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Tratamiento jurídico del adulto mayor en Costa Rica

El Licenciado Javier Madrigal Acosta, Licenciado en Derecho, abogado litigante, académico y profesor universitario, nos comparte un nuevo artículo sobre un tema al que, dichosamente, cada vez se le brinda mayor atención en beneficio de una población creciente en nuestro país.

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Si bien nuestra Constitución Política en su Título V, de los Derechos y Garantías Sociales ordinal 51, consagra como derecho la protección especial del Estado para entre otros el “anciano “, es la ley 7935, la que garantiza el efectivo cumplimiento del texto Constitucional.  Dicha legislación aprobada el 19 de octubre de 1999, establece una serie de derechos y beneficios para las personas de 65 años o más, en temas relacionados con la salud, educación, actividades artísticas, deporte, recreación, vivienda, seguridad social y trabajo, estableciendo igualmente, y siempre con esa finalidad proteccionista, sanciones administrativas, penales y civiles para todos aquellos, sean personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que violen sus derechos.

De este modo se pueden citar las siguientes medidas jurídicas plasmadas en la ley en comentario, sin olvidar jamás que su objetivo es el garantizar a las personas adultas mayores, igualdad de oportunidades y vida digna en todos los ámbitos.

Así el Título V establece una serie de remedios tendientes a la defensa, ayuda y auxilio de estas personas. En consecuencia, el numeral 57 enuncia la prevención contra la violencia física, psicológica, patrimonial o sexual contra las personas adultas mayores, disponiendo que en la aplicación de ellas se estará, a lo regulado en la Ley contra la violencia doméstica, No. 7586, de 10 de abril de 1996, donde el Juzgador competente podrá adoptar las siguientes medidas, sin perjuicio de tomar otras no expuestas:

“Artículo 3.- Medidas de protección 

Cuando se trate de situaciones de violencia doméstica, la autoridad competente ordenará cualquiera de las siguientes medidas de protección:

a) Ordenar a la presunta persona agresora que salga inmediatamente del domicilio común y, de acuerdo con las particularidades de la situación de violencia, limitarla a un área distante al de la presunta persona agredida. En el término de veinticuatro horas, la presunta persona agresora deberá informar a la autoridad judicial sobre la dirección exacta de su nueva residencia. La misma obligación tendrá cada vez que cambie de residencia. Si se resiste o incumple la orden será obligada por la Fuerza Pública, y se testimoniarán piezas por el delito de incumplimiento de una medida de protección.

b) Autorizar a la presunta persona agredida un domicilio diferente del común, previa solicitud suya, para protegerla de agresiones futuras.

c) Ordenar el allanamiento del domicilio, pudiendo procederse a cualquier hora cuando, por violencia doméstica, se arriesgue gravemente la integridad física, sexual, patrimonial o psicológica de cualquiera de sus habitantes. Esta medida se efectuará conforme a lo dispuesto en el Código Procesal Penal.

d) Prohibir que la presunta persona agresora posea o porte armas de fuego punzocortantes o punzocontundentes. Asimismo, prohibir que se introduzcan o se mantengan armas en la casa de habitación cuando se utilicen para intimidar, amenazar o causar daño a alguna de las personas citadas en el inciso a) del artículo 2 de esta Ley.

e) Decomisar las armas y los objetos que se utilicen para intimidar, en posesión de la presunta persona agresora y ordenar la cancelación de la portación de armas.

f) De ser necesario y según las particularidades del caso, se podrá suspender provisionalmente a la presunta persona agresora el ejercicio de la guarda, crianza y educación de sus hijos e hijas menores de edad, así como la representación y administración de los bienes de estas y la protección de personas adultas mayores y personas que presenten alguna condición de discapacidad.

g) Ordenar a la presunta persona agresora abstenerse de interferir, de cualquier forma, en el ejercicio de la guarda, crianza y educación de sus hijos e hijas, así como en la representación y administración de los bienes de estas. Igual medida se podrá ordenar en la protección y representación de personas adultas mayores y personas que presenten alguna condición de discapacidad. Lo anterior, en los casos en los que la autoridad competente ordenara aplicar el inciso f) de este artículo.

h) Suspenderle provisionalmente a la presunta persona agresora el derecho de visitar a los hijos e hijas menores de edad, en los casos en que esta ejerza algún tipo de agresión.

i) Confiar la guarda protectora a quien la autoridad judicial considere idóneo para esa función, si tal guarda ha sido encargada a la presunta persona agresora, cuando la víctima sea persona menor de edad, persona adulta mayor que no pueda valerse por sí misma o persona que presente algún grado de discapacidad, en los casos en que la autoridad competente ordenara aplicar el inciso f) de este artículo.

j) Prohibirle a la presunta persona agresora que agreda, perturbe o intimide a cualquier integrante del grupo familiar de la presunta víctima de violencia doméstica.

k) Prohibirle el acceso a la presunta persona agresora al domicilio, permanente o temporal, de la persona agredida y a su lugar de trabajo o estudio.

De igual manera, acercarse a dichos lugares a una distancia razonable a criterio de la jueza o el juez.

l) Fijar una obligación alimentaria provisional en favor de la presunta víctima y de los demás dependientes que corresponda, de conformidad con la Ley de pensiones alimentarias, N.º 7654, aun cuando no se cuente con documento idóneo que acredite el grado de parentesco. Una vez fijada, de oficio, se testimoniarán piezas y se remitirán a la autoridad judicial correspondiente.

m) Disponer el embargo preventivo, por un plazo máximo de tres meses, contado a partir de la fecha en que se ejecute la resolución que lo ordene, sobre la casa de habitación familiar y sobre los bienes de la presunta persona agresora necesarios para respaldar la obligación alimentaria en favor de la persona agredida y los dependientes que corresponda, de conformidad con la ley; dicho plazo podrá ser prorrogado por la jueza o el juez cuando razonablemente las circunstancias lo ameriten. Para aplicar esta medida, no será necesario ningún depósito de garantía ni el pago de honorarios ni de otros gastos.

n) Levantar un inventario de los bienes muebles existentes en el núcleo habitacional, en particular el menaje de casa u otros que le sirvan como medio de trabajo a la persona agredida.

ñ) Otorgar el uso exclusivo del menaje de casa a la persona agredida. Deberán salvaguardarse especialmente la vivienda y el menaje amparado al régimen de patrimonio familiar.

o) Ordenar a la presunta persona agresora que se abstenga de interferir en el uso y disfrute de los instrumentos de trabajo de la persona agredida. Cuando esta sea una persona adulta mayor o presente alguna condición de discapacidad, la presunta persona agresora no deberá interferir en el uso y disfrute de instrumentos indispensables para que la víctima pueda valerse por sí misma o integrarse a la sociedad.

p) Ordenar a la presunta persona agresora la reparación en dinero efectivo de los daños y perjuicios ocasionados a la persona agredida o a los bienes que le sean indispensables para continuar su vida normal. Se incluyen gastos de traslado, reparaciones a la propiedad, alojamiento y gastos médicos. El monto se hará efectivo en el mismo proceso mediante el embargo y remate de los bienes necesarios para cubrir los daños ocasionados, a juicio de la autoridad judicial competente.

q) Emitir una orden de protección y auxilio policial dirigida a la autoridad de seguridad pública de su vecindario. La víctima portará copia de esta orden para que pueda acudir a la autoridad más cercana, en caso de amenaza de agresión fuera de su domicilio.”

Igualmente dispone la ley que para aplicar cualquiera de las medidas enumeradas en este artículo o de otras que de acuerdo con las particularidades de la situación de violencia intrafamiliar deban adoptarse, la autoridad judicial podrá requerir la colaboración de la policía administrativa y de la policía judicial.

En cuanto a la duración de las medidas adoptadas, se señala en el artículo 4 que se mantendrán por un año, mientras no sean levantadas o modificadas con anterioridad por resolución judicial firme.

Además se establece la obligación del Poder Judicial de crear un registro con los nombres e información de las personas a las que se les haya impuesto medidas de protección, debiendo los asientos contenidos en este registro cancelarse definitivamente en un plazo de cinco años, contado a partir de la última resolución comunicada. En cuanto a la legitimación para interponer medidas en favor de personas adultas mayores, están los representantes de instituciones públicas y privadas encargadas de programas de atención a la persona adulta mayor, así como cualquier persona que conozca de estos abusos.

Por su parte y respecto a sanciones penales se tipifica como delito, penado con prisión de uno a tres meses quien ejerza contra una persona adulta mayor, una acción u omisión que produzca, como consecuencia, el menoscabo de su integridad física, cuando los daños no lleguen a determinar algún tipo de incapacidad.

En ese mismo ámbito penal se sanciona con prisión de uno a tres meses a quien acose sexualmente a una persona adulta mayor con proposiciones irrespetuosas o ademanes grotescos o mortificantes, agravándose la pena de tres a seis meses de prisión cuando el acoso sexual consista en tocamientos inmorales o actos de exhibicionismo.

También se sanciona la agresión psicológica con prisión de uno a seis meses a quien, por cualquier medio, ejerza presión psicológica destinada a degradar o manipular los comportamientos y las creencias de una persona adulta mayor, cuando de esto resulte perjuicio para su salud psicológica.

La explotación de personas adultas mayores, también es criticada por la legislación penal que dispone prisión de uno a dos años, a quien, abusando de su situación de poder, de hecho o de derecho, o de un estado especial de vulnerabilidad de la persona adulta mayor, la induzca a un acto de disposición sobre sus bienes, derechos o recursos económicos, de forma que importe efectos jurídicos perjudiciales para ella o sus dependientes directos. Siendo que cuando se declare, en sentencia judicial firme, que en el traspaso de bienes ha mediado explotación perjudicial para una persona adulta mayor, sin perjuicio de las sanciones penales que correspondan, el fallo jurisdiccional contra el negocio comprenderá la nulidad absoluta de lo actuado.

En relación a las sanciones civiles se adopta como causal de indignidad para heredar o recibir por donación, a aquellas personas condenadas por cualquier tipo de agresión física, psicológica, sexual o de explotación en perjuicio de personas adultas mayores. Lo anterior por un período equivalente a cuatro veces el monto de la pena impuesta, sin perjuicio del perdón que pueda otorgar la víctima.

Por último, a nivel de Registro Nacional, de oficio, el despacho judicial correspondiente ordenará anotar la sentencia respectiva en bienes del ofendido, en caso de tenerlos.

Queda de esta manera expuesta la regulación internacional y nacional en materia de protección a la persona adulta mayor, deseando, que su transmisión, difusión y conocimiento, sea para nuestras sociedades motivo para erradicar los abusos, menoscabos, indiferencia y todo tipo de violencia contra quienes en sociedades antiguas fueren considerados grandes sabios dignos de ser escuchados.”

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Francisco Javier Madrigal Acosta

Javier Madrigal Acosta. Licenciado en Derecho, abogado Litigante, académico y profesor Universitario de los Cursos: Derecho Internacional de Derechos Humanos y Derecho Constitucional. Miembro del Bufete Pacific Law & Consulting Firm

1 Comentario

  1. Harold Melendez Gamboa • 15 Noviembre, 2018

    Adulto Mayor . Excelente tema y felicito al expositor del tema . Es importante que se sigan dando este tipo de publicaciones, soy de mucho enrequecimeinto para el conocimiento en materia legal .

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