Socio del Bufete Artavia y Barrantes. Doctor en Derecho con énfasis en Derecho Civil y Procesal Civil. Miembro del Instituto Mundial de Derecho Procesal. Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal)

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Lic. Silvia Pacheco. Editora General

Abogada y notaria. Especialista en administración de bases de datos de información jurídica, investigaciones jurisprudenciales y editora de contenidos legales. Consultora en proyectos de informática jurídica en la región centroamericana. Colaboradora del sitio www.leylaboral.com Encargada de la administración y actualización de Master Lex Cálculos Legales: timbres, honorarios profesionales, patentes, prestaciones laborales y otros. Moderadora del blog www.puntojuridico.com

3 de 3 Comentarios

  1. Francisco Lopez • 23 octubre, 2019

    Buenas tardes Sobre el tema de las impugnaciones, el CPC es muy claro al establecer que la apelación se ejercer en la lista taxativa y en cuanto a las sentencias, como lo expresa la ley. Sin embargo el leigslador en el 69, sobre ordinarios de mayor cuantía deja entrever la posibilidad de que se presente también la apelación, al señalar que se «podrá» presentar casación, como si fuera otra alternativa más. Qué se sabe un año después de la vigencia de la nueva legislación, si se ha manifestado la Sala Primera, de una vez dictada la sentencia de primera instancia en los ordinarios de mayor cuantía o inestimable, se presentar la apelación y posteriormente la casación. O directamente casación. Muchas gracias por la buena disposición de este foro, bendiciones y saludos.

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  2. Alberto Collado Vega • 13 octubre, 2019

    A los cuantos días, adquiere la condición de firme, una sentencia de sala primera?

    Responder

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