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Solución de conflictos online y audiencias judiciales virtuales

 El  Msc. Luis Mariano Argüello gentilmente pone a nuestra disposición un nuevo artículo sobre un tema de mucho interés y actualidad.   Le agradecemos mucho su aporte a este foro.  Sabemos que será muy apreciado por todos los estimados lectores litigantes. 

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    Solución de conflictos online y audiencias judiciales virtuales en Costa Rica: ¿Un escenario factible para el proceso civil?

         » En ocasión de la grave situación experimentada por la pandemia mundial asociada con el Covid-19, que entre otras vicisitudes, ha generado: la suspensión de una considerable cantidad de audiencias judiciales, así como también -a pesar de los esfuerzos realizados- algún grado de atraso en la tramitología de ciertos procesos pendientes en nuestros Tribunales; la Corte Suprema de Justicia, mediante su órgano pleno, en sesión Nº 24-2020 celebrada el día lunes cuatro de mayo de 2020, artículo XIII, aprobó el “Protocolo para la realización de audiencias orales por medios tecnológicos en materia civil”.

            Ahora, el citado Protocolo tiene su origen en la sentida necesidad de buscar alguna solución (no necesariamente la única), que permitiera normalizar el estado de tramitación, avance, juzgamiento y ejecución de cientos de procesos judiciales, que simple y llanamente -por las exigencias propias de un Estado Constitucional de Derecho como el imperante en Costa Rica- no podían quedar paralizados en razón de la imposibilidad factual y/o material de realizar audiencias judiciales presenciales; dado que estas (y máxime en un «sistema por audiencias» como el instaurado en la Ley N° 9342) resultan imprescindibles para la correcta solución de los conflictos pendientes en instancias jurisdiccionales.

            La motivación del aludido Protocolo, da cuenta del fuerte y necesario arraigo de la función jurisdiccional en el sistema de valores, principios y preceptos constitucionales, que a la postre, repercuten en intentar garantizar el contenido mínimo-vital de una serie heterogénea (pero a la vez inescindible) de diversos derechos humanos y fundamentales presentes en una contienda judicial. De este modo, se entiende, que una crisis mundial o nacional, sea causada por una situación de caso fortuito o fuerza mayor -llámase SARS-CoV-2 u otra diferente o posterior- no puede generar que el sistema de Administración de Justicia, se «atrofie» o «paralice»; antes bien, la interiorización de aquellos derechos de las personas justiciables sumado a la comprensión eficiente y eficaz de lo que significa verdaderamente prestar un servicio público de calidad y adaptable a la necesidad social que satisface, conlleva a construir un camino-alternativo de respuesta; pues al fin de cuentas: ante los problemas no queda más elección, que las soluciones.

            De este modo, acceso a la justicia, tutela judicial efectiva, debido proceso, derecho al trabajo etc, se interpretan sistemáticamente con diversas regulaciones procesales de avanzada que contiene el Código Procesal Civil (Conf. artículos 2.2, 2.7, 3.1, 3.3, 3.4, 4.1, 5, 24.4, 25.1 41.4.5 y 7) para permitir instrumentalizar -¡vaya paradoja!- la nuevas tecnologías en el proceso jurisdiccional de cara precisamente a la etapa de audiencias, lo cual es perfectamente compatible dada la existencia institucional de diversas plataformas como Gestión en Línea, Expediente Virtual y otros, que dan pie para que aquella innovación (si se quiere llamar así), sea más fácil de implementar y por supuesto de adaptar.

            Es honor a la verdad, en este procedimiento no han faltado las voces críticas, que han pretendido solventar problemas del siglo XXI con soluciones pensadas para momentos históricos ya superados; no obstante y más allá del necesario respeto por el pensamiento ajeno, es ahora cuando deben resonar las incomprendidas voces doctrinarias que entienden al proceso civil como un fenómeno cultural, esto es, menos formalista y más realista; siendo justamente en esta hora cuando el Derecho no puede darle la espalda a la realidad, pues el proceso jurisdiccional es ideado para el ser humano y no el ser humano para el proceso, de suerte tal, que como aquel no tiene fines en sí mismos, debe buscar métodos, buenas prácticas y medios casuísticos, que lo hagan efectivo y legítimo frente a las exigencias sociales que está llamado a cumplir.

            En todo caso, quede claro que la realización de procesos de solución de conflictos online y audiencias virtuales no es en realidad nada nuevo, basta con repasar la abundante doctrina y experiencia acumulada en diversos países sobre estas prácticas; así, ha surgido una eclosión a nivel mundial en materia del consumidor, contratos en masa, comercio internacional, arbitraje etc; contando con diversas regulaciones y directrices perfectamente avaladas por ejemplo a nivel de la Unión Europea (Vilalta, 2010); y es que si bien, bajo los siglas ADR (alternative dispute resolution) y ODR (on-line dispute resolution) se propician métodos y modalidades, a la fecha, de carácter tendencialmente extrajudicial, es lo cierto, que esto no excluye la posibilidad de su implementación de cara a los procesos judiciales propiamente dichos, como lo ha demostrado, para citar un ejemplo cercano, el hermano país de Puerto Rico.

            El Protocolo aprobado para los procesos civiles no es perfecto, como ninguna regulación jurídica en la historia de la humanidad lo es; no obstante, sus treinta y dos artículos, sí representan un esfuerzo importante por impulsar la modernización y las nuevas tecnologías al mundo del Derecho Procesal Costarricense; así incluso también lo tienen claro otras materias y jurisdicciones que al día de hoy, ya cuentan con experiencia en esta modalidad, v.gr. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; sentado lo anterior, se gana en celeridad, acceso, eficiencia, y se reducen incluso costos importantes de traslados, tiempos “muertos” y gastos en salas de juicio; lo anterior, no excluye por supuesto, la brecha digital existente en nuestro país, que espera ser limitada mediante procesos transparentes y adecuados de info-alfabetización, los cuales ayudaran a propiciar un mejor desenvolvimiento de esta nueva metodología de trabajo, misma que, con la estrecha colaboración ente el Poder Judicial y el Colegiado de Abogados y Abogadas de Costa Rica, se mantendrá hasta donde resulte necesario y útil.

            Sin duda, uno de los temas más polémicos y delicados es la práctica de prueba, siendo que, en la audiencia preliminar no ha existido mayor objeción al respecto; por supuesto, que será la propia experiencia jurídica -para evocar a Capograssi- la que permita ver falencias y corregir vacíos, sin embargo, en este ámbito, conviene también dejar de lado una serie de prejuicios y sesgos ideológicos. La doctrina procesal moderna (Nieva, 2015), invita más a evaluar el testimonio antes que el testigo; aquí puede venir la “rasgadura de vestiduras” de los más conservadores, pero en nuestro humilde parecer, es un verdadero monumento al absurdo, sostener que si un testigo observa para un lado, mueve los pies o se toca la nariz está mintiendo, en realidad, autores como el español recién citado, han revisado arduamente este tema, y nos invitar a cobijar una teoría más próxima a una psicología del testimonio, donde se pondere la contextualidad, coherencia, corroboración y valoración perse de algún tipo de comentario oportunista de la declaración como tal; sin duda, y sin caer en falacias de la autoridad, podría ser una vertiente doctrinal, pero a nuestro juicio, es importante tenerla en cuenta o al menos refutarla racionalmente, de cara a su operatividad en esta modalidad de audiencias virtuales.

            Con todo, los maestros y redactores del Código Procesal Civil, siempre tuvieron muy en cuenta estas posibilidades -o al menos esto he pensado en los últimos días- incluso por allí, en su momento, circuló un proyecto de Ley que implementaba la posibilidad de introducir en la legislación procesal remates judiciales virtuales o en línea, lo cual francamente nos parece una iniciativa que debe ser seriamente retomada; será la práctica la que permita perfeccionar una teoría; o bien desecharla y tirarla al bote de la basura, no tenemos ningún problema en ello, pues al parafrasear a Goethe (citado por Fernández y Nieto, 1998), comprendemos perfectamente que toda teoría es gris, frente al verde y dorado árbol de la vida.

             No es afán de vanidad ni pedantería lo que mueve las audiencias virtuales, sino tan sólo la posibilidad -si se quiere remota- de llevar algo de normalidad en la tutela de los derechos de las personas inmersas en una contienda civil y garantizar los honorarios de abogados y abogadas mediante la posibilidad de que puedan trabajar sin contratiempos, pues hoy las leyes sustantivas y procesales solamente valen en el ámbito de los derechos fundamentales.»

Fuentes consultadas.

            Kaufmann-Kohler, G., & Schultz, T. (2004). Online dispute resolution: challenges for contemporary justice. Kluwer Law International BV.

            Cortés, P. (2010). Online dispute resolution for consumers in the European Union. London: Routledge, Taylor & Francis Group.

            Osna, G. (2019). Acceso a la justicia, cultura y online dispute resolution. Derecho PUCP, (83), 9-27.

            Vilalta, A. E. (2010). (Resolución Electrónica de Conflictos) Online Dispute Resolution. Principios de Derecho de la Sociedad de la Información, 391-442.

            Nieto, A., & Fernández, T. R. (1998). El derecho y el revés: diálogo epistolar sobre leyes, abogados y jueces (Vol. 184). Grupo Planeta (GBS).

            Fenoll, J. N. (2015). Derecho procesal:(Proceso civil). Marcial Pons.

            Proyecto de Ley 19722, contentivo de Remate en Línea.  Elaborado por el Doctor Jorge Alberto López González.

 

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Msc. Luis Mariano Argüello Rojas

Doctorando en Derecho y Máster en Derecho Constitucional por la Universidad Estatal a Distancia (UNED). Tiene una Especialidad en Derecho Notarial y Registral por la Universidad de Costa Rica (UCR). Es Licenciado en Derecho con énfasis en Derechos Humanos por esta misma Universidad. Becario por el Poder Judicial de la Maestría en Administración de Justica Enfoque Sociojurídico con énfasis en Derecho Civil de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA). En el 2011 fue medalla de honor y obtuvo el primer promedio del Sistema de Estudios de Postgrado en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Todas sus graduaciones han sido con distinción. Ha obtenido nota 100 en exámenes de la Judicatura referentes a materia Civil y Contencioso Administrativa. A partir del año 2012 ejerció como Juez de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Actualmente funge como Juez Civil. Desde el año 2015 es profesor de Derecho en la UCR (Sede de Occidente). Autor de diversos artículos de investigación. Miembro de la Asociación Costarricense de la Judicatura. Correos electrónicos: luis.arguellorojas@ucr.ac.cr / arguellomariano@gmail.com

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